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El Senado votará este jueves dos propuestas de ley para reabrir el Gobierno federal con presupuesto hasta el 8 de febrero, y para reformar las leyes migratorias y construir el muro en la frontera prometido por el presidente, Donald Trump. Republicanos y demócratas han acordado llevar a votación ambas iniciativas, aunque es complicado que ninguna consiga los 60 votos necesarios para salir adelante (hay 53 senadores conservadores y 47 liberales).
El cierre del Gobierno. “La gente se pregunta, ¿no hay una manera de salir de este lío? ¿No hay una manera para acabar con la carga de 800,000 trabajadores sin sueldo?”, se ha preguntado el líder demócrata, Chuck Schumer, “bueno, ahora la hay”. La propuesta que se votará el jueves acabaría con una crisis que dura ya casi cinco semanas: aplazaría la negociación definitiva hasta el 8 de febrero, cuando volvería a acabarse el dinero, pero al menos permitiría cobrar a los trabajadores federales sus sueldos atrasados. El problema es que los republicanos se oponen.
Cambio en las leyes migratorias. Los demócratas, por su parte, se oponen a la propuesta impulsada por la Casa Blanca como condición (Schumer lo considera “una toma de rehenes”) para acabar con el cierre del Gobierno. Incluye 5,700 millones para financiar el muro; contratar a 2,750 agentes de la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés); y a 75 jueces migratorios; y para aumentar las celdas para indocumentados.
La medida obligaría a los cerca de 700,000 soñadores (jóvenes llegados al país ilegalmente de la mano de sus padres cuando eran niños) ahora protegidos por la Acción Diferida de Llegados para Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) a volver a aplicar para demostrar que cumplen las condiciones con un baremo más rígido.
Aquellos nacidos después del 15 de junio de 1981; que entraron al país antes de los 16 años y llevan viviendo aquí desde el 15 de junio de 2007 hasta el presente; que están estudiando, se han graduado o han pasado por el Ejército; no han sido condenados por un delito, una falta grave o tres faltas leves, ni son pandilleros o una amenaza para la seguridad, tendrán derecho a aplicar, tras pagar las tasas, para conseguir extender su permiso de trabajo y residencia tres años más, no renovables.
Tendrían que demostrar sin embargo que tienen unos ingresos (un 125% por encima del umbral de la pobreza), y que no son una carga pública (es decir, que no reciben ayuda pública médica, educativa, de vivienda, etcétera), dos requisitos que hasta ahora no estaban incluidos en DACA; y les impediría, entre otras cosas, intentar conseguir la residencia permanente por otra vía.
DACA sigue por ahora en vigor, pese a que Trump decidió acabar con este programa en septiembre de 2017, porque cortes federales han anulado esa decisión; la Corte Suprema ha decidido no entrar a juzgar todavía el asunto, lo que permitirá al programa seguir en vigor al menos 10 meses más.
Restricciones para los solicitantes de asilo. La nueva medida impediría a los menores centroamericanos pedir asilo en la frontera, lo que “reduce el incentivo para que hagan este peligroso viaje”. Así, todos aquellos que huyen desesperado de la violencia se encontrarían la puerta cerrada. En su lugar, se pondría en marcha una vía para que pudieran solicitar asilo desde El Salvador, Guatemala y Honduras, para viajar a Estados Unidos bajo tutela de padres o tutores cualificados. La prohibición de pedir asilo en la frontera sería inmediata, pero este nuevo sistema tardaría al menos ocho meses. Además, sólo permitiría 50,000 solicitudes al año, de las que se admitirían únicamente 15,000. En el año fiscal de 2018 se interceptó en la frontera a 50,000 menores no acompañados (en 2017 fueron 41,435).
Permiso para los solicitantes del TPS. Aquellos inmigrantes que van a perder, por decisión de Trump, el estatus de protección temporal podrían intentar conseguir una extensión de tres años más (entre ellos, 2,500 nicaragüenses, 86,000 hondureños, y 257,000 salvadoreños), con unos criterios similares a DACA; como a estos, se les prohíbe aplicar de otra forma a una green card, so riesgo de quedar desterrados para siempre del país.