Migrantes Legales en la Mira de Trump

En medio de la recia campaña del gobierno de Donald Trump en contra de la inmigración ilegal también se desprenden varias medidas que tienen como objetivo reducir el flujo de aquellos inmigrantes legales en EEUU.

La administración de Trump está intensificando estos esfuerzos mediante la toma de una serie de acciones en las últimas semanas por parte de la oficia de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que podrían conducir a la deportación de personas que ya obtuvieron la ciudadanía.

Primero: USCIS está contratando a docenas de abogados y funcionarios de inmigración para revise los casos de inmigrantes sospechosos de haber mentido a funcionarios durante el proceso de naturalización.

Segundo: La oficia de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos hizo público el pasado 5 de julio un memorando anunciando su plan para comenzar a emitir avisos de comparecencia para un rango más amplio de casos migratorio. De esta forma se expedirá la Notificación de Comparecencia o el Formulario I-862, el cual se envía a un extranjero instruyéndole a comparecer ante un juez en una fecha determinada.

Los expertos dicen que esta nueva política podría ampliar enormemente el número de personas que se envían para su deportación.

Tercero: La agencia migratoria del gobierno Trump anunció la semana pasada que a partir del 11 de septiembre sus adjudicadores tendrán la capacidad de denegar abiertamente las solicitudes que carezcan de información. Esa es una desviación de la política de la era de Obama de enviar solicitudes pidiendo más pruebas o emitir una advertencia de su intención de denegar la solicitud.

Los cambios administrativos ponen de relieve cómo los funcionarios de Trump, incluido el Fiscal General Jeff Sessions y el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, no solo buscan reducir la inmigración ilegal, sino que también están tomando medidas contra los ciudadanos naturalizados en un esfuerzo por reducir el número de extranjeros residentes en los Estados Unidos alertan los defensores de los inmigrantes.

Por su parte USCIS dice que los cambios de política son un esfuerzo para garantizar que las leyes de inmigración de la nación se ejecuten fielmente para mantener a las comunidades seguras y protegidas.

Michael Bars, un portavoz de la agencia, dijo en un comunicado a The Hill que los inmigrantes siempre pueden presentar una apelación cuando se les niega un beneficio.

Problemas a la Hora de Reunir a los Niños Inmigrantes con sus Padres

El Departamento de Salud ha prometido reunir hoy con sus padres a 38 de los 102 menores inmigrantes menores de cinco años a los que separó durante mayo y junio tras cruzar la frontera ilegalmente. Una corte federal dio de plazo hasta este martes para reunificar a las familias rotas por la política de tolerancia cero del Gobierno presidido por Donald Trump, que ha pedido sin embargo más tiempo ante los problemas con los que se ha encontrado. Entre ellos, que algunas de las personas que claman ser sus padres biológicos en realidad no lo son y puede que no lo sepan.

Sólo cuatro niños fueron devueltos a sus padres antes de la fecha límite del 10 de julio, entre ellos dos chicos y una chica de sendas familias hondureñas, que les esperaban en Michigan. “Los abrazaban y amaban”, ha explicado una representante de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), Abril Valdés, “les decían que nunca más volverían a separarse de ellos”.

Otros 34 niños tenían previsto reunirse a lo largo del día con sus padres, encerrados en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, en inglés). Hay otros 17 que tienen también a sus padres en centros de ICE, pero aún no han pasado los controles correspondientes, al igual que otros ocho adultos que ya fueron liberados.
El resto de casos es más complicado si cabe: 12 padres fueron deportados ya sin sus hijos; otros 10 están todavía en la cárcel por entrar ilegalmente en el país; uno está enfermo, otro no tiene un sitio donde vivir, y otro está en paradero desconocido. Los 14 restantes o tienen antecedentes criminales graves, o no son sus padres como dicen ser.

Este último caso afecta a cinco personas. Dado que el testimonio de los menores no es fiable (tienen menos de cinco años), y que no cuentan en muchos casos con certificados de nacimiento, el Gobierno decidió realizar pruebas de ADN para estar seguro de que estaba devolviendo a los niños con sus verdaderos padres. Pero esas pruebas han dado negativo en dos ocasiones, es decir, quién decía ser el padre del menor en realidad no lo es.

Estados Unidos Decomisa Ahorros de Toda una Vida en Aeropuerto

Miembros de una familia de inmigrantes en Ohio dijeron que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos les decomisó 58,100 dólares en ahorros de toda su vida. Ahora los quieren de regreso.

En octubre, Rustem Kazazi, de 64 años, iba a su Albania natal a visitar a familiares, de acuerdo con una demanda federal que él, su esposa, Lejla, y su hijo, Erald, interpuso esta semana en Ohio en contra de la agencia y otros. La demanda sostiene que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza utilizó leyes civiles de confiscación para quedarse el dinero sin arrestar a nadie o acusarlo de algún crimen.

Kazazi tenía planes de pasar seis meses en Albania y adquirió una residencia vacacional para su retiro en la costa del Mar Adriático, de acuerdo con documentos de la corte. Además, quería ayudar a miembros de su familia extendida, que se encuentran en dificultades, dicen los documentos. Para simplificar las transacciones y evitar cuotas bancarias, él convirtió en efectivo los ahorros de su familia, los empacó en una maleta de mano y los llevó consigo al aeropuerto, de acuerdo con la demanda familiar.

«Él contó el efectivo varias veces, lo separó en tres paquetes de 20.000, 19.100 y 19.000 dólares, cada uno, y luego, después de contarlo de nuevo, marcó los paquetes con el monto que cada uno contenía. Después puso los tres paquetes en un solo sobre y anotó ‘$58.100’ en el exterior», señalan los documentos. Agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) detectaron el dinero en la maleta de Kazazi cuando él pasó por la revisión de seguridad el 27 de octubre en el aeropuerto de Cleveland para tomar un avión con dirección a Newark, Nueva Jerse, antes de partir hacia Albania, de acuerdo con los documentos de la corte.

Desde la TSA llamaron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que tomó el pasaporte y la licencia de conducir de Kazazi, de acuerdo con la demanda. Él fue llevado a una pequeña habitación privada para revisión corporal, citan los documentos.

Kazazi habla un inglés limitado, de acuerdo con la demanda. Los agentes aduanales «lo interrogaron sin un traductor, y luego decomisaron los ahorros de su familia sin acusar de algún crimen a nadie», de acuerdo con el Instituto para la Justicia, cuyo abogado, Wesley Hottot, representa a la familia Kazazi en la demanda.

Después, los agentes dieron a Kazazi un recibo por una cifra no determinada de «divisa estadounidense», dicen los documentos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza declinó hacer algún comentario sobre el caso, citando un litigio pendiente.

Patrulla Detiene a 107 Personas en el Area

Un nuevo operativo policial concluyó con la detención de 107 personas, en dos intervenciones diferentes, que estaban escondidas en Texas en el área fronteriza con México, informaron hoy las autoridades migratorias.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP), junto a la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo irrumpieron en una casa escondite en McAllen, donde encontraron un total de 70 inmigrantes indocumentados.
Los detenidos, de los que no se reveló ni su identidad ni su procedencia, fueron atendidos por las autoridades sanitarias y puestos a disposición judicial para proceder a su deportación.
Además, la CBP comunicó que el pasado 28 de abril recibieron una información sobre otra ubicación en la localidad texana de Peñitas, cerca del área urbana de Reynosa, donde había un grupo de inmigrantes.
En el interior de la residencia hallaron a 37 personas que presuntamente habían entrado de forma ilegal al país.
En esta ocasión, después de comprobar su estado de salud, también fueron entregados a un juez para determinar su estado migratorio y decidir sobre el procedimiento de cada caso concreto.