México Detiene a Caravana en Frontera Mientras Repatría más de 200 Migrantes

México ha repatriado por tierra y por aire a más de 200 migrantes de la primera caravana de 2020 que fueron detenidos este lunes tras choques con efectivos de la Guardia Nacional que blindaba la frontera sur con Guatemala, mientras que cerca de 1,000 solicitaron ayuda para regresar a su país, informó este martes el canciller Marcelo Ebrard, quien defendió la política migratoria mexicana.

“México tiene una de las posiciones más generosas del mundo” en materia migratoria, aseguró Ebrard en conferencia de prensa, quien detalló que ya deportaron a 244 personas, 110 por avión y 144 más por vía terrestre, con destino a Honduras.

Tras el enfrentamiento de este lunes entre un grupo personas integrante del convoy y elementos de la Guardia Nacional, que dejó también a cientos varados en «tierra de nadie» en el límite geográfico natural, el río Suchiate, el canciller subrayó que “todas y todos fueron respetuosos» con las personas migrantes, unas declaraciones que difieren a algunos testigos presenciales.

“Sí golpearon a varios de nuestros amigos que venían ahí, algunos venían raspados, ahí los van a ver, andan raspadísimimos, según los golpearon a ellos con unos palos que andaban, había señoras que caían, todo eso no lo tomaban en cuenta”, denunció un migrante que se identificó como Johnny.

“La Guardia Nacional se comportó conforme a los ordenamientos que le han dado, no tenemos heridos por fortuna, no tenemos una situación que lamentar y bueno a pesar de las pedradas que se recibieron y de una situación muy tensa, podemos decir que sí el día de ayer alguien tenía la intención de provocar, no cumplio su cometido”, aclaró Ebrard.

Consideró que no existe “necesidad” de que se generen este tipo de choques en al frontera con Guatemala porque México es un país de asilo.

“Somos un país de asilo, de refugio, qué necesidad tienes cuando se te está ofreciendo refugio, asilo… de venir a hacer eso, violencia, y en un país que hasta empleo ofrece o en su país de origen”, cuestionó el canciller al referirse a los 4,000 empleos y asistencia que ofreció la semana pasada el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a los migrantes.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también presente en la rueda de prensa, dejó claro que el gobierno federal favorece una migración, ordenada, segura y regulada.

Tras la confrontación en la frontera, uno de los grupos que logró cruzar decidió regresar a Guatemala, mientras que un tercero se quedó en la orilla del río en el lado mexicano en lo algunos integrantes de la caravana definen ya como «tierra de nadie» y de momento no saben qué hacer.

“Estamos en tierra de nadie”, dijo Alan Mejía, que acunaba en brazos a su hijo de dos años, vestido sólo con el pañal, mientras su esposa, Ingrid Vanesa Portillo, y su otro hijo, de 12 años, miraban a la orilla. Mejía se se había sumado a otras caravanas anteriores, pero nunca pasó de la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana.

“Están planeando cómo desalojarnos y aquí no tenemos ni agua ni comida”, lamentó Portillo desesperada. “Ya no hay esperanza de seguir adelante”.

De hecho, el corresponsal de Noticias Telemundo Raúl Torres constató que no había indicios de ayuda humanitaria ni en el en camino.

“Nunca pensamos que nos recibieran así, nos trataron como perros”, se quejó Melisa Ávila, que viajaba desde la capital hondureña, Tegucigalpa, con su hijo de 12 años, y se estaba resignando a la perspectiva de pasar la noche a la intemperie.

Durante el fin de semana, unas mil personas entraron de forma legal por el puente gracias a las visas humanitarias que ha ofrecido el gobierno mexicano como única vía para que crucen a su territorio donde se le ha ofrecido asistencia y puestos de trabajo.

Sin embargo, los centroamericanos han denunciado que estos empleos son parte de los programas oficiales del Gobierno mexicano Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, que están también en sus países de origen, justo de donde ellos huyen de la violencia y la pobreza.

El Instituto Nacional de Inmigración emitió un comunicado indicando que cualquier migrante que entrase en el país de forma ilegal sería detenido, recluido en un centro de detención y deportado si no legalizaba su situación. Cualquiera que lograse cruzar la frontera podía esperar una sucesión de controles en la autopista.

Como se temía, los niños sufrieron en el caos de la jornada. En la orilla mexicana se evacuó a una niña de 14 años inconsciente para prestarle atención médica.

Más tarde, junto a la autopista, una madre lloraba tras darse cuenta de que se había separado de su hija más pequeña cuando los migrantes intentaban huir de las autoridades. Otra personas que la había ayudado cargando a su hija de cinco años corrió en otra dirección cuando la gente se dispersó, y no había logrado localizarlas.

De vuelta en el río, Ávila, que había hecho amistad con la mujer en un refugio de Tecun Uman, caminaba por la orilla mostrándole a todo el mundo una foto de la niña.

“¿No vieron a esta chavita? Pans azul, camisa beige y zapatitos rosas”, preguntaba a otros migrantes.

El gobierno guatemalteco dio datos nuevos, indicando que 4,000 migrantes habían entrado en el país por los dos principales pasos fronterizos y que durante el fin de semana casi 1,700 habían entrado en México por dos pasos. Otros 400 fueron deportados desde Guatemala.

El Instituto de Inmigración indicó el lunes por la noche en un comunicado que unos 500 migrantes habían entrado de forma irregular en el país, y anunció el “rescate” de 402, empleando su término habitual para las detenciones de inmigrantes. Los migrantes localizados serían trasladados a centros de detención y se les ofrecería atención médica.

Cinco miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos, indicó el organismo sin ofrecer más detalles.

Cuando empezaron a volar las piedras en el río el lunes, Elena Vásquez, que temía por la seguridad de sus dos asustados hijos, corrió de vuelta al lado guatemalteco, donde pasó la noche. Agotada tras una semana de viaje, la mujer de 28 años procedente de Olancho, Honduras, prometió persistir y confió en que las autoridades mexicanas cambiaran de opinión.

“Yo voy a esperar el tiempo que se necesite, Dios nos abrirá las puertas”, dijo Vásquez.

Mientras tanto un nuevo grupo de al menos 200 migrantes que partieron de El Salvador se unió a los integrantes de la primera caravana de 2020 que esperan en Tecún Umán, en la frontera de Guatemala con México para cruzar y seguir rumbo a Estados Unidos. Los integrantes de este nuevo convoy aseguran que salieron de El Salvador huyendo de la violencia y la falta de oportunidades economicas.

El número de extranjeras adultas presentadas ante las autoridades migratorias mexicanas aumentó 98 % en los primeros 11 meses de 2019 con respecto al mismo periodo del año anterior, expuso la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Esto significa que en 2019 se presentaron 39,192 mujeres adultas hasta noviembre, mientras que en 2018 fueron 19.796, detalló en la Síntesis 2019 de Estadísticas Migratorias, que agrega que casi una de cada tres deportados son mujeres.

Ambos países acordaron en junio de 2019 que Estados Unidos retiraría su amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos a cambio de que el Gobierno mexicano desplegara la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para frenar el flujo migratorio.

En octubre de 2018, miles de migrantes entraron en México para huir de la pobreza y la violencia con el objetivo de llegar a territorio estadounidense, lo que provocó tensiones entre el Gobierno mexicano y el de Estados Unidos.

Nueva Caravana Sale Hacia Estados Unidos

Cientos de migrantes hondureños salieron en una caravana de San Pedro Sula, al norte del país centroamericano, rumbo a Estados Unidos. Varios migrantes que dijeron que salen del país por la falta de oportunidades de empleo y la inseguridad en el país.

Una migrante dijo que deja seis hijas en Honduras, mientras otros viajaban con menores de edad.

El propósito de la caravana de migrantes es llegar a Estados Unidos donde dicen solicitarán asilo, aunque algunos manifestaron que de no lograrlo, buscaran oportunidades de trabajo en México.

En San Salvador, un grupo pequeño de migrantes se reunió en un parque de la ciudad, dicen que se unirán a la caravana de migrantes hondureños para intentar llegar a Estados Unidos.

Detención de Migrantes se Reduce un 75%

Las detenciones de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos caen un 75% en seis meses
Los acuerdos forzados de Trump con México y países centroamericanos logran frenar la ola migratoria

Trump llega a un acuerdo migratorio con México y retira la amenaza de aranceles

El escenario en la frontera de Estados Unidos con México ha cambiado drásticamente aunque haya pasado medio año. El punto más alto de la crisis migratoria lo marcaron las 132.000 detenciones en mayo, una cifra que no se había visto en los últimos 13 años. Pero aunque haya pasado solo medio año, las caravanas son un recuerdo lejano. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense informó este lunes que en noviembre detuvieron a 33.510 inmigrantes, encadenando la sexta disminución mensual consecutiva. La caída del 75% desde mayo es la segunda más grande a nivel porcentual de cualquier período de seis meses en lo que va de siglo

La racha se debe a una serie de acuerdos logrados por el presidente Donald Trump con algunos de sus vecinos de la región, principalmente con el Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, que reforzó los controles extranjeros y militarizó su frontera en el sur para evitar una subida arancelaria de parte de Washington.

La ola migratoria que llegó a la frontera de Estados Unidos esta primavera trajo consigo a un nuevo perfil de inmigrantes. Ya no eran hombres solos que venían de México en busca de una oportunidad laboral. Ahora eran en su mayoría familias centroamericanas escapando de la violencia y pobreza de sus países. Para frenarlos, Trump primero forzó el acuerdo en junio con México y en julio con Guatemala. Al país centroamericano también lo amenazó con imponer aranceles comerciales si no hacía lo que le pedía: convertirse en tercer país seguro. Esto significa que los que quieran buscar refugio o asilo en Estados Unidos y que previamente han pasado por Guatemala deberán solicitarlo y esperar en este último país. Washington también ha llegado a acuerdos similares con Honduras y El Salvador, aunque todavía no entran en vigor.

El director interino de la seguridad de fronteras de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, cuestionado este martes en una rueda de prensa en Washington sobre el riesgo para los inmigrantes de esperar mientras se resuelve su proceso de asilo en los países de los que estaban escapando por inseguros, respondió: «El viaje que emprenden hacia EE UU es de por sí muy inseguro y riesgoso. La única manera de que no se expongan a los abusos es que no se produzca el viaje. Los desafíos que ellos enfrentan también los tienen otros países. Estados Unidos tiene lugares a los que yo no iría. Desafortunadamente, varios. Pero al igual que esos países también tienen zonas seguras que funcionan bien. Nosotros queremos asegurarnos de que se queden lo más cerca de casa posible, para que cuando se sienten seguros decidan, voluntariamente, volver a su hogar».

El mensaje de Cuccinelli enfatizó en que quienes soliciten una entrada legal al país tienen verdaderas opciones. Sostuvo que durante el año fiscal de 2019 se convirtieron en ciudadanos estadounidenses 800.000 inmigrantes. Y que el año pasado fueron sobre 760.000. «La suma de los dos primeros años fiscales completos de la Administración son las cifras más altas de nuevos ciudadanos, comparadas con cualquier presidente en la historia en el mismo rango de tiempo». Pero en agosto, el mismo Cuccinelli, dio a conocer el endurecimiento de los requisitos para obtener la residencia a los inmigrantes legales que reciben ayudas sociales, como el programa gratuito de salud Medicaid o los cupones de alimentos. La norma amplía la definición de «carga pública» para reducir los permisos de residencia legal o green card a quienes «dependen de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades».

Gobierno Publica Regla de Tercer País Seguro Para Migrantes

El Gobierno que preside Donald Trump ha publicado este martes en el Registro Federal la regla que rige los acuerdos de cooperación firmados con Guatemala en julio, y con El Salvador y Honduras en septiembre
Comenzará así casi de inmediato a deportar a estos países a solicitantes de asilo llegados a su frontera sur, enviándoles en algunos casos a áreas selváticas, según el diario The Washington Post, y sin saber qué será de su futuro allí, según la web informativa BuzzFeed.
La regla entra en vigor hoy 19 de noviembre, y aplica a todos los que desde hoy traten de entrar en el país tanto de forma irregular como a través de puertos de entrada.
La justificación del Gobierno es la llegada de cientos de miles de migrantes a la frontera (1,1 millones en el último año fiscal), que “a menudo” no logran ver admitida su solicitud de asilo y son finalmente rechazados.
Pero el retraso acumulado en las cortes migratorias (980.000 casos, de los que más de la mitad son peticiones de asilo) lleva a que cada caso tarde en resolverse una media de dos años y medio, durante los cuales los solicitantes pueden, en principio, vivir y trabajar en Estados Unidos.
El Gobierno ha intentado evitar esto último llegando a un acuerdo con México para que los solicitantes de asilo esperen allí a la resolución de su caso. Pero, con los nuevos acuerdos firmados con los países centroamericanos (casi la mitad de solicitudes de asilo pendiente provienen de allí), ahora además puede enviarles a los migrantes, tanto a los suyos como a los de otras nacionalidades.
La regla afecta a los migrantes que hayan pedido asilo en Estados Unidos sin antes hacerlo en alguno de los países seguros que cruzaron durante su camino.
La ley estadounidense permite rechazar a estas personas, considerando que, si venían huyendo de una amenaza para sus vidas, bien pudieron quedarse en el primer país seguro al que llegaron sin necesidad de seguir su camino más allá.
El Estatuto de los Refugiados firmado en Suiza en 1951 establece que, para obtener la categoría de seguro, un país debe cumplir con condiciones como garantizar que los migrantes no serán devueltos al lugar donde su vida se ve amenazada, así como acceder a una vivienda, seguridad social, empleo y educación.   
Estados Unidos tiene un acuerdo de este tipo con Canadá desde 2002 (aunque este país no está incluido en la nueva regla), y este año firmó acuerdos con Guatemala, El Salvador y Honduras. No está claro sin embargo que estos países, asolados por la violencia y la pobreza (precisamente el motivo por el que huyen sus emigrantes) puedan recibir y atender apropiadamente a los solicitantes de asilo que les lleguen de Estados Unidos.
De acuerdo con el diario The Washington Post, Guatemala está preparada ya para recibir a los primeros migrantes expulsados (una docena, que podrían llegar ya en cualquier momento) en el departamento de Petén, una zona remota que es famosa entre los turistas por sus ruinas mayas, pero que no cuenta con las facilidades ni el personal para atenderlos. Ni siquiera hay un vuelo directo entre Estados Unidos y esa zona, que se encuentra en el medio de la selva.
El Gobierno de Trump, que ha negado esta información, ha prometido a entregar unos 50 millones de dólares a Naciones Unidas para desarrollar este programa de asilo en Guatemala. Sin embargo, los migrantes podrían llegar antes que el dinero.
Además, según la web informativa BuzzFeed News, el Gobierno no sabía ni siquiera cómo se atendería a los migrantes una vez en Guatemala, Honduras y El Salvador, o si se les proveería de refugio, comida, transporte y otros cuidados. Es importante notar que no sólo llegarían nacionales de esos países, sino también de otros como China, Cuba o de naciones africanas, que ni siquiera hablan español.

Juez Bloquea Suspensión de Garantía de Seguro Médico Para Migrantes

Un juez federal de Portland, Oregón, suspendió este sábado una regla de la administración del presidente, Donald Trump, que exige que algunas categorías de inmigrantes prueben que tendrán un seguro médico o que pueden pagarse esa atención sanitaria antes de que se le concedan visas para instalarse en EEUU.

Michael Simon, juez federal de distrito, emitió una orden de restricción temporal de esta medida, que tendíaa que haber entrado en vigor este domingo. Aún no está claro cuándo el magistrado se pronunciará sobre los méritos del caso.

Siete ciudadanos estadounidenses y una organización sin fines de lucro presentaron el pasado miércoles una demanda federal en la que sostenían que esa norma sería un obstáculo para dos tercios de los inmigrantes con posibilidad de lograr un estatus legal en el país.

La demanda también mantenía que la norma reduciría o eliminaría en gran medida el número de inmigrantes que ingresan a EEUU con visas concedidas en la base de relaciones familiares con ciudadanos el país.

La regla, firmada por el presidente Trump a principios de octubre, se aplica a las personas que buscan visas de inmigrantes del extranjero, no a las que ya están en EEUU. No afecta a los residentes legales permanentes y tampoco se aplica a solicitantes de asilo, refugiados o niños.

La medida establece que los inmigrantes no podrán ingresar al país a menos que demuestren que estarán cubiertos por un seguro de salud antes de los 30 días posteriores a la entrada en territorio nacional o que tienen suficientes recursos financieros para pagar los costos médicos.

«Agradecemos mucho que el tribunal haya reconocido la necesidad de bloquear de inmediato [esta regla]», afirmó Esther Sung, abogada del Centro de Acción de Justicia, quien argumentó en la audiencia del sábado en nombre de los demandantes.

La regla suspendida este sábado representa uno de los esfuerzos más recientes de la administración Trump para limitar el acceso de los inmigrantes a los programas sanitarios públicos, con el objetivo de alejar al país de un modelo migratorio basado en la familia a uno basado en el mérito.

En el momento en que se anunció la nueva medida, la Casa Blanca mantuvo en un comunicado que demasiadas personas sin ciudadanía se estaban aprovechando de los «generosos programas de salud pública» de EEUU, y dijo que los inmigrantes contribuyen al problema de los «costos de atención médica no compensados».

Según la regla del Gobierno, el seguro requerido puede ser adquirido individualmente o proporcionado por un empleador y puede garantizar una cobertura a corto plazo o catastrófica.

El programa Medicaid no cuenta, y un inmigrante no puede obtener una visa si usa los subsidios de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, proporcionados por el Gobierno federal, para contratar un seguro.

Según el Instituto de Políticas de Migración, un grupo de expertos en inmigración no partidista, el 57% de los inmigrantes estadounidenses tenían en 2017 un seguro médico privado, en comparación con el 69% de los nacidos en EEUU. El 30% tenía cobertura de seguro médico público, en comparación con el 36% de los nativos.

La tasa de personas sin seguro para inmigrantes bajó del 32% al 20% entre 2013 y 2017, desde la implementación de la Ley de Atención Asequible, de acuerdo con la Política de Migración.

Cada año, cerca de 1,1 millones de personas obtienen tarjetas verdes (green cards, en inglés).

«Hoy varios miles de personas en todo el país pueden dar un suspiro de alivio porque el tribunal reconoció el daño urgente e irreparable que se habría infligido [si no se hubiera frenado la nueva norma de la Administración Trump], afirmó Jesse Bless, director de litigios federales en la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

“Esta norma separaría permanentemente a las familias y perjudicaría a los empleadores. Es una clara violación de la Constitución. El presidente simplemente no tiene autoridad para reescribir la ley por proclamación», agregó en declaraciones recogidas por BuzzFeed.

La Casa Blanca expresó este domingo en una nota su «fuerte» desacuerdo con «la decisión de una corte de distrito de imponer una orden a nivel nacional contra la política del presidente, de forma preliminar y urgente durante el fin de semana, sin ni siquiera permitir al Gobierno la oportunidad de proporcionar una defensa por escrito».

A principios de este año, la administración Trump practicó cambios radicales en las regulaciones de la concesión tarjetas verdes para limitar las que se otorgan a inmigrantes con alguna forma de asistencia pública, pero los tribunales han frenado esa medida.

Detienen Caravana de 3,000 en México

Una nueva caravana de casi 3,000 migrantes ha comenzado a disgregarse bajo presión de fuerzas de seguridad mexicanas, que agredieron a algunos de los extranjeros que la componían según denunció el activista Luis García Villagrán, mientras el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador afirma que actuó con respeto a los derechos humanos.

Después de estar varados más de seis meses y cansados de los engorrosos procesos de migración, hombres, mujeres, niños y jóvenes centroamericanos, caribeños y africanos salieron del parque central de Tapachula, en el estado suroriental de Chiapas, fronterizo con Guatemala, con las pocas pertenencias que los acompañan.

Los migrantes, la mayoría procedentes de El Salvador, Guatemala, Cuba, Haití, República Democrática del Congo, Angola y Camerún, emprendieron la marcha por la carretera costera que conduce al estado sureño de Oaxaca.

La caravana pasó sin contratiempos el primer filtro de seguridad, ubicado en el puente Viva México, ante agentes de la Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional, frente a los cuales gritaron “¡Adiós, Tapachula!”.

Los migrantes, que caminaron durante el día bajo el sol a unos 35 grados centígrados, explicaron a Efe que tomaron esta decisión porque en Tapachula no tenían las condiciones para permanecer en espera de los documentos que les permitan transitar por México rumbo a Estados Unidos.

Un joven que dijo llamarse Jack, procedente de la República Democrática del Congo y quien viaja en bicicleta, declaró a Efe que su intención es llegar a Estados Unidos y de allí continuar hasta Canadá con el objetivo de estudiar.

Otro migrante, llamado Kasin Yurup y procedente de Angola, dijo que decidieron salir de Tapachula porque allí no han encontrado trabajo y porque el INM no les da permisos de tránsito pese a que llevan meses esperando.

Luis García Villagrán, abogado y activista por los derechos de los migrantes, quien les ha ayudado en sus trámites de solicitud de refugio, dijo vía telefónica a Efe que este éxodo ha comenzado a disgregarse porque un grupo se adelantó rumbo al municipio de Huixtla mientras que otros, principalmente mujeres y niños, se quedaron rezagados y fueron interceptados por dos centenares de agentes de las fuerzas de serguridad.

“Nos cayeron como que hubiera una guerra, más bien hay una guerra sórdida acá. Estaba con mi esposa y llegaron como unos 200 agentes, entre Migración y Guardia Nacional. Les mostramos que todos traían documentación, que todos eran solicitantes de refugio. Entonces empezaron los jalones (tirones), de los jalones se llegó a los golpes. Se llevaron incluso a niños al hospital”, afirmó.

Dijo temer “lo peor en un posible enfrentamiento” de los migrantes de la avanzada y las fuerzas de seguridad cerca de Huixtla, “porque los compañeros han decidido enfrentar lo que tengan que enfrentar, porque han recorrido el mundo literalmente para ser detenidos de esta manera”.

“Estamos haciendo responsables a doña Olga Sánchez Cordero (ministra de Gobernación -Interior-), al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo a este nazi represor que es Francisco Garduño (comisionado del INM)”, expuso el activista.

Finalmente, hizo un llamamiento al presidente mexicano a que intervenga para que “no corra sangre”.

Por su parte, el INM emitió un comunicado en que asegura que “con pleno respeto a los derechos humanos llevó a cabo acciones para invitar a las personas extranjeras que conformaron el contingente que partió de la ciudad de Tapachula a acudir al Instituto para conocer las opciones de regularización de su estancia en el país”.

Añadió que, después de que las autoridades migratorias dialogaran con ellas, “las personas extranjeras accedieron a subirse al transporte que el INM les proporcionó para trasladarlos a la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula”.

“Cada uno será atendido de manera personalizada y con quienes corresponda se dará inicio al procedimiento administrativo migratorio o en su caso se procederá al retorno asistido a sus países de origen“, indicó.

Desde hace casi dos meses migrantes extranjeros varados en Tapachula han realizado numerosas protestas en demanda de que se agilicen sus trámites para transitar por México y dirigirse a Estados Unidos.

La presión ha sido especialmente intensa por parte de migrantes africanos, que han protagonizado enfrentamientos con miembros de fuerzas de seguridad mexicanas.

Desde octubre de 2018 se registró un fuerte aumento del flujo de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que acceden a México desde Guatemala con el objetivo de llegar al territorio estadounidense.

A principios de junio pasado, EEUU y México llegaron a un acuerdo migratorio que evitó que el primer país impusiera aranceles a todos los productos mexicanos.

A raíz de ello, México envió a sus fronteras a la Guardia Nacional, lo que ha provocado en estos meses una reducción del 58.7 % del flujo migratorio.

Trump Frena Migrantes Pero se Les Escapan Algunos

Las autoridades migratorias frenaron el paso de cerca de un millón de migrantes en la frontera sur en el último año, en parte en virtud de la cooperación de México, que ha sido “para los libros de historia”, ha afirmado este martes el jefe de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), Mark Morgan.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Morgan dijo que 979,154 migrantes fueron detenidos en el año fiscal 2019 (entre el 1 de octubre de 2018 y el pasado 30 de septiembre).

“Es un impactante incremento del 88%” respecto al año anterior, dijo Morgan.

Este millón de migrantes fueron capturas tras cruzar la frontera ilegalmente o en los puertos de entrada por carecer de documentos. Pero, además, otros 151.000 burlaron las medidas de seguridad y entraron al país sin ser capturados, según Morgan.

Elogios para México

Morgan ha calificado de “increíble” la colaboración de México. Desde el inicio del programa Quédate en México en enero, se ha devuelto a 51.000 migrantes a ese país para que esperan allí semanas o meses hasta saber si Estados Unidos acepta su solicitud de asilo.

El programa se reforzó en junio después de que el presidente, Donald Trump, amenazara al país vecino con fuertes aranceles si no aceptaba colaborar.

Como parte de ese acuerdo, México desplegó además a unos 25,000 soldados de la Guardia Nacional en sus fronteras con Estados Unidos y Guatemala; aumentó sus operaciones policiales al interior del país; y se comprometió a dar ayuda humanitaria a quienes aguardan en suelo mexicano la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos.

Siguiendo la pauta de Trump, Morgan contrastó la presunta inacción del Congreso con la colaboración de restablecer la “integridad” del proceso de asilo y mejorar el combate contra el tráfico de humanos.

Así, por cuarto mes consecutivo, la cifra de inmigrantes detenidos en septiembre disminuyó: fueron 52,000, frente a los 144,000 en mayo, el peor mes.

Morgan no ofreció un desglosado de cuántos solicitaron asilo al llegar a la frontera sur, pero dejó en claro que cerrará el paso a “migrantes económicos” que no reúnen los requisitos de asilo.

Grupos cívicos en todo el país han entablado demandas contra las medidas que ha adoptado la Administración para restringir el acceso al asilo en este país.

Plegarias para los migrantes

“Si lo vemos desde la perspectiva de fe, Dios no ha hecho estas fronteras, y estas políticas han traído mucho dolor y sufrimiento. Continúa la separación de familias, y esos 51,000 migrantes devueltos a México también seguirán lejos de los suyos”, dijo en entrevista telefónica el activista Dustin Craun, del grupo musulmán CAIR, en San Diego, California.

Craun es productor del filme Una oración más allá de las fronteras, que documenta el primer encuentro entre una iglesia cristiana y una mezquita en el Parque de la Amistad en la frontera entre San Diego y Tijuana, México.

Es el único espacio en toda la frontera sur en el que las familias separadas por la Administración pueden reunirse por unas horas cada fin de semana, «siquiera rozando sus meñiques a través de una barda».

Su grupo y otras organizaciones cristianas, judías y musulmanas han programado un día de oración binacional el 27 de octubre en señal de solidaridad con los migrantes.

“Vamos a tener tres minutos de oración en silencio para las congregaciones que no puedan participar en persona”, explicó, “queremos mantener la atención sobre esta crisis en la frontera, que fue creada por Estados Unidos… no empezó con Trump, porque los demócratas y republicanos no han podido aprobar una reforma migratoria, pero esta Administración la ha agravado”.

Trump Sugiere Dispararle en las Piernas a Inmigrantes

El presidente Donald Trump sugirió dispararles a los inmigrantes en las piernas para reducir su velocidad después de que cruzan la frontera sur. Eso lo habría dicho durante una reunión en marzo en la que pidió el cierre de toda la frontera entre Estados Unidos y México, reportó el martes The New York Times.

Citando entrevistas con más de una docena de funcionarios de la Casa Blanca y de la administración directamente involucrados, el New York Times, en un extracto del libro Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration, informó que Trump había abandonado la idea al final de lo que el Times describió como “semana frenética de furias presidenciales”. Pero también se había centrado en sacar del gobierno a los funcionarios que se habían opuesto a él, una idea ampliamente defendida por el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, en su impulso por una mayor influencia en la política de inmigración. CNN se ha comunicado con la Casa Blanca para obtener comentarios sobre el reporte.

La reunión incluyó a Miller, la entonces secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, el secretario de Estado Mike Pompeo, el entonces jefe de Aduanas y Protección Fronteriza Kevin McAleenan, el jefe de gabinete interino Mick Mulvaney, el asesor presidencial y yerno Jared Kushner y otro personal de alto rango, según el periódico.

“¡Me estás haciendo ver como un idiota!”, gritó Trump durante la reunión, agregando una blasfemia, le dijeron al Times varios funcionarios en la sala. “Hice campaña con esto. Es mi asunto”.

Nielsen trató de razonar con Trump, explicando que cerrar la frontera no impediría a los migrantes solicitar asilo, pero él se mantuvo firme, según el Times.

Kushner también trató de razonar con el presidente.

“Lo único que te importa son tus amigos en México”, respondió el presidente, dijeron las personas en la sala al Times. “Ya no más. Quiero hacerlo al mediodía de mañana”.

Los asesores de la Casa Blanca persuadieron a Trump para que extendiera el plazo hasta el viernes siguiente, presionando a los funcionarios mexicanos para que detuvieran a más inmigrantes e instando a los legisladores republicanos y a los funcionarios de la Cámara de Comercio a transmitir a Trump las repercusiones negativas del cierre de la frontera, informó el Times. Kushner y otros funcionarios del Ala Oeste de la Casa Blanca le enviaron un correo electrónico a Trump sobre el aumento de las detenciones de migrantes por parte de México antes de que pudieran llegar a EE.UU., según el periódico.

Miller le dijo a Trump que los asesores que citan continuamente restricciones legales, como Nielsen, eran parte del problema y que la administración debería centrarse en rechazar a los migrantes en la frontera, informó The Times.

A mediados de la semana, Trump parecía haber abandonado la idea y planteó a Nielsen la opción de imponer aranceles, informó el periódico. El Times informó que fue más tarde esa semana que Trump le ofreció un indulto a McAleenan si lo enviaban a la cárcel por hacer que agentes fronterizos impidieran a los solicitantes de asilo ingresar a los Estados Unidos desafiando la ley estadounidense.

“El presidente estaba frustrado y creo que se tomó ese momento para presionar el botón de reinicio”, dijo el entonces director interino de Inmigración y Control de Aduanas, Thomas Homan, al Times sobre esa semana en marzo. “El presidente quería que se arreglara rápidamente”.

La detención prolongada causará “daños profundos” a los migrantes, advierten organizaciones

Abogados temen que la decisión del gobierno de modificar el Acuerdo Judicial Flores, además de dañar el debido proceso migratorio de los niños, aumente el atasco en las cortes de inmigración que tienen acumulados casi 900,000 casos.

“La detención prolongada causa un daño profundo y bien documentado al bienestar físico y mental de los niños y las familias y, a pesar de lo que afirma el gobierno, no actuará como un elemento disuasorio”, indicó Marketa Lindt, presidenta de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Se trata de una de tantas reacciones al anuncio hecho por el gobierno de Donald Trump de modificar el Acuerdo Judicial Flores para mantener detenidos por tiempo indefinido a las familias migrantes con niños en la frontera, algo, que según reitera Lindt, “debilita aún más los estándares básicos de vida y cuidado que ofrecen estas poblaciones vulnerables”,

El miércoles, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dijo que el gobierno ya no seguirá cumpliendo con el Acuerdo Judicial Flores de 1997 en lo que respecta al plazo máximo de 20 días de privación de libertad de migrantes menores.

La nueva norma, que será publicada en viernes en el Registro Federal, indica que los migrantes serán detenidos por tiempo indefinido hasta que concluyan sus procesos de inmigración.

Los argumentos oficiales

El gobierno de Trump atacó desde un comienzo de su mandato el Acuerdo Judicial Flores y una ley de protección de tráfico humano de 2008 (TVPRA), beneficios que tilda de “vacíos” o “lagunas” legales porque no le permiten deportar aceleradamente a menores, sino que le exigen recibir sus protecciones de asilo y que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en Estados Unidos.

También obliga al gobierno a tenerlos en centros de detención adecuados, darles atención médica, alimentación y cuidados especiales, al tiempo de ofrecerles información y acceso a representación legal para defender sus permanencias en el país.

Trump, sin embargo, asegura que los migrantes se han aprovechado de estas protecciones para llegar en masa a la frontera y abusar de ambas protecciones, pero no menciona que se trata de migrantes que están huyendo de sus países a causa de la violencia y la pobreza, y buscan asilo para salvar sus vidas.

“Las mujeres y las familias continuarán huyendo de los niveles extremos de violencia y persecución que amenazan la vida en sus países de origen para buscar protección en los Estados Unidos», advirtió Lindt.

Violación de valores

Por su parte, Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, dijo que “esta regulación es una violación de los valores fundamentales de Estados Unidos y una reversión completa del Acuerdo Flores que canalizará miles de millones en dólares de los contribuyentes a prisiones privadas para encarcelar a niños y familias, a pesar de la existencia de alternativas de detención más efectivas y humanas”.

Johnson dijo que además que “en lugar de intentar detener a las familias por períodos más largos en condiciones que han demostrado repetidamente ser inhumanas o ilegales, el gobierno debería aumentar la capacidad del sistema de asilo, ampliar las alternativas rentables y humanas a la detención, y apoyar soluciones a largo plazo que abordar las causas profundas de la violencia que obligan a las personas a huir de sus países de origen».

AILA teme además que la nueva regulación, que entrará en vigor 60 días después de ser publicada en el Registro Federal, colapse aún más los tribunales de inmigración, que en junio ya tenían casi 900,000 casos para 440 jueces, sin contar unos 350,000 expedientes de cancelación administrativa que fueron reabiertos el año pasado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions.

Largos encierros

El Foro Nacional de Inmigración dijo que la nueva regla “permitirá la detención indefinida de niños con sus familias mientras esperan los procedimientos del tribunal de inmigración”. Y que el tiempo promedio de espera para que se escuche un caso hoy en día “es de aproximadamente dos años, y el tiempo de espera en algunas jurisdicciones promedió casi tres años a partir de junio de 2019”.

“Detener a las familias indefinidamente no es un sustituto humano de un acuerdo que requiere que el gobierno libere a los niños de la detención dentro de los 20 días. Los niños no deberían estar en detención de inmigrantes durante años mientras esperan los procedimientos de inmigración de su familia”, dijo
Ali Noorani, director del Foro.

En similares términos se refirió al cambio Sindy Benavides, directora ejecutiva de LULAC. “La retirada del gobierno de Trump del Acuerdo Flores es otro ataque cruel y bajo que daña niños y familias de refugiados latinos”.

Advierten daños irreparables

La Asociación Americana de Psicología (APA) advirtió que el cambio anunciado por el gobierno tendrá un severo impacto en la salud mental de los migrantes, principalmente niños. “Permitir que los niños inmigrantes sean detenidos por más de 20 días, incluso con sus familias, es un intento equivocado de esta administración para detener el flujo a través de la frontera sur”, dijo «Jim» Díaz-Granados, PhD, director ejecutivo adjunto de la Asociación.

Agregó que “como hemos dicho repetidamente, los problemas de salud mental que los niños y sus familias experimentan como resultado de la detención están bien documentados. La investigación ha demostrado tasas más altas de ansiedad y depresión entre los niños detenidos en centros de detención. Un estudio encontró que los niños tenían hasta 10 veces más probabilidades de desarrollar un trastorno psiquiátrico si eran detenidos”.

Díaz-Granados dijo además que “la gran mayoría de estos niños ya han sufrido traumas antes de llegar a las instalaciones de inmigración, y cuanto más tiempo estén detenidos, más probable será que su salud mental continúe sufriendo”.

La APA pidió al Congreso que revoque esta regla, al igual que la nueva regla de carga pública anunciada la semana pasada.

Derechos vulnerados

Para el abogado Stephen Yale-Loehr, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, Nueva York, la revocación del Acuerdo Judicial Flores “pisotea los derechos de los niños migrantes y sus padres” y también “creará más caos en nuestro sistema de tribunales de inmigración que se encuentra abrumado” con alrededor de 900,000 expedientes acumulados.

“El presidente Trump parece no poder aprender de sus errores. Los tribunales federales han anulado casi todos los esfuerzos que esta administración ha hecho para reducir los derechos de los inmigrantes. ¿Cuándo se dará cuenta el presidente Trump de que los inmigrantes en los Estados Unidos tienen los derechos del debido proceso?”, se preguntó.

En California, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), dijo que “la nueva regla muestra que el gobierno de Trump no se detendrá ante nada para destrabar su abuso de los inmigrantes más débiles y expuestos».

«Esto es solo el último componente del esfuerzo total de Trump por la máxima crueldad hacia todos los inmigrantes, en particular los solicitantes de asilo y los refugiados», dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización.

Beth Werlin, directora ejecutiva del American Immigration Council, dijo que la medida “castigará a los niños y las familias que vienen a los Estados Unidos en busca de protección contra la persecución al permitir que el gobierno los detenga indefinidamente. Esta regla anunciada es inhumana, socava nuestros valores de compasión y equidad, y traumatizará innecesariamente a miles de niños y sus familias”.

Los niños deben estar libres

El Centro de Justicia de Tahirih indicó que la nueva regla anunciada por McAleenan “también permite al gobierno establecer sus propios estándares para las condiciones apropiadas dentro de los centros de detención”, y recordó que los expertos han dicho en reiteradas ocasiones que “los niños nunca deben ser encarcelados innecesariamente, incluso cuando están encerrados con sus padres”.

En el mismo sentido se pronunció la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). “La detención de niños puede provocar traumas, sentimientos suicidas y exposición a una atención médica peligrosamente inadecuada», dijo Clara Long, subdirectora interina de la entidad. «Ningún tiempo de detención es seguro para los niños, y la detención prolongada es particularmente dañina», añadió.

HRW dijo además que “el principio básico y el requisito del Acuerdo de Flores es que los niños migrantes detenidos deben ser liberados de la forma más expedita posible”. Y precisó que “la nueva norma prevé, en cambio, la detención indefinida de niños con sus padres en instalaciones federales de inmigración hasta que se resuelva su procedimiento de inmigración”.

«El gobierno de los Estados Unidos afirma que la detención familiar es necesaria para garantizar que las familias se presenten a los tribunales», dijo Long. «Pero el gobierno no ha hecho nada para ampliar los programas de gestión de casos basados en la comunidad que llevaron a la gran mayoría de las personas liberadas de la detención de inmigrantes a comparecer ante el tribunal. El gobierno debería ampliar drásticamente esos programas, no buscar formas de aumentar la detención abusiva de niños», indicó.

Fuente: Jorge Cancino

Continua la Separación de Niños Migrantes en la Frontera

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) pidió a un juez federal que impidiera que el gobierno de Donald Trump separe a los niños migrantes de sus padres, alegando que más de 900 niños, “incluidos numerosos bebés y niños pequeños”, han sido separados desde finales de junio de 2018.

La interposición del martes se refiere a las separaciones que ocurrieron después de la controvertida política de inmigración de “tolerancia cero” de la administración que resultó en separaciones familiares.

Un tribunal federal había ordenado que las separaciones familiares terminaran el año pasado, excepto en los casos en que un padre no es apto o representa un peligro para el niño. Pero la interposición de la ACLU el martes sostiene que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. continúan haciéndolo a pesar de la orden judicial, basada en delitos menores como violaciones de tráfico.

“Algunas de las separaciones son por delitos que tuvieron lugar hace muchos años. Y algunos son por meras acusaciones o arrestos sin condenas”, se lee en el documento.

El documento incluye anécdotas de niños separados de los padres al ingresar a Estados Unidos. En un caso, tres jóvenes hermanas fueron supuestamente separadas de su padre en noviembre pasado debido al estado de VIH positivo de él, según una declaración de Kids in Need of Defense (Niños que Necesitan Defensa), un grupo de defensa de los niños migrantes no acompañados.

En otro caso, no estaba claro por qué un niño de 6 años fue separado de su padre en marzo, según el grupo. Ese niño fue enviado a un refugio en Nueva York, mientras que su padre permaneció detenido en California. El niño finalmente fue trasladado a una instalación más cercana a California, pero, según un abogado de Kids in Need of Defense, la agencia encargada de cuidar a los niños no acompañados no sabía que había sido separado de su padre.

La presentación del martes marca otro avance en la demanda de separación familiar que comenzó en 2018. A principios de este año, un juez federal dictaminó que potencialmente miles de padres e hijos más que el gobierno de Estados Unidos se separó en la frontera sur ahora se incluirían en la demanda sobre la separación de familias.

El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dijo en una audiencia reciente en la Cámara de Representantes que menos de 1,000 niños migrantes han sido separados de sus padres en la frontera sur este año fiscal, de las 450,000 familias que han cruzado.

Existe una política de larga data que permite a los funcionarios de inmigración separar a un niño de un padre si existe preocupación por el bienestar del niño.

El caso de la Sra. L et al. vs. Inmigración y Control de Aduanas et al. se debió inicialmente a la separación de una mujer congoleña de su hija de 7 años. La ACLU originalmente presentó el caso el año pasado y luego se expandió para convertirse en una demanda colectiva.