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Inseguridad en Nicaraguenses por Cierre de Consulado en Houston

En medio de la incertidumbre y la falta de información, los nicaragüenses residentes en Houston enfrentan una situación crítica luego del cierre repentino del consulado de su país en la ciudad.

La comunidad, que supera los 5,000 miembros en Houston, se encuentra sin acceso a servicios consulares esenciales, como la renovación de pasaportes y otros documentos de identidad.

La decisión del gobierno de Daniel Ortega de cerrar las oficinas consulares en Houston, Los Ángeles y Nueva Orleáns ha sido un duro golpe para los nicaragüenses que residen en estas ciudades. Mary Belén Gutiérrez, una de las afectadas, relata su frustración al llegar a las instalaciones del consulado en Houston y encontrarlas vacías, sin ninguna explicación ni vías de contacto alternativas.

«Cuando rellenamos el papeleo y todo, me dijeron que ellos me iban a llamar para venir a recogerlo, y nunca me llamaron. Entonces, lo dejamos estar hasta que decidimos venir para ver qué era lo que pasaba, pero nunca imaginamos que iba a estar cerrado permanentemente», expresó Gutiérrez en entrevista con Enmanuel Villalobos de Telemundo Houston, quien ya había iniciado el trámite de renovación de su pasaporte desde octubre del año pasado.

Las repetidas llamadas a los números de contacto disponibles han sido en vano, dejando a Gutiérrez y a otros connacionales en un limbo legal. «Hemos llamado muchas veces. Algunas veces manda a buzón, otras veces está la operadora, y luego está uno esperando, suena y suena, y nunca contestan», lamentó.

Arturo McFields Yescas, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que esta medida obedece a razones económicas y también como una herramienta de castigo para aquellos que han salido del país. «Al tener en lugar de 7 consulados, tener solamente 3 o tener solamente uno, la dictadura tiene mayor control de a quienes les entrega pasaportes, a dónde están los nicaragüenses, qué hacen, cómo está su situación», explicó.

McFields Yescas también denunció que esta situación viola derechos humanos y convenciones internacionales, dejando a los nicaragüenses en una situación de «orfandad» sin un gobierno o estado que proteja sus derechos o les brinde acompañamiento.

Mientras tanto, Mary Belén Gutiérrez se siente frustrada, maniatada y presa sin poder salir del país. «Nunca nos respetaron, así como compatriotas», lamentó, reflejando el sentir de una comunidad que clama por respuestas y soluciones ante esta crisis humanitaria.

Telemundo Houston solicitó información adicional o alguna expresión sobre el cierre de los consulados a la dirección general de migración y extranjería de Nicaragua y al momento de esta nota no obtuvimos respuesta.

Nicaragua Expulsa a Obispo y Sacerdotes del País

El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, que fue enviado a prisión hace un año, fue expulsado del país este domingo junto a otros 17 clérigos.

Todos ellos fueron recibidos por el Vaticano.

Álvarez, quien ha sido un fuerte opositor del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue sentenciado a veintiséis años de prisión en febrero pasado después de criticar enérgicamente la represión de Ortega contra las protestas masivas en 2018.

La salida de los religiosos de la cárcel y posterior destierro se concretó gracias a “coordinaciones discretas” entre el Vaticano y Managua, de acuerdo a un comunicado emitido por el gobierno nicaragüense.

“Ellos han sido ya recibidos por autoridades vaticanas. Reconocemos las posibilidades del dialogo franco, directo, prudente y muy serio”, se puede leer en el documento.

Las relaciones entre el Vaticano y Managua empeoraron cuando Ortega acusó a sacerdotes de apoyar las protestas antigubernamentales de 2018, que consideró un intento de golpe liderado por Washington y que se saldaron, según Naciones Unidas, con más de 300 muertos.

También entre los liberados se encontraba el obispo Isidoro Mora y 13 sacerdotes arrestados en diciembre, de acuerdo a información entregada por el líder opositor Uriel Vallejo.

«A Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo les gustaría dejar a Nicaragua sin sacerdotes. Otro avión lleno de pastores del pueblo al exilio», escribió Vallejos, exiliado en Estados Unidos, en X, antes conocida como Twitter.

De acuerdo a una investigación de la abogada Martha Molina, exiliada en Estados Unidos, desde 2018 ha habido 740 ataques contra la iglesia y 176 sacerdotes y monjas han sido expulsados, desterrados o prohibidos de ingresar al país

Desde el encarcelamiento de Álvarez, un gran número de sacerdotes que hablaron en apoyo del obispo han sido detenidos.

El Vaticano está acogiendo a todos los clérigos expulsados, como hizo con otros en octubre pasado.

Un obispo muy crítico

Álvarez, quien ejercía como obispo de la diócesis de Matagalpa, fue considerado durante años como una de las voces más críticas ante la situación que vive Nicaragua.

En sus homilías abordaba cotidianamente los problemas de los feligreses y alzó su voz para criticar los supuestos abusos contra los derechos humanos cometidos por la Policía Nacional de Nicaragua o los derechos de los campesinos en ese país.

Además, tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el proceso de diálogo puesto en marcha tras las masivas protestas populares ocurridas en 2018 en la nación centroamericana cuya dura represión por parte del gobierno generó centenares de muertos.

Álvarez también ha hecho frente a las agresiones que la Iglesia católica ha sufrido en Nicaragua de parte no solamente del gobierno, sino también de la militancia sandinista.

De acuerdo con la investigación de Molina, el nombre de Rolando Álvarez aparece mencionado 78 veces, no porque él haya sido objeto de un número semejante de ataques sino porque con frecuencia fue él quien denunciaba esas situaciones.

Así, por ejemplo, en abril de 2022, Álvarez hizo público que una de sus colaboradoras había sido víctima de una agresión.

Entonces señaló: «No hagan con los fieles lo que quieren hacer conmigo. Lo que quieran hacer conmigo, si van a hacerlo, háganlo conmigo y no con los fieles, no con el santo pueblo de Dios».

Un mes más tarde, el obispo inició un ayuno con agua y suero para protestar por el acoso policial del que -aseguraba- estaba siendo víctima.

Pero hasta ese momento el gobierno de Ortega no había intervenido. Pero en agosto de 2022, la policía nicaragüense llegó una madrugada a la casa parroquial de Matagalpa y detuvo a Álvarez y a otros seis religiosos.

El obispo permaneció detenido sin cargos durante más de 100 días hasta que en diciembre de ese mismo, fue acusado por los delitos de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas».

Según la prensa nicaragüense, las autoridades del país le habían ofrecido liberarlo si accedía salir del país.

De hecho muchos analistas destacan esta parte de su activismo contra el gobierno de Ortega: Álvarez se había negado dos veces a abandonar el país.

En una extraña sucesión de hechos, fue liberado, capturado de nuevo en febrero de 2023 y en un juicio express condenado a 25 años de cárcel.

Hasta este domingo cuando fue expulsado del país.

Nicaragua Gana Miss Universo

Tres delegadas latinoamericanas estuvieron entre las primeras cinco finalistas, incluyendo a Palacios; Miss Puerto Rico, Karla Guilfú Acevedo, y Miss Colombia, Camila Avella

Miss Nicaragua Sheynnis Palacios ganó el sábado por la noche la 72ª edición de Miss Universo, celebrada en El Salvador, convirtiéndose en la primera delegada nicaragüense en alzarse con la corona.

Palacios es una comunicóloga de 23 años que fue apoyada por el público en todas las rondas del certamen, en las que también se destacó la participación de las concursantes latinas. Durante su presentación, dijo que busca hacer trabajo en pro de la salud mental, pues ella misma llegó a sufrir episodios de ansiedad que la llevaron a hacerse daño.

Miss Tailandia, Anntonia Porsild, fue elegida primera finalista y Miss Australia, Moraya Wilson segunda finalista.

Tres delegadas latinoamericanas estuvieron entre las primeras cinco finalistas, incluyendo a Palacios; Miss Puerto Rico, Karla Guilfú Acevedo, y Miss Colombia, Camila Avella, quien era además una de las dos primeras concursantes que son madres de familia.

Un total de 84 delegadas compitieron por el título en una edición en la que también hubo dos delegadas trans y por primera vez una concursante de talla grande, Miss Nepal, Jane Dipika Garrett. Para el próximo año los organizadores adelantaron que se retirará el requisito de edad que tiene un límite máximo de 28 años.

La representación de las concursantes latinas fue fuerte durante toda la noche. Siete delegadas latinoamericanas, incluyendo a Palacios; Avella; Acevedo; Miss Perú, Camila Escribens; Miss Chile, Celeste Viel; Miss Venezuela, Diana Silva, y Miss El Salvador, Isabella García-Manzo, pasaron a la ronda de 20 semifinalistas junto con Miss España, Athenea Pérez, y Miss Estados Unidos, Noelia Voigt, quien es de ascendencia venezolana.

Palacios aseguró su corona al responder con mucho aplomo a la pregunta de si pudiera vivir un año en los zapatos de otra mujer, ¿a qué mujer elegiría?

“Escogería a Mary Wollstonecraft”, dijo sobre la escritora y filósofa inglesa del siglo XVIII considerada una de las precursoras del feminismo. “Porque fue la primera mujer que abrió brecha a los derechos de las mujeres. Y haría lo posible para que las brechas salariales de esa época fueran la oportunidad perfecta para que muchas mujeres pudieran trabajar en cualquier área que se puedan desempeñar, porque no hay límite para la mujer. Esa época fue en 1756, 2023 haciendo historia”.

También tuvo que responder a la pregunta de la miembro del jurado Halima Aden, modelo somalí estadounidense, quien quería saber cuáles eran las cualidades y valores que guían a Palacios como líder y modelo a seguir.

“La cualidad que me ha inspirado y he llevado a inspirar a muchas mujeres y niñas el día de hoy es la humildad y aprender a agradecer las pequeñas cosas”, dijo. “Porque es ahí donde está lo más valioso, es la esencia del ser humano”.

El jurado lo completaron Iris Mittenaere, Miss Universo 2016; Nadia Ferreira, Miss Paraguay 2021; Eleanor Concepcion ‘Connie’ Mariano, médico y contralmirante en la Marina de Estados Unidos; Janelle Commissiong, Miss Universo 1977; Denise White, directora ejecutiva y fundadora de la firma deportiva EAG Sports Management; Avani Gregg, gimnasta, bailarina y tiktoker; Sweta Patel, ejecutiva de Roku; Carson Kressley, presentador, actor, productor y diseñador estadounidense; Mario Bautista, cantante mexicano pop, y Giselle Blondet, presentadora de televisión y actriz puertorriqueña. La ceremonia también contó con un número musical del ganador del Grammy John Legend.

Palacios es la segunda Miss Universo centroamericana, tras Justine Pasek de Panamá, quien asumió sus deberes como Miss Universo sustituta tras la destitución de Oksana Gennadyevna Fyodorova de Rusia en 2002.

Muchos en el público no lo recordaban, pero tampoco era la primera vez que El Salvador recibía con los brazos abiertos a Miss Universo. El certamen se había realizado en el país en 1975.

En esta ocasión, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aprovecho la gala para enviar un mensaje al mundo de los cambios que están ocurriendo en su nación, que en las últimas décadas había sufrido por los altos indicies de violencia delictiva provocada por las maras o pandillas.

“El Salvador ha cambiado para siempre y lo hemos demostrado una vez más, ha sido honor recibir a las delgadas, organizadores y visitantes de diversos países, Miss Universo nos ha brindado la oportunidad de demostrar al mundo que lo que somos capaces, gracias por elegir ser parte del renacimiento de El Salvador”, dijo el mandatario, quien iba vestido de gala sin su tradicional gorra.

“Lo que han vivido aquí es sólo una pequeña parte de todo lo que aspiramos”, agregó y luego los invitó que “sean nuestros embajadores que le hagan saber a todo el mundo que El Salvador es el lugar ideal para luchar por sus sueños, por muy grandes que sean”.

En 2015, El Salvador era considerado uno de los países con más alto índice de homicidios en el mundo, con 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esta situación cambió desde marzo de 2022, cuando Bukele ordenó la aplicación de una política de mano dura contra las pandillas. Más de 70.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas o ser colaboradores de estas estructuras criminales han sido detenidas durante su gobierno. De ellos, más del 90% están en cárceles, incluida una megaprisión para pandillas, lo que a su vez ha generado temores por posibles violaciones a los derechos humanos.

A pesar de todo, la medida ha tenido resultados y El Salvador registra una drástica reducción de homicidios y también tiene aprobación popular. En un mensaje pregrabado, transmitido en la ceremonia televisada antes del discurso de Bukele, Miss El Salvador destacó la labor del presidente por atreverse a poner orden en su país.

En el caso de las 84 candidatas de Miss Universo, se mostraron animadas y confiadas de realizar actividades en El Salvador. Disfrutaron de playas, montañas y lagos y de la capital, además de practicar surf. También interactuaron con fans en centros comerciales, donde miles hicieron filas retratarse con ellas, y fueron varias veces el centro histórico de la capital, una zona antes asediada por las pandillas, donde bailaron al ritmo de música tropical con locales.

Nicaragua Despoja de su Nacionalidad a Opositores

La justicia nicaragüense también deja sin nacionalidad al periodista Carlos Fernando Chamorro, el obispo Silvio Báez, la feminista Sofía Montenegro y la defensora de derechos humanos Vilma Núñez

El régimen de Daniel Ortega ha despojado este miércoles a otras 94 personas de la nacionalidad nicaragüense. Entre los afectados están los escritores Sergio Ramírez, Premio Cervantes, y Gioconda Belli, ambos en el exilio; el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, la escritora y feminista Sofía Montenegro, la activista Azahalea Solís, el obispo Silvio Báez, una de las voces más críticas de la Iglesia, y la activista Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH). El despojo ha sido notificado por el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, y según el fallo sobre las personas afectadas pesan cargos de “traición a la patria” y son considerados “prófugos de la justicia”. Además de retirarles la nacionalidad nicaragüense, la justicia bajo el control de Ortega ordena que se incauten todas las propiedades a nombre de los afectados. Entre las personas que pierden su nacionalidad está también el periodista Wilfredo Miranda, colaborador de EL PAÍS.

Esta decisión se da una semana después de que el régimen ordenara la expulsión de Nicaragua de 222 presos políticos, a quienes además se les despojó de la nacionalidad. Estas personas fueron trasladadas la mañana del pasado jueves en un avión fletado por Estados Unidos hasta un hotel en las afueras de Washington, donde los liberados recibieron apoyo del Departamento de Estado para iniciar un proceso que les permita lograr un estatus legal en el país. España también ha ofrecido entregarles la nacionalidad, una decisión a la que varios de los detenidos se han acogido. Entre las personas liberadas la semana pasada estaba la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, Comandante Dos de la revolución nicaragüense, quien afirmó a este diario que “cada día que no me ahorcaba era un triunfo sobre Ortega”.

La decisión de hoy afecta a religiosos, activistas, políticos, intelectuales, periodistas que siguen su cobertura de Nicaragua desde el extranjero, principalmente desde Costa Rica, epicentro del exilio nicaragüense, feministas y algunas de las voces más críticas contra el régimen de Ortega. “Son unos ladrones, pero Dios me va a devolver una casa mejor que esa que se están robando”, ha dicho la periodista Lucía Pineda Ubau, parte del exilio en Costa Rica. Ubau fue detenida en diciembre de 2018 después de que la Policía asaltara y ocupara las instalaciones del canal de televisión 100% Noticias, en Managua, y apresara también a su director, Miguel Mora. “Esa casa me costó mucho. Planté más de 100 arbolitos. La mejoré con la herencia que dejó mi papá”, ha contado Ubau esta tarde a periodistas. “Yo sigo siendo nicaragüense y eso no me lo puede quitar la dictadura. Hemos sido avasallados por ellos. Lo robado tendrán que regresarlo a todos los nicaragüenses, a estas personas que han tenido posiciones claras, firmes y valientes”, ha afirmado la periodista. “Esto ya lo esperaba desde que nos robaron el canal de televisión. ¿Creen que nos van a callar a los periodistas en el exilio? Están locos, están desesperados. Están en sus últimos días”, ha dicho Ubau.

Entre los afectados por el fallo de este miércoles está Arturo McFields, ex-embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien el año pasado denunció las arbitrariedades de lo que considera la “dictadura” de Daniel Ortega y había abogado por la liberación de los presos políticos del régimen. En una comparecencia ante el Consejo Permanente de la OEA, McFields Yescas dijo que en su país no hay libertad de prensa, separación de poderes, que se han registrado confiscaciones de universidades y se han cancelado 130 organizaciones de la sociedad civil. “La dictadura me ha declarado traidor a la patria, ha ordenado la confiscación de bienes, me ha inhabilitado, pero esto significa que estamos haciendo la lucha para que Nicaragua vuelva a la democracia. Vamos a seguir adelante”, ha dijo el ex-diplomático en un video publicado en su perfil de Twitter.

La decisión de Ortega de despojar de la nacionalidad nicaragüense a las voces críticas se ha convertido en una nueva forma de represión e intimidación. Desde 2018, cuando estallaron masivas protestas contra el Gobierno en la capital y otras ciudades importantes del país, el régimen desató una feroz represión que inició reventando las manifestaciones, con el asesinato de más de 360 manifestantes, muchos de ellos jóvenes universitarios, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A esto siguió la cacería contra quienes eran vistos como líderes de las movilizaciones y más tarde la realización de juicios considerados espurios contra los disidentes. Además, decenas de miles de nicaragüenses han dejado el país por la persecución política y el deterioro de la economía.

EEUU Incrementa Sanciones a Nicaragua

El gobierno de Estados Unidos está aumentando la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, amenazando con prohibirle a los estadounidenses hacer negocios con la industria aurífera del país centroamericano, planteando la posibilidad de imponer restricciones comerciales y retirando las visas a unos 500 allegados del gobierno.

Las acciones, incluidas en una orden ejecutiva firmada el lunes por el presidente Joe Biden, son quizá las medidas más agresivas de Washington para castigar al exlíder guerrillero sandinista por sus continuos ataques contra la democracia y los derechos humanos en el país centroamericano, y por su cooperación en materia de seguridad con Rusia.

Sanciones previas de Estados Unidos se han enfocado en Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y familiares y otros allegados. Pero ninguna de esas medidas ha afectado el poder del mandatario, cuyo blanco más reciente ha sido la Iglesia católica. En agosto, fuerzas de seguridad nicaragüenses allanaron la residencia de un obispo, deteniéndolo a él y a otros clérigos.

La orden de Biden amplía significativamente una que fue emitida durante la presidencia de Donald Trump, donde declara las violaciones a las normas democráticas, los atentados contra el estado de derecho y el uso de la violencia contra opositores como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Junto con sanciones simultáneas anunciadas por el Departamento del Tesoro contra la Dirección General de Minas, la orden ejecutiva prácticamente hace que sea ilegal para los estadounidenses hacer negocios con la industria del oro nicaragüense. Es la primera vez que Estados Unidos se enfoca en un sector específico de la economía de Nicaragua, y en el futuro podría ampliarlo para incluir otras industrias consideradas fuentes de financiamiento del gobierno de Ortega.

La orden ejecutiva también allana el camino para que Washington pueda restringir las inversiones y el comercio con Nicaragua, medidas que recuerdan el severo embargo impuesto por Estados Unidos en la década de 1980 durante el primer gobierno sandinista de Ortega, tras la sangrienta guerra civil.

“Los continuos ataques del régimen Ortega-Murillo contra actores democráticos y contra miembros de la sociedad civil, y la detención injusta de prisioneros políticos, demuestran que el régimen siente que no tiene que respetar el estado de derecho”, declaró Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera. “Podemos usar y usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para negarle al régimen Ortega-Murillo los recursos que necesita para socavar las instituciones democráticas”.

En sus comentarios diarios con la prensa oficial, Murillo no mencionó directamente las sanciones estadounidenses ampliadas, pero dijo que los nicaragüenses son “defensores de la soberanía nacional”.

Leyó también una carta de Ortega en la que felicita al presidente chino Xi Jinping, que el domingo fue nombrado para otro periodo al frente del Partido Comunista, en la que Ortega cuestionó lo que dijo es la “agresiva codicia imperial” de Occidente.

Las acciones del lunes podrían augurar una nueva ofensiva contra la economía nicaragüense, algo que el gobierno de Biden ha sido renuente en tomar para no agravar las penurias económicas del país centroamericano y no provocar más emigración. Para el año fiscal que concluyó en septiembre, agentes fronterizos de Estados Unidos encontraron nicaragüenses en la frontera casi 164.000 ocasiones, más del triple que en el año previo.

Al mismo tiempo, ha aumentado en Washington la frustración por la manera como las élites económicas de Nicaragua han guardado silencio ante la represión por parte del gobierno de Ortega.

La decisión de Biden de enfocarse en la industria aurífera nicaragüense podría privar al gobierno de Ortega de una de sus principales fuentes de financiamiento. El oro fue la principal exportación de Nicaragua en 2020, y el país, ya el mayor productor del metal precioso en Centroamérica, desea duplicar la producción en los próximos cinco años.

De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua, el país exportó un récord de 348.532 onzas de oro en 2021, y su asociación minera pronostica que en 2023 las exportaciones alcanzarán un total de 500.000 onzas.

Entre los inversores extranjeros activos en Nicaragua está Condor Gold, cuyo director general Mark Child apareció en una foto con Ortega en una presentación hecha en septiembre para inversionistas preparada por la empresa con sede en Gran Bretaña.

“Básicamente, él apoya totalmente el proyecto”, declaró Child en una entrevista en marzo tras un encuentro de 90 minutos con Ortega. “Ese encuentro… básicamente le da luz verde a la construcción del proyecto y su financiamiento, y le elimina los riesgos”.

Condor, que cotiza en las bolsas de Londres y Toronto, tiene licencias para explotar tres minas a cielo abierto, de las cuales la más avanzada tendría 602.000 onzas de oro por un valor de 900 millones de dólares a los precios actuales. Condor es en parte propiedad de un ingeniero estadounidense que ha trabajado durante décadas en Nicaragua.

Las acciones de Condor subieron 2 centavos (3,8%) tras el anuncio de las sanciones estadounidenses. Sin embargo, los títulos de otra empresa que cotiza en Toronto con actividades mineras en Nicaragua, Calibre Mining Corp, perdieron 17 centavos (17%).

La firma con sede en Vancouver tiene varios proyectos mineros en Nicaragua, que se cree contienen 2,9 millones de onzas de oro.

Como parte de las acciones tomadas el lunes, el Departamento del Tesoro también congeló los activos en Estados Unidos de Reinaldo Lenín Cerna, a quien describió como asesor cercano de Ortega. Según el Departamento del Tesoro, Cerna fue el jefe de la seguridad estatal durante la primera presidencia de Ortega y supuestamente ayudó a llevar a cabo el asesinato de quien fue el jefe de seguridad del exdictador Anastasio Somoza.

Además, el Departamento de Estado le retirará las visas a más de 500 individuos nicaragüenses y sus familiares que trabajan para el gobierno de Ortega o ayudan a formular, implementar y beneficiarse de políticas que socavan la democracia en el país, dijeron funcionarios estadounidenses a The Associated Press a condición de guardar el anonimato. Previamente, congeló los activos en Estados Unidos del ministro de Defensa y de otros miembros de las fuerzas de seguridad vinculados al cierre de más de 1.000 organizaciones no gubernamentales.

Anteriormente, el gobierno de Biden sancionó a la empresa estatal de minería y modificó la cuota del azúcar nicaragüense, retirándole un subsidio que valía millones de dólares al año.

Los nicaragüenses empezaron a emigrar en 2018, inicialmente a la vecina Costa Rica, cuando Ortega empezó a reprimir protestas violentamente. En 2021, las fuerzas de seguridad empezaron a detener líderes opositores, incluyendo varios que se perfilaban como candidatos contra Ortega en las elecciones de ese año. Al no tener un contrincante serio, ganó fácilmente un cuarto mandato quinquenal consecutivo y más nicaragüenses huyeron del país.

Nicaragua Autoriza Ingresod e Tropas Rusas en su Territorio

Asamblea de Nicaragua autorizando el ingreso de tropas extranjeras al país.

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, bajo el control de los sandinistas, autorizó este martes el ingreso de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia, a petición de urgencia del presidente del país, Daniel Ortega, para participar en operaciones contra el delito en el mar Caribe y en el océano Pacífico nicaragüense.

El ingreso de tropas rusas, país que mantiene una guerra en Ucrania, fue autorizado con el voto de 78 legisladores sandinistas y sus aliados, de los 91 diputados que integran el Parlamento.

Los legisladores también ratificaron el ingreso por seis meses, a partir de julio próximo, de personal, naves y aeronaves de Ejércitos de Cuba, EE.UU., México, Venezuela y países centroamericanos.

Durante el debate, los diputados oficialistas denunciaron una presunta campaña de otros países y de medios internacionales sobre el ingreso de las tropas rusas a Nicaragua.

El titular de la Comisión de Defensa y Seguridad, el sandinista Filiberto Rodríguez, explicó en el pleno que «ya es una tradición aprobar y ratificar» el ingreso y salida de militares de distintos países con los que Nicaragua mantiene «relaciones diplomáticas y militares».

En ese sentido, cargó contra el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, por criticar el ingreso de militares rusos a Nicaragua.

«No recuerda, no sabe o está desinformado, que esto es una tradición, y que también se está ratificando el ingreso de tropas estadounidenses», argumentó Rodríguez, quien rechazó que Nicaragua sea una amenaza a la seguridad regional.

Por su lado, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez acusó a la prensa internacional de promover una campaña con el ingreso de los militares rusos «con el objetivo de desvirtuar y de distraer a la opinión pública nacional e internacional».

Mencionó a la cadena de televisión CNN, a la británica BBC y al diario español El País «y muchos otros (medios) que se han prestado a esta campaña sucia», con la que, según dijo, «de manera deliberada han venido a tergiversar y a mentir con el único objetivo de crear discordia y zozobra».

A favor del ingreso de militares de otros países, Gutiérrez dijo que desde 2007 han aprobado 40 decretos de esa misma naturaleza y que «en estos últimos tiempos» se ha hecho «de manera semestral».

Las operaciones de Rusia

Ortega, aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, autorizó el ingreso de tropas rusas durante el segundo semestre de este año para participar en operaciones «en contra de ilícitos» en el mar Caribe y en el océano Pacífico nicaragüense, según el decreto.

También el ingreso, de forma rotativa, de 80 militares rusos para participar con el cuerpo élite del Ejército nicaragüense «en intercambio de experiencias y ejercicio de adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria».

Asimismo, el ingreso a otros 50 militares rusos, de forma rotativa, para participar con miembros de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Cuerpo de Transmisiones «en intercambio de experiencias y de comunicación operacional con naves y aeronaves del Ejército de Nicaragua en labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional».

En total, el líder sandinista autorizó que un número indeterminado de militares, naves y aeronaves rusas ingresen a Nicaragua del 1 de julio al 31 de diciembre de este año, quienes participarán, entre otros, en «intercambio de experiencia y adiestramiento en labores de seguridad».

Tropas de otros países

En el decreto ratificado, Ortega también autorizó por seis meses, a partir de julio próximo, el ingreso al país de personal, naves y aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela que llevarán a cabo las mismas funciones que las de Rusia.

También autorizó el ingreso de militares de Cuba, México y países centroamericanos, quienes participarán con los de Nicaragua en «intercambios y labores de carácter humanitario».

En el caso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el líder sandinista autorizó la entrada de personal militar, en un número que no precisó, y que su ingreso será «previamente planificado y coordinado con el Ejército de Nicaragua».

En la víspera, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, expresó su preocupación por la próxima llegada de tropas, naves y aeronaves militares rusas a Nicaragua. Rusia es un antiguo aliado de Nicaragua que durante el primer régimen sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.

Embajador de Nicaragua Declara que su Gobierno es una Dictadura

El embajador de Nicaragua ante la OEA afirma que hay descontento entre los funcionarios del Estado, pero también mucho miedo. Rosario Murillo “dirige una diplomacia sin alma ni cerebro”

La obediencia de Arturo McFields hacia el régimen de Daniel Ortega se convirtió este martes en una bomba que explotó con fuerza sobre la diplomacia nicaragüense. El hasta hoy embajador de Managua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) dio un mazazo que puso en alerta y descolocó al Gobierno, que inició, según fuentes de Cancillería, una paranoica cacería de brujas para determinar cómo fue posible lo que ya consideran una “traición” de McFields. El embajador denunció los desmanes de lo que ha catalogado como una dictadura que viola los derechos humanos y abogó por la liberación de los más de 170 presos políticos. Un desahogo cuyas consecuencias están por verse, pero que vuelve a poner la crisis de Nicaragua en la discusión internacional. “No tengo valor, tengo miedo, pero creo que es importante vencer el miedo. Siento que me quité un yugo del alma”, dice un aliviado McFields en entrevista telefónica con EL PAÍS.

El embajador —su cargo sigue activo hasta que su destitución sea publicada de forma oficial en el diario del Estado en Nicaragua— narra a este periódico cómo tomó la decisión que ha puesto de cabeza al Gobierno de Ortega. “Es una decisión que no surge de la noche a la mañana. Es una decisión que ha estado torturándome por mucho tiempo. Pero lo que me llena de esperanza es saber que no soy el único en esta lucha interna por hacer algo, por manifestarte, por ayudar a los presos políticos. Esto es de miles de funcionarios a niveles altos, a niveles intermedios y a niveles bajos”, afirma.

McFields afirma que había expresado su descontento por la situación en la que están encarcelados los presos políticos del régimen y que incluso llegó a proponer que se liberara a de mayor edad y a los enfermos, pero que nadie escuchó su propuesta. Al contrario, recibió amenazas por expresarla. “Tener presos políticos a los que están tratando tan mal, ignorando cualquier principio internacional sobre el trato digno trasciende cualquier ideología política. Sin embargo, como he dicho, en el Gobierno nadie escucha. Pero lo que es más triste, nadie habla. Veníamos de una paliza moral en la OEA, entonces convocan a una reunión de emergencia. Yo creí que esa reunión era para analizar dónde estábamos, para evaluar nuestros aciertos, errores y hacer cambios dignos para descomprimir la situación sociopolítica. Cambios con cierto nivel de legitimidad; de hacer una pequeña concesión en favor del bienestar de los presos. Pero era una reunión para salirnos de la OEA. Yo abogué por liberar a presos de la tercera edad, pero no me escucharon… Es que tener presos en condiciones infrahumanas debilita moralmente a las bases (sandinistas)”, afirma.

Su decisión de irrumpir en la reunión del Consejo Permanente de la OEA para denunciar lo que considera una “dictadura” ha sido catalogada como valiente tanto en el seno de ese organismo como desde la oposición nicaragüense en el exilio. En los últimos años, la experiencia ha demostrado que alzar la voz contra el Gobierno o criticarlo puede ser pagado con la vida, la cárcel o el exilio en la Nicaragua de Daniel Ortega. Un temor que sigue recorriendo el espinazo del diplomático. “No soy un superhéroe, pero uno no puede dejar que sus miedos sean más grandes que sus convicciones. Sin embargo, no te voy a mentir, sentí mucho miedo cuando hablé en la sesión. Como una persona de carne y hueso, que tiene miedo por su familia. Miedo por mi integridad física y la de mi familia”.

Poco después de que las declaraciones de McFields se hicieran públicas, el Gobierno de Nicaragua emitió un comunicado en el que dijo que no le reconocía como su representante diplomático. Esta situación deja al periodista en un “limbo jurídico” en Estados Unidos, como él mismo reconoce. “No puedo trabajar, no puedo hacer nada, soy un desempleado. Técnicamente, por estos días, sigo siendo embajador, pero un embajador en el limbo”, dice desde Washington.

Algunas de las mayores críticas de McFields van dirigidas contra la vicepresidenta Rosario Murillo de quien asegura que dirige la política exterior del país sin tener una mínima idea de diplomacia, con una estrategia basada en la obediencia absoluta de parte de diplomáticos y funcionarios. “De acuerdo a la estructura del Gobierno, la cartera diplomática la maneja una persona: la primera dama. Una diplomacia sin alma ni cerebro”, acota.

A pesar de su futuro incierto, el embajador afirma que no se arrepiente de lo que hizo este miércoles, cuando escribió líneas en la historia de la diplomacia de la OEA, siempre tan anodina. Espera que su decisión cale hondo en los funcionarios del Estado, que aceptan la humillación de seguir trabajando para un régimen que los manipula. “Tengo esperanzas en los funcionarios públicos, civiles y militares, porque los he oído hablar. Hablan en voz baja. Incluso hablan funcionarios del más alto nivel político, civil y militar, pero cuando se tratan de declaraciones oficiales callan. Callan porque tienen miedo. En los últimos meses varios funcionarios públicos se están yendo, pero se van calladitos por el mismo miedo. Ahora mi futuro es incierto, pero me siento libre. Siento que me quité un yunque de mi alma”.

Estados Unidos Prohibe Entrada a Funcionarios Nicaragüenses

La decisión del presidente Biden se basa en la falta de respeto de Daniel Ortega por la democracia tras las elecciones sin competencia del pasado 7 de noviembre

En otra vuelta de tuerca de Washington contra el régimen de Nicaragua, la Casa Blanca ha anunciado este martes su decisión de “restringir y suspender” la entrada a Estados Unidos de los miembros del Gobierno de Daniel Ortega, incluida su esposa y vicepresidenta del país Rosario Murillo, y a miembros de la judicatura, las fuerzas del orden y otros -incluidos sus familiares- por “implementar o beneficiarse de las políticas o acciones que socavan o dañan las instituciones democráticas o impiden el retorno a la misma en la nación”.

El presidente Joe Biden ha determinado estas sanciones “a la luz de la importancia que Estados Unidos le concede al fomento de los procesos e instituciones democráticas en Nicaragua y dada la supresión de los derechos humanos” en aquel país. Tan solo un día antes, el lunes, el Departamento del Tesoro imponía sanciones y congelaba los activos financieros de nueve altos cargos del régimen nicaragüense tras “la farsa” electoral que dio como ganador por tercer mandato consecutivo a Ortega en las recientes elecciones presidenciales.

Para la Casa Blanca, “los actos abusivos y represivos” del régimen de Ortega -y todos aquellos que lo apoyan- han forzado la mano de Washington para pasar a la acción. Tres días después de que el país celebrase elecciones el pasado 7 de noviembre, la Administración demócrata promulgaba -bajo acuerdo bipartidista- la conocida como Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés), con el objetivo final de extender la imposición de sanciones a Nicaragua. Para la Casa Blanca, “la falsa elección de Nicaragua no fue ni libre ni justa, y ciertamente no fue democrática”. Esa normativa otorga al mandatario estadounidense amplios poderes para imponer sanciones a Nicaragua, incluida la exclusión del Tratado de Libre Comercio con la potencia.

“La mano dura contra los líderes de la oposición y la sociedad civil, así como contra los periodistas, para allanar el camino para las presidenciales y las legislativas daña las instituciones y todos los procesos que son inherentes a una democracia”, prosigue el comunicado de Biden emitido por la Casa Blanca. Ortega llegó a los comicios con cerca de cuarenta líderes opositores encarcelados desde el pasado mes de mayo, incluidos los siete posibles candidatos a la presidencia.

El mandatario reaccionó con virulencia al rechazo que generó en la comunidad internacional unas elecciones que no cumplían con los requisitos mínimos de un proceso democrático, con el control total del aparato electoral, la oposición encarcelada, dos partidos descabezados y decenas de presos políticos. “Esos que están presos ahí son los “hijos de perra” de los imperialistas yanquis. Se los deberían de llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen Patria. Que se los lleven para allá, para que allá le sirvan como lo que son, esclavos del Imperio, traidores de la Patria”, afirmó Ortega en un discurso tras su reelección, en alusión a los considerados presos políticos.

En palabras de la Casa Blanca, el régimen nicaragüense “controla múltiples servicios de seguridad, incluidos parapoliciales no uniformados, armados y enmascarados, que abusan de las personas para promover la agenda autoritaria del gobierno de Ortega, acosando, amenazando y cometiendo actos de violencia contra quienes se oponen al gobierno”, prosigue el comunicado presidencial.

Además del legislativo, Biden hace un repaso del poder judicial, al que acusa de haber “fallado al pueblo al ayudar e incitar al Gobierno de Ortega a dictaminar cargos sin base para encerrar a los presos políticos”. “Las autoridades han mantenido incomunicados a muchos presos políticos durante meses, sin acceso a sus abogados y sin conocimiento de los cargos falsos presentados en su contra”, añade el comunicado.

La argumentación de la Administración demócrata finaliza resumiendo las razones que le han llevado a tomar medidas tan drásticas: “La impunidad generalizada de los delitos cometidos contra la oposición; la persistente corrupción que practican los funcionarios del gobierno nicaragüense en el desempeño de funciones públicas, que ha erosionado las instituciones democráticas; y el continuo fracaso del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, los funcionarios del gobierno de Nicaragua y otros para apoyar el estado de derecho, los derechos humanos y otros principios de alta prioridad para Estados Unidos”. Todo ello exigía “una respuesta contundente”, en palabras de Biden.

ONU Acusa a Nicaragua de Violaciones de Derechos Humanos

+ La represión contra los opositores al presidente Daniel Ortega desde el pasado abril es «tan alta» que obliga a los ciudadanos a huir del país

El Gobierno de Nicaragua ha cometido violaciones de los derechos humanos y ha hecho la vista gorda mientras grupos armados arrestaban a los manifestantes, algunos de los cuales fueron luego violados y torturados bajo custodia, ha dicho en un informe el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este miércoles. Desde que estallaron las protestas contra Daniel Ortega el pasado 18 de abril hasta el 18 de agosto, se ha generalizado el uso desproporcionado de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, desapariciones, detenciones arbitrarias generalizadas e instancias de tortura y violencia sexual en centros de detención. El grado de represión «tan alto» ha forzado al exilio a ciudadanos por el simple hecho de expresar opiniones contrarias al líder sandinista.

«La represión y las represalias contra los manifestantes continúan en Nicaragua mientras el mundo mira hacia otro lado», ha dicho en un comunicado el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein. En el informe piden que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería considerar la creación de una comisión internacional de investigación o verdad para evitar que la situación empeore. «La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza», agregó.

Los detenidos en las protestas contra el presidente Daniel Ortega han sido torturados con pistolas Taser, alambre de púas, golpes con puños y tubos e intento de estrangulamiento. «Algunas mujeres han sido víctimas de violencia sexual, incluida la violación, y describieron las amenazas de abuso sexual como algo común. Los hombres apresados también mencionaron casos de violación, incluida la violación con rifles y otros objetos «, apunta el informe.

Después de que las protestas comenzaron en abril, las personas asociadas con el partido gobernante sandinista se movilizaron en fuerzas de choque o multitudes para atacar a los manifestantes pacíficos. «Estos tenían garrotes, palos, piedras y cascos», recoge el texto. Las Naciones Unidas también denuncia los grupos armados progubernamentales, entrenados por antiguos miembros de pandillas y soldados retirados. «Estos elementos armados están bien equipados con vehículos, equipo militar y armas, incluso con armas de alto calibre como los rifles de francotirador AK-47 y Dragunov».

Más de 300 personas han muerto y 2,000 han resultado heridas en las manifestaciones que comenzaron entre los estudiantes contra el presidente Ortega. Pese a que el pasado 20 de julio el mandatario dijo en una entrevista televisiva con Euronews que los grupos eran «policías voluntarios» en «misiones especiales» y que operaron encubiertos por razones de seguridad. La oficina de derechos humanos de la ONU ha reunido amplia información (de fuentes confidenciales y abiertas) de que los grupos partidarios del Gobierno actuaron con la aquiescencia (y a menudo de manera conjunta y coordinada) de las autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, y que actúan con total impunidad», dijo el informe.

Sobre el uso de armas, incluido rifles, entre los manifestantes, la ONU no encontró pruebas de que su violencia hubiera coordinada o planeada. Para la elaboración del informe el organismo internacional ha tenido obstáculos en su trabajo, aunque ha estado en contacto regular con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

En Nicaragua hay Prácticamente Guerra Civil

El Gobierno de Nicaragua tomó este martes el control de la ciudad de Masaya, a unos 30 kilómetros de Managua, tras un intenso bombardeo de más de 7 horas sobre la comunidad indígena de Monimbó que causó al menos tres muertos, según activistas.

«Cayó Masaya, todo está en silencio, los ‘chavalos’ debieron abandonar las trincheras y huir, sus armas eran demasiado pesadas», dijo una integrante del Movimiento 19 de Abril Masaya.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) confirmó la muerte de un policía, un menor de 15 años y una mujer que estaba en la acera de su casa.

La ANPDH consideró que el número de víctimas podría ser mayor, pero todavía no es posible entrar en la ciudad porque permanece cercada por las «fuerzas combinadas» del Gobierno, integrada por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos afines al presidente Daniel Ortega fuertemente armados.

Monimbó, cuya población únicamente se defendió con morteros caseros, era una de las comunidades que mayor resistencia había opuesto a Ortega desde el estallido social de abril, que ha causado al menos 351 muertos.

«Cayó Masaya, todo está en silencio, los ‘chavalos’ debieron abandonar las trincheras y huir, sus armas eran demasiado pesadas», dijo una integrante del Movimiento 19 de Abril Masaya

«Masaya no te derrotaron ni caíste, cobardes armados que se siente orgullosos de asesinar inocentes te asediaron por dos meses, solo fue una batalla porque la guerra y la libertad la ganará Nicaragua. Gracias por ser el corazón de Nicaragua», dijo en sus redes sociales un habitante monimboseño tras el ataque.

De manera simultánea los simpatizantes de Ortega celebraron el ataque y expresaron su agradecimiento a la Policía nicaragüense.

El ataque fue lanzado un día después de que el jefe de la llamada «Operación Limpieza» en Masaya, Ramón Avellán, afirmó que cumplirían las órdenes de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, «al coste que sea».

«La voz de nuestro presidente y la vicepresidenta, de ir limpiando estos ‘tranques’ (bloqueos) a nivel nacional, y esa petición de la población de Monimbó, que es nuestro Monimbó, que sigue siendo nuestro, y nuestra Masaya, vamos a cumplirla al coste que sea», afirmó Avellán a través de medios del Gobierno.

«El pueblo de Monimbó y Masaya han sido masacrado», dijo un miembro del Movimiento 19 de Abril Masaya en un mensaje de audio

Avellán cumplió su palabra pese a las peticiones de organizaciones humanitarias locales, de la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, o del cardenal Leopoldo Brenes, entre otros, para que detuviera el ataque.

«El pueblo de Monimbó y Masaya han sido masacrado», dijo un miembro del Movimiento 19 de Abril Masaya en un mensaje de audio.

Masaya, y en especial Monimbó, fue clave en derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle el 19 de julio de 1979, y Ortega atacó este pueblo indígena «por temor a que le ocurriera lo mismo en la misma fecha», afirmó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega siendo presidente.

Las protestas se iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.