Empresas fabricantes y distribuidoras de armas estadunidenses solicitaron que la demanda que interpuso en su contra el gobierno de México sea desechada por la ausencia de fundamento de que participan en actividades ilícitas y acusaron que México esta buscando “imponer” sus políticas de control de armas en el país vecino en violación del derecho constitucional a tener y portar armas en Estados Unidos, lo cual calificaron como “un choque de valores” entre ambos países.
México presentó una demanda civil contra once empresas que fabrican y/o distribuyen armas de fuego el 4 de agosto ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts. Las empresas cumplieron este lunes con el plazo para presentar sus respuestas por escrito sobre las acusaciones.
México argumenta que los fabricantes deliberadamente facilitan la venta de armas de fuego que finalmente llegan a manos del crimen organizado del otro lado de la frontera y con la demanda están buscando tanto reparaciones económicas por el daño como compromisos de estas empresas en frenar el flujo ilícito de armas al asumir mayor responsabilidad en la venta y promoción comercial de sus productos que nutren la violencia al otro lado de la frontera.
En sus primeras respuestas formales a la demanda mexicana registradas este lunes ante el tribunal, las empresas ofrecieron un abanico de razones con las cuales solicitan que el tribunal deseche del caso.
Calificaron el caso así: “incapaces de controlar la violencia de los carteles dentro de sus propias fronteras, México presento esta demanda buscando culpar” a fabricantes y distribuidores de armas de fuego en Estados Unidos.
Ante ello, argumentan que México no ofrece ninguna evidencia de responsabilidad directa de estas empresas con la compra y uso ilícito de sus productos por terceros, y que bajo las leyes estadunidenses, este caso no tiene sustento.
En un argumento conjunto por ocho de las once empresas acusadas -varias también presentaron sus respuestas individuales en el caso- afirman que México está buscando responsabilizar a los fabricantes de armas de la violencia provocada por los carteles en México.
Señalan que en su demanda, las autoridades mexicanas “no alegan que alguno de los demandados, los cuales son miembros de la comunidad empresarial en Estados Unidos que acatan la ley, venden sus armas de fuego a los carteles”, sino de hecho, que los actores criminales son intermediarios sin ningún vínculo con las empresas. Por lo tanto, concluyen que “no se puede responsabilizar a los demandados por la acción independiente de algún tercero”.
Más aún, acusan que México, con esta demanda, está intentando “imponer sus propias políticas de control de armas sobre empresas de armas de fuego estadunidenses ignorando las decisiones hechas por legislaturas domesticas y depositadas en las constituciones estatales y la federal” estadunidense.
En su argumento ante el tribunal, la agrupación de empresas demandadas afirmó que “en el fondo, este caso implica un choque de valores nacionales. Donde Estados Unidos reconoce el derecho de mantener y portar armas, México casi ha eliminado la posesión privada de armas”.
Con ello acusan que en este caso México está buscando extenderse más allá de sus fronteras y “castigar a ventas de armas que no solo son legales sino constitucionalmente protegidas en Estados Unidos”.
Concluyen que “al intentar llevar a la bancarrota a los fabricantes de armas de Estados Unidos, esta jugada no solo amenaza las libertades constitucionales de America, sino también el equilibrio cuidadoso de regulaciones de armas de fuego establecidas por el Congreso y legislaturas estatales”.
Acusan que este caso es un intento para usar el poder judicial en una “disputa diplomática” entre Estados Unidos y México sobre los efectos internacionales de sus políticas sobre armas. “Este tribunal no tiene que jugar en esto. Debería desechar la queja”, aconsejan.
Presentando su gama de razones legales por las cuales solicitan que la Corte deseche este caso, las empresas afirman que la ley federal en Estados Unidos establece una amplia “inmunidad” a fabricantes y distribuidores de armas autorizados contra demandas que “resultan del mal uso criminal o ilícito de una arma de fuego por un tercero”.
A la vez, cuestionan si este tribunal tiene la jurisdicción para este caso, ya que mucha de la actividad ilícita que se alega en la demanda no fue cometida en Massachusetts.
Al mismo tiempo, la ley estadunidense, agregan, no ofrece protecciones a entidades extranjeras por el uso dañino de estos productos en sus territorios. Más aún, señalan que bajo las leyes nacionales, no pueden ser responsabilizados por el mal uso de sus productos legales por terceros en otros países.
“El gobierno de México, enfrentando una epidemia de violencia de armas impulsadas por carteles de droga y otras pandillas organizadas, ha decidido que Smith & Wesson y otros fabricantes de armas… son realmente los responsables de que mexicanos estén matando a otros mexicanos en México”, pero no alega que los demandados directamente entregaron esas armas a cualquiera en México, afirma en su argumento individual la empresa demandada.
Smith & Wesson junto con los otros demandados rechazan que México pueda intentar “imponer sus propias políticas de control de armas sobre empresas de armas de fuego estadunidenses ignorando las decisiones hechas por legislaturas domésticas y depositadas en las constituciones estatales y la federal” en Estados Unidos.
El juez federal F. Dennis Saylor ahora tendrá que evaluar todos estos argumentos – y posiblemente otros más de México – al decidir si este caso procede o no, y bajo que condiciones.
