El gobierno del presidente Donald Trump envió a cientos de inmigrantes a El Salvador a pesar de la orden de un juez federal que temporalmente prohibía las deportaciones bajo una declaración de guerra del siglo XVIII dirigida a miembros de pandillas venezolanas, indicaron funcionarios el domingo. Los vuelos estaban en el aire al momento de la decisión judicial.
El juez federal de distrito James E. Boasberg emitió una orden el sábado por la noche bloqueando las deportaciones, pero los abogados le informaron que ya había dos aviones con migrantes en el aire: uno con destino a El Salvador y el otro a Honduras. Boasberg ordenó verbalmente que los aviones regresaran, pero aparentemente no lo hicieron y no incluyó la directiva en su orden escrita.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió el domingo en un comunicado a las especulaciones sobre si el gobierno desafiaba las órdenes judiciales: “El gobierno no ‘se negó a cumplir’ con una orden de la corte. La orden, que no tenía un fundamento legal, se emitió después de que los extranjeros terroristas del TdA ya habían sido retirados del territorio de Estados Unidos”.
El acrónimo se refiere a la pandilla Tren de Aragua, a la que Trump apuntó en su inusual proclamación publicada el sábado.
En un documento judicial presentado el domingo, el Departamento de Justicia, que ha apelado la decisión de Boasberg, dijo que no utilizaría la proclama de Trump cuya implementación bloqueó para llevar a cabo más deportaciones si no se revoca su decisión.
Durante su conversación con reporteros la noche del domingo a bordo del avión presidencial, Trump eludió una pregunta sobre si su gobierno había violado la orden del juez.
“No lo sé. Tendrían que preguntarle a los abogados”, subrayó, aunque defendió las deportaciones. “Lo que sí les puedo decir es que estas eran malas personas”.
Al preguntarle sobre invocar poderes presidenciales utilizados para tiempos de guerra, el mandatario respondió: “Son tiempos de guerra”, calificando la llegada de migrantes criminales como “una invasión”.
Los aliados de Trump estaban felices con los resultados.
“Oopsie… Too late”, (Ups, demasiado tarde), escribió en inglés el presidente salvadoreño Nayib Bukele, un aliado del presidente Donald Trump que acordó albergar a unos 300 migrantes durante un año a un costo de 6 millones de dólares en las prisiones de su país, en la red social X, sobre un artículo relacionado con la decisión de Boasberg. Esa publicación fue compartida nuevamente por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien negoció un acuerdo anterior con Bukele para albergar a migrantes, publicó en la misma red: “Enviamos a más de 250 miembros del Tren de Aragua, que El Salvador ha acordado mantener en sus muy buenas cárceles a un precio justo que también le ahorrará dinero a nuestros contribuyentes”.
Steve Vladeck, profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown, dijo que la orden verbal de Boasberg de hacer regresar los aviones no era técnicamente parte de su orden final, pero que el gobierno Trump claramente violó su “espíritu”.
“Esto simplemente hará que los tribunales a partir de ahora sean sumamente específicos en sus instrucciones a fin de no darle margen de error al gobierno”, explicó Vladeck.
Los migrantes fueron deportados tras la proclamación de Trump sobre la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que ha utilizada únicamente tres veces en la historia de Estados Unidos.
La ley, invocada durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de 1812, requiere que un presidente declare que Estados Unidos está en guerra, otorgándole poderes extraordinarios para detener o expulsar a extranjeros que de otro modo tendrían protecciones bajo las leyes penales o de inmigración. Se utilizó por última vez para justificar la detención de civiles japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
En un comunicado el domingo, el gobierno de Venezuela rechazó el uso de la proclamación de Trump sobre la ley, destacando que ésta “evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazis”.
El Tren de Aragua se originó en una prisión reconocida por su anarquía en el estado central de Aragua y acompañó a un éxodo de millones de venezolanos, la abrumadora mayoría de los cuales buscaba mejores condiciones de vida después que la economía de su nación se desmoronó la década pasada. Trump aprovechó la situación de la pandilla durante su campaña para describir escenas engañosas de comunidades que él afirmaba estaban “tomadas” por lo que en realidad eran un puñado de infractores.
El gobierno de Trump no ha revelado el nombre de los migrantes deportados ni ha proporcionado evidencia de que, de hecho, sean miembros del Tren de Aragua o que hayan cometido algún delito en Estados Unidos. También envió a dos cabecillas de la pandilla salvadoreña MS-13 a El Salvador, que fueron arrestados en Estados Unidos.
Un video publicado por el gobierno de El Salvador el domingo mostró a hombres saliendo de aviones en una pista de aeropuerto rodeada de policías con equipo antimotines. Los hombres, esposados y con grilletes en los tobillos, tenían problemas para caminar mientras los agentes les empujaban la cabeza hacia abajo para que se doblaran hasta la cintura.
El video también mostró a los hombres siendo trasladados a prisión en un gran convoy de autobuses custodiados por vehículos policiales y militares, y al menos un helicóptero. Se mostró a los hombres arrodillados en el suelo al tiempo que les afeitaban la cabeza antes de ponerse el uniforme completamente blanco de la prisión —pantalones cortos hasta la rodilla, camiseta, calcetines y calzado de goma— y luego fueron metidos a las celdas.
Los inmigrantes fueron llevados a la notoria instalación CECOT, el centro de la iniciativa de Bukele para pacificar su país, que alguna vez estuvo plagado de violencia, a través de duras medidas policiales y límites a los derechos básicos.
El gobierno de Trump informó que el presidente había firmado la noche del viernes la proclamación afirmando que el Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos, pero no lo anunció hasta la tarde del sábado. Abogados de inmigración dijeron que la noche del viernes notaron que venezolanos que de otro modo no podrían ser deportados bajo la ley de inmigración estaban siendo trasladados a Texas para vuelos de deportación. Comenzaron a presentar demandas para detener los traslados.
“Básicamente, cualquier ciudadano venezolano en Estados Unidos puede ser expulsado bajo el pretexto de pertenecer al Tren de Aragua, sin posibilidad de defensa”, advirtió en la red social X Adam Isacson de la Oficina de Washington para América Latina, un grupo defensor de derechos humanos.
El litigio que causó la suspensión de las deportaciones fue presentado en nombre de cinco venezolanos detenidos en Texas que, según los abogados, estaban preocupados por ser acusados falsamente de ser miembros de la pandilla. Una vez que se invoca la ley, advirtieron, Trump podría simplemente declarar a cualquiera como miembro del Tren de Aragua y expulsarlo del país.
Boasberg prohibió las deportaciones de esos venezolanos el sábado por la mañana cuando se presentó la demanda, pero amplió la prohibición para todas las personas bajo custodia federal que podrían ser objeto de la ley hasta su audiencia de la tarde. Resaltó que la ley nunca se había utilizado antes fuera de una guerra declarada por el Congreso y que los demandantes podrían argumentar con éxito que, con su invocación, Trump excedió su autoridad legal.
La prohibición de deportaciones se mantiene vigente por hasta 14 días y los migrantes permanecerán bajo custodia federal durante ese tiempo. Boasberg programó una audiencia para el viernes para escuchar argumentos adicionales en el caso.
Dijo que tuvo que actuar porque los migrantes cuyas deportaciones podrían violar realmente la Constitución merecían la oportunidad de que la corte escuchara sus argumentos.
“Una vez que estén fuera del país no hay mucho que pueda hacer”, señaló Boasberg.
