Corte Suprema Autoriza a Trump a Reanudar Deportaciones a Países Terceros

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a la administración del presidente Donald Trump reanudar las deportaciones de migrantes a naciones distintas de su país de origen.

Con seis votos a favor y tres en contra, los jueces revocaron una orden de un tribunal inferior que exigía al gobierno brindar a los migrantes una «oportunidad significativa» para informar a las autoridades sobre los riesgos que podrían enfrentar al ser deportados a un tercer país.

Las tres juezas liberales de la corte emitieron una larga disensión argumentando que el fallo mayoritario «premiaba la ilegalidad».

El gobierno podrá ahora enviar a los migrantes a una base militar estadounidense en Yibuti o Sudán del Sur.

El caso surgió a raíz de una orden emitida en abril por el juez de distrito Brian Murphy, con sede en Boston, para suspender las deportaciones de migrantes a terceros países.

El juez afirmó que esos migrantes tenían derecho al debido proceso, es decir, a ser notificados de su destino y a la oportunidad de argumentar que corrían peligro de ser torturados o asesinados si eran enviados a dichos países.

Posteriormente, el juez declaró que un vuelo de deportación a Sudán del Sur había violado su orden.

La deportación incluía a ocho migrantes de Myanmar, Sudán del Sur, Cuba, México, Laos y Vietnam, enviados en un avión que supuestamente se dirigía a ese país africano, un país plagado de violencia y en el que la mayoría de ellos nunca habían puesto un pie.

El vuelo, sin embargo, aterrizó en Yibuti, donde hay una base militar estadounidense. Los hombres han permanecido retenidos allí desde entonces.

Aunque la orden del juez Murphy se aplicaba a muchos migrantes, la atención pública desde entonces ha estado centrada en esos ocho hombres, que habían sido calificados por la administración Trump de «lo peor de lo peor».

La decisión de la Corte Suprema bloquea temporalmente la orden del juez Murphy.

En su disensión, las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson criticaron el fallo de la mayoría, calificándola de «grave abuso».

«Aparentemente, la corte considera más aceptable la idea de que miles de personas sufran violencia en lugares lejanos que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se exceda en sus facultades correctivas cuando ordenó al gobierno que proporcionara la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente», escribió Sotomayor.

«Ese uso de discreción es tan incomprensible como inexcusable», agregó.

La declaración de un solo párrafo, sin firmar, de la mayoría conservadora de la Corte Surpema no explica sus razones para poner en pausa la decisión de Murphy.

El fallo de la Corte de este lunes representa otra victoria para el presidente Trump en su búsqueda de deportaciones masivas.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el fallo era «una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense».

«¡Que se enciendan los aviones de deportación!», dijo la portavoz de la agencia, Tricia McLaughlin.

El gobierno de Trump afirmó que los ocho migrantes vinculados al caso habían cometido «crímenes atroces» en Estados Unidos, incluyendo asesinato, incendio provocado y robo a mano armada.

Sin embargo, los abogados de los migrantes declararon ante la Corte Suprema que muchos de los detenidos no tenían antecedentes penales.

La Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que representa a los demandantes, calificó el fallo de la corte de «horrendo».

Su directora ejecutiva, Trina Realmuto, afirmó que la decisión expone a sus clientes a «tortura y muerte».

Poco después del fallo, los abogados de los migrantes presentaron una moción de emergencia ante el juez Murphy solicitando que continuara bloqueando las deportaciones.

En una breve orden emitida el lunes por la noche, el juez indicó que los migrantes en Yibuti por ahora están protegidos de una remoción inmediata debido a un fallo distinto emitido previamente por él.

Trump Reconsidera Deportaciones

Retrocede el ICE: el llamado que llevó a Trump a frenar las redadas contra inmigrantes en estos lugares de trabajo

Las autoridades del gobierno de EE.UU. ordenaron pausar los operativos en las industrias agrícola, hotelera y gastronómica; los motivos detrás de este volantazo

El presidente Donald Trump le comunicó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) el cese de las redadas en lugares de trabajo relacionados con la agricultura, hotelería y restaurantes.

Por qué Donald Trump suspendió las redadas en lugares de trabajo

De acuerdo con The New York Times, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, llamó al presidente Trump para comunicarle el creciente temor del sector agricultor en Estados Unidos con respecto a las redadas que provocan ausentismo laboral.

Rollins afirmó que ante la amenaza de una posible detención, los trabajadores dejan de presentarse a sus turnos por temor a ser deportados por el ICE.

«Los agricultores dependen de los inmigrantes para trabajar largas jornadas. La Sra. Rollins afirmó que las asociaciones agrícolas le advirtieron que sus empleados dejarían de presentarse a trabajar por miedo, lo que podría paralizar la industria agrícola», aseveró el medio citado.

A la mañana siguiente, Donald Trump publicó un escrito en el que se refirió a las demandas del sector agrícola y explicó cómo buscaría equilibrar sus peticiones con las redadas del ICE.

“Nuestros agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio afirmaron que nuestra agresiva política migratoria les está quitando excelentes trabajadores con amplia experiencia, y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar. En muchos casos, los delincuentes a los que se les permitió entrar a nuestro país gracias a la absurda política de fronteras abiertas de Biden están solicitando esos empleos. Esto no es bueno. Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los delincuentes de EE. UU. ¡Se avecinan cambios!“, expresó el presidente de EE.UU. en su cuenta de Truth Social.

Tras esta publicación, Tatum King, un alto funcionario de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU., les habría enviado un correo electrónico a los líderes de la agencia para “suspender todas las investigaciones y operaciones de cumplimiento de la normativa en lugares de trabajo relacionados con la agricultura (incluida la acuicultura y las plantas empacadoras de carne), los restaurantes y la operación de hoteles”.

Qué sectores no se ven favorecidos por las nuevas políticas de Donald Trump

La nueva directriz no se extendería a la industria textil. El pasado miércoles 11 de junio, algunos trabajadores fueron perseguidos y detenidos en los campos de Oxnard, California, por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Las detenciones se hicieron conocidas a través de un video en redes sociales, donde un campesino corrió a lo largo de un campo mientras era perseguido por tres agentes.

La postura del ICE a la nueva política migratoria de Donald Trump

De acuerdo con un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los agentes del ICE se habrían sorprendido con la nueva guía, dado que esto podría afectar el número “mínimo” de arrestos diarios, que es de 3000.

“Reconocemos que al retirar esto de la mesa estamos eliminando un número significativo de objetivos potenciales”, relató el funcionario al medio citado.

Alguaciles Podrán Colaborar con ICE

Crece el temor por proyecto de ley que permitiría a alguaciles colaborar con ICE

La SB8 obligaría a alguaciles en Texas a actuar como agentes migratorios, generando preocupación y tensión en comunidades migrantes.

Para la comunidad inmigrante este proyecto de ley, dice, es alarmante, ya que muchos temen que esta situación los separe de sus familias.
La medida, impulsada por legisladores republicanos, que obligaría a los alguaciles a colaborar estrechamente con agentes de inmigración, otorgándoles autoridad para realizar arrestos migratorios dentro de cárceles locales e incluso indagar sobre el estatus migratorio de personas detenidas.

La abogada de inmigración Silvia Mintz explicó que esta legislación entrenaría a alguaciles para actuar como agentes de ICE, lo que podría provocar detenciones masivas e injustificadas.

Aunque no todos los cuerpos policiales se verían directamente obligados a actuar, como lo aclaró Jerry García, jefe del Distrito 2 del Condado Harris, el miedo es generalizado.

“Nuestra gente ve un uniforme y no distingue. Esto puede frenar las denuncias de crímenes por temor a deportación”, advirtió García.

Residentes expresan preocupación y ansiedad. “Ya no vivimos tranquilos. Salir a la calle da miedo”, comentó una madre que pidió no revelar su identidad.

El proyecto, que aún debe pasar una segunda votación, podría convertirse en ley en septiembre. Expertos aconsejan mantener la calma, evitar problemas legales y seguir colaborando con autoridades en situaciones de emergencia.

Mientras tanto, organizaciones y medios locales siguen esperando respuestas oficiales de las oficinas de los alguaciles de los condados más afectados.

Crece Conflicto Entre Trump y Poder Judicial

En una inusitada muestra de conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, rechazó la petición de iniciar un juicio político a los jueces poco después de que el presidente Donald Trump exigiera la destitución de uno que falló en contra de su plan de deportaciones.

La reprimenda del líder de la Corte Suprema demostró cómo la controversia sobre los recientes vuelos de migrantes venezolanos ha escalado en un choque constitucional entre dos de los hombres más poderosos del país.

“Durante más de dos siglos, se ha establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”, afirmó Roberts. “Para ello existe el proceso normal de revisión en apelación”.

La insólita declaración se produjo apenas unas horas después de una publicación en las redes sociales de Trump, quien describió al juez federal de distrito James E. Boasberg como un “alborotador y agitador” no electo. Boasberg había emitido una orden para bloquear los vuelos de deportación que Trump estaba llevando a cabo invocando a las autoridades de tiempos de guerra de una ley del siglo XVIII.

“¡No ganó nada! Gané por muchas razones, por un mandato aplastante, pero la lucha contra la inmigración ilegal puede haber sido la razón número uno de esta victoria histórica”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social. “Sólo estoy haciendo lo que los votantes querían que hiciera. Este juez, como muchos de los ‘jueces corruptos’ ante los que me veo obligado a comparecer, ¡¡¡debería ser destituido!!!”.

Aunque Trump ha criticado rutinariamente a los jueces, especialmente cuando limitan sus esfuerzos por expandir el poder presidencial, su última publicación escaló su conflicto con un poder judicial que ha sido uno de los pocos frenos a su agenda agresiva. La destitución por juicio político es un paso raro que generalmente se toma solo en casos de grave conducta ética o criminal.

La relación entre Roberts y Trump ha cambiado a lo largo de los años. Roberts hizo hincapié en la independencia judicial durante el primer mandato de Trump, discrepando con la descripción del presidente de un juez que rechazó su política de asilo de migrantes como un “juez de Obama” en 2018.

Antes de que Trump asumiera su segundo mandato, Roberts advirtió sobre las amenazas al poder judicial y pidió que incluso las decisiones judiciales impopulares fueran respetadas.

El presidente del tribunal también tuvo un papel destacado en una importante decisión el año pasado que afirmaba que los presidentes tienen una amplia inmunidad ante la persecución penal. La decisión ayudó a Trump a evitar uno de sus juicios penales antes de las elecciones que lo llevaron de regreso a la Casa Blanca.

Trump recibió a Roberts calurosamente a principios de este mes, agradeciéndole y diciendo “no lo olvidaré” mientras los jueces asistían a su discurso ante una sesión conjunta del Congreso. El presidente dijo más tarde que estaba agradeciendo a Roberts por haberlo juramentado en el cargo.

La última disputa que involucra al poder judicial surge después de que un tribunal cuestionara su invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta ley solo se ha utilizado tres veces antes en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas por el Congreso. Trump emitió una proclamación de que la ley estaba en vigor debido a lo que él afirmó era una invasión por parte de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Su gobierno está pagando a El Salvador para encarcelar a supuestos miembros de la pandilla.

Boasberg, quien fue nombrado por el presidente Barack Obama, convocó una audiencia el lunes para discutir lo que llamó “posible desobediencia” a su orden después de que dos vuelos de deportación continuaran hacia El Salvador a pesar de su orden verbal de que regresaran a Estados Unidos.

Los abogados del gobierno de Trump defendieron sus acciones, diciendo que la orden escrita de Boasberg no era explícita, mientras que un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dijo: “Creo que estamos muy cerca” de una crisis constitucional.

El Departamento de Justicia también está presionando en los tribunales para que Boasberg sea removido del caso.

La Constitución otorga a la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una mayoría estrecha, el poder de destituir a un juez con un voto de mayoría simple. Pero, al igual que en un juicio político presidencial, cualquier destitución requiere un voto de dos tercios del Senado.

La última publicación en redes sociales del presidente lo alinea más con aliados como el multimillonario Elon Musk, quien ha hecho demandas similares.

“Lo que estamos viendo es un intento de una rama del gobierno de intimidar a otra rama para que no cumpla con su deber constitucional. Es una amenaza directa a la independencia judicial”, indicó Marin Levy, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Duke, en un correo electrónico.

Solo un día antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo: “No he oído al presidente hablar sobre destituir jueces”.

Sólo 15 jueces han sido sometidos a juicio político en la historia del país, según el órgano de gobierno de los tribunales estadounidenses, y sólo ocho han sido destituidos.

La última destitución judicial fue en 2010. G. Thomas Porteous Jr. de Nueva Orleans fue destituido por cargos de haber aceptado sobornos y luego mentir al respecto. Fue condenado por el Senado y destituido en diciembre de 2010.

Las peticiones de juicio político a los jueces han ido en aumento a medida que la arrolladora agenda de Trump se enfrenta a la oposición en los tribunales, y al menos dos miembros del Congreso han afirmado por internet que planean presentar mociones de destitución contra Boasberg. Los republicanos de la Cámara de Representantes ya han presentado mociones contra otros dos jueces, Amir Ali y Paul Engelmayer, por las sentencias que han dictado en demandas relacionadas con Trump.

Leavitt es una de los tres funcionarios del gobierno que enfrenta una demanda de The Associated Press por motivos de la Primera y Quinta Enmienda. La AP dice que los tres están castigando a la agencia de noticias por decisiones editoriales a las que se oponen. La Casa Blanca dice que la AP no está siguiendo una orden ejecutiva de referirse al Golfo de México como el Golfo de América.

Trump Continúa Deportando Pese a Orden de Suspender Programa de Juez

El gobierno del presidente Donald Trump envió a cientos de inmigrantes a El Salvador a pesar de la orden de un juez federal que temporalmente prohibía las deportaciones bajo una declaración de guerra del siglo XVIII dirigida a miembros de pandillas venezolanas, indicaron funcionarios el domingo. Los vuelos estaban en el aire al momento de la decisión judicial.

El juez federal de distrito James E. Boasberg emitió una orden el sábado por la noche bloqueando las deportaciones, pero los abogados le informaron que ya había dos aviones con migrantes en el aire: uno con destino a El Salvador y el otro a Honduras. Boasberg ordenó verbalmente que los aviones regresaran, pero aparentemente no lo hicieron y no incluyó la directiva en su orden escrita.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió el domingo en un comunicado a las especulaciones sobre si el gobierno desafiaba las órdenes judiciales: “El gobierno no ‘se negó a cumplir’ con una orden de la corte. La orden, que no tenía un fundamento legal, se emitió después de que los extranjeros terroristas del TdA ya habían sido retirados del territorio de Estados Unidos”.

El acrónimo se refiere a la pandilla Tren de Aragua, a la que Trump apuntó en su inusual proclamación publicada el sábado.

En un documento judicial presentado el domingo, el Departamento de Justicia, que ha apelado la decisión de Boasberg, dijo que no utilizaría la proclama de Trump cuya implementación bloqueó para llevar a cabo más deportaciones si no se revoca su decisión.

Durante su conversación con reporteros la noche del domingo a bordo del avión presidencial, Trump eludió una pregunta sobre si su gobierno había violado la orden del juez.

“No lo sé. Tendrían que preguntarle a los abogados”, subrayó, aunque defendió las deportaciones. “Lo que sí les puedo decir es que estas eran malas personas”.

Al preguntarle sobre invocar poderes presidenciales utilizados para tiempos de guerra, el mandatario respondió: “Son tiempos de guerra”, calificando la llegada de migrantes criminales como “una invasión”.

Los aliados de Trump estaban felices con los resultados.

“Oopsie… Too late”, (Ups, demasiado tarde), escribió en inglés el presidente salvadoreño Nayib Bukele, un aliado del presidente Donald Trump que acordó albergar a unos 300 migrantes durante un año a un costo de 6 millones de dólares en las prisiones de su país, en la red social X, sobre un artículo relacionado con la decisión de Boasberg. Esa publicación fue compartida nuevamente por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien negoció un acuerdo anterior con Bukele para albergar a migrantes, publicó en la misma red: “Enviamos a más de 250 miembros del Tren de Aragua, que El Salvador ha acordado mantener en sus muy buenas cárceles a un precio justo que también le ahorrará dinero a nuestros contribuyentes”.

Steve Vladeck, profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown, dijo que la orden verbal de Boasberg de hacer regresar los aviones no era técnicamente parte de su orden final, pero que el gobierno Trump claramente violó su “espíritu”.

“Esto simplemente hará que los tribunales a partir de ahora sean sumamente específicos en sus instrucciones a fin de no darle margen de error al gobierno”, explicó Vladeck.

Los migrantes fueron deportados tras la proclamación de Trump sobre la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que ha utilizada únicamente tres veces en la historia de Estados Unidos.

La ley, invocada durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de 1812, requiere que un presidente declare que Estados Unidos está en guerra, otorgándole poderes extraordinarios para detener o expulsar a extranjeros que de otro modo tendrían protecciones bajo las leyes penales o de inmigración. Se utilizó por última vez para justificar la detención de civiles japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

En un comunicado el domingo, el gobierno de Venezuela rechazó el uso de la proclamación de Trump sobre la ley, destacando que ésta “evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazis”.

El Tren de Aragua se originó en una prisión reconocida por su anarquía en el estado central de Aragua y acompañó a un éxodo de millones de venezolanos, la abrumadora mayoría de los cuales buscaba mejores condiciones de vida después que la economía de su nación se desmoronó la década pasada. Trump aprovechó la situación de la pandilla durante su campaña para describir escenas engañosas de comunidades que él afirmaba estaban “tomadas” por lo que en realidad eran un puñado de infractores.

El gobierno de Trump no ha revelado el nombre de los migrantes deportados ni ha proporcionado evidencia de que, de hecho, sean miembros del Tren de Aragua o que hayan cometido algún delito en Estados Unidos. También envió a dos cabecillas de la pandilla salvadoreña MS-13 a El Salvador, que fueron arrestados en Estados Unidos.

Un video publicado por el gobierno de El Salvador el domingo mostró a hombres saliendo de aviones en una pista de aeropuerto rodeada de policías con equipo antimotines. Los hombres, esposados y con grilletes en los tobillos, tenían problemas para caminar mientras los agentes les empujaban la cabeza hacia abajo para que se doblaran hasta la cintura.

El video también mostró a los hombres siendo trasladados a prisión en un gran convoy de autobuses custodiados por vehículos policiales y militares, y al menos un helicóptero. Se mostró a los hombres arrodillados en el suelo al tiempo que les afeitaban la cabeza antes de ponerse el uniforme completamente blanco de la prisión —pantalones cortos hasta la rodilla, camiseta, calcetines y calzado de goma— y luego fueron metidos a las celdas.

Los inmigrantes fueron llevados a la notoria instalación CECOT, el centro de la iniciativa de Bukele para pacificar su país, que alguna vez estuvo plagado de violencia, a través de duras medidas policiales y límites a los derechos básicos.

El gobierno de Trump informó que el presidente había firmado la noche del viernes la proclamación afirmando que el Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos, pero no lo anunció hasta la tarde del sábado. Abogados de inmigración dijeron que la noche del viernes notaron que venezolanos que de otro modo no podrían ser deportados bajo la ley de inmigración estaban siendo trasladados a Texas para vuelos de deportación. Comenzaron a presentar demandas para detener los traslados.

“Básicamente, cualquier ciudadano venezolano en Estados Unidos puede ser expulsado bajo el pretexto de pertenecer al Tren de Aragua, sin posibilidad de defensa”, advirtió en la red social X Adam Isacson de la Oficina de Washington para América Latina, un grupo defensor de derechos humanos.

El litigio que causó la suspensión de las deportaciones fue presentado en nombre de cinco venezolanos detenidos en Texas que, según los abogados, estaban preocupados por ser acusados falsamente de ser miembros de la pandilla. Una vez que se invoca la ley, advirtieron, Trump podría simplemente declarar a cualquiera como miembro del Tren de Aragua y expulsarlo del país.

Boasberg prohibió las deportaciones de esos venezolanos el sábado por la mañana cuando se presentó la demanda, pero amplió la prohibición para todas las personas bajo custodia federal que podrían ser objeto de la ley hasta su audiencia de la tarde. Resaltó que la ley nunca se había utilizado antes fuera de una guerra declarada por el Congreso y que los demandantes podrían argumentar con éxito que, con su invocación, Trump excedió su autoridad legal.

La prohibición de deportaciones se mantiene vigente por hasta 14 días y los migrantes permanecerán bajo custodia federal durante ese tiempo. Boasberg programó una audiencia para el viernes para escuchar argumentos adicionales en el caso.

Dijo que tuvo que actuar porque los migrantes cuyas deportaciones podrían violar realmente la Constitución merecían la oportunidad de que la corte escuchara sus argumentos.

“Una vez que estén fuera del país no hay mucho que pueda hacer”, señaló Boasberg.

Llenos los Centro de Deportación en el País

A capacidad máxima, así están los centros de detención migratoria en Estados Unidos

Buscan ampliar instalaciones, mientras ICE reporta más de 32,000 arrestos en los primeros 50 días de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha declarado que sus centros de detención de inmigrantes que han llegado a su capacidad máxima, albergando aproximadamente a 47,600 personas.

En una reunión informativa con periodistas este miércoles, funcionarios de alto rango del DHS y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) explicaron que están colaborando con el Servicio de Alguaciles, el Departamento de Defensa y la Oficina Federal de Prisiones para incrementar el espacio disponible, mientras solicitan financiamiento adicional al Congreso.

Los funcionarios también revelaron que algunos detenidos están siendo liberados caso por caso mediante el programa de Alternativas a la Detención del ICE, principalmente debido a problemas médicos o humanitarios.

Durante la sesión informativa, los oficiales presentaron nuevos datos sobre arrestos durante los primeros 50 días de la administración Trump.

Según la información proporcionada por el DHS, desde el 20 de enero hasta el 10 de marzo de 2025, ICE ha detenido a 32,809 personas.

14,111 corresponden a personas con condenas criminales previas
9,980 tienen cargos penales pendientes
8,718 presentan únicamente violaciones relacionadas con inmigración

En cuanto a individuos con presuntos vínculos a organizaciones criminales arrestados en el mismo período, las cifras indican:

1,155 presuntos miembros de pandillas
39 terroristas conocidos o sospechosos

Los representantes del DHS no especificaron durante la llamada cuántas personas han sido deportadas bajo la nueva administración Trump.

En Una Semana Arresto ICE a 543 Personas en el Área de Houston

ICE anuncia 543 arrestos en una semana en Houston: ¿de qué acusan a las personas?

Los 543 arrestos fueron en el plazo de una semana, de acuerdo con ICE Houston. Estas personas eran indocumentadas y tenían acusaciones o condenas de delitos, algunos de ellos no violentos.

Un total de 543 arrestos de personas indocumentadas que tenían acusaciones de delitos o condenas fueron detenidas, informó ICE en Houston. Esto fue en el periodo de una semana, del 23 de febrero al 2 de marzo.

Además, hay siete supuestos miembros de pandillas, de acuerdo con la agencia federal.

El total de arrestos fue de 646 personas indocumentadas, pero solo las 543 tenían las acusaciones o condenas.

Los arrestos fueron de ICE en conjunto con autoridades del estado de Texas y locales del área de Houston.

Estas son algunas de las personas detenidas, de acuerdo con la agencia federal

· 140 acusados o condenados a un delito grave o un crimen violento, como asesinato, agresión con agravantes o violencia doméstica.
· 34 acusados o condenados de delitos relacionados con agresiones sexuales contra menores.
· 38 condenados de posesión ilegal de un arma o agresión con un arma.
· 52 acusados o condenados de delitos de drogas.
· 51 acusados o condenados de robos.
· 93 acusados o condenados de manejar bajo la influencia del alcohol.

Estos detenidos representan 408 de los arrestados, pero no especifican qué delitos señalan contra el resto de los 135.

Juez Permite Redadas en Escuelas en Colorado

Hasta una semana antes del fallo, emitido el viernes 7 de marzo, no se habían producido arrestos en instituciones educativas bajo la nueva política de deportación

Un juez federal ha rechazado la solicitud de Denver Public Schools para detener las redadas de agentes de inmigración en escuelas, una medida que buscaba proteger a los estudiantes y sus familias de posibles detenciones en estos espacios considerados sensibles. Esta decisión representa un respaldo a la política de la administración de Donald Trump, que busca intensificar los esfuerzos de deportación en todo el país.

El fallo fue emitido por el juez del Distrito de los Estados Unidos, Daniel Domenico, quien determinó que el distrito escolar no logró demostrar que la disminución en la asistencia de estudiantes estuviera directamente relacionada con la decisión del gobierno federal de revertir una política de la administración del expresidente Joe Biden.

Esta medida, implementada durante el gobierno de Biden protegía lugares sensibles como escuelas e iglesias de redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según reportó The Associated Press (AP), no estaba claro qué tanto del temor respecto a las posibles redadas en las escuelas se debió a las nuevas reglas, tomando como punto de comparación las preocupaciones más amplias de un aumento de las acciones de inmigración.

El distrito escolar de Denver presentó una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su secretaria, Kristi Noem, argumentando que la reversión de la política de 2021 había afectado su capacidad para cumplir con su misión educativa, tal y como reportó Fox News.

El distrito alegó que muchos estudiantes dejaron de asistir a clases debido al temor generado por las redadas en las escuelas, lo que, según ellos, obstaculizó su labor de garantizar el acceso a la educación.

En su demanda, el distrito también solicitó una orden judicial preliminar que prohibiera al gobierno federal realizar arrestos en lugares sensibles como las escuelas. Sin embargo, esta petición fue denegada por el juez Domenico, quien también rechazó una solicitud para imponer una orden judicial a nivel nacional que obligara a las autoridades de inmigración a volver a las directrices de 2021.

La decisión de permitir redadas en escuelas y otros lugares sensibles forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración de Trump para reforzar las políticas de inmigración y aumentar las deportaciones.

Según información de AP, las Escuelas Públicas de Denver alegaron que tuvieron que desviar recursos para responder al temor entre los estudiantes y sus familias.

“Esto incluye brindar apoyo de salud mental a los estudiantes, desviar la atención de los administradores de los asuntos académicos a los asuntos de inmigración y ayudar a los estudiantes que faltan a la escuela a ponerse al día”, explicaron los abogados del distrito escolar en la solicitud para bloquear la nueva política, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias.

La política de 2021, implementada bajo la administración de Joe Biden, establecía que lugares como escuelas, iglesias y hospitales debían ser considerados zonas seguras, libres de redadas de inmigración.

Generalmente, los agentes migratorios debían obtener aprobación para realizar operaciones en estos lugares, sin embargo, se permitían excepciones por cuestiones como la seguridad nacional.

Hasta una semana antes del fallo del juez Domenico, arrestos nuevos en escuelas no se habían producido como fruto de la nueva política, reveló AP.

20 Detenidos en Redada de ICE

Los trabajadores fueron trasladados a un centro de procesamiento en Conroe

Operativo en Spring deja a 20 personas detenidas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) llevó a cabo un operativo ayer 4 de marzo en las instalaciones de la empresa Texas Couplings LLC., localizada en Spring, al norte de Houston. Durante la redada, 20 trabajadores indocumentados fueron detenidos por violaciones administrativas de inmigración y trasladados al Centro de Procesamiento de Montgomery en Conroe, Texas.

Según ICE, la redada se llevó a cabo luego de que se detectaran discrepancias significativas en una auditoría del formulario I-9, el cual es utilizado para verificar la identidad y elegibilidad laboral de los empleados en EE.UU. Las autoridades aún no han revelado si la empresa enfrentará cargos, ya que la investigación sigue en curso.

Familias preocupadas

La hija de uno de los trabajadores detenidos asegura que su familia vive una pesadilla tras la detención de su padre en el operativo de inmigración.

La escena que fue grabada por familiares de los detenidos muestra cuando agentes de ICE, en conjunto con otras agencias, realizaron dicha operación en la empresa Texas Couplings ubicada en el 1835 de la Old Holzwarth en Spring.

La hija dice que temen por la salud de su padre: “Él ya tiene más de 25 a 30 años aquí en los Estados Unidos y ya tiene 65 años, está mal, está tomando medicación para el colesterol y diabetes. No sabemos cómo él va a estar allí y si nosotros podemos ir a visitarlo”.

Comunicado de ICE

En un comunicado la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas )ICE) informó a Telemundo Houston, que llevó a cabo la operación de cumplimiento laboral el 4 de marzo, debido a sospechas de violaciones a las leyes laborales de EE. UU.

Lo anterior después de descubrir discrepancias durante una auditoría del formulario I-9. Durante la operación, se encontraron 20 inmigrantes indocumentados, quienes fueron detenidos por violaciones administrativas de inmigración.

Trabajo ilegal en la mira

La estrategia de ICE en la aplicación de leyes laborales se centra en enjuiciar a empleadores que contratan ilegalmente a trabajadores indocumentados. Además de realizar auditorías del formulario I-9, la agencia impone multas civiles para fomentar el cumplimiento de la ley.

El gobierno de EE.UU. considera que estas inspecciones son una herramienta clave para garantizar que las empresas operen dentro del marco legal. ICE ha destacado que estos operativos no solo buscan regular el empleo, sino que también pueden exponer otros delitos como tráfico de personas, lavado de dinero, fraude documental y explotación laboral.

¿Qué pasará con los detenidos y la empresa?

Los 20 trabajadores fueron puestos bajo custodia mientras se determina su situación migratoria. En cuanto a Texas Couplings LLC., podría enfrentar sanciones si se confirma que contrató a sabiendas a empleados sin autorización para trabajar en el país.

ICE no ha dado más detalles sobre la investigación en curso ni ha confirmado si se podrían presentar cargos criminales contra la empresa o sus directivos. Sin embargo, recalcan que este tipo de operativos buscan proteger a los trabajadores legales y evitar la competencia desleal en el mercado laboral.

Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre las consecuencias de esta intervención.

En Varias Ciudades de Texas y Estos Estados Hay Redadas

Los Ángeles, Filadelfia, Phoenix, Denver, Miami, Atlanta y varias localidades de Texas han informado de operativos a gran escala

La Administración Trump ha intensificado las medidas de control de la inmigración en todo Estados Unidos, lo que ha provocado redadas generalizadas en algunas principales ciudades y un aumento del miedo entre las comunidades indocumentadas. Desde el regreso al poder del presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha intensificado sus operaciones, deteniendo a miles de personas en lo que los funcionarios federales describen como una ofensiva contra la delincuencia. Sin embargo, estas redadas también han atrapado a inmigrantes indocumentados no violentos y han dado lugar a una desinformación generalizada.

Principales ciudades afectadas

En una de las mayores operaciones llevadas a cabo en un solo día bajo la Administración, el ICE detuvo a 956 personas el 26 de enero, y al día siguiente se informó de otras 1.179 detenciones. Las principales ciudades objetivo son:

Ciudad de Nueva York: Agentes del ICE, junto con la DEA y otras agencias federales, llevaron a cabo redadas que incluyeron la detención de un presunto miembro de la banda MS-13, un ciudadano jamaicano con una condena anterior por explotación sexual de un menor y un ciudadano hondureño con una condena por conducir bajo los efectos del alcohol. El alcalde Eric Adams reiteró que la ciudad no cooperaría con las amplias medidas federales de control de la inmigración, pero que colaboraría en la persecución de delincuentes violentos.

Chicago: La ciudad, conocida por su estatus de santuario, vio una agresiva actividad del ICE, con funcionarios confirmando arrestos de individuos con antecedentes penales, incluyendo cargos de asesinato y agresión sexual con agravantes. El alcalde Brandon Johnson confirmó que la policía local no participó en las operaciones federales.

Los Ángeles, Filadelfia, Phoenix, Denver, Miami, Atlanta y varias ciudades de Texas también informaron de redadas a gran escala, y los funcionarios del ICE declararon que se estaban centrando en personas con antecedentes penales.

San Juan, Puerto Rico: El alcalde Miguel Romero confirmó que, aunque las autoridades federales estaban actuando en la capital de la isla, territorio de Estados Unidos, las entidades municipales no estaban apoyando sus esfuerzos.

Desinformación y pánico

A medida que el ICE ha ampliado sus operaciones, la desinformación se ha ido extendiendo rápidamente, lo que ha sembrado el pánico en las comunidades de inmigrantes. Los informes falsos de redadas del ICE en escuelas, hospitales y lugares de trabajo han provocado miedo y confusión, como en los siguientes casos:

En Chicago, un rumor sobre la aparición de agentes del ICE en una escuela primaria llegó incluso al gobernador antes de ser desmentido.

En Filadelfia, el distrito escolar tuvo que desmentir públicamente las afirmaciones de que agentes de inmigración habían entrado en las escuelas.

En San Francisco, la afirmación de un estudiante de secundaria de que se había encontrado con un agente del ICE en un autobús urbano desató la alarma entre los padres.

En Boston, las noticias falsas sobre una redada del ICE en el Hospital Infantil de la ciudad circularon ampliamente por las redes sociales antes de que las autoridades las desmintieran.

Grupos de defensa advierten de que la desinformación puede llevar a la gente a evitar asistir al trabajo, la escuela y los servicios esenciales por miedo.

Por su parte, dirigentes estatales y locales se han opuesto a las medidas federales de aplicación de la ley, alegando problemas constitucionales y la posible violación de las políticas de las ciudades santuario.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, criticó las políticas de la Administración Trump, calificándolas de “violaciones constitucionales”.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, apoyó la deportación de delincuentes violentos, pero se opuso a las amplias redadas dirigidas contra inmigrantes respetuosos de la ley.

Los líderes de las ciudades santuario de Los Ángeles, Chicago y San Francisco reafirmaron su compromiso de proteger a las comunidades de inmigrantes.

Se espera que la Administración Trump continúe y amplíe estas redadas, y que las oficinas de campo del ICE reciban instrucciones para aumentar las detenciones diarias. Si bien el Gobierno insiste en que las operaciones están dirigidas contra delincuentes, la falta de transparencia y la inclusión de inmigrantes indocumentados no violentos en estas redadas siguen alimentando la ansiedad. Los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes instan a las comunidades a buscar información verificada, conocer sus derechos legales y estar preparadas para posibles encuentros con el ICE.