El estado de Texas volverá a los tribunales federales el jueves en su último esfuerzo por desmantelar las protecciones legales para decenas de miles de inmigrantes indocumentados que llaman a Texas su hogar.
En juego está el futuro del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA en inglés, que permite a los solicitantes calificados que fueron traídos a los EE.UU. como niños antes de los 16 años recibir un permiso de trabajo renovable cada dos años y un indulto frente a la deportación.
A finales de 2022, había más de 95,000 beneficiarios de DACA en Texas, el segundo total más alto detrás de los 165,000 de California. Hay más de 580,000 beneficiarios en el país, según las estadísticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
La audiencia del jueves es la última de un esfuerzo de un año para poner fin al programa con el argumento de Texas de que la política, que comenzó en 2012 bajo el ex presidente Obama, se puso en marcha ilegalmente. La lucha inicial llevó a la Corte Suprema de Estados Unidos a dictaminar en 2020 que la administración Trump no puso fin al programa de acuerdo con el procedimiento federal. Pero esa decisión no abordó la legalidad del programa.
El juez federal de distrito Andrew Hanen, quien escucha los argumentos del jueves, había dictaminado previamente que el gobierno de Obama no implementó DACA de acuerdo con la ley federal. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito estuvo de acuerdo, pero el programa se ha mantenido para los actuales beneficiarios, aunque las nuevas solicitudes han quedado en suspenso a la espera de una decisión definitiva.
La administración Biden finalizó el año pasado una norma que reforzaría las protecciones de DACA para sus beneficiarios. El tribunal de apelaciones devolvió el caso a Hanen para determinar la legalidad de la norma de Biden, pero la oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha continuado su esfuerzo para poner fin al programa mientras se define esa decisión. La oficina de Paxton ha pedido a Hanen que conceda un juicio sumario y declare ilegales la norma y el programa.
Durante una conferencia telefónica con periodistas el martes, Nina Perales, vicepresidenta de litigios del Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación, o MALDEF por sus siglas en inglés, dijo que el enfoque de la audiencia del jueves gira en torno a dos cuestiones principales. MALDEF está argumentando el caso en nombre de los beneficiarios de DACA.
«Estaremos argumentando ante el juez Hanen que ni Texas ni ninguno de los otros estados que desafían DACA tienen derecho a demandar, lo que significa que no han identificado ningún perjuicio que les llegue como resultado de que los beneficiarios de DACA vivan en sus estados», dijo. «Eso significa que no pueden venir a la corte y presentar un caso porque tienes que tener legitimación para poder demandar».
El otro argumento es que DACA es legal de acuerdo con la ley actual ya que los fiscales federales han utilizado lo que se conoce como discreción del fiscal durante años. La discreción del fiscal es una práctica utilizada por los fiscales, en este caso los fiscales federales, para determinar qué casos deben ser priorizados y perseguidos.
«DACA es consistente con las muchas políticas del gobierno de Estados Unidos en el pasado bajo diferentes presidentes», dijo Perales. «Y con el tiempo, DACA simplemente permite al gobierno federal decidir con respecto a un individuo en particular sobre el que el gobierno va a ejercer la discreción procesal. El gobierno va a optar por aplazar la acción sobre ese individuo. Por eso se llama acción diferida».
También hay otra nota importante que hacer sobre los procedimientos del jueves. Paxton fue suspendido de sus funciones oficiales después de que la Cámara de Representantes de Texas votara abrumadoramente el sábado a favor de someterlo a juicio político por considerar que abusó de su cargo y cometió soborno -entre otros presuntos delitos- para beneficiar a un donante.
El miércoles por la tarde, el gobernador Greg Abbott nombró al exsecretario de Estado de Texas John Scott como fiscal general interino. Pero no está claro qué papel directo desempeñará, si es que desempeña alguno, en el litigio en curso. La oficina del fiscal general de Texas no respondió a una solicitud de comentarios sobre cómo afectará la destitución al caso del estado el jueves.
Durante la conferencia de prensa, el consejero general de MALDEF, Thomas Saenz, dijo que no podía predecir lo que la destitución y suspensión de Paxton significará para el caso del estado. Pero no predijo un cambio significativo de la posición que Texas ha tomado.
«Gran parte del liderazgo de Texas, desde el gobernador hacia abajo, se ha involucrado en una retórica anti-inmigrante en los últimos tiempos que parece poco probable que haya un cambio de postura de cualquier importancia en este caso, a pesar de la destitución histórica», dijo Sáenz.
No está claro con qué rapidez se pronunciará Hanen, pero Perales dijo que no anticipaba una decisión inmediata después de los argumentos del jueves.
