México tendrá más problemas de los que ocuparse en el futuro inmediato aparte de la complicada y costosa elección de todos sus jueces por voto popular, resultado de la reforma al Poder Judicial instaurada por el oficialismo. El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca representa un enorme obstáculo para los planes de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha un cumplido un mes en el cargo. Sus propuestas de atraer más inversiones mediante el nearshoring, combatir al crimen organizado con programas de reinserción social y tratar la inmigración con perspectiva de derechos humanos se toparán de frente con el muro de Trump, que, de momento, está exigiendo de nuevo a su vecino del sur mano dura y resultados inmediatos.
Una vez que se ha confirmado el triunfo del republicano en las elecciones estadounidenses, Sheinbaum ha enviado mensajes de tranquilidad sobre el futuro de las relaciones bilaterales en un esfuerzo por estabilizar el peso, que cayó a su peor nivel en más de dos años. Los desequilibrios de fuerza son patentes. Tras un primer mandato entre 2016 y 2020, Trump vuelve al poder con un discurso más cargado a la extrema derecha y con menos contrapesos internos: los republicanos han logrado el control del Senado y acarician la victoria en la Cámara de Representantes, sin contar que los conservadores dominan la Corte Suprema.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador supo lidiar con Trump —a quien llamaba “amigo”— con la estrategia de no engancharse en las espectaculares provocaciones del republicano mientras negociaba por lo bajo condiciones lo más ventajosas posibles para México. De nueva cuenta, Trump ha dibujado cuáles son sus exigencias urgentes y ha dado las primeras muestras de cómo será el tono de sus negociaciones, exaltando el discurso antimigrante y antimexicano.
El magnate y político declaró, días antes de las elecciones, que desataría una guerra arancelaria contra México si el Gobierno de Sheinbaum no daba resultados en contener el flujo de migrantes —en su mayoría latinoamericanos— y el tráfico de fentanilo a través de los 3.000 kilómetros de la frontera que comparten ambos países. “Le voy a informar [a la presidenta] desde el día uno, o incluso antes, que si ellos no frenan esta embestida de criminales y drogas que ingresan a nuestro país, de inmediato impondré un arancel del 25% sobre todo lo que envían a Estados Unidos”, dijo en un mitin en Carolina del Norte.
Se trata de un amago que ya le dio resultados en el pasado, en su primer periodo como mandatario de EE UU. En 2019, con López Obrador en el Gobierno mexicano, Trump anunció un arancel general del 5% —que podía escalar al 25%— como castigo por lo que consideraba inacción para frenar las caravanas de migrantes. En respuesta, la Administración de López Obrador, que había sido muy permisiva con los flujos migratorios, reforzó la frontera sur con un fuerte despliegue militar. Esa maniobra conjuró la amenaza de Trump. Hasta ahora.
El futuro presidente también ha recuperado otra vieja amenaza dañina para la economía de la región norteamericana: cerrar la frontera con México desde “el primer día” de su Administración, que comienza en enero, para frenar la “criminalidad” de los migrantes, a los que en varias ocasiones ha acusado de ser naturalmente violadores, ladrones y asesinos. Adicionalmente, el republicano ha prometido llevar a cabo la mayor deportación de la historia de migrantes, indocumentados o no, incluyendo a sus cónyuges, hijos y otros familiares relacionados con ellos. México ya actúa como tercer país seguro y acumula en su frontera norte a miles de migrantes en espera de asilo en EE UU.
Se espera que la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, prevista para 2026, será una ardua negociación en la que Trump buscará implementar medidas muy restrictivas para desincentivar la relocalización de inversiones en México. El nearshoring es una de las principales apuestas de Sheinbaum en materia económica y de desarrollo social. La presidenta ha dicho que, a diferencia de los gobiernos pasados, las inversiones deberán venir de la mano de salarios dignos para los trabajadores mexicanos.
Otro punto de tensión será la política de combate al narcotráfico. Trump tiene planes de designar a los cárteles mexicanos como terroristas, lo que le daría facultades a su Gobierno de actuar más allá de su territorio, blandiendo la amenaza de invadir la soberanía de México y tensar la relación bilateral al máximo. Los legisladores republicanos están prestos para aprobar una ley en ese sentido. Se trata, nuevamente, de una propuesta reeditada de su primer periodo presidencial. Trump ofreció a López Obrador enviar a México tropas para combatir a los grupos criminales, una propuesta que el entonces presidente declinó decorosamente. Una de las preocupaciones del republicano es contener la epidemia de fentanilo que mata a miles de estadounidenses. Aún siendo candidato, Trump declaró que los cárteles tienen tal poder que “podrían quitar al presidente en dos minutos. Son los que administran México”.
En el otro lado de la balanza, no hay muchas señales de que la Administración Trump vaya a hacerse responsable de las miles de armas que llegan a México de contrabando desde EE UU y que, usadas por las organizaciones criminales, matan a su vez a miles de mexicanos. Esa ha sido una de las demandas más importantes de los gobiernos de Morena. Gran parte del sexenio de Sheinbaum estará marcada por el pulso de la relación bilateral con Trump. El reto pondrá a prueba el talante negociador de la mandataria y dejará ver su estilo de gobernar.
