Cuando el hispano Edgardo Coss-Vallejo llegó a la entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (UCSIS, por sus siglas en inglés), nunca imaginó que terminaría siendo deportado por culpa de su propia esposa.
La mujer retiró la petición que presentó para solicitar la ciudadanía como esposa, con el Formulario I-30 de Petición de Familiar Extranjero, con lo que quedó al descubierto el fraude matrimonial y algo más, según informó UCSIS a través de un comunicado.
Y es que los agentes asignados a la Unidad Especializada Conjunta McAllen del Cuerpo Especial Conjunto del Corredor de las Regiones Oeste y Sur de Texas (JTT, por sus siglas en inglés) en coordinación con UCSIS y la Oficina de Alguaciles del Precinto 2 del Condado de Hidalgo, en Texas, terminaron arrestando a Edgardo Coss-Vallejo no solo por fraude matrimonial, sino también por contrabando de divisas.
USCIS negó la solicitud, revocó su visa y notificó al JTF-W STC acerca de su permanencia ilegal y la sospecha de fraude matrimonial.
Investigaciones adicionales realizadas por JTT revelaron varias transacciones financieras ilícitas, que totalizan la cantidad de 128,000 dólares.
Los agentes de JTT solicitaron y recibieron el consentimiento de Coss-Vallejo para registrar su domicilio, debido a sospechas de actividades ilícitas en la residencia.
Tras el arresto, la oficina de Inmigración reiteró que “USCIS está comprometido a combatir los casos de abuso y otras actividades delictivas que amenazan la integridad del sistema de inmigración de nuestra nación”.
“USCIS es un colaborador activo del Cuerpo Especial Conjunto del Corredor de las Regiones Oeste y Sur de Texas y brindamos asistencia a nuestros colaboradores de cumplimiento de la ley a detener delitos relacionados a inmigración,” según dijo el director de la oficina de Distrito de San Antonio de USCIS, Mario Ortiz.
Cabe recordar que, la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos persiguen con empeño el fraude matrimonial, por lo cual en abril de 2018 desmanteló un esquema de matrimonios fraudulentos y que llevó a la condena de un ciudadano jamaiquino, según reportó en su momento el diario La Opinión.
“Una condena de este tipo envía un poderoso mensaje a cualquiera que trate de aprovechar nuestro sistema de inmigración, nuestras comunidades y la seguridad de nuestro país”, dijo la investigadora de USCIS Linda M. Swacina.
