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Se Acada el TPS Para Cientos de Miles de Venezolanos

La decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de permitir al Gobierno de Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) deja a unos 350.000 venezolanos en Estados Unidos en riesgo de deportación en medio de la ofensiva del presidente contra la inmigración.

La decisión de la Corte Suprema permite al Gobierno de Trump poner fin al TPS para este grupo a la espera de la apelación del caso, allanando el camino para posibles deportaciones que podrían suceder en cualquier momento, dijeron los abogados de ciudadanos venezolanos amparados por el TPS que impugnaron la medida.

“El impacto inmediato de la decisión lamentablemente no está claro porque el tribunal no explica casi nada en su orden. Definitivamente, una lectura de la decisión es que los 350.000 venezolanos beneficiarios de TPS del grupo de 2023 acaban de perder su estatus y autorización de empleo”, explicó Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA.

A principios de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió poner fin al TPS, un programa temporal implementado durante el Gobierno de Joe Biden que permitía a inmigrantes venezolanos vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos lejos de la inestabilidad y violencia en sus país.

Un tribunal federal de distrito de California bloqueó temporalmente la orden de Noem a finales de marzo, una semana antes de que finalizara el 7 de abril, lo que causó que el Gobierno de Trump presentara una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El TPS para venezolanos fue instaurado en 2021 y extendido en 2023. La reciente decisión de la Corte Suprema afecta directamente a quienes solicitaron el TPS bajo la designación de 2023, mientras quienes lo solicitaron bajo la designación de 2021 podrán mantener, por ahora, sus permisos de trabajo y protecciones contra la deportación hasta septiembre.

La Alianza Nacional TPS, el grupo que apoya a los migrantes beneficiarios del programa de protección temporal, y el American Venezuelan Caucus, un grupo de cabildeo que aboga por políticas en favor de los venezolanos en EE.UU., aún están tratando de determinar las implicaciones de una parte de la orden que podría proteger a algunos venezolanos. Pero Arulanantham dijo que muchos podrían ser deportados antes de que el caso esté completamente litigado.

En cuanto a cuándo y cómo podrían comenzar las deportaciones, los abogados aseguran que dependerá de la interpretación que haga el Gobierno de Trump de la reciente decisión de la Corte Suprema.

“Esto depende de la interpretación que haga el gobierno de la orden y las acciones del tribunal, pero no hay nada en la orden de la Corte Suprema que prevea ningún retraso en su aplicación”, señaló Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California.

Las opciones que tienen los venezolanos con TPS para evitar la deportación
La Alianza Nacional TPS recomienda a las personas consultar con un abogado de inmigración para analizar cuáles deberían ser los pasos a seguir en cada caso particular.

Los afectados por el fin del TPS pueden considerar hacer una solicitud de asilo, dijo a CNN Elizabeth Uribe, abogada experta en inmigración. El asilo es una protección que ofrece Estados Unidos a personas que son perseguidas o que tienen un temor fundado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a cierto grupo social o político. Existen dos tipos de asilo: el afirmativo, para quienes no enfrentan ningún tipo de proceso de expulsión, y el defensivo, un proceso durante el cual la persona debe comparecer ante un juez de inmigración. (Conoce aquí el paso a paso para solicitar asilo en Estados Unidos).

Si la situación del inmigrante ha cambiado desde que fue cobijado por el TPS, y esa persona se casó con alguien que tiene residencia o ciudadanía, podría solicitar una residencia, dice la abogada Uribe, de Uribe & Uribe APLC. Según la legislación federal, si una persona indocumentada en EE.UU. se casa con un ciudadano estadounidense debe solicitar primero la libertad condicional antes de pedir la residencia legal. Ese proceso podría hacer que deba abandonar el país.

Si bien no se trata de una opción para todos los inmigrantes, un tercer escenario posible para los venezolanos en riesgo de deportación es, si han sido víctimas de algún crimen, la tramitación de una visa U, dice Uribe. La visa U es un estatus no inmigrante reservado para proteger víctimas de actos criminales en el país. El número de personas que obtienen la visa U al año no puede exceder las 10.000. (Conoce aquí cuáles son los requisitos para acceder a una visa U).

Una medida histórica contra el estatus migratorio de miles de personas

Arulanantham dijo que con el fin de TPS, el Gobierno de Trump está llevando a cabo “la mayor acción individual en la historia moderna de EE.UU. para despojar del estatus migratorio a un grupo de no ciudadanos”.

El Estatus de Protección Temporal es un beneficio migratorio temporal que estableció el Gobierno de Estados Unidos para las personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura, ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal.

Actualmente, de acuerdo con DHS, 17 países tienen Estatus de Protección Temporal en EE.UU. debido a condiciones en esas naciones que hacen que el regreso de los nacionales a esos países no sea seguro.

El Gobierno de Biden concedió por primera vez el TPS a los venezolanos en marzo de 2021, alegando el aumento de la inestabilidad en el país, y lo amplió en 2023. Dos semanas antes de la toma de posesión de Trump, la administración de Biden renovó las protecciones por 18 meses más.

La Alianza Nacional TPS argumenta que no es seguro para ellos regresar a su país de origen.

Cecilia González Herrera, que estudia Ciencias Políticas en la Universidad de Florida Central, dijo que ella y otros venezolanos que se benefician del programa no son criminales.

“Somos estudiantes, profesores, trabajadores de la salud, propietarios de pequeños negocios”, dijo. “Somos sobrevivientes que buscaban un poco de refugio, seguridad y oportunidades en este país y todos merecemos la oportunidad de prosperar sin el temor de ser devueltos al peligro”.

Corte de Apelaciones Bloquea Definitivamente el TPS o Parole

La decisión implica que, por ahora, nada cambia: se mantiene la orden de una jueza que bloqueó la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Un tribunal federal de apelaciones en Boston denegó este lunes los intentos de la Administración Trump de revocar el ‘parole’ humanitario temporal (CHNV) de cientos de miles de inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que viven en Estados Unidos, mientras se tramita una apelación del Gobierno.

“El tribunal de distrito determinó que el artículo 8 U.S.C. § 1182(d)(5)(A) no otorga al Secretario de Seguridad Nacional discreción no revisable para cancelar la libertad condicional, salvo caso por caso”, escribieron los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, según confirmó Noticias Telemundo.

La decisión implica que, por ahora, nada cambia: se mantiene la orden de una jueza que bloqueó la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de acortar la libertad condicional de dos años otorgada a los migrantes bajo el mandato del predecesor demócrata de Trump, Joe Biden.

La jueza Indira Talwani había manifestado su preocupación por el hecho de que el Gobierno de Trump haya revocado, sin una revisión caso por caso, las protecciones y autorizaciones de trabajo previamente concedidas a miles de inmigrantes que dependían del programa para seguir residiendo y trabajando en Estados Unidos.

La jueza también ordenó que se suspendieran todos los avisos de revocación enviados a los participantes del programa de los cuatro países, a la espera de una nueva orden de la corte.

“La corte considera que los demandantes tienen legitimidad para impugnar la reducción de su participación en el programa”, escribió Talwani en su orden. Señaló que a los demandantes se les permitía trabajar legalmente si recibían autorización de trabajo, y podían solicitar el ajuste de estatus u otros beneficios.

Los programas humanitarios, cuando estaban en pleno vigor bajo la Administración Biden, permitían la entrada de hasta 24,000 personas durante un período temporal de hasta dos años, tiempo durante el cual pueden solicitar ayuda humanitaria u otros beneficios y recibir autorización de trabajo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) había emitido una directiva el 20 de enero, un día después de que el presidente, Donald Trump, tomara posesión, para restringir y conducir a la eliminación del programa CHNV, para “acabar con el amplio abuso del parole humanitario“.

[Estos son los inmigrantes a los que afecta la orden ejecutiva de Trump para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento]

“El Gobierno de Biden abusó del programa para permitir de forma indiscriminada la entrada a nuestro país de 1.5 millones de migrantes. Esto ha sido frenado en el primer día de la Administración Trump”, indicó un comunicado en el que se anunció la decisión.

Hasta finales de 2024 habían entrado con el programa CHNV, con permiso de dos años de residencia y trabajo, 110,240 cubanos, 211,040 haitianos, 93,070 nicaragüenses y 117,330 venezolanos, según las cifras de USCIS.

Jueza Impide Parar «Parole» Humanitario

3 claves de la orden de una jueza de bloquear la revocación del estatus legal de los beneficiarios del parole humanitario: lleva una justificación «caso por caso»

La jueza federal de Boston, Indira Talwani, alegó que «la terminación anticipada, sin justificación caso por caso, del estatus legal de los no ciudadanos que han cumplido con los programas del DHS y han ingresado al país legalmente socava el estado de derecho».

La jueza federal Indira Talwani bloqueó temporalmente el lunes la revocación del estatus legal para los beneficiarios del ‘parole’ humanitario decretada por el gobierno de Trump para miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en Estados Unidos.

Para justificar su decisión, Talwani, jueza federal de Boston, alegó que «la terminación anticipada, sin justificación caso por caso, del estatus legal de los no ciudadanos que han cumplido con los programas del DHS [Departamento de Seguridad Nacional] y han ingresado al país legalmente socava el Estado de derecho».

«Todas las notificaciones enviadas a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a través de su cuenta en línea de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU) informándoles que su permiso de trabajo está siendo revocado sin una revisión caso por caso (…) quedan suspendidas a la espera de una nueva orden judicial», escribió Talwani en su decisión del lunes, que ya había anticipado la semana pasada.

El DHS, que podría apelar el fallo, busca priorizar la deportación de los beneficiarios de este y otros programas de parole que hasta el momento no hayan solicitado debidamente ajustar su estatus o acogerse a algún otro beneficio migratorio, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos o la Ley de Ajuste Cubano, para los cubanos. El DHS alega que el gobierno de Joe Biden abusó de la figura del parole como beneficio migratorio.

Te explicamos las claves de la orden de la jueza Talwani que bloquea temporalmente la revocación del estatus legal de los beneficiarios del llamado parole humanitario, como ordenó la administración de Trump, que enfiló este beneficio legal de la era Biden desde el mismo primer día en que el republicano llegó al poder.

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Qué es el parole humanitario

Más de 530,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han llegado a EEUU bajo este programa, conocido como CHNV (por las siglas de los países que se benefician, con regímenes autoritarios) desde octubre de 2022. Primeramente, el programa se creó ante la llegada de venezolanos a la frontera sur y luego, en 2023, se extendió a cubanos, haitianos y nicaragüenses.

El programa permitía la entrada legal a EEUU, por avión, de hasta 30,000 migrantes de esos países al mes, por un período de hasta dos años, bajo la figura legal de un parole humanitario y con el auspicio de un «patrocinador» en el país. Tras dos años, en octubre de 2024, el DHS anunció que no habría «un nuevo parole».

Bajo la revocación que anunció el gobierno de Trump, esos cientos de miles de inmigrantes perderían efectivamente su protección legal a partir de este 24 de abril.

Los defensores de los inmigrantes celebraron la decisión de la jueza como una victoria para los inmigrantes que se beneficiaron del programa, al igual que para sus patrocinadores, ciudadanos estadounidenses.

“Este fallo es una victoria no solo para nuestros clientes y personas como ellos, sino para cualquiera que valore la libertad de acoger”, declaró Karen Tumlin, directora del Centro de Acción por la Justicia, citada por The New York Times.

“Nuestros clientes, y los miembros de la demanda colectiva, han hecho todo lo que el gobierno les pidió, y nos complace ver que el tribunal no permitirá que el gobierno incumpla con su parte del trato”, agregó.

Revocar su estatus legal requiere una revisión «caso por caso»

La jueza Talwani determinó que la administración de Trump no puede revocar de manera generalizada el estatus legal de los beneficiarios del programa CHNV sin evaluaciones individuales, ya que esto socava el Estado de derecho.

En virtud del propio programa, además de tener a un ciudadano estadounidense como patrocinador, sus beneficiarios «tuvieron que pasar una evaluación de seguridad nacional y de seguridad pública» antes de recibir la autorización anticipada de viajar a EEUU para una vez en el puerto de entrada solicitar «caso por caso, una concesión discrecional del parole», detalló la jueza.

Talwani agregó que si bien la discreción de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en esta área es amplia, no es correcto que sus acciones y órdenes estén protegidas de la revisión judicial y que aunque con un papel «limitado», ella, como jueza, tiene la autoridad para suspender la «terminación» del parole humanitario por parte del DHS ya que “revoca, sin una revisión caso por caso, los paroles y las autorizaciones de trabajo previamente otorgadas a personas que se encuentran actualmente en Estados Unidos”.

«Por lo tanto, el estatuto exige que, para determinar si se han cumplido los propósitos de la concesión del parole, de modo que se justifique su terminación, la secretaria debe considerar, de alguna manera, las razones por las que un extranjero recibió el parole», escribió Talwani.

Es una interpretación errónea de la ley de inmigración

El fallo de la jueza argumenta que el gobierno ha actuado sobre una interpretación errónea de la ley de inmigración, ya que considera a los inmigrantes que se beneficiaron del programa como personas que cruzaron ilegalmente la frontera estadounidense, y por tanto, contempla su expulsión acelerada. En cambio, puntualizó, deberían ser considerados como migrantes que entraron legalmente al país con un permiso de entrada mediante un parole.

«Lo que se prioriza [con la orden de revocación de la secretaria Noem] no son las personas que cruzan la frontera, sino las que cumplen las normas», dijo la jueza.

Según la jueza, el gobierno no ha demostrado «ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en EEUU por un período específico a salir (o a obtener un estatus indocumentado)».

«La secretaria (Noem), al acortar el período de parole otorgado a estas personas, debe tener una decisión razonada», dijo la jueza al argumentar que la justificación para finalizar el programa se basó en una interpretación incorrecta de la ley.

“Tampoco es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”, agregó.

Su revocación tendría consecuencias «nefastas» para los beneficiarios

Talwani ya había cuestionado en una audiencia el jueves pasado el argumento del gobierno para finalizar el programa, en particular la parte que dice que el CHNV ya no cumplía su propósito.

La jueza señaló que de quedar revocado, sus beneficiarios enfrentan dos opciones: «huir del país» o quedarse y «arriesgarse a perderlo todo» con un proceso de deportación.

Si continúan cumpliendo la ley y salen del país por su cuenta, «enfrentarán peligros en sus países de origen», alegó.

Antes de la audiencia de la semana pasada, los demandantes calificaron la acción del gobierno de Trump como «sin precedentes» y dijeron que provocaría que las personas perdieran su estatus legal y su capacidad de trabajar. También calificaron la medida fuera de lo que establece la Ley de Procedimientos Administrativos para poner fin a un beneficio de este tipo.

Trump Quita Estatus Migratorio de Asilo a Afganos y Cameruneses

Este estatus migratorio proporciona un permiso de trabajo y protección contra la deportación a los extranjeros de los países que enfrentan diferentes problemas como un conflicto armado en curso
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El gobierno estadounidense puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciertos extranjeros. Este beneficio migratorio se otorga a los ciudadanos de algunos países que enfrentan problemas como un conflicto armado en curso, desastre ambiental o condiciones extraordinarias, tal y como informa el American Immigration Council en su página de internet.

Tal estatus proporciona un permiso de trabajo y protección contra la deportación a los extranjeros de los países incluidos en la designación. Miembros del American Immigration Council explican que el secretario de Seguridad Nacional tiene la facultad de decidir cuando un país merece la designación de TPS.

Dichas designaciones pueden ser otorgadas por 6, 12 o 18 meses y, por lo menos 60 días antes de que venza el TPS, el secretario debe decidir si se extiende o cancela, de acuerdo con las condiciones del país.

Miles de personas provenientes de Afganistán y Camerún perderán la protección temporal en Estados Unidos, según reportó Reuters, citando a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta medida afecta a más de 14.000 afganos y cerca de 8.000 cameruneses que habían recibido el beneficio, diseñado para proteger a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias que hacen peligroso su retorno.

El DHS ha decidido no renovar el TPS para los afganos que llegaron al país tras la retirada militar de Afganistán en 2021, durante la administración del presidente Joe Biden. Este programa, que tiene una duración de entre seis y dieciocho meses, fue otorgado inicialmente a miles de personas evacuadas tras la toma de poder por parte del Talibán, de acuerdo con Fox News.

Más de 82.000 afganos fueron trasladados fuera del país en ese momento como parte de la operación de evacuación liderada por las fuerzas estadounidenses.

“Al menos 60 días antes del vencimiento de una designación de TPS, la secretaria tras consultar con las agencias gubernamentales correspondientes de EEUU, debe revisar las condiciones en el país designado para el TPS”, dijo Tricia McLaughlin, portavoz del DHS en diálogo con Fox News Digital.

La secretaria determinó que Afganistán “ya no cumple con los requisitos legales para su designación al TPS”, añadió McLaughlin.

Esta decisión, según la portavoz del DHS, estuvo basada en una revisión de las condiciones de Afganistán llevada a cabo por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS), en el proceso, la agencia consultó con el Departamento de Estado (DOS).

Shawn VanDriver, veterano y presidente de la organización sin fines de lucro #AfghanEvac, encargada de ayudar a los afganos a asentarse en EEUU, explicó que las condiciones no han mejorado, por el contrario, han empeorado.

“A los afganos que fueron invitados, que construyeron sus vidas aquí, ahora se les dice que no importan. Es cruel, es caótico y socava todo lo que EEUU afirmó representar cuando prometimos no abandonar a nuestros aliados”, declaró VanDriver durante una entrevista con NPR.

Andrew Sullivan, director ejecutivo de la organización No One Left Behind, explicó durante una entrevista con NPR que muchos de los aliados “cumplieron con el sustancial y valioso servicio” que se requiere para la seguridad nacional en el país, sin embargo, están en proceso de obtener una SIV “debido a la pérdida de documentos y conexiones en el caos de la retirada estadounidense”.

Hace un mes, el DHS también trató de revocar el TPS a los ciudadanos venezolanos, no obstante, la medida fue impugnada y un juez federal la suspendió el 31 de marzo.

Edward Chen, juez federal de distrito en San Francisco, dijo que esta acción ocasionaría un daño irreparable a los beneficiarios del TPS, según declaraciones citadas por el medio.

Juez Suspende Eliminación el TPS Para Venezolanos

El juez federal de distrito de San Francisco Edward Chen suspendió este lunes la decisión del Gobierno de Donald Trump de poner fin a las protecciones legales temporales para cientos de miles de venezolanos, una semana antes de que expiraran. En una dura resolución de 78 páginas, el juez suspende de forma cautelarmente la medida tomada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo que supone un alivio inmediato para 350.000 venezolanos cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) iba a expirar el próximo 7 de abril. Además, hay otros 250.000 venezolanos para los que el TPS se acababa en septiembre.

“El tribunal considera que la acción de la secretaria [Noem] amenaza con: infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, costará miles de millones de dólares a la actividad económica de Estados Unidos y perjudicará la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”, dice el juez en la parte dispositiva de su resolución.

“Al mismo tiempo, el Gobierno no ha podido identificar ningún daño compensatorio real en la continuación del TPS para los beneficiarios venezolanos. Los demandantes también han demostrado que probablemente tendrán éxito en demostrar que las acciones tomadas por la secretaria [de Seguridad Nacional] no están autorizadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por una animadversión inconstitucional”, añade. “Por estas razones, el Tribunal concede la solicitud de los demandantes de posponer las acciones impugnadas hasta que se resuelva definitivamente el fondo de este caso”, concluye.

La demanda fue presentada por abogados de la Alianza Nacional TPS y por afectados que disfrutan del estatus de protección temporal en todo el país. La resolución del juez Chen, nombrado por el presidente demócrata Barack Obama, tiene efectos en todo el país.

El Congreso aprobó la ley que concede el TPS en 1990 para evitar las deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles. Ese estatus autoriza a vivir y trabajar en Estados Unidos por periodos de hasta 18 meses si la persona al frente del Departamento de Seguridad Nacional considera que las condiciones en sus países de origen son inseguras para el retorno.

El juez subraya que anular el TPS existente es una “acción sin precedentes”, “un paso que nunca ha dado ninguna administración anterior en los 35 años del programa” y que Noem la tomó solo tres días después de asumir el cargo, revirtiendo las medidas del anterior Gobierno. Chen, que da al Gobierno una semana para presentar una notificación de apelación, también desmonta los argumentos xenófobos en que se basó la decisión.

“Aunque las acciones de la secretaria parecen basarse en estereotipos negativos que difaman a toda la comunidad (insinuando que fueron liberados de prisiones e instituciones de salud mental venezolanas e impusieron enormes cargas financieras a las comunidades locales), el historial indiscutible establece que los beneficiarios venezolanos del TPS, de hecho, tienen un nivel de educación superior al de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses (entre el 40% y el 54% tienen una licenciatura), tienen altas tasas de participación laboral (entre el 80% y el 96%), obtienen casi todos sus ingresos personales (96%) y contribuyen anualmente con miles de millones de dólares a la economía estadounidense y pagan cientos de millones, si no miles de millones, en impuestos de seguridad social. También tienen tasas de criminalidad más bajas que la población general de Estados Unidos”, indica rotundamente.

En una vista celebrada el lunes de la semana pasada, los abogados de los beneficiarios del TPS afirmaron que Noem no tiene autoridad para cancelar las protecciones y que sus acciones estaban motivadas en parte por el racismo, informa Associated Press. Pidieron a la jueza que suspendiera las órdenes de Noem, alegando el daño irreparable a los titulares del TPS que luchan contra el miedo a la deportación y la posible separación de sus familiares.

Los abogados del Gobierno dijeron que el Congreso otorgó a la secretaria una autoridad clara y amplia para tomar decisiones relacionadas con el programa TPS y que las decisiones no estaban sujetas a revisión judicial. Los demandantes no tienen derecho a impedir que se ejecuten las órdenes de la secretaria, dijeron.

La decisión judicial da a los demandantes una semana para solicitar la suspensión de la resolución que del Departamento de Seguridad Nacional que acabará con las protecciones de unos 500.000 haitianos en agosto. Biden amplió considerablemente el uso del TPS y otras formas temporales de protección en una estrategia para crear y ampliar las vías legales para vivir en Estados Unidos, al tiempo que suspendía el asilo para quienes entran ilegalmente.

Trump ha cuestionado la imparcialidad de un juez federal que bloqueó sus planes de deportar a inmigrantes venezolanos a El Salvador, y ha criticado su decisión solo unas horas antes de que su administración solicitara a un tribunal de apelaciones que levantara la orden del juez.

La administración también ha dicho que revocará las protecciones temporales para más de 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que han llegado a Estados Unidos desde octubre de 2022 a través de otra vía legal llamada parole humanitario, que Joe Biden utilizó más que ningún otro presidente. Sus permisos de trabajo de dos años expirarán el 24 de abril.

El Gobierno ha decidido suprimir ese estatus legal y las visas de trabajo de los beneficiarios y sus familiares, a quienes se les ha dado unas semanas para autodeportarse y abandonar el país. Si no lo hacen antes de 30 días, se expondrán a ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esa resolución también ha sido recurrida ante los tribunales.

Amplian TPS Para Venezolanos y Salvadoreños

El programa fue renovado para personas inscritas previamente, mientras que nuevas solicitudes no serán admitidas bajo esta disposición

El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Joe Biden, anunció el pasado viernes la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 200,000 salvadoreños que ya cuentan con este beneficio. Además, se informó sobre una ampliación de 18 meses del TPS para 600,000 venezolanos, que permite residir y trabajar legalmente en el país. Ambas medidas fueron oficializadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y representan un esfuerzo por abordar las situaciones críticas en los países de origen de los beneficiarios.

La extensión del TPS para los salvadoreños abarca el periodo de marzo de 2025 a septiembre de 2026, según informó The Associated Press. Esta decisión se basa en las condiciones ambientales y geopolíticas en El Salvador, como las lluvias y tormentas de 2023 y 2024, que han complicado el regreso seguro de los afectados. Por otro lado, la ampliación para los venezolanos, de acuerdo con AFP, se considera “justificada” debido a la crisis política y económica que enfrenta el país bajo el régimen de Nicolás Maduro, caracterizado por altos niveles de violencia y criminalidad.

El TPS es un programa creado en 1990 por el Congreso de Estados Unidos para proteger a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos civiles, permitiendo que puedan residir y trabajar en territorio estadounidense. Actualmente, aproximadamente un millón de personas de 17 países están amparadas por el TPS, entre ellos ciudadanos de Venezuela, Haití, Honduras, Afganistán, Sudán y Líbano. Los salvadoreños representan uno de los grupos más numerosos dentro de este programa desde que fueron incluidos en 2001 tras los sismos que devastaron la región, según información proporcionada por Reuters.

¿Qué es el TPS y cuál es su impacto?

El TPS es un programa que otorga protección temporal a ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos civiles. Fue creado por el Congreso en 1990 y permite a sus beneficiarios residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. En la actualidad, cerca de un millón de personas de 17 países se encuentran protegidas por este estatus.

¿Por qué se extendió el TPS para los salvadoreños?

La extensión del TPS para los salvadoreños hasta septiembre de 2026 fue justificada por la administración Biden debido a las condiciones climáticas y geopolíticas en El Salvador. Estas incluyen los efectos de las lluvias de 2023 y 2024, así como los daños aún persistentes de los terremotos de 2001.

¿Cómo afecta esta medida a los beneficiarios actuales?

Los salvadoreños que ya cuentan con el TPS podrán renovar su estatus si cumplen con los requisitos establecidos. Sin embargo, esta extensión no permite nuevas solicitudes, limitando el alcance del programa a quienes ya estaban inscritos antes de la medida.

La medida anunciada permite que los salvadoreños registrados en el TPS extiendan su estatus si cumplen con los requisitos establecidos, pero no admite nuevos solicitantes. Esta limitación ha generado inquietudes entre organizaciones de derechos de los migrantes, que temen que el cambio de administración pueda resultar en una disminución o eliminación del programa. Durante su primer mandato, Donald Trump intentó cancelar el TPS para salvadoreños, aunque sus decisiones fueron bloqueadas por los tribunales. Biden revirtió estas políticas al asumir la presidencia en 2021, informó The Associated Press.

Trump intentó cancelar el TPS

Trump intentó cancelar el TPS para salvadoreños durante su mandato; Biden revirtió estas políticas en 2021. (Foto AP/Edgar H. Clemente)

¿Qué significan las remesas para El Salvador?

El Salvador depende en gran medida de las remesas enviadas por sus ciudadanos en el extranjero, que alcanzaron un total de 7,500 millones de dólares en 2024, según datos reportados por AP News. Estas remesas representan una fuente significativa de ingresos para el país centroamericano, que enfrenta retos económicos y sociales persistentes.

La seguridad en El Salvador y la influencia del TPS

En el ámbito de seguridad, el gobierno de Nayib Bukele ha implementado medidas estrictas contra las pandillas desde 2022, tras un repunte de la violencia que incluyó 62 homicidios en un solo día. Bajo un estado de excepción aprobado por el Congreso salvadoreño, más de 83,000 personas han sido arrestadas, según informó Reuters. Esta estrategia ha reducido los homicidios anuales en el país, que pasaron de 6,656 en 2015 a 114 en 2024, de acuerdo con datos oficiales.

¿Qué podría pasar con el TPS bajo Trump?

El futuro del TPS bajo la administración entrante de Trump es incierto. Durante su primer mandato, Trump planteó reducir drásticamente los programas que otorgan protecciones temporales, como el TPS, y promovió políticas migratorias restrictivas que incluyeron intentos de deportaciones masivas. Trump mantuvo relaciones diplomáticas con el presidente Bukele, quien colaboró estrechamente con las autoridades estadounidenses para reducir la migración irregular, informó AP News.

Nuevas extensiones para venezolanos bajo el TPS

El gobierno de Joe Biden también anunció una extensión de 18 meses para el TPS de ciudadanos venezolanos, que otorga permisos de residencia y trabajo. Según el Departamento de Seguridad Nacional, esta ampliación se considera “justificada” debido a las crisis políticas y económicas que enfrenta Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, que han contribuido a altos niveles de crimen y violencia. La información fue proporcionada por funcionarios estadounidenses en una rueda de prensa, citada por AFP.

Testimonios de beneficiarios del TPS

Para los beneficiarios del TPS, la extensión representa una oportunidad de estabilidad temporal. José Palma, un salvadoreño residente en Houston desde 1998, explicó que la medida le permitirá seguir trabajando legalmente y enviando apoyo económico a su madre en El Salvador. Palma, quien trabaja como organizador en una organización de jornaleros, indicó que envía alrededor de 400 dólares mensuales a su madre, según relató a AP News.

Mientras tanto, la situación de los migrantes que esperan en la frontera norte de México para ingresar a Estados Unidos mediante citas programadas por la aplicación CBP One sigue siendo difícil. En ciudades como Piedras Negras, enfrentan temperaturas extremas y amenazas de deportación bajo las políticas migratorias propuestas por Trump, informó Reuters.

La extensión del TPS para los salvadoreños y venezolanos refleja los esfuerzos de la administración saliente de Biden para ofrecer protecciones a los migrantes en situación vulnerable, pero también subraya los desafíos que enfrentan estos programas ante los cambios políticos y las condiciones internacionales.

Inició Plazo Para Reinscribirse al TPS

El período de 60 días para reinscribirse culmina el 10 de marzo. Aquí todo lo que debe saber sobre el Estatus de Protección Temporal.

Este miércoles inició un período de reinscripción para beneficiarios del TPS y la abogada Yesenia Iacona, explica cómo es el proceso y quiénes deben hacerlo, además aclara dudas sobre este beneficio.

El gobierno de Estados Unidos anunció el año pasado la extensión, expansión y redesignación de Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses más, a partir del 3 de marzo de 2024, y este miércoles 10 de enero comienza el período de reinscripción.

Los beneficiarios existentes de TPS tienen hasta el 10 de marzo para inscribirse de acuerdo con las fechas publicadas por el Registro Federal de EEUU y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

En esta oportunidad se modificó la fecha límite de permanencia en EEUU hasta el 31 de julio de este año (2023) para quienes deseen solicitar el beneficio.

De esta manera se permite que más personas puedan aspirar al TPS. Se estima que 472,000 venezolanos en EEUU puedan optar a la protección para permanecer legalmente en EEUU.

Los solicitantes de TPS deben demostrar que han estado residiendo continuamente en Estados Unidos hasta el 31 de julio de 2023.

Aquellos que llegaron a EEUU después del 31 de julio de 2023 no son elegibles para esa protección y, de acuerdo a lo que dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, podrían ser expulsados si se determina que no tienen una base legal para quedarse.

FECHAS CLAVE

De acuerdo con el Registro Federal, así quedaron establecidas las fechas y los criterios para quienes desean inscribirse por primera vez o reinscribirse.

Ampliación de Designación de Venezuela para TPS: La extensión de 18 meses comienza el 11 de marzo de 2024 y permanecerá vigente por 18 meses, finalizando el 10 de septiembre de 2025. La extensión afecta a los beneficiarios existentes del TPS y a aquellos que presentaron solicitudes iniciales del TPS vigente para Venezuela desde 2021 y que estaban pendientes hasta este momento.

Reinscripción: El período de reinscripción de 60 días para los beneficiarios existentes bajo el TPS Venezuela 2021 se extiende desde el 10 de enero de 2024 hasta el 10 de marzo de 2024. De acuerdo con el documento del Registro Federal, es importante que los inscritos se vuelvan a registrar oportunamente durante el período de registro y no esperen hasta que expire su Documento de Autorización de Empleo (EAD). Retrasar la reinscripción podría resultar en lagunas en su documentación de autorización de empleo, explica el documento.

Redesignación de Venezuela para TPS (Venezuela 2023): La redesignación de 18 meses de Venezuela para el TPS comienza este 3 de octubre de 2023 y permanecerá en vigor durante 18 meses, finalizando el 2 de abril de 2025. La redesignación afecta a posibles solicitantes por primera vez y a otras personas que actualmente no tienen TPS.

Registro por primera vez: El período de registro inicial para nuevos solicitantes bajo la redesignación del TPS Venezuela 2023 comienza hoy, 3 de octubre de 2023 y permanecerá vigente hasta el 2 de abril de 2025.

¿QUIÉNES DEBEN REGISTRARSE?

USCIS explica en su página web que si actualmente tiene TPS bajo la designación de Venezuela 2021, debe volver a registrarse durante el período de reinscripción de 60 días que se extiende desde el 10 de enero de 2024 hasta el 10 de marzo de 2024.

Si ya solicitó el TPS bajo la designación de Venezuela 2021, pero su solicitud aún estaba pendiente el 3 de octubre de 2023, no necesita presentar una nueva solicitud para volver a registrarse. Si se aprueba el Formulario I-821 pendiente, USCIS aclara que se otorgará el TPS hasta el 10 de septiembre de 2025.

¿QUÉ ES EL TPS?

El TPS o Estatus de Protección Temporal, como su nombre lo indica, es un beneficio migratorio que se otorga de manera temporal. De acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede designar a un país extranjero al Estatus de Protección Temporal (TPS) debido a condiciones en dicho país que impiden a los ciudadanos regresar temporalmente de manera segura, tal como lo señaló este miércoles Mayorkas.

USCIS puede otorgar TPS a los nacionales elegibles de ciertos países (o partes de estos) que ya están en Estados Unidos. Las personas elegibles que no tienen nacionalidad y cuya última residencia fue el país designado, también podrían obtener TPS.

El secretario de DHS podría designar un país al TPS debido a las siguientes condiciones temporales:

Conflicto armado en curso (tal como una guerra civil)
Un desastre natural (tal como un terremoto o huracán) o una epidemia
Otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal.

Entre los beneficios, que explica USCIS en su página web, están que los ciudadanos de los países designados no serán removidos de Estados Unidos, además pueden obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD), pueden obtener una autorización de viaje y una vez se le conceda TPS, tampoco podrá ser detenida por DHS debido a su estatus migratorio en Estados Unidos.

El TPS es un beneficio temporal que no conduce al estatus de residente permanente legal ni confiere ningún otro estatus migratorio, aclara USCIS.

CÓMO SOLICITAR EL TPS

De acuerdo con los criterios generales publicados en USCIS, si va a solicitar el TPS debe presentar el Formulario I-821, Solicitud de Estatus de Protección Temporal, en línea en la página de USCIS.

Al presentar una solicitud de TPS inicial o al reinscribirse al TPS, también puede solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD) mediante un Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo completado, en línea, junto con su Formulario I-821.

Si está realizando su solicitud inicial de TPS, debe presentar:

Evidencia de identidad y nacionalidad
Evidencia de fecha de entrada a EEUU
Evidencia de residencia continua.
Cualquier documento que no esté en inglés debe ir acompañado de su traducción completa al inglés.

El costo del trámite varía dependiendo de la edad del solicitante y el proceso que quiera hacer. Aquí los detalles:

Proceso Edad del solicitante Tarifa del Formulario I-821 Servicios biométricos Tarifa del Formulario I-765 Total
Solicitud inicial y permiso de trabajo Menor de 14 años $50.00 $0.00 $0.00 $50.00
Entre 14 y 65 años $50.00 $85.00 $410.00 $545.00
Mayor de 66 años $50.00 $85.00 $0.00 $135.00
Solicitud inicial sin permiso de trabajo Menor de 14 años $50.00 $0.00 No aplica $50.00
Mayor de 14 años $50.00 $85.00 No aplica $135.00
Reinscripción al TPS y permiso de trabajo Menor de 14 años $0.00 $0.00 $410.00 $410.00
Mayor de 14 años $0.00 $85.00 $410.00 $495.00
Reinscripción al TPS sin permiso de trabajo Menor de 14 años $0.00 $0.00 No aplica $0.00
Mayor de 14 años $0.00 $85.00 No aplica $85.00

¿QUIÉNES NO PUEDEN OPTAR AL TPS?

Aquellos que llegaron a EEUU después del 31 de julio de 2023 no son elegibles para esa protección. De acuerdo con lo publicado por USCIS, no son elegibles para esta protección temporal, quienes hayan sido condenados por cualquier delito grave o dos o más delitos menores cometidos en Estados Unidos; quienes hayan sido declarados inadmisibles como inmigrantes por motivos penales y otros relacionados con la seguridad. Están sujetos a cualquiera de las prohibiciones obligatorias de asilo. Estos incluyen, entre otros, participar en la persecución de otro individuo o participar o incitar a actividades terroristas.

No cumplir con los requisitos de presencia física continua y residencia continua en Estados Unidos es otro de los criterios para no ser elegibles, al igual que no haber cumplido con el registro inicial de TPS en las fechas establecidas o si se le concedió el TPS, pero no volvió a registrase en las fechas establecidas, sin poder justificar una buena causa.

Gobierno Publica Ampliación Para el TPS

La extensión beneficia a ciudadanos de países como El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua, también Nepal y Sudán

Si cuentas actualmente con un permiso de TPS que te permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, hay una buena noticia podrías estar en la lista de países a los que el gobierno federal concedió una ampliación para el periodo de reinscripción.

El Departamento de Seguridad Nacional reiteró en su publicación oficial, el anuncio hecho en septiembre pasado sobre la extensión del periodo de reinscripción de TPS a los países beneficiarios.

Es decir, el periodo de registro no se sujetará a los 60 días anteriores, ahora se extiende por los 18 meses que dure el permiso.

El Salvador está abierto actualmente y se extiende ahora hasta el 9 de marzo de 2025;
Haití está abierto actualmente y se extiende ahora hasta el 3 de agosto de 2024;
Honduras está abierto actualmente y se extiende hasta el 5 de julio de 2025;
Nepal está abierto actualmente y se extiende hasta el 24 de junio de 2025;
Nicaragua está abierto actualmente y se extiende hasta el 5 de julio de 2025; y
Sudán está abierto actualmente y extiende ahora hasta el 19 de abril de 2025.
Extender el periodo de reinscripción permitirá que los beneficiarios actuales de TPS presenten el Formulario I-821, Solicitud de Estatus de Protección Temporal, en cualquier momento durante las extensiones completas de las designaciones del TPS de estos seis países. Estas personas también pueden presentar el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, para obtener un Documento de Autorización de Empleo (EAD).

Con esto entra en vigor el anuncio hecho en junio pasado, el secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas quien canceló los 60 días de reinscripción anteriores y lo extendió a los 18 meses que dura el permiso.

Para más información sobre USCIS y sus programas, por favor, visite uscis.gov

Estados Unidos Extiende el TPS

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó este martes en un comunicado que decidió extender por 18 meses el denominado Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, y que –además– rescindió la decisión del Gobierno de Donald Trump de acabar con las protecciones temporales para estos países.

El TPS es un beneficio migratorio temporal que estableció el gobierno de Estados Unidos para las personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura, ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal.

Los beneficiarios del TPS, así como las personas que son elegibles durante la revisión inicial de sus casos, no son deportados de EE.UU. y tampoco detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional. Los beneficiarios también pueden buscar trabajo en EE.UU. mediante el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) y obtener autorización para viajar.

Más de 260,000 inmigrantes con TPS en riesgo de deportación tras colapso en negociación con gobierno de Biden

Tras casi un año y medio de negociaciones entre el gobierno y un grupo de demandantes integrado por beneficiarios del Programa de Estatus de Protección Temporal, las conversaciones de conciliación de desmoronaron el martes dejando a más de 260,000 indocumentados protegidos por razones humanitarias al borde de la deportación de EEUU.

Tras 16 meses de negociaciones entre el gobierno de Joe Biden y un grupo de demandantes integrado por beneficiarios del Programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus hijos ciudadanos estadounidenses, las conversaciones de conciliación de desmoronaron el martes dejando a unos 260,000 inmigrantes al borde de la deportación de Estados Unidos.

“Cientos de miles de personas han tenido protección humanitaria en Estados Unidos durante más de dos décadas”, dijo EmicMacLean, abogada sénior de la Union Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del norte de California que representa a los demandantes.

“Que corran el riesgo de ser arrancados de sus comunidades y familias es cruel e injusto. El presidente Biden debe actuar de inmediato para deshacer la eliminación racista de TPS de Trump y garantizar la protección de los titulares de TPS”, agregó.

MacLean dijo además que “los titulares de TPS y sus familias no deberían estar en el limbo ni un día más”.

El programa humanitario otorga un amparo de deportación y una autorización de empleo temporal renovable cada dos años mientras dura la protección, hasta el 31 de diciembre de 2022.

Historia de las negociaciones

En junio de año pasado los equipos legales que representan a los demandantes y al gobierno de Biden en el caso denominado ‘Ramos v. Mayorkas’, solicitaron oficialmente una moción conjunta para ingresar al Programa de Mediación de la corte de Apelaciones del 9º Circuito.

“Esto significa que la Administración de Biden ahora entrará oficialmente en negociaciones para llegar a un posible acuerdo con los demandantes y resolver la demanda que comenzó después de que la administración de Donald Trump intentara terminar, en 2018, el TPS de varios países, amenazando con despojar a más de 400,000 beneficiarios de su estatus legal”, dijo en esa ocasión el National Day Laborer Organizing Network (NDLON).

NDLON dijo además que “necesitamos que la Administración Biden continúe re-designando el estatus de TPS y expandiendo el programa a todas las comunidades de migrantes que necesitan ayuda inmediata en estos momentos de crisis sin precedentes” y que a medida que comenzamos a discutir un posible acuerdo, continuaremos presionando por re-designaciones para los centroamericanos, como los hondureños, que continúan huyendo de condiciones inestables como causa de los recientes huracanes catastróficos y una crisis política en curso”.

Fracasaron las negociaciones

Este miércoles ACLU dijo que las conversaciones de conciliación “colapsaron oficialmente ayer por la tarde, dejando a más de 260,000 personas en riesgo de deportación”.

La demanda fue presentada por primera vez en 2018 después de que Trump revocara las protecciones para personas de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán y, más tarde, para Nepal y Honduras. Aunque desde entonces la administración Biden ha re-designado el estatus de Haití y Sudán, la Casa Blanca no ha extendido las mismas protecciones para los otros cuatro países, situación que genera honda preocupación.

A través de la demanda de Ramos v. Mayorkas, los titulares de TPS y sus hijos ciudadanos estadounidenses obtuvieron un alivio temporal en octubre de 2018, cuando un juez de un tribunal de distrito federal dictaminó que las terminaciones del programa hechas por Trump eran “ilegales” y motivadas por intenciones “racistas”.

Sin embargo, explica ACLU, en septiembre de 2020 un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito revocó la orden del tribunal inferior. “Esa decisión aún no es definitiva porque la solicitud de los demandantes de una nueva audiencia ante el Noveno Circuito en pleno sigue pendiente”, indicó.

El fallo de octubre de 2028

A principios de octubre de 2018 el juez de distrito Edward Chen, de la Corte de Distrito del Norte de California en San Francisco, bloqueó la decisión tomada por el gobierno de Trump de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite que miles de inmigrantes vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos.

Chen aseguró en el fallo que la cancelación de los programas podría causar «un daño irreparable y grandes adversidades» a los beneficiarios. La decisión liberó de la deportación a más de 300,000 inmigrantes originarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. La medida no incluyó en ese momento a Honduras.

La sentencia planteó que el gobierno de Trump falló al demostrar qué daño pueden causar los nacionales de estos países que incluso han permanecido en Estados Unidos por más de 20 años. El dictamen fue el resultado de una demanda colectiva presentada en marzo de ese año por nueve inmigrantes de los esos países y cinco niños estadounidenses. En ella argumentaron que el presidente Donald Trump hizo declaraciones con prejuicios raciales que pudieron llevar a la cancelación del TPS, siendo esto algo que prohíbe la Constitución.

Clima de indignación

Luego del colapso en las negociaciones el martes, las reacciones de indignación no se hicieron esperar. “Estamos profundamente decepcionados de que la Administración de Biden haya optado por defender las decisiones de despido de la era Trump, poniendo así a cientos de miles de familias en riesgo de separación”, dijo Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que representa a los demandantes.

“Le hemos pedido a la Corte de Apelaciones del 9º Circuito en pleno que dictamine que esos despidos fueron ilegales. Esto es lo que la ley claramente requiere”, agregó.

También acusan a Biden de incumplir promesas de campaña. “Al no volver a designar el TPS para proteger a cientos de miles de centroamericanos y nepalíes, el presidente Biden está haciendo lo contrario de lo que prometió hacer con las familias migrantes”, dijo Erasmo Ramos, un inmigrante hondureño titular del TPS y líder de la Alianza Nacional del TPS.

“En cambio, está respaldando las políticas antiinmigrantes de Trump, despojando a los inmigrantes de protección y negando nuestros derechos”, apuntó.

El rompimiento de las negociaciones se da a menos de tres semanas de las elecciones de medio término donde los electores saldrán a las urnas para elegir un nuevo Congreso. “Si la decisión del panel de tres jueces se mantiene y Biden no actúa con decisión, los titulares de TPS de estos países podrían perder la protección a finales de este año”, advirtió la ACLU.

La designación de los TPS de Honduras y Niracagua fue en respuesta al paso del huracán Mitch en Centroamérica en oct ubre de 1998. El de El Salvador fue decretado por razones humanitarias tras los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001, mientras que el amparo de deportaciones a Haití respondió al sismo de enero de 2010 que destruyó gran parte de Puerto Príncipe, la capital.

“El hecho de que la administración no haya llegado a un acuerdo para resolver nuestro caso es desgarrador para todos nosotros. Pero no abandonaremos la lucha para mantener a nuestras familias seguras y unidas”, dijo Elsy Flores de Ayala, demandante en el litigio de Ramos que ha tenido TPS por más de 20 años.

Fuente: JORGE CANCINO