Venezuela Insiste en Tomar Territorio de Guyana

Las autoridades electorales venezolanas oficializaron el lunes que fueron aprobadas por abrumadora mayoría las cinco preguntas de un referendo convocado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para reclamar soberanía sobre una gran franja de la vecina Guyana, argumentando que el territorio rico en petróleo y minerales fue robado cuando se trazó la frontera hace más de un siglo.

Guyana considera que el referendo es un paso de Venezuela hacia la anexión y que la votación tiene nerviosos a sus habitantes.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) notificó al mandatario venezolano que, tras el escrutinio de 98,16% de los votos, el “sí” se impuso por abrumadora mayoría en las cinco preguntas planteadas en el referendo. Cada una de ellas con más del 95% de los votos.

En la consulta, se preguntaba a los venezolanos si apoyaban el establecimiento de un nuevo estado en el territorio en disputa, conocido como Esequibo, en el que Venezuela otorgará ciudadanía a los residentes actuales y futuros. Esa postura rechazaba a la jurisdicción del máximo tribunal de Naciones Unidas para resolver el desacuerdo entre los dos países sudamericanos.

No está claro cómo pretenden las autoridades venezolanas concretar la idea de ejercer jurisdicción sobre ese territorio una vez lo declare parte de Venezuela, actualmente conformada por 23 estados y un distrito capital.

“Este referendo es vinculante y acató el mandato del pueblo”, apeló el mandatario. Y, adelantó, “ése es el rumbo como jefe de Estado” que “tomaré en todas mis acciones y en todas nuestras acciones de aquí en adelante”, dijo Maduro durante su intervención en la ceremonia.

Las implicaciones prácticas y jurídicas del referendo siguen sin estar claras.

Maduro manifestó que fue “una participación histórica para un referendo, que está superando el 51%” cuando todavía falta actas de votación por procesar, indicó.

Pese a que en los comicios la concurrencia de electores pareció muy escasa, Elvis Amoroso, presidente de la directiva del CNE, destacó que en el referendo participaron más de 10,4 millones de venezolanos de los 20,6 millones mayores de 18 años, inscritos dentro del país, que eran elegibles para votar.

En la víspera, Amoroso no dejó claro si la cifra anunciada entonces —ligeramente inferior a la actual y sin dar detalles tales como el porcentaje de abstención— efectivamente era reflejo del número de electores que fueron a sufragar o si se refería a cinco votos por cada persona, dadas las preguntas que debía responder cada elector.

Durante toda la jornada electoral se podían ver filas no mayores a tres decenas personas y en algunos de ellos los electores pasaban directo a las mesas vacías, en contraste de otros procesos cuando desde las primeras horas de la mañana cientos de personas se aglomeraban para sufragar.

Esa situación llamó la atención de simpatizantes y militantes del partido de gobierno.

Entre ellas, Ángela Albornoz, de 62 años, integrante de las organizaciones de base del partido gobernante conocidas como “jefes y jefas de comunidad”. Dijo a la AP que calculaba que entre 23% y 24% del total de electores acudió a su centro de votación en el oeste de Caracas. Ese cálculo sobre la participación estaba por debajo de sus expectativas sobre todo considerando que se trataba de un proceso que convocó a todos los venezolanos “sin importar el color” político.

Venezuela y Guyana se disputan el denominado Esequibo, un territorio continental de unos 159.500 kilómetros cuadrados (61.600 millas cuadradas) que los venezolanos reclaman como suyo desde 1897, puesto que esa región estaba bajo su jurisdicción durante la colonia española.

El gobierno del presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, catalogó el referendo como una “amenaza existencial” ideada para allanar el camino hacia la anexión de dos terceras partes de su país y pidió a la CIJ en noviembre que emitiera urgentemente una serie de órdenes, siendo una de ellas la de detener el referendo y eliminar tres de las cinco preguntas.

Venezuela saludó que la Corte en su dictamen del viernes pasado no fue determinante respecto al referendo, pero insistió en que no reconoce al máximo tribunal de Naciones Unidas como medio de resolución de la disputa. Esa postura, establecida en unas de las preguntas, fue respaldada por los electores, con el 96,31% de los votos.

Maduro insiste en la postura histórica de Venezuela de resolver el litigio mediante negociaciones en el marco del llamado Acuerdo de Ginebra suscrito con Reino Unido el 17 de febrero de 1966, justo 98 días antes de lograr su independencia. En ese entonces, Londres reconoció el reclamo de Venezuela, abriendo la posibilidad de encontrar un arreglo diplomático y satisfactorio para las partes.

En 2018, Guyana inició una demanda ante la CIJ para que ratifique el fallo de 1899, cuando Guyana era una colonia británica en la región. En abril, la Corte emitió una sentencia contra Venezuela y se declaró competente para seguir con el caso.

Otorgarána 472 Mil Venezolanos Permiso de Trabajo y Residencia

Los venezolanos elegibles para la reasignación del TPS por 18 meses son aquellos que permanecen en EE.UU. desde antes del 31 de julio de 2023, que se estima son unos 472.000.

Estados Unidos anunció este miércoles (20.09.2023) que permitirá que 472.000 venezolanos puedan acogerse durante 18 meses a un amparo migratorio que les otorga permiso de residencia y trabajo.

El gobierno del presidente Joe Biden prolongó y reasignó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que se encuentren en el país desde antes del 31 de julio de 2023, informó este miércoles el Departamento de Seguridad Interior (DHS).

El secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas tomó la decisión «debido a la creciente inestabilidad y falta de seguridad en Venezuela», añadió.

Hay unos 242.700 beneficiarios del TPS bajo la designación existente y gracias a la reasignación alrededor de 472.000 venezolanos adicionales podrían pedir este amparo, precisó en un comunicado.

El programa fue establecido por el Congreso para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.

Estados Unidos considera fraudulenta la reelección de Maduro en 2018 y designó por primera vez a Venezuela para el TPS en 2021.

El TPS «brinda a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos protección contra la expulsión cuando las condiciones en su país de origen impiden su regreso seguro», declaró Mayorkas, citado en el texto.

«Es la situación en la que se encuentran los venezolanos que llegaron aquí el 31 de julio de este año o antes» pero «es fundamental que los venezolanos comprendan que aquellos que llegaron aquí después del 31 de julio de 2023 no son elegibles para dicha protección», advierte.

«Serán expulsados si se determina que no tienen una base legal para quedarse», añade.

Crisis sin precedentes de solicitantes de asilo

Los solicitantes de TPS bajo la nueva designación deben demostrar que son ciudadanos venezolanos (o personas sin nacionalidad con última residencia habitual en Venezuela), que han vivido continuamente en Estados Unidos desde el 31 de julio de 2023 y que cumplen con otros criterios que se detallarán próximamente, informa el gobierno.

El presidente demócrata Joe Biden llevaba semanas bajo presión, primero de varias ciudades como Nueva York abrumadas por la cantidad de mcrisis sin precedentes.igrantes que llegan, muchos de ellos venezolanos.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, pidió en agosto al gobierno federal que acelere los permisos de trabajo.

Y es que con más de 100.000 solicitantes de asilo llegados desde abril del año pasado, la ciudad, obligada por ley a proporcionar un techo a todo el que lo solicite, se enfrenta una crisis sin precedentes.

Además, en julio una veintena de senadores, todos ellos demócratas menos uno, pidieron a Biden que reasigne el TPS a venezolanos y nicaragüenses.

Los senadores acusan al gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro de abusos de los derechos humanos, de haber encarcelado «a unos 245 presos políticos» y de inhabilitar a opositores políticos para que no puedan presentarse a las elecciones.

La situación entre Estados Unidos y el gobierno venezolano es tensa pero desde hace un tiempo Washington se ha mostrado dispuesto a levantar de manera progresiva las sanciones financieras que impuso al país si toma medidas que conduzcan a elecciones libres y justas el año que viene.

Llegan Primeros Venezolanos con Nuevo Programa Migratorio

Adicionalmente, anunciaron que esta nueva medida ha disminuído el paso ilegal por la frontera en un 85%.

Cuatro venezolanos llegaron a aeropuertos estadounidenses bajo el nuevo proceso migratorio anunciado el 12 de octubre, que permite la migración legal y segura con el propósito de detener el cruce ilegal por la frontera.

El Departamento de Seguridad Nacional o (DHS) por sus siglas en inglés, publicó un comunicado para aquellas personas que deseen aplicar a esta nuevo proceso, ya que se aprobarán 24,000 permisos.

Adicionalmente, anunciaron que esta nueva medida ha disminuído el paso ilegal por la frontera en un 85%.

«Aunque todavía está en sus primeros días, este proceso ya ha reducido las entradas irregulares de venezolanos en nuestra frontera en más de un 85%, lo que demuestra que cuando hay una manera legal y ordenada, la gente estará menos inclinada a poner la vida en manos de los contrabandistas,» dice el comunicado.

También aprovecharon para recordarle a cualquier persona que intente cruzar la frontera ilegalmente que serán devueltos a México de manera inmediata y no podrán optar por un proceso legal en Estados Unidos en un futuro.

«A medida que este proceso avanza, Estados Unidos y México también continúan reforzando sus operaciones coordinadas de aplicación de la ley para atacar a las organizaciones de contrabando de personas y llevarlas ante la justicia,» añadió.

Migrantes Venezolanos se Quedan en México

Tras cruzar la peligrosa selva del Darién y Centroamérica, el camino de las caravanas provenientes de Venezuela se ve interrumpido ante el nuevo marco migratorio de Estados Unidos

“Preferiría cruzar la selva 10 veces antes que volver a tener que pasar por México”, dicen al unísono varios miembros de la familia Palmar Hernández. Son 24 personas -18 adultos y seis niños- que salieron de Caracas el 1 de septiembre huyendo de la falta de oportunidades y la persecución política por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, explica Darío, de 25 años, elegido portavoz familiar. “Pasamos el Darién rápido. Panamá y Costa Rica también. Pero llevamos un mes aquí en México. Si no nos hubieran detenido en Arriaga (Chiapas), ya estaríamos en Estados Unidos. Ahora ya no sabemos si vamos a poder entrar”, se lamenta, pensando en el acuerdo entre el Gobierno estadounidense y el mexicano, anunciado el martes pasado y con efecto inmediato, que ha cerrado la puerta a cualquier venezolano que entre de manera irregular por la frontera Sur. A cambio, el gobierno estadounidense se comprometió a abrir su territorio a un cupo inicial de 24.000 venezolanos, siempre que lleguen en avión y previa solicitud.

Como consecuencia de la variedad de fuentes de información que manejan -mayoritariamente las redes sociales, algún medio de comunicación, prácticamente ningún ente oficial-, reina la incertidumbre entre migrantes, como los Palmar Hernández, acerca del nuevo destino que les depara cuando atraviesen la frontera de Estados Unidos, si lo consiguen. Muchos continúan el camino hacia “arriba”, hacia el Norte, a pesar de las dudas; otros están a la espera. No obstante, hay dos cosas en común todos: no tienen voluntad -o capacidad, pues han invertido todo lo que tienen y más para hacer el viaje- de dar marcha atrás y tampoco confían en las autoridades migratorias mexicanas, por el maltrato constante que aseguran haber recibido, así como las extorsiones recurrentes.

En Chiapas, Estado mexicano fronterizo con Guatemala, una caravana de venezolanos avanzaba por una autopista con la misma obstinada esperanza de llegar a Estados Unidos. Soportando el sol y custodiado por un patrullero de la Guardia Nacional, Sandy Araujo, de 22 años, dijo a AFP que la medida debió informarse con anticipación a migrantes como él, que llevan semanas de penoso camino. “Es injusto porque ya muchos venimos cansados, agotados, buscando pasar, entonces nos dan esta noticia y en verdad que es bastante duro (…) Pero seguimos para adelante”, subrayó, dejando claro, al igual que tantos de sus compatriotas, que sigue considerando que su paso por México será transitorio.

Aunque el número exacto es imposible de saber, precisamente por el estatus irregular de la mayoría, hay miles de personas provenientes de Venezuela atascadas en México. Basándose en el flujo que se ha registrado recientemente en etapas anteriores de la ruta o en los encuentros con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, es posible hacerse una idea de la situación.

En agosto, 30.000 migrantes, 23.000 de ellos venezolanos, cruzaron el Tapón del Darién -la inhóspita selva que separa Colombia de Panamá-, y la tendencia al alza a lo largo del año apunta a que en septiembre el número habría sido mayor. Es lógico que muchos de ellos estén en territorio mexicano ahora. Asimismo, según los datos del Gobierno estadounidense, en agosto hubo 25.349 encuentros con migrantes venezolanos en la frontera sur, y ha habido un aumento paulatino mes a mes. Por lo tanto, a pesar de que es imposible calcular de manera certera el número de migrantes “en tránsito” por México en cualquier momento puntual, se puede hablar con confianza de “miles”.

Unos 250 de ellos estaban este viernes en la Terminal Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México, en la cual no había espacio sin un cuerpo recostado sobre el ventanal que sirve de fachada. Su ligero equipaje y caras de angustia delataban su condición de migrantes. Entre los cuerpos agotados y grupillos de niños jugando había recuerdos del Darién en la forma de piernas repletas de picaduras. Otra pista de su situación eran las conversaciones que esparcían rumores de un inminente comunicado de Joe Biden dirigido a ellos para decirles que se retrasaría la entrada en vigor del nuevo decreto para permitirles ingresar.

Entre todos, con las miradas perdidas, estaban Ruth, 33 años, y José Luis, 29, que prefieren no dar su apellido por temor a las autoridades migratorias. Emprendieron hace un mes el camino desde San Cristóbal, Táchira, con sus cuatro hijos -de dos, seis, 14 y 16 años- y llevan 15 días en México. “Nos agarró la migración y nos dijeron mentiras: que nos iban a dar un permiso para poder seguir viajando, por los niños. Pero en eso nos llevaron a un refugio, el Siglo XXI, si es que se puede llamar así, porque es un sitio inhumano, una cárcel prácticamente”, cuenta Ruth. “Tampoco nos dieron nunca el permiso y, en cambio, nos obligaron a firmar un oficio de salida en el que, según ellos, voluntariamente pedimos salir por la frontera con Guatemala. Pero nosotros vamos hacia el Norte, no nos interesa quedarnos en México”, completa, José Luis.

Diferentes versiones de estos testimonios se repiten en cada caso. Los escucha prácticamente todos los días July Rodríguez, inmigrante establecida en México que gestiona la fundación Apoyo a Migrantes Venezolanos, que asesora a los migrantes en asuntos legales de manera gratuita y personalizada. “Cuando llegan a Tapachula o a otro punto del sur, les dan una forma migratoria que supuestamente les permite siete días de estancia en el país, 11 días si tienen niños. Pero eso en realidad no es válido porque desde enero solicitan visa a los venezolanos en México, así que más adelante, si los detiene Migración, les rompen ese papel y los devuelven. Entonces les dan el oficio de salida, que los obliga a salir por la frontera sur”, explica Rodríguez, que este viernes estaba intentando que algunos migrantes se trasladaran a la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México, donde deberían recibir atención. Pero apenas un puñado de migrantes la acompañaron; la mayoría optó por quedarse en la estación, esperando.

Las razones de la espera varían. Algunos aguardan ese anuncio, prometido por una fuente desconocida, del presidente de los Estados Unidos; otros esperan recibir más dinero para comprar el siguiente pasaje de bus al norte. Otros, ante la mirada cada vez más atenta de policías uniformados, se apresuran para comprarlo y salir de su alcance, a pesar de los alrededor de 3.000 pesos que cuesta. “Le han subido, porque saben que estamos desesperados”, comentan algunos.

A lo largo del viaje, los migrantes han aprendido a no confiar en nadie, salvo en aquellos con los que han viajado hombro con hombro, pues a veces son familia y en otras ocasiones la experiencia les ha convertido en prácticamente lo mismo, aseguran. Pero en este momento se tienen que aferrar a algo, así que mantienen la esperanza de que por lo menos a ellos, los que ya están en el camino, les abran la puerta antes de cerrarla del todo. “Lo peor es que los que están en la selva ahora todavía no saben lo que les espera”, expresa un miembro del clan Palmar Hernández, reflejando el hastío generalizado.

Reinicia Registro de Renovaciónd e Asilo Para Venezolanos

Permisos de trabajo fueron renovados automáticamente hasta septiembre de 2023.

Este viernes 9 de septiembre se vence el plazo de aplicación para el TPS para los venezolanos.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó en el «Federal Register» la normativa sobre cómo los ciudadanos venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal se pueden registrar nuevamente para mantener su TPS y, además, cómo renovar el permiso de trabajo.

El gobierno del presidente Biden reiteró que solo los venezolanos que estaban presentes en el país antes del 21 de marzo de 2021 podrán registrarse de nuevo para esta extensión que irá hasta marzo del 2024.

El período de registro irá entre este 8 de septiembre y el 7 de noviembre próximo.

Las autoridades de inmigración recordaron que todo ciudadano venezolano que arribó al país después del 8 de marzo de 2021 no es elegible para el beneficio del TPS.

Otro de los temas que advierten las autoridades de seguridad nacional es que por temas de tiempo en los trámites es posible que los actuales beneficiarios de TPS no reciban su renovación del permiso de trabajo, por lo que la normativa expedida este miércoles extiende la validez automáticamente hasta septiembre de 2023.

Actualmente hay 111,700 ciudadanos venezolanos beneficiarios de TPS de un total de 323,000 que USCIS estima quen podrían calificar para recibirlo.

Sacar pasaporte y otros documentos será más expeditos.

USCIS dijo que continuará procesando las solicitudes pendientes presentadas bajo la designación inicial de TPS para venezolanos. Las personas con un Formulario I-821 de Solicitud de Estatus de Protección Temporal (TPS) pendiente, o un Formulario I-765 relacionado a la Solicitud de Autorización de Empleo (EAD), no necesitan volver a presentar ninguna de las solicitudes.

La autoridad migratoria explica que si aprueban un formulario I-821 o un formulario I-765 presentado bajo la designación inicial de TPS para Venezuela, se otorgará el TPS individual hasta el 10 de marzo de 2024 y emitirá un nuevo permiso de empleo válido hasta el 10 de marzo de 2024.

EEUU Cambia Políticas Contra Venezuela

Un funcionario del gobierno de Biden dijo que la medida es en respuesta a las conversaciones que están teniendo lugar entre representantes de Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó.

Estados Unidos anunció este martes el levantamiento de algunas de sus sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas el permiso a la petrolera estadounidense Chevron para conversar con la estatal PDVSA, para tratar de reactivar el diálogo entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro.

«Quiero aclarar que el gobierno hace esto en respuesta a las conversaciones que están teniendo lugar entre el régimen y el Gobierno interino (de Juan Guaidó)», explicó este martes un funcionario de alto nivel de la Administración estadounidense, quien pidió el anonimato, durante una llamada con periodistas, a la espera de que se haga el anuncio formal en las próximas horas.

«Todo esto responde a una petición del Gobierno interino», enfatizó el estadounidense, «y es resultado de un acuerdo de ambas partes para volver a las conversaciones, que deberían anunciar muy pronto».

Las conversaciones que la oposición venezolana -agrupada bajo el nombre de Plataforma Unitaria- y representantes del gobernante, Nicolás Maduro, estaban teniendo en Ciudad de México se suspendieron el pasado octubre tras la extradición a Venezuela del supuesto testaferro de Maduro, Alex Saab.

Sobre el levantamiento de la prohibición de negociar entre Chevron y PDVSA, el funcionario aclaró que la decisión permite a ambas compañías petroleras «hablar», pero en ningún caso explotar o comerciar con crudo venezolano, por lo que no supondrá «ningún aumento de los ingresos del régimen».

La fuente apuntó también que el anuncio está completamente desligado de la polémica por el anuncio del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de que no asistirá a la Cumbre de las Américas si EEUU no invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela a participar.

El lunes, el Gobierno de Biden anunció otro cambio de postura respecto a uno de estos tres países al permitir la vuelta de todos los vuelos comerciales entre el país y Cuba, muchos de los cuales habían sido suspendidos durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021), entre otros cambios.

La Cumbre de las Américas se celebrará en Los Ángeles (California) del 6 al 10 de junio, la primera vez que es organizada por EEUU desde la edición de 1994.

Cerca de 250,00 Venezolanos Pidieron Asilo

Las autoridades consulares de Venezuela en EEUU informaron que 237,500 venezolanos solicitaron el TPS y el 78.36% aún espera respuesta a su petición, al tiempo que enfatizaron la necesidad de que el gobierno estadounidense renueve el alivio migratorio por 18 meses más.

El embajador venezolanos en Washington, Carlos Vecchio, dijo que las razones que motivan la vigencia del Estatus de Protección Temporal (TPS) para sus compatriotas que ya se encuentran en Estados Unidos siguen vigentes debido a la “emergencia humanitaria compleja generada por la dictadura de Nicolás Maduro”.

“Por más que algunos sectores afines al régimen o interesados en establecer negocios con Maduro traten de vender una falsa realidad de que ‘Venezuela se arregló’, la verdad es que millones de venezolanos no tienen acceso a dólares, el 94% vive en condiciones de pobreza de acuerdo al último estudio ENCOVI de la Universidad Católica, y por ende no tienen acceso a comida, un sistema de salud y educativo adecuado, ni servicios como agua y electricidad”, dijo.

Esa situación impulsa la emigración que se prevé aumente a siete millones de venezolanos en 2022, aseguró durante el evento “IV Mega Cumbre de Inmigración y Más”, realizado por la organización Casa Venezuela Orlando, en Florida, el domingo.

Vecchio, citando cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), detalló que de un total de 323,000 venezolanos posibles beneficiarios del TPS, hasta la fecha ya han aplicado 237,500 y de este universo, 51,295 solicitudes fueron aprobadas (21.59%), mientras que 186,115 aún están pendientes de respuesta (78.36%) y 90 fueron rechazadas (0.03%).

El TPS permite residir y trabajar legalmente en el país por un periodo de tiempo determinado a las personas beneficiarias de este alivio migratorio que no pueden regresar a su nación de origen debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.

La fecha tope para solicitar el TPS vence el próximo 9 de septiembre de 2022, después de que el gobierno estadounidense concedió una extensión.

El diplomático resaltó la necesidad de que el alivio migratorio sea renovado por 18 meses más y reiteró que en este nuevo periodo de protección se evalúe incluir a los venezolanos que llegaron a Estados Unidos hasta el 31 de diciembre de 2021.

Explicó que “hemos entrado ya en conversaciones directas con la administración para que este beneficio se pueda extender por año y medio más. Estas solicitudes deben hacerse con 60 días de antelación y la hemos hecho seis meses antes”.

¿Qué hacer si no recibe respuesta?

La embajada recomienda a quienes aún no reciben respuesta sobre su solicitud del TPS contactar a USCIS y hacer una consulta del estatus de su caso a través del número (800)375-5283 o, preferiblemente, a través del sitio web del servicio de inmigración, en la sección caso fuera de tiempos de procesamiento. La respuesta habitualmente dura 30 días.

En caso de no tener respuesta efectiva pasado los 30 días, pueden acudir al Ombudsman. Para ello se ingresa a la web https://www.dhs.gov/case-assistance y se solicita apoyo para revisar su caso ante USCIS. Para este paso no hay tiempo definido de respuesta, pero le emitirán un acuse de recibo a su correo electrónico cuando ellos hayan contactado al servicio de inmigración por su caso.

Ante cualquier inquietud u orientación, las personas pueden contactar al equipo consular de la embajada a través del correo electrónico

Venezuela Libera Estadounidenses

La liberación de Gustavo Cárdenas, un ejecutivo en la filial estadounidense de la empresa petrolera estatal venezolana, y de Jorge Alberto Fernández, sucedió luego de que los funcionarios de Biden avanzaran en una distensión de relaciones con Venezuela, que ha sido un firme aliado de Rusia.

El gobierno autoritario de Venezuela liberó el martes al menos a dos estadounidenses que estaban presos, , un posible punto de inflexión en la relación del gobierno de Biden con el aliado más incondicional de Rusia en el hemisferio occidental.

La liberación se produjo luego del inusual viaje de una delegación estadounidense de alto nivel a Venezuela durante el fin de semana pasado para reunirse con el presidente Nicolás Maduro, una acción que forma parte de un esfuerzo más amplio para impulsar la agenda del gobierno estadounidense en países autocráticos que pueden estar reconsiderando sus vínculos con el presidente Vladimir Putin, tras la invasión de
Rusia a Ucrania.

Las conversaciones con Venezuela, un país con enormes reservas comprobadas de petróleo, adquirieron una gran premura después de que el presidente Biden anunciara el martes que Estados Unidos prohibirá las importaciones de petróleo y gas rusos debido a la invasión. Se espera que esa medida reduzca aún más la disponibilidad de petróleo crudo en el mercado mundial y podría aumentar los precios de la gasolina en un momento en el que la inflación ha subido al ritmo más rápido en los últimos 40 años.

“Este es un paso que estamos tomando para infligir más daño a Putin, pero también habrá costos aquí, en Estados Unidos”, dijo el presidente de Estadoss Unidos, Joe Biden.

Funcionarios estadounidenses dijeron que la liberación de prisioneros no formaba parte de un acuerdo con Venezuela para reiniciar las ventas de petróleo a Estados Unidos, que fueron prohibidas durante el gobierno de Donald Trump. Durante semanas, empresarios estadounidenses que han trabajado en Venezuela han tenido conversaciones informales con el gobierno de Maduro sobre la reanudación del comercio de petróleo de Estados Unidos.

Con el tiempo, Venezuela podría ayudar a compensar el déficit causado por la prohibición al petróleo ruso. Pero los expertos de la industria advirtieron que los suministros de petróleo de Venezuela harían poco para controlar rápidamente los precios de la gasolina estadounidense y la inflación. Aumentar la producción de ese país puede llevar tiempo después de años de mala gestión y una falta de inversión que han diezmado al sector energético del país.

Destacados miembros del Congreso estadounidense también se han manifestado en contra de los intentos por descongelar las relaciones con Maduro, cuyo gobierno ha sido acusado por las Naciones Unidas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

“Nicolás Maduro es un cáncer para nuestro hemisferio y no deberíamos insuflarle nueva vida a su reinado de torturas y asesinatos”, dijo Bob Menendez, senador demócrata por Nueva Jersey que lidera el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en un comunicado emitido el lunes.
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Los hombres liberados son Gustavo Cárdenas, un ejecutivo de la sucursal estadounidense de la petrolera estatal de Venezuela que fue detenido en 2017, y Jorge Alberto Fernández, dijo Biden en un comunicado. .

“Estos hombres son padres que perdieron tiempo valioso con sus hijos y con todos los que aman y sus familias han sufrido cada día de su ausencia”, dijo, y añadió: “También recordamos los nombres y las historias de todos los estadounidenses que están siendo retenidos en contra de su voluntad: en Venezuela, en Rusia, en Afganistán, Siria, China, Irán y en otro lugares por todo el mundo”.

Fernández, un turista cubanoamericano, fue acusado de terrorismo por llevar un dron a Venezuela en febrero de 2021, según su abogado.

Al menos otros ocho nacionales estadounidenses siguen encarcelados en Caracas por cargos que van desde malversación de fondos hasta terrorismo.

El propósito de la visita de los funcionarios estadounidenses a Caracas, la capital venezolana, fue discutir la “seguridad energética” y el estado de los estadounidenses encarcelados, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una conferencia de prensa.

Maduro dijo que recibió a la delegación estadounidense en el palacio presidencial y calificó el encuentro como “respetuoso, cordial y muy diplomático”. Y afirmó que las conversaciones continuarán. También dijo que reiniciará las negociaciones con la oposición del país.

El gobierno venezolano quiere reanudar las ventas de petróleo a Estados Unidos para aprovechar los altos precios del petróleo y remplazar los ingresos de los canales comerciales que construyó a través del sistema financiero ruso y que han sido congelados por las naciones occidentales para castigar la agresión rusa contra Ucrania, según sostienen funcionarios y empresarios petroleros del país.

Venderle petróleo directamente a Estados Unidos también le permitiría a Maduro obtener las ganancias totales de los precios más altos registrados en más de una década, en vez de vender el crudo con descuentos considerables a la red de intermediarios que utiliza para eludir la prohibición de Estados Unidos, dijeron.

Antes de esa prohibición, Venezuela exportaba la mayor parte de su petróleo a Estados Unidos, cuyas refinerías en el Golfo se construyeron para procesar el crudo pesado del país.

En 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas arrestaron a seis ejecutivos de Citgo Petroleum, la filial estadounidense de la petrolera estatal, luego de que el gobierno de Maduro los convocara a unas reuniones en Caracas. El Departamento de Estado ha dicho que los seis detenidos son ciudadanos estadounidenses.

Los ejecutivos fueron acusados ​​de delitos financieros y encarcelados. Su antiguo jefe, Nelson Martínez, director de la petrolera estatal, fue detenido poco después y murió bajo custodia un año después.

Las familias de los ejecutivos y sus abogados han dicho que los hombres, conocidos como los 6 de Citgo, son inocentes y que fueron detenidos en Caracas para ser utilizados por Maduro como peones en sus negociaciones con Estados Unidos.

El trato que los ejecutivos han recibido ha variado según los cambios en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. A veces los detenidos estaban en prisión, otras veces en arresto domiciliario. Desde el año pasado, han estado recluidos en una celda individual en la prisión subterránea de la policía secreta de Venezuela, donde las Naciones Unidas ha documentado irregularidades y abusos contra los derechos humanos en el caso de al menos uno de ellos.

Entre los otros estadounidenses que se encuentran detenidos en Venezuela está Matthew Heath, un veterano de la Marina que fue arrestado en el estado de Falcón, en el norte de Venezuela, en 2020. El gobierno venezolano afirma que estaba espiando infraestructura crítica. La familia del Heath y el gobierno de Estados Unidos dijeron que era inocente y que fue detenido por su nacionalidad.

Otros dos estadounidenses que todavía están encarcelados, Airan Berry y Luke Denman, efectivos retirados de las Fuerzas Especiales, fueron arrestados en 2020 después de que intentaron invadir Venezuela en barco como parte de un complot fallido para derrocar a Maduro.

El gobierno de Trump cortó relaciones diplomáticas con Venezuela en 2019, cerró la embajada de Estados Unidos en Caracas e impuso el bloqueo al petróleo venezolano. Un año después, el Departamento de Justicia acusó a Maduro y a más de una decena de otros funcionarios venezolanos por cargos de narcotráfico, acusándolos de facilitar envíos de cocaína a Estados Unidos.

EEUU Considera Negociar con Venezuela con tal de Sancionar a Rusia

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está sopesando la posibilidad de aliviar las sanciones a Venezuela para que el país pueda comenzar a producir más petróleo y venderlo en el mercado internacional, según una persona con conocimiento directo del tema.

La medida tendría como objetivo reducir la dependencia global del petróleo ruso en medio de la invasión rusa de Ucrania y aislar a Rusia de uno de sus aliados clave en América del Sur, dijo la persona.

Funcionarios de la administración de Biden, incluido el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, y el enviado presidencial especial de EE.UU. para asuntos de rehenes, Roger Carstens, fueron enviados a Caracas durante el fin de semana para conversar sobre el tema, dijo la persona con conocimiento del tema, así como para hablar de los ciudadanos estadounidenses actualmente detenidos en Venezuela.

The New York Times fue el primero en informar sobre el viaje de los funcionarios a Venezuela.

Las sanciones a Venezuela

Washington impuso sanciones al petróleo venezolano en 2019 y cerró su embajada en Caracas después de considerar que la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro en 2018 era una farsa.

En los últimos meses, el presidente Biden ha encargado a su administración que encuentre formas de reducir drásticamente la dependencia mundial del petróleo y el gas rusos, dijo la fuente, y aliviar las sanciones contra Venezuela es solo una de las ideas que están explorando.

Los funcionarios de Biden también están sopesando un posible viaje presidencial a Arabia Saudita en los próximos meses, confirmaron tres personas familiarizadas con las conversaciones, mientras Estados Unidos trabaja para apuntalar la relación con el Reino productor de petróleo. La noticia del posible viaje fue reportada por primera vez por Axios.

Cuando se trata de Venezuela, los funcionarios creen que una mayor producción venezolana podría reemplazar una buena parte del suministro perdido al aislar a Rusia y facilitar que Estados Unidos y sus aliados prohíban las importaciones de petróleo ruso.

El senador republicano Marco Rubio ya criticó las discusiones y tuiteó durante el fin de semana que “en lugar de producir más petróleo estadounidense”, Biden “quiere reemplazar el petróleo que le compramos a un dictador asesino con petróleo de otro dictador asesino”. Pero la fuente con conocimiento de las conversaciones dijo que simplemente aumentar la producción de petróleo estadounidense no compensaría la cantidad perdida al aislar a Rusia.

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo este domingo que Estados Unidos y sus aliados estaban explorando activamente formas de prohibir las importaciones de petróleo ruso, lo que dañaría aún más la economía de Rusia.

Occidente se ha mostrado reacio hasta ahora a imponer sanciones significativas al sector energético de Rusia debido a cómo podría impactar en la economía global, pero ahora está cada vez más cerca de hacerlo a medida que Europa trabaja para diversificar sus fuentes de energía.

Por qué EEUU está deportando a venezolanos directamente a Colombia

Amparado bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos, el gobierno estadounidense confirmó a Univision Noticias que está deportando a inmigrantes venezolanos directamente a Colombia, una estrategia que hasta ahora no se conocía.

Amparado bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos, el gobierno estadounidense confirmó a Univision Noticias que está deportando a inmigrantes venezolanos directamente a Colombia, una estrategia que hasta ahora no se conocía.

«El 27 de enero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) devolvió a dos ciudadanos venezolanos a Colombia, donde habían residido anteriormente, de conformidad con la orden de salud pública del Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC)”, dijo en un correo electrónico.

La respuesta agrega que el DHS “se compromete a garantizar que cada migrante encontrado (en la frontera con México) sea procesado de manera segura, ordenada y humana”.

El programa despertó criticas tanto de legisladores republicanos como demócratas, quienes exigen, por una parte, mayor transparencia por parte de las autoridades federales de inmigración, al mismo tiempo que te4ngan en cuenta la crisis que se vive en Venezuela y que ha generado uno de los mayores movimientos migratorios a nivel mundial.

Razones oficiales

El DHS explicó que “se espera que los vuelos a Colombia con ciudadanos venezolanos que anteriormente residían en Colombia se realicen de manera regular y serán operados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)”, agencia federal encargada de la expulsión de extranjeros.

“Como parte de los esfuerzos de mitigación de COVID-19, el DHS continúa haciendo cumplir la autoridad de salud pública del Título 42 de los CDC con todas las personas que se encuentran en la frontera suroeste”, indicó.
El gobierno se justificó además indicando que “la capacidad del DHS para expulsar personas puede verse limitada por varias razones, incluida la capacidad de México para recibir personas de ciertas nacionalidades”.

Cabe recordar que la devolución o repatriación de indocumentados desde Estados Unidos a México debe hacerse con el consentimiento de ese país, como sucede con el Programa de Protección del Migrante (MPP), creado durante el gobierno de Donald Trump en 2019, cancelado por Biden en 2021, pero restablecido en diciembre por orden judicial tras una demanda entablada por los estados de Texas y Missouri, ambos gobernados por republicanos.

Las expulsiones ejecutadas hasta ahora fueron “bajo la orden de salud pública del Título 42 de los CDC”, aseguró el ministerio, pero no entregó datos sobre el total de deportaciones hechas hasta ahora.

Sin embargo, tras la respuesta entregada por el DHS en la que menciona un acuerdo alcanzado con el gobierno de Colombia para deportar a ese país a ciudadanos venezolanos detenidos en la frontera sur de estados Unidos, la canciller de ese país sudamericano, Marta Lucía Ramírez, negó que se haya alcanzado un acuerdo entre ambas naciones.

“Colombia no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para traer 6,000 venezolanos deportados”, dijo la jefa de la diplomacia colombiana durante una entrevista con Blu Radio.
Pero horas más tarde el presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó que su país estaba colaborando con Estados Unidos para recibir inmigrantes venezolanos que son deportados por el gobierno de Biden.

Duque confirmó además lo que dijo el DHS, que los deportados se trata de venezolanos que vivían en Colombia bajo un estatus migratorio que les fue otorgado por ese gobierno por razones humanitarias.

Se trata de individuos “que tenían estatus migratorio en nuestro país y que aprovechándolo trataron de ingresar ilegalmente a territorio de Estados Unidos”, indicó Duque. “Por eso se están deportando a Colombia”.

El mandatario dijo además que “ninguna de esas personas tenía Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, desmintiendo versiones al respecto.

Qué dicen los abogados

Abogados consultados por Univision Noticias indicaron que los extranjeros que huyen de sus países en busca de asilo y se los otorgan, por ejemplo, en Colombia, es difícil que luego lleguen a la frontera sur de Estados Unidos para obtener el mismo beneficio o protección migratoria.

“Si está refugiado en Colombia, ya ese país le está dando la protección y el amparo humanitario que busca ”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“Si la persona ya tiene asilo en un tercer país, automáticamente ya tiene protección y será muy difícil demostrar a las autoridades migratorias estadounidense que tiene medio creíble de persecución», precisó.

«A muchos ciudadanos cubanos que viven o residen permanentemente en Centroamérica y después de un tiempo vienen en busca de asilo en Estados Unidos, enfrentan el mismo problema”, indicó.
Para el abogado Alex Gálvez, quien ejerce en Los Ángeles, California, “si a una persona ya le dieron asilo en un país no es elegible para pedir asilo después en Estados Unidos, a menos que demuestre que su vida también corre peligro en el país que le brindó la protección”.

“A esta figura se le conoce como R esettlement y las probabilidades de ganar un caso es sumamente baja, difícil”, indicó.

Gálvez también dijo que si el ciudadano venezolano no tenia asilo en Colombia, pero vivió en ese país al menls un año antes de viajar a la frontera sur con México, «tampoco es elegible bajo el Resettlement».

Carlos Vecchio, representante diplomático en Estados Unidos del presidente designado de Venezuela, Juan Guaidó, pidió al gobierno de Biden que tome en consideración la crisis de refugiados venezolanos y permita que quienes son detenidos en la frontera con México tengan la oportunidad de que sus casos de asilo lleguen a los tribunales y sean los jueces de inmigración quienes tomen la decisión sobre sus casos.

Criticas al plan

Tras la conformación del programa, legisladores de ambos partidos criticaron las deportaciones de venezolanos a Colombia.

“Llegaré al fondo del asunto para saber exactamente qué está haciendo la Administración Biden, porque quiero hacer todo lo posible para ayudar a los venezolanos”, dijo el senador republicano, Rick Scott (Florida), a la Voz de América.

A su vez, Scott insistió en la postura que maneja su partido frente a la política migratoria de Biden, que exige “una frontera segura” y que finalice la crisis que se vive en la frontera sur.

“Quiero asegurarme de que tengamos personas que quieran venir a este país y que quieran ayudarnos”, agregó.

Simultáneamente, el senador demócrata, Bob Menéndez (Nueva Jersey), quien preside el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, dijo en un comunicado que “los recientes informes sobre la expulsión de inmigrantes venezolanos por parte de la Administración Biden a través de terceros países es extremadamente preocupante”.

“Al continuar utilizando una de las peores políticas migratorias de Trump (el Título 42), esta Administración le está dando la espalda a los inmigrantes que más necesitan nuestra protección”, agregó.

Menéndez dijo además que “bajo el cruel régimen de (Nicolás) Maduro, los venezolanos que son deportados se enfrentan a un futuro sombrío y en muchos casos sufren duras consecuencias por buscar asilo político en Estados Unidos”.
““Aunque reconozco la importancia de las políticas de salud pública como respuesta a la pandemia, ahora que los viajes no esenciales se han reanudado en la frontera, la Administración debería poner fin a estas expulsiones y restaurar el procesamiento regular de las solicitudes de asilo”, apuntó.

No solo venezolanos

El gobierno de Biden dijo también que, si bien las leyes y políticas varían de un país a otro con respecto a la aceptación de ciudadanos extranjeros que anteriormente tenían estatus, “el DHS también ha expulsado a otros migrantes a terceros países en la región en la que anteriormente residían o tenían estatus”.

“Todos los pasajeros son examinados médicamente antes de abordar los vuelos”, precisó. “Además, a las personas y al personal se les proporciona y se les exige que usen equipo de protección personal (EPP) tal como mascarillas antes y durante el vuelo” de repatriación.

“Todas las personas deben dar negativo en la prueba de COVID-19, tener una temperatura de menos de 99 grados y no mostrar síntomas relacionados con COVID para poder viajar”, señala el protocolo implementado para estas deportaciones.

Fuente : JORGE CANCINO