El presidente Donald Trump amenazó, este miércoles, con recortar los fondos federales a varias ciudades importantes de Estados Unidos, todas dirigidas por demócratas y ubicadas en estados con tendencia demócrata, con el argumento de que sus líderes están permitiendo «la anarquía, la violencia y la destrucción».

La Casa Blanca anunció que había dado instrucciones a las agencias federales para que preparen informes para la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, estableciendo un cronograma para que la agencia restrinja las subvenciones federales para que no vayan a «jurisdicciones anarquistas». El memorando menciona específicamente a la ciudad de Nueva York, Portland, Seattle y Washington.

Tal medida desencadenaría de inmediato desafíos legales y se haría eco de las amenazas de Trump de retener la ayuda a las ciudades de Estados Unidos que limitan la cooperación entre las fuerzas del orden local y las autoridades federales de inmigración, intentos que fueron bloqueados en gran medida por los tribunales federales.

Pero para Trump, inmediatamente se suma a sus frecuentes mensajes de defender la «ley y el orden» que ha promovido en las últimas semanas. Notablemente ausentes en el memorando del miércoles son Minneapolis y Kenosha, Wisconsin, que también han experimentado disturbios este verano, pero están ubicados en estados más competitivos en lo que se refiere a las elecciones presidenciales.

También es el último ejemplo extraordinario de que Trump busca usar el poder del Gobierno federal para castigar a los ciudadanos que residen en áreas que se le oponen políticamente.

«Mi administración no permitirá que los dólares de los impuestos federales financien ciudades que se dejen deteriorar hasta convertirse en zonas sin ley. Para garantizar que los fondos federales no se desperdicien indebidamente ni se gasten de una manera que viole directamente la promesa de nuestro gobierno de proteger la vida, la libertad y la propiedad, es imperativo que el Gobierno Federal revise el uso de fondos federales por jurisdicciones que permiten la anarquía, la violencia y la destrucción en las ciudades de Estados Unidos», dice el documento.

«También es fundamental garantizar que las subvenciones federales se utilicen de manera eficaz, para salvaguardar los dólares de los contribuyentes confiados al Gobierno federal para el beneficio del pueblo estadounidense».

La campaña del presidente se ha convertido cada vez más en temas oscuros de violencia y caos mientras busca pintar las ciudades lideradas por los demócratas como fuera de control, en gran parte en un llamado a los residentes suburbanos. Desde que las protestas se extendieron por todo el país tras el asesinato de George Floyd, en mayo, Trump ha trabajado para cultivar un mensaje duro contra el crimen.

«Mi administración hará todo lo que esté a su alcance para evitar que los alcaldes débiles y las ciudades sin ley se lleven dólares federales mientras permiten que los anarquistas dañen a la gente, quemen edificios y arruinen vidas y negocios», tuiteó Trump, el miércoles por la noche.

El alcalde de Portland, Ted Wheeler, reprendió al presidente en Twitter por amenazar con retirar los fondos que «los estadounidenses necesitan para superar la pandemia y la crisis económica».

El memorando del miércoles establece un plazo de 30 días para que el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, «emita orientación a los jefes de agencias sobre la restricción de la elegibilidad o desfavorecer, en la máxima medida permitida por la ley, las jurisdicciones anarquistas en la recepción de subvenciones federales que la agencia tiene suficiente discreción legal para restringir o desfavorecer la recepción de jurisdicciones anarquistas».

Trump ha pedido repetidamente a los gobernadores que desplieguen tropas de la Guardia Nacional para sofocar protestas violentas, a pesar de que las manifestaciones han sido en gran parte pacíficas. En junio, después de la muerte de Floyd, aproximadamente 5,000 soldados de la Guardia Nacional fueron llamados brevemente para patrullar Washington, donde el Gobierno federal tiene autoridad para ordenar tales despliegues.

 

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