El expresidente Donald Trump ha sido imputado de tres cargos adicionales en un caso en que se le acusa de poseer ilegalmente documentos secretos en su mansión de Mar-a-Lago, acusaciones que agregan detalles nuevos al caso penal emitido inicialmente el mes pasado.
A continuación presentamos un vistazo a los cargos, la investigación del fiscal especial y cómo difiere el caso de Trump de los de otros políticos que se sabe que tenían documentos clasificados en su poder:
¿CUÁLES SON LOS CARGOS NUEVOS?
Hay tres cargos nuevos contra Trump, así como un nuevo acusado en el caso.
Los fiscales acusan al expresidente de tratar de “alterar, destruir, mutilar u ocultar evidencia” y de inducir a otra persona a hacerlo. Dicen que Trump le pidió a un miembro del personal — Carlos De Oliveira, gerente de Mar-a-Lago— que borrara tomas de cámaras de seguridad en su mansión de Florida en un intento por obstruir la investigación federal sobre su posesión de documentos secretos.
Los fiscales alegan que De Oliveira conspiró con Trump y su mayordomo, Walt Nauta, para ocultar la grabación a los investigadores.
Un tercer cargo acusa también a Trump de retener deliberadamente información de defensa nacional relacionada con una presentación sobre actividad militar en otro país.
Los investigadores dicen que Trump mostró un documento clasificado durante una reunión de julio de 2021 en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, al escritor y al editor de la autobiografía de Mark Meadows, su exjefe de despacho. Los detalles sobre ese documento y la reunión se incluyeron en la acusación original, pero ninguno de los cargos había sido relacionado con él hasta ahora.
Trump había devuelto ese documento al gobierno el 17 de enero de 2022, casi un año después de dejar el cargo, según la acusación.
El exmandatario fue acusado formalmente el mes pasado de 37 cargos relacionados con el mal manejo de documentos secretos. Los cargos incluyen acusaciones de retener información clasificada, obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas, entre otros delitos.
Trump está acusado de retener documentos relacionados con “armamento nuclear en Estados Unidos” y las “capacidades nucleares de un país extranjero”, junto con documentos de sesiones informativas de inteligencia de la Casa Blanca, incluidos algunos que detallan las capacidades militares de Estados Unidos y de otros países, según la imputación. Los fiscales alegaron que Trump presumió los documentos a personas que no tenían las autorizaciones de seguridad para verlos, y después trató de ocultárselos a sus propios abogados cuando intentaban cumplir con las exigencias federales de encontrar y devolver documentos.
Los cargos principales conllevan una pena de hasta 20 años de prisión.
Después de dejar la presidencia en 2021, el exmandatario le mostró a alguien que trabajaba para su comité de acción política un mapa que detallaba una operación militar en un país extranjero, alegan los fiscales en el documento. En otra ocasión ese año, Trump les mostró un plan militar de ataque a un escritor, un editor y dos de sus empleados, ninguno de los cuales tenía autorización de seguridad.
¿CÓMO HA REACCIONADO TRUMP?
Una declaración de la campaña de Trump desestimó los nuevos cargos como “nada más que un continuo, desesperado y fallido intento” por parte del gobierno del presidente Joe Biden de “hostigar al presidente Trump y a quienes lo rodean” e influir en la contienda por la presidencia en 2024.
En una entrevista el jueves por la noche con Breitbart News, Trump calificó la nueva acusación de “acoso” y repitió su insistencia de que sus actividades estaban “protegidas por la Ley de Registros Presidenciales”.
Trump y una docena de otros republicanos que desean obtener la nominación presidencial de 2024 acudieron el viernes a un evento republicano en Iowa.
¿QUÉ SIGUE?
De Oliveira debe comparecer ante un tribunal de Florida el lunes.
Tanto Trump como Nauta se han declarado inocentes de la acusación original de 38 cargos.
Actualmente, su juicio está programado para el 20 de mayo de 2024 —ya bien entrado el calendario de la nominación presidencial, y probablemente mucho después de que se conozca quién será el candidato republicano—, y no está claro si la adición de un nuevo acusado podría resultar en un aplazamiento.
Los fiscales, que querían que el caso fuera a juicio en diciembre, escribieron en una presentación judicial por separado el jueves que los nuevos cargos “no deberían alterar” la fecha del juicio en mayo, “y la Oficina del Fiscal Especial está tomando medidas relacionadas con el descubrimiento y las autorizaciones de seguridad para asegurarse de que no lo haga”.
Los abogados de Trump han asegurado que no puede tener un juicio imparcial antes de las elecciones de 2024.
¿CÓMO SURGIÓ ESTE CASO?
Funcionarios de la Administración Nacional de Archivos y Registros contactaron a representantes de Trump en la primavera de 2021 cuando se dieron cuenta de que faltaba material importante del periodo en que él estuvo en el cargo.
De acuerdo con la Ley de Registros Presidenciales, los documentos de la Casa Blanca se consideran propiedad del gobierno de Estados Unidos y deben conservarse.
Un representante de Trump les dijo a los Archivos Nacionales en diciembre de 2021 que se habían encontrado documentos presidenciales en Mar-a-Lago. En enero de 2022, los Archivos Nacionales recuperaron 15 cajas de documentos de la mansión de Trump en Florida, y después informaron a funcionarios del Departamento de Justicia que contenían “mucho” material clasificado.
Ese mayo, el FBI y el Departamento de Justicia emitieron una citación para los documentos secretos restantes en posesión de Trump. Los investigadores que fueron a la propiedad semanas después para recopilar los registros recibieron aproximadamente tres docenas de documentos y una declaración jurada de los abogados de Trump que certificaba que la información solicitada había sido devuelta.
Pero esa afirmación resultó ser falsa. Con una orden de allanamiento en la mano, funcionarios federales regresaron a Mar-a-Lago en agosto de 2022 y confiscaron más de 33 cajas y contenedores con un total de 11.000 documentos de un depósito y una oficina, incluidos 100 documentos secretos.
En total, aproximadamente 300 documentos con sello de confidencialidad —incluidos algunos de nivel ultrasecreto— han sido recuperados de Trump desde que dejó la presidencia en enero de 2021.
¿CÓMO SE INVOLUCRÓ UN FISCAL ESPECIAL?
El año pasado, Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, eligió a Jack Smith, un fiscal veterano de crímenes de guerra con experiencia en investigaciones de corrupción pública, para dirigir las investigaciones sobre la presencia de documentos clasificados en la mansión de Trump en Florida, así como aspectos clave de una investigación separada que involucra la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio y los esfuerzos para anular las elecciones de 2020.
El nombramiento de Smith fue un reconocimiento por parte de Garland de la política involucrada en una investigación sobre un expresidente y actual candidato a la Casa Blanca. Garland mismo fue seleccionado por Biden, con quien Trump desea competir por la presidencia en 2024.
Los fiscales especiales se designan en casos en los que el Departamento de Justicia se percibe a sí mismo en conflicto de interés o cuando se considera de interés público que alguien externo al gobierno entre a un caso y asuma la responsabilidad de un asunto.
De acuerdo con el Código de Regulaciones Federales, un fiscal especial debe tener “una reputación de integridad y de toma de decisiones imparciales”, así como “una comprensión cabal de las leyes penales y las políticas del Departamento de Justicia”.
¿NO TENÍAN BIDEN Y EL EXVICEPRESIDENTE MIKE PENCE DOCUMENTOS CLASIFICADOS TAMBIÉN?
Sí, pero las circunstancias de sus casos son ampliamente distintas a las que involucran a Trump.
Después de que se encontraron documentos secretos en el Centro Biden-Penn para la Diplomacia y el Compromiso Global y en la casa de Pence en Indiana, sus abogados notificaron a las autoridades y rápidamente se encargaron de que fueran entregados. También autorizaron otros allanamientos por parte de las autoridades federales para buscar documentos adicionales.
No hay indicios de que ninguno de los dos estuviera al tanto de la existencia de los documentos antes de que fueran encontrados, y hasta ahora no ha surgido evidencia de que Biden o Pence intentaran impedir que fueran descubiertos. Eso es importante porque históricamente el Departamento de Justicia se fija en la intencionalidad al decidir si presenta cargos penales.
Este año fue nombrado un fiscal especial para investigar cómo es que materiales clasificados fueron a parar a la casa de Biden en Delaware y su antigua oficina. Pero incluso si el Departamento de Justicia encontrara que su caso es sujeto de ser sometido a proceso con base en la evidencia, su Oficina de Asesoría Legal ha concluido que un presidente es inmune al enjuiciamiento durante el tiempo que esté en el cargo.
En cuanto a Pence, el Departamento de Justicia informó a su equipo jurídico este mes que no presentaría cargos penales en su contra por su manejo de los documentos.
¿UNA ACUSACIÓN FEDERAL IMPIDE QUE TRUMP SE POSTULE A LA PRESIDENCIA?
No. Ni la acusación en sí ni una declaración de culpabilidad impedirían que Trump se postulara ni que ganara la presidencia en 2024.
Y, como mostró su imputación de este año en Nueva York —en un caso de pagos secretos para acallar señalamientos—, históricamente los cargos penales han impulsado enormemente su recaudación de fondos. La campaña anunció que había recaudado más de 4 millones de dólares en las 24 horas posteriores a que se hizo pública esa acusación formal, rompiendo su récord anterior después de que el FBI allanó el club Mar-a-Lago de Trump.
