La Corte Suprema dictaminó el lunes que el expresidente Donald Trump debería aparecer en la papeleta electoral en Colorado, en una decisión que sigue a meses de debate sobre si el favorito para la candidatura del Partido Republicano violó la cláusula sobre insurrección incluida en la 14ª Enmienda.
El dictamen supone una victoria enorme para Trump, que vence así una de las muchas amenazas legales que han plagado y animado su campaña contra el presidente Joe Biden. No obstante, la decisión no tiene ningún impacto en los cuatro casos penales en curso a los que se enfrenta Trump, incluido el caso federal de subversión electoral que cubre algunas de las mismas conductas en torno al 6 de enero de 2021.
El tribunal se mostró unánime en la idea de que Trump no puede ser retirado unilateralmente de las boletas.
Pero los jueces se mostraron divididos sobre el alcance de la decisión. Una mayoría de 5-4 dijo que ningún estado podía eliminar a un candidato federal de ninguna papeleta electoral, pero cuatro jueces afirmaron que el tribunal debería haber limitado su opinión.
Una mayoría de cinco jueces —el presidente del tribunal, John Roberts, y los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh— escribió que los estados no pueden eliminar a ningún funcionario federal de la boleta electoral, especialmente al presidente, sin que el Congreso apruebe primero una legislación.
«Concluimos que los estados pueden inhabilitar a las personas que ocupan o intentan ocupar un cargo estatal. Pero los estados no están facultados por la Constitución para aplicar el artículo 3 en relación con los cargos federales, especialmente la Presidencia», afirma el dictamen.
«Nada en la Constitución delega en los estados la facultad de aplicar el artículo 3 a los titulares de cargos y candidatos federales», añade la mayoría.
La decisión, que marcó la primera vez que el alto tribunal sopesaba las acciones de Trump el 6 de enero, llegó un día antes del supermartes, cuando 16 estados y territorios, incluido Colorado, elegirán a sus candidatos.
El uso de la 14ª Enmienda para bloquear la candidatura de Trump siempre se ha visto como una posibilidad legal remota, pero cobró un impulso significativo con una victoria en el máximo tribunal de Colorado en diciembre. Desde esa decisión, Trump también ha sido retirado de la papeleta electoral en Maine e Illinois.
En los tribunales y en grupos jurídicos se ha debatido durante meses el significado de la disposición posterior a la Guerra Civil que está en el centro del caso, un texto que prohíbe a determinados funcionarios que juraron apoyar la Constitución y luego se insurreccionaron volver a ocupar un cargo. La disposición clave, conocida como Sección 3, tenía originalmente por objeto impedir que los antiguos confederados reclamaran el poder.
Pero existía una gran incertidumbre sobre el significado de la prohibición y cómo debía aplicarse. Varios jueces conservadores y liberales plantearon cuestiones fundamentales durante los argumentos del 8 de febrero vinculadas a si era justo que Colorado respondiera a esas preguntas para el resto del país.
Trump ridiculizó las demandas por la 14ª Enmienda que han surgido en todo el país y se queja habitualmente de que son una afrenta inconstitucional de los demócratas que quieren sacarle de la papeleta electoral en lugar de competir con él en noviembre. Sus abogados han argumentado que sería «antiestadounidense» privar a los votantes de la oportunidad de decidir si Trump debe volver a la Casa Blanca.
En Minnesota, Michigan, Massachusetts y Oregon se rechazaron impugnaciones similares de la 14ª Enmienda contra Trump, todas ellas por motivos de procedimiento. Pero en Colorado, una serie de decisiones de tribunales estatales condujeron a un caso que Trump acabó apelando ante la Corte Suprema de EE.UU. en enero.
Un grupo de vigilancia de tendencia liberal, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, presentó la demanda en Colorado en septiembre en nombre de seis votantes republicanos e independientes, encabezados por Norma Anderson, de 91 años, una exlegisladora estatal republicana. Demandaron a la secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, y pidieron a un juez que la obligara a retirar el nombre de Trump de la papeleta de las primarias del Partido Republicano del estado.
Un juez de distrito del estado de Colorado presidió un juicio de una semana antes de concluir en noviembre que, aunque Trump «participó en una insurrección», debía permanecer en la papeleta porque la prohibición no se aplicaba a los presidentes. La Corte Suprema de Colorado, en una votación muy dividida (4-3), confirmó las conclusiones sobre el papel de Trump en el ataque al Capitolio de EE.UU., pero dijo que la prohibición, de hecho, se aplicaba a los presidentes.
Solo tres estados habían retirado a Trump de las urnas por la «prohibición insurreccional».
Además de Colorado, el máximo responsable electoral de Maine llegó a una conclusión similar y determinó que Trump está constitucionalmente inhabilitado para el cargo. Trump está apelando, y un tribunal estatal detuvo esos procedimientos mientras la Corte Suprema se ocupaba del caso de Colorado.
Un juez de Illinois también retiró a Trump de la papeleta electoral en ese estado por los mismos motivos del 6 de enero, aunque la aplicación de ese fallo quedó en suspenso a la espera de posibles apelaciones.
La discusión en la Corte Suprema
Durante los argumentos de la Corte Suprema parecía que Trump ganaría. Los conservadores del tribunal más proclives a mostrarse escépticos con el expresidente, como Roberts y Kavanaugh, lanzaron preguntas relativamente amistosas al abogado de Trump, Jonathan Mitchell. Cuando el abogado que representa a los votantes se puso de pie, las preguntas se volvieron mucho más punzantes e insistentes.
Y no solo los conservadores parecían estar al ataque: las juezas Elena Kagan, nominada por el presidente Barack Obama, y Ketanji Brown Jackson, elegida por Biden, también se centraron en algunos de los argumentos que Trump había planteado en sus escritos.
«La cuestión a la que hay que enfrentarse es por qué un solo estado debe decidir quién será presidente de Estados Unidos», insistió Kagan a Jason Murray, que representaba a los demandantes. «¿Por qué un solo estado debe tener la capacidad de tomar esta determinación no solo para sus propios ciudadanos, sino para el resto de la nación?».
