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Trump amenaza con deportar a migrantes que se beneficiaron

El expresidente Donald Trump, quien ha convertido la retórica antiinmigración en parte fundamental de su campaña electoral, advirtió este miércoles que expulsará a cientos de miles de inmigrantes que entraron a Estados Unidos en el marco de dos programas clave del gobierno de Joe Biden, CBP One y ‘parole humanitario’ en caso de ganar los comicios de noviembre.

En declaraciones a Fox News, el candidato presidencial republicano criticó dos programas creados por el actual Ejecutivo para alentar a los migrantes a no llegar directamente a la frontera sur del país para solicitar asilo e intentar así que la zona sea menos caótica.

Trump dijo que, si regresa a la Casa Blanca, obligaría a más de un millón de personas que han entrado a EEUU en virtud de estos programas a abandonar el país: «Prepárense para irse, porque van a salir muy rápido», advirtió.

El expresidente ya prometió en el pasado otras iniciativas contra migrantes en caso de resultar elegido, incluidas deportaciones masivas. En campañas anteriores realizó anuncios similares, pero lo cierto es que durante su mandato al frente del gobierno no se llegaron a sueprar las 350,000 deportaciones.

Ahora, el magnate republicano y su principal arquitecto de la política migratoria, Stephen Miller, están facilitando más detalles sobre cómo planea realmente llevar a cabo estas deportaciones como el uso del ejército, invocar poderes en situaciones de guerra o confiar en gobernadores con ideas afines.

Sin embargo, cualquier intento de deportar a inmigrantes a una escala tan grande se enfrentaría casi con seguridad a importantes desafíos legales, logísticos y financieros.

¿Cuáles son los programas migratorios de Biden tan criticiado por Trump?

Uno de los programas a los que se refiere Trump es el que permite que los migrantes que llegan hasta la frontera de México con Guatemala puedan usar la app CBP One para pedir cita previa antes de acudir a un cruce fronterizo oficial de EEUU para solicitar asilo.

Hasta ahora, 813,000 migrantes utilizaron ese sistema desde que se puso en marcha en enero de 2023.

El segundo programa, el ‘parole humanitario’, es el que permite desde el año pasado que 30,000 personas al mes originarias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresen a EEUU si cuentan con una persona en el país que pueda responder como su patrocinador financiero, pasan una verificación de antecedentes y compran un billete de avión para volar a un aeropuerto estadounidense en lugar de ir a la frontera sur.

En total, unas 530,000 personas han llegado a EEUU bajo este programa.

Los migrantes que forman parte de cualquiera de los dos programas son admitidos en el país bajo libertad condicional humanitaria durante un período de dos años.

El gobierno de Biden ha destacado ambas políticas como métodos para reducir el caos en la frontera con México, eliminar las redes de tráfico de personas y permitir una mayor investigación sobre los migrantes antes de que entren al país.

Sin embargo, los republicanos dicen que ambos programas son básicamente una maniobra para eludir las leyes de inmigración del país, que son establecidas por el Congreso. También aseguran que el gobierno actual está admitiendo a personas que de otra manera no calificarían para entrar a EEUU.

De hecho, los estados liderados por republicanos presentaron demandas para detener ambas políticas migratorias.

Casi 2,000 Familias Empezaron a Recibir Ayuda

Esta semana casi 2,000 familias del Condado Harris comenzaron a recibir una noticia que les aliviará el bolsillo por los próximos 18 meses.

Es que fueron seleccionados para recibir los $500 de ayuda mensual del programa Uplift Harris por un año y medio, el cual es financiado con fondos federales de emergencia de más de 20 millones.

Durante el proceso de inscripciones del 12 de enero al 2 de febrero se recibieron un total de 82,500 solicitudes, de ellas fueron seleccionadas 6,000 familias en una primera fase y

Después se eligieron a las casi 2 mil con mayor necesidad económica.

El criterio de asignación es para familias con ingresos inferiores en un 200% al nivel de pobreza del federal y deben residir en 10 códigos postales identificados bajo estas condiciones.

Entre ellos está el 77050, 77093,77060 y 77028, así como el 77033, 77026,77081, 77547 y 77091.

Las notificaciones estarán llegando a los beneficiarios en la semana del 18 al 22 de marzo y deben estar recibiendo su primer cheque alrededor del 24 de abril.

El programa será administrado por el departamento de Salud Pública del Condado Harris y administrado por Give Directly, una organización sin fines de lucro con experiencia en la implementación de programas similares.

En la página de Uplift Harris encuentras más detalles del programa.

Miles de Inmigrantes Serán Beneficiados por Acuerdo de USCIS

Miles de inmigrantes serán beneficiados tras acuerdo con el USCIS. Más de sesenta mil inmigrantes que están solicitando beneficios migratorios por razones humanitarias se verán beneficiados tras un acuerdo aprobado este martes por un juez federal, informa Efe, todo esto para resolver una demanda contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La demanda presentada en noviembre pasado en el Tribunal del Distrito Norte de California desafiaba una política de la agencia adoptada bajo la Administración de Donald Trump (2017-2021) que apuntaba específicamente a los beneficios humanitarios para sobrevivientes de violencia doméstica, advirtieron los demandantes. El fallo que beneficia a miles de indocumentados resuelve una demanda contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). La demanda presentada en noviembre pasado en el Tribunal del Distrito Norte de California desafiaba una política de la agencia.

Dicha política fue adoptada bajo la Administración del expresidente Donald Trump y apuntaba específicamente a los beneficios humanitarios para sobrevivientes de violencia doméstica, advirtieron los demandantes de acuerdo con la agencia de noticias.

Gracias a la medida impuesta por el Gobierno de Trump, USCIS rechazó las solicitudes que dejaban sin respuesta algunas preguntas, incluso cuando estas no correspondían al caso. Por ejemplo, cuando el solicitante no incluía una respuesta para el segundo nombre porque no tenía segundo nombre.

La agencia incluso rechazó las solicitudes en las que el solicitante escribió “ninguno” o “no se aplica” en lugar de “N/A”, apunta Efe. Sin embargo, ahora los inmigrantes serán beneficiados gracias al acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Los abogados de Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP) y la National Immigration Litigation Alliance (NILA) presentaron la demanda encabezada por la salvadoreña Kenny M. Castañeda Peñate, una inmigrante guatemalteca, señala Efe.

Pese a que la medida ya había sido detenida en 2020,miles de solicitudes ya habían sido negadas. Matt Adams, director legal de NWIRP, dijo en un comunicado que esta “fue una política escandalosa claramente dirigida a impedir que las personas obtengan los beneficios humanitarios que el Congreso ha proporcionado”.

Añadió que la posición de la agencia “demostraba el absoluto desprecio por la ley de la Administración de Trump”. De acuerdo con Efe, serán más de 60 mil los inmigrantes beneficiados con el acuerdo de conciliación con el USCIS, aprobado por el juez federal.

El acuerdo aprobado por el juez Haywood. S. Guilliam, contempla que el USCIS acepte la fecha de presentación original de las más de 60,000 solicitudes que ha identificado como rechazadas según esta política del gobierno del expresidente Trump.

USCIS enviará avisos a estos solicitantes explicando los pasos que pueden tomar para asegurarse de que sus solicitudes de beneficios humanitarios se registren como presentadas en la fecha en que se enviaron originalmente, señala Efe.

Lo anterior, estaría evitando que muchos de estos casos puedan ser denegados por no presentares en las fechas requeridas. En el caso Castañeda Peñate, la inmigrante ingresó a Estados Unidos en 2019 con sus dos hijos menores y presentó una solicitud de asilo dentro del plazo de un año de su llegada al país.

Pero esta petición fue rechazada bajo esta política, haciendo que la migrante perdiera la oportunidad de pelear su caso. El acuerdo de conciliación también evita que la agencia adopte una política de rechazo similar respecto a otras formas de inmigración.

Lo anterior, a menos que esté autorizado por ley o implementado legalmente a través de regulaciones. Mary Kenney, directora adjunta de NILA, explicó que “decenas de miles de solicitantes ahora, finalmente, podrán seguir adelante con las solicitudes que la agencia debería haber aceptado en 2020”.

Esta no es la única buena noticia para inmigrantes anunciada recientemente y es que, aquellos que están peleando su deportación tienen desde este 15 de julio la posibilidad de pedir el cierre administrativo de sus casos en los tribunales de inmigración, revela Efe.

Lo anterior, después que el fiscal general, Merrick Garland, revirtiera una orden de la Administración del expresidente Donald Trump, que bajo sus estrictas medidas antiinmigratorias que habían puesto fin a esta posibilidad. Garland eliminó una política del gobierno del ahora expresidente Trump que prohibía a los jueces de inmigración posponer temporalmente algunos casos de deportación, apunta The Associated Press.

Los jueces no podían dejar cerrar casos de deportaciones al dejarlos en pausa. Lo anterior, era conocido como cierre administrativo. Los jueces de inmigración señalan que la práctica les permitió manejar su carga de casos de manera más eficiente al dejarles atender casos prioritarios y que la prohibición estaba causando más demoras.

La medida llega a beneficiar un sistema de cortes de inmigración de antemano sobrecargado en que las personas tienen que esperar años por una audiencia, apunta AP. Para muchos inmigrantes, el cerrar casos de deportaciones de esta manera era un salvavidas que les protegía de la deportación.

Lo anterior, mientras sus solicitudes de un estatus legal eran tramitadas. Los críticas de la práctica impuesta por Trump denunciaron que los jueces dejaban que la gente permaneciera en el país más tiempo de lo debido, en una especie de purgatorio legal, apunta The Associated Press.

Las cortes de inmigración son parte del Departamento de Justicia y los jueces de inmigración son empelados de esa dependencia, según AP. Tres tribunales de apelación habían rechazado de antemano la política de Trump, fallando que los jueces de inmigración tienen la autoridad de decidir cómo manejar sus casos.

Según escribió Garland en su decisión de permitir a los jueces cerrar casos de deportaciones. Añadió que el Departamento de Justicia está elaborando nuevas normas para ese mecanismo, pero que por el momento queda restaurado, según The Associated Press.

El número de casos pendientes ante los tribunales de inmigración se dispararon durante el gobierno de Trump, en parte debido a que cientos de miles de casos que habían sido suspendidos fueron reinscritos en el calendario para darles audiencias.

Desde el año fiscal de 2018, el número de casos pendientes en las cortes de inmigración aumentó en 74% a 1.3 millones, según la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. El caso conocido como “Matter Castro-Tum”, eliminó el cierre administrativo en los procesos migratorios.

Beneficios que No Afectan Nueva Ley de Carga Pública

Esta norma solo afectara -por ahora- a aquellos que hayan recibido dinero en efectivo de forma permanente por un tiempo mínimo.

El gobierno Trump tiene derecho a un mayor escrutinio sobre los interesados a ser residentes permanentes.

El gobierno de Estados Unidos aplicará de ahora en adelante el concepto de carga pública para aquellas personas que busquen ajustar su estatus legal en el país. Esto, con base en el fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia este lunes 27 de enero en una decisión dividida (5-4) entre los magistrados conservadores y los de corte liberal.

Con ello, toda persona que tenga una visa de no inmigrante y busque cambiar su estatus legal al de inmigrante o residente permanente se verá sujeto a un mayor análisis por parte de las autoridades federales.

Sin embargo, entre los factores a considerar por parte de los oficiales de inmigración a la hora de determinar si una persona puede hacerse o no residente permanente, hay algunos beneficios públicos o gubernamentales que no serán tenidos en cuenta.

La razón, esos beneficios no constituyen dinero en efectivo o tienen un propósito específico y no representan un ingreso permanente.

Esta es la lista de los beneficios públicos que no quedarán cobijados por la regla que aplicará el Servicio de Inmigración:

Medicaid y otros seguros y servicios de salud.
Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP por sus siglas en inglés).
Programas de nutrición como las estampillas de comida (SNAP, WIC y los de desayunos en las escuelas).
Beneficios de vivienda.
Servicios de guardería.
Programas para el alivio de desastres.
Asistencia educacional.
Programas de entrenamiento laboral.
Compensación por desempleo.

El Seguro Social verificará datos de inmigrantes deportados para decidir si paga o no beneficios

El gobierno de Trump advierte que los extranjeros deportados “pueden estar sujetos a la suspensión de pagos o falta de pago por beneficios, o ambos, y también a la recuperación de compensaciones”. La decisión será tomada con los datos que proporcione el DHS.

La Administración del Seguro Social (SSA por sus siglas en inglés)) anunció este lunes un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para obtener información de extranjeros deportados o con salida voluntaria y determinar si son elegibles para obtener beneficios (pago de compensaciones) por haber trabajado en Estados Unidos.

Bajo el nuevo programa, indicó, la SSA utilizará esos datos “para determinar si (el extranjero deportado o que abandonó el país) se le suspenden pagos o beneficios, o bien se le pagan sus compensaciones”.

Los pagos por incapacidad o invalidez también están en la lista de beneficios impactados por la medida.

La nueva regla, publicada en el Registro Federal (diario oficial estadounidense), tiene un período de comentario público de 30 días y entrará en vigor el 19 de enero del 2020, indica la publicación.

El SSA dijo que los extranjeros deportados “pueden estar sujetos a la suspensión de pagos o falta de pago por beneficios, o ambos, y también a la recuperación de compensaciones”, pero la decisión dependerá de los datos proporcionados por el DHS.

Cuesta arriba

Abogados consultados por Univision Noticias señalaron que el nuevo programa “difilcultará” a los deportados que llevaban tiempo trabajando en Estados Unidos cobrar sus beneficios del seguro social una vez que pongan un pie fuera del país.

“Con el nuevo mecanismo el Seguro Social sabrá con mayor rapidez si el extranjero estaba legalmente en Estados Unidos y si tenía o no autorización para trabajar. Con base a esta información, la dependencia tomará decisiones que afectarán a muchos extranjeros”, dijo a Univision Noticias Ezequiel Hernández, un abopgado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona.

Hernández dijo que los inmigrantes que se vean afectados por el programa o teman que serán impactados en caso sean deportados de Estados Unidos, “deben consultar con un abogado de beneficios del Seguro Social para que se enteren de sus derechos”.

Agregó que “el tema corresponde la ley de propiedad de compensaciones” y que todo trabajador “tiene derecho a su propiedad”. Pero en el caso de los indocumentados, el derecho de acceder a estos beneficios se dificulta.

“Hasta ahora cuando una persona acudía al Seguro Social para hacer un reclamo de beneficios, la agencia pedía pruebas y en base a ellas tomaba una decisión”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “A partir de enero ya no lo hará, en el caso de los deportados, sino que contará con la información inmediata que obtenga del DHS), agregó.

Guerrero advirtió que “existe un caso de la Corte Suprema que dice que si la persona no tiene estatus legal de permanencia y no tiene autorización para trabajar legalmente en el país, no tiene derecho a recibir beneficios”.

A su vez, la SSA advierte que, para que un individuo reciba beneficios de compensación, debe haber laborado el suficiente tiempo para calificar, haber tenido permiso de trabajo y poseer un estatus legal por el tiempo que dura el beneficio, o bien estar dispuesto a salir del país para recibir el beneficio.

“Están enfocándose en los deportados y las personas que no tienen estatus para decidir si tienen ese beneficio o no”, apuntó Guerrero.

Los afectados

El programa anunciado por el SSA afectará a:

Extranjeros que salen del país voluntariamente y están sujetos a la suspensión de pagos por parte del Seguro Social;
Extranjeros que son deportados de Estados Unidos, parten voluntariamente o regresar voluntariamente a su país de origen y están sujetos a la suspensión de pagos por parte del SSA (jubilación o invalidez);
Ciertas personas pueden ser sujetos se suspensión de beneficios si no son residentes de Estados Unidos.

Los datos que proporcione el DHS también incluyen la información en manos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), agencia encargada de proporcionar los permisos de trabajo o autorizaciones de empleo (EAD).
Entre los datos que proporcionará la USCIS al Seguro Social se incluyen el nombre del extranjero, número de Seguro Social, fecha de nacimiento, número de extranjero, fecha de salida del país y tiempo de permanencia.

La información será cotejada con la base de datos del SSA para tomar una determinación caso por caso. El intercambio de información entre ambas agencias también incluirá el registro criminal del extranjero.

Fuente: JORGE CANCINO

Casi 5 Millones de Afectados por Uso de Beneficios Podrían Perder Trámite de Residencia

Aunque una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó en conferencia telefónica que esa dependencia no tenía la proyección de cuántos inmigrantes podrían ser afectados por al regla de “carga pública”, fuentes de la Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) estimaron que son 4.6 millones de extranjeros bajo ese escrutinio.

Lo anterior considerando las estimaciones mensuales de la Encuesta de Ingresos y Participación en el Programa de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, donde se muestra que aproximadamente 4.6 millones de no ciudadanos, que representan el 23% de todos los no ciudadanos, recibieron ayudas sociales.

Entre los programas a los que esos extranjeros se adscribieron están la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), asistencia temporal (TANF, asistencia general, algún plan de Medicaid, SNAP, bonos de vivienda del gobierno y subsidios de alquiler. Dicha estimaciones, indicó USCIS, se basan en las respuestas de los propios beneficiarios.

La regla, que entrará en vigor el 15 de octubre, establece nuevas definiciones de “carga pública” y “beneficios públicos”, los cuales serán considerados por oficiales migratorios para evaluar cualquier petición de cambio de estatus u otra visas.

“La regla propuesta define una carga pública como un extranjero que recibe uno o más públicos beneficios”, indica el documento, el cual incorpora el umbral sobre el uso de esas ayudas en “monetizables” y “no monetizables”, para evaluar si un extranjero ha hecho uso excesivo de los apoyos.

“Una carga pública es un extranjero que recibe uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en el agregado dentro de cualquier período de 36 meses”, acota la regla dado a conocer este lunes.

Al cuestionar cuántos inmigrantes se evaluarán anualmente bajo la nueva regla, la autoridad indicó que 382,000 extranjeros aplican por ajuste de estatus, es decir, Residencia Permanente o “green card”.

“Aunque existen datos sobre la recepción de beneficios públicos por parte de inmigrantes, no hay datos concretos disponibles sobre la recepción de beneficios públicos por parte de la población que está sujeta a esta regla”, acotó la autoridad. “El DHS estima que unos 382,000 extranjeros que buscan un ajuste de estatus anualmente se someterán a una revisión para determinar si son inadmisibles por motivos de carga pública”.

La nueva regla ha sido calificada como un castigo a la pobreza, pero el gobierno del presidente Donald Trump ha defendido la medida al considerar que los inmigrantes deben demostrar que son autosuficientes y desalentar la inmigración con base a lo atractivo que resultan los programas sociales federales.

“La carga pública ahora se define de una manera que garantiza que la ley se aplique de manera significativa y que los que están sujetos a ella sean autosuficientes”, dijo Ken Cuccinelli, director interino de USCIS, en conferencia de prensa.

Fue cuestionado sobre si la medida podría afectar más a inmigrantes hispanos que a otros grupos, pero el funcionario rechazó que tuviera una dedicatoria especial.

“No estamos haciendo nada nuevo aquí. Simplemente estamos haciendo efectivo lo que el Congreso ya puso en los libros. No hay ninguna razón para que ningún grupo en particular sienta que esto los está apuntando”, expuso.

Trump Negará Residencia a Quienes han Utilizado Beneficios Públicos

El director interino de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, Ken Cuccinelli, anunció en conferencia de prensa esta nueva medida, la más dura hasta ahora contra la inmigración legal.

La norma fue incluida en la regla final de Carga Pública que fue anunciada en octubre en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) y entrará en vigor a los 60 días de ser publicada contados a partir del 14 de agosto.
La regla final incluye un requisito de que los extranjeros que buscan una extensión de estadía o el cambio de estatus (por ejemplo, residencia permanente) demuestren que no han solicitado la asistencia pública al gobierno desde que obtuvieron el estado migratorio de no inmigrante que buscan extender o cambiar, y tampoco recibieron beneficios públicos.
La nueva medida denegará a los solicitantes de residencia legal permanente ( green card) y otros beneficios de inmigración, como visas, si usan asistencia alimentaria tales como los cupones de vivienda u otras formas de bienestar público.
La nueva regla no afecta a personas que ya son ciudadanos por naturalización o que ya tienen residencia permanente, ya que no tiene carácter retroactivo.
Los expertos en reglas migratorias dicen que el cambio en la noción de lo que es carga pública podría reducir drásticamente la inmigración legal basada lazos familiares, particularmente desde México y Centroamérica, países que por estar en vías de desarrollo, poseen ingresos mucho más bajos que aquellos desarrollados o con economías más sólidas.

La noticia se conoce a primera hora de este lunes, poco antes de que el director interino de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) , Ken Cuccinelli, diera una conferencia de prensa para anunciar la nueva regla.
«A través de la regla de carga pública, el gobierno del presidente Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal, asegurando que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos», dijo,
La semana pasada POLITICO reportó que los nuevos planes del gobierno no solo apuntaban a castigar a los residentes legales, sino también a permitir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) «prohíba» a los inmigrantes legales obtener la green card en esos casos.
Carga pública
La regla de carga pública propuesta por el DHS en octubre, y cuya versión final se encontraba en suspenso, establece que los agentes de la USCIS tomarán decisiones sobre la base de los méritos de cada caso en particular, y a cada requisito asignarán una puntuación que solo concederá dos opciones: negativo o positivo.

Es decir, si por ejemplo un ciudadano pide la residencia legal permanente de un padre, el gobierno analizará toda una gama de factores entre ellos: edad, estudios, profesión, estado de salud, si tiene o no seguro médico, situación financiera del hijo ciudadano que lo pide, evaluación de familiares inmediatos, establecerá si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente, ingresos, enfermedades y/o estado físico, entre otros factores.

La suma de los valores positivos y negativos será lo que determinará si el agente autorizará el beneficio migratorio solicitado o lo rechazará por no apegarse al reglamento.

Bajo el actual reglamento, el gobierno prohíbe beneficios a los inmigrantes que han solicitado ayudas públicas si la USCIS determina que, probablemente, dependerían de la
asistencia pública en efectivo o que necesitarían atención médica a largo plazo a cargo del gobierno.
Clima de incertidumbre
El anuncio de la publicación de la regla final genera incertidumbre en la comunidad inmigrante, sobre todo por las consecuencias que tendrá en la inmigración legal. “Lo feo de todo esto es que no sabemos por ahora si, cuando haya una determinación de que un inmigrante puede convertirse en carga pública y le nieguen el trámite de la green card, si habrá opciones para apelar la decisión”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
“Necesitamos conocer cuáles serán, si es que las hay, las opciones, como por ejemplo devolver la totalidad de la ayuda solicitada legalmente e intentar cancelar la determinación”, agregó.Gálvez dice además que “tampoco está claro si cuando se revierta una determinación el gobierno volverá a aceptar una petición y aprobarla, o si cuando la niega la primera vez se trata de una decisión final”.

El abogado también expresó “preocupación” por aquellos casos donde el inmigrante solicita una ayuda estatal y no federal. “Hay estados santuario que otorgan asistencia a los inmigrantes legales debido a que el gobierno federal niega cualquier tipo de beneficio público a los inmigrantes”.