Gobierno Busca Registro Obligatorio de Indocumentados

La iniciativa buscaría reforzar el control migratorio y fomentar la salida voluntaria de quienes residen ilegalmente en el país

La administración de Donald Trump anunció este martes 25 de febrero la creación de un registro obligatorio para inmigrantes indocumentados. Esta medida, que afecta a personas mayores de 13 años que se encuentran en el país de manera irregular, establece que quienes no se inscriban podrían enfrentar multas de hasta 5.000 dólares y penas de cárcel de hasta seis meses. La iniciativa busca reforzar el control migratorio y fomentar la salida voluntaria de quienes residen ilegalmente en el país.

De acuerdo con los documentos obtenidos por The Wall Street Journal (WSJ), el registro requerirá que los inmigrantes proporcionen información personal, como huellas dactilares y direcciones de residencia. La administración ha habilitado un formulario en línea para facilitar el proceso, otorgando un plazo de 30 días para que los afectados cumplan con esta nueva normativa. Aquellos que ya hayan interactuado con el gobierno, como quienes han solicitado asilo o permisos de trabajo, estarán exentos de registrarse, ya que sus datos ya están en poder de las autoridades.

La medida marca un cambio significativo en la forma en que se aborda la migración irregular en Estados Unidos. Hasta ahora, estar en el país sin autorización era considerado una infracción civil, lo que permitía la detención y deportación de los inmigrantes, pero no implicaba consecuencias penales. Con esta nueva política, la administración Trump busca criminalizar la permanencia ilegal en el país, según detalló CBS News.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en un memorando que esta política tiene como objetivo ofrecer a los inmigrantes indocumentados dos opciones: regresar a sus países de origen y seguir el proceso legal para ingresar a Estados Unidos, o enfrentar las consecuencias legales de permanecer en el país sin autorización. “Los extranjeros en este país ilegalmente enfrentan una elección”, afirmó Noem en el documento citado por The Wall Street Journal.

Leyes de la Segunda Guerra Mundial

La administración Trump ha recurrido a una ley de 1940 para justificar la creación de este registro. Originalmente, esta legislación fue diseñada para identificar a presuntos comunistas durante la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, el gobierno incluso emitía anuncios televisivos para recordar a los inmigrantes, incluidos los residentes permanentes, que debían registrarse anualmente en las oficinas de correos locales.

Sin embargo, el sistema cayó en desuso en la década de 1960 debido a su alto costo y a los limitados beneficios que ofrecía, según recordó el WSJ.

El nuevo registro se asemeja a un programa implementado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, durante la administración de George W. Bush. En aquel momento, hombres y adolescentes provenientes de países predominantemente musulmanes debían proporcionar fotografías y huellas dactilares al gobierno federal. Este programa resultó en la detención y deportación de decenas de miles de personas, según consignó CBS News.

Desafíos legales

La implementación de esta política ha generado preocupación entre expertos legales y defensores de los derechos de los inmigrantes indocumentados quienes suelen carecer de los recursos económicos necesarios para pagar multas tan elevadas, lo que podría llevar a un aumento en la población carcelaria. Además, los expertos advierten que perseguir casos de incumplimiento podría sobrecargar los recursos judiciales y fiscales del país.

Por otro lado, la medida también exige que los padres o tutores legales registren a los adolescentes que estén sujetos a este requisito. Una vez inscritos, los adultos recibirán un documento de registro que deberán portar en todo momento, según confirmó CBS News. Sin embargo, la política no se aplicará a residentes legales permanentes, beneficiarios de visas o permisos de trabajo, ni a aquellos que ya se encuentren en procesos de deportación.

Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha priorizado la implementación de políticas que dificulten la vida de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Esta nueva medida forma parte de una orden ejecutiva emitida por Trump en su primer día en el cargo, en la que instruyó al gobierno a establecer un proceso de registro para inmigrantes en situación irregular.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, enfatizó que el objetivo de esta política es alentar la salida voluntaria de los inmigrantes indocumentados. “El presidente Trump y la secretaria Noem tienen un mensaje claro para quienes están en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora”, declaró McLaughlin, según consignó CBS News.

Operativo en Colony Ridge Contra Indocumentados va a Seguir

En Texas, Greg Abbott anuncia operativo en Houston contra inmigrantes indocumentados: “Trabajamos en esto por meses”

Agencias del estado colaboran con el Departamento de Seguridad Nacional en el barrio de Colony Ridge; habló de un esfuerzo coordinado con el zar de la frontera

El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó en sus redes sociales sobre la realización de un operativo conjunto entre fuerzas del estado y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en Colony Ridge contra “criminales e inmigrantes ilegales”. Las redadas se realizan desde la mañana como fruto de un trabajo de “meses” con el zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan.

Cómo es el operativo contra inmigrantes ilegales en Colony Ridge, en Houston

Abbot dijo que en las acciones participan agentes especiales y tropas del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) como asistentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. “He trabajado con Tom Homan en esto durante meses” dijo en un post en X, antes Twitter.

Según el gobernador de Texas, el operativo se inició a la mañana del lunes, “horas antes” de su publicación en redes sociales.

Colony Ridge se encuentra en el condado de Liberty, a unos 48 kilómetros (30 millas) al norte de Houston. En el lugar se destaca la presencia de la población latina entre sus 40 mil habitantes. Desde hace varios años, los políticos conservadores tienen en la mira a este barrio por ser supuestamente “un refugio de inmigrantes indocumentados”.

Trump va por los Nacidos Aquí de Padres Indocumentados

Trump anunció que intentará poner fin a la ciudadanía por nacimiento en EEUU

El presidente electo de Estados Unidos también dijo en una entrevista que “tendría que” deportar a todos los inmigrantes indocumentados

El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump dijo en una entrevista transmitida el domingo que “tendría que” deportar a todos los inmigrantes indocumentados y reiteró su promesa de campaña de poner fin a la ciudadanía por nacimiento.

“Se tiene que hacer”, declaró durante una entrevista con “Meet the Press” de NBC, después de que le preguntaran si planeaba deportar a “todos los que estén aquí ilegalmente” durante su mandato de cuatro años.

También utilizó su primera entrevista televisiva formal después de las elecciones de noviembre para insistir en que pondría fin a la ciudadanía por nacimiento, consagrada en la Constitución de Estados Unidos, “si podemos, mediante una acción ejecutiva”.

El gobierno de Bahamas rechazó una propuesta del equipo del presidente norteamericano electo para aceptar inmigrantes de otros países expulsados por Estados Unidos, informó la oficina del primer ministro, mientras que Panamá e Islas Turcas y Caicos manifestaron su resistencia a una eventual oferta.

Según había informado previamente la cadena estadounidense NBC, además de Bahamas el gobierno de Trump también tenía previsto plantear la posibilidad a otros países de la región como Panamá y el territorio británico de ultramar Islas Turcas y Caicos, así como Granada.

La administración encabezada por Philip Davis, indicó este jueves que recibió una “propuesta del equipo de transición de Trump para que Bahamas acepte vuelos con migrantes de otros países deportados”, según un comunicado.

“Esta propuesta fue presentada al Gobierno de Bahamas, pero el primer ministro la estudió y la rechazó firmemente”, resaltó. “Desde que el primer ministro rechazó esta propuesta, no ha habido más contactos ni conversaciones con el equipo de transición de Trump”, añadió.

El equipo de trabajo de Trump no hizo comentarios sobre el comunicado de Bahamas.

Según NBC, los asesores de Trump elaboraron una lista de países a los que pedir que acojan a los migrantes deportados cuando sus países de origen se nieguen a aceptarlos.

Sin embargo, en el caso de Panamá, el gobierno asegura que no hubo contactos al respecto.

“No hemos recibido ninguna comunicación oficial ni oficiosa sobre dicha propuesta”, señaló la cancillería.

“Además, a la luz del Derecho Internacional, no tenemos obligación de recibir deportados de otras nacionalidades que no sean la panameña”, destacó.

Ya en el caso de Islas Turcas y Caicos, sus autoridades adelantaron que no aceptarían deportados de Estados Unidos.

“Las Islas Turcas y Caicos, como todas las naciones, tienen el derecho soberano de determinar quién puede residir dentro de sus fronteras”, dijo el Ministro de Inmigración Arlington Musgrove este jueves al diario estadounidense Miami Herald.

Guerra contra la inmigración irregular

Trump, que asumirá la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, ha reiterado su intención de llevar a cabo un programa masivo de deportaciones de migrantes irregulares.

Durante la campaña de las presidenciales de noviembre, el republicano hizo uso de una feroz retórica contra los migrantes, a los que culpó de una supuesta ola de delincuencia.

El plan de deportación de Trump podría significar que los inmigrantes sean desplazados permanentemente a países con los que no tienen vínculos.

No está claro si se les permitiría trabajar, o qué presión podría aplicar Trump para lograr que los países los acepten, destacó la NBC.

Indocumentados se Preparan Para Acciones de Trump y sus Deportaciones

La promesa del presidente electo de llevar a cabo deportaciones masivas ha empujado a los inmigrantes a buscar medidas de protección y asesoramiento.

Trabajadores agrícolas en el condado de Riverside, California, quienes están preocupados por las medidas enérgicas contra la inmigración prometidas por el presidente electo Trump, se reunieron con defensores legales.Credit…Alex Welsh para The New York Times

El presidente electo Donald Trump ha prometido reducir drásticamente la inmigración, tanto legal como ilegal, y aumentar las deportaciones desde el primer día.

Los inmigrantes se apresuran a adelantarse a la ofensiva.

Los residentes nacidos en el extranjero han estado saturando las líneas telefónicas de los abogados de inmigración. Están abarrotando las reuniones informativas organizadas por organizaciones sin fines de lucro. Y están tomando todas las medidas posibles para protegerse de las medidas radicales que Trump ha prometido emprender tras su toma de posesión el 20 de enero.

“Gente que debería estar asustada está viniendo, y gente que está bien con una green card se está apresurando a venir”, dijo Inna Simakovsky, abogada de inmigración en Columbus, Ohio, quien añadió que su equipo se ha visto desbordado por las consultas. “Todo el mundo tiene miedo”, dijo.

Las personas con tarjeta de residencia permanente, o green card, quieren convertirse en ciudadanos lo antes posible. Las personas que tienen un estatus legal precario o entraron ilegalmente en el país se apresuran a solicitar asilo, porque incluso si la petición es débil, tener un caso pendiente los protegería —con los protocolos actuales— de la deportación. Las personas que tienen una relación con algún ciudadano estadounidense están tramitando su matrimonio con rapidez, lo que les da derecho a solicitar la green card.

En total, hay unos 13 millones de personas con residencia legal permanente. Y se calcula que había 11,3 millones de personas indocumentadas en 2022, la última cifra disponible.

“El resultado de las elecciones me puso en un estado de pánico que me impulsó a encontrar inmediatamente una solución permanente”, dijo Yaneth Campuzano, de 30 años, ingeniera de software en Houston.
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Cuando la trajeron a Estados Unidos desde México tenía 2 meses de edad, lo que la hacía elegible para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, por su sigla en inglés, el programa de la era Obama que ha permitido a cientos de miles de inmigrantes que ingresaron al país cuando eran niños permanecer en el país con permisos de trabajo.

Pero DACA fue blanco de Trump durante su primer mandato y está siendo impugnado en una demanda que podría ayudarle a acabar con él. Dado el precario estado del programa, Campuzano y su prometido, un neurocientífico estadounidense, han acelerado los planes para casarse. Se casarán el mes que viene, antes de que Trump tome posesión. “Solo cuando mi situación esté asegurada podré volver a respirar”, dijo.

Los votantes de ambos partidos estaban frustrados por el caos en la frontera bajo la presidencia de Biden. Trump hizo campaña con la promesa de deportaciones masivas, y la semana pasada dijo que tenía la intención de declarar una emergencia nacional y utilizar el ejército estadounidense para lograr su objetivo. Su principal asesor en políticas de inmigración, Stephen Miller, ha dicho que “vastas instalaciones de retención” funcionarían como “centros de parada” para la operación. Esta semana, el comisionado de tierras del estado de Texas ofreció al gobierno federal más de 400 hectáreas cerca de la frontera para erigir centros de detención.

Las deportaciones no son infrecuentes. Trump deportó a cerca de 1,5 millones de personas durante su primer mandato, según un análisis del Migration Policy Institute. El presidente Biden ha expulsado a casi el mismo número. El presidente Obama expulsó a 3 millones en su primer mandato.

Pero desde la década de 1950 Estados Unidos no ha buscado deportar a la gente en masa, y anteriormente no había creado un vasto aparato de detención para facilitar las expulsiones.

Sergio Terán, de Venezuela, tiene residencia legal permanente. Tras cinco años de tener una green card, Terán, de 36 años y residente de Lakeland, Florida, cumplió los requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense a finales de julio. La incertidumbre en torno a las elecciones fue uno de los factores que lo empujaron a solicitarla recientemente. “Quería hacerlo rápido”, dijo Terán.

“Soy un miembro honrado de la comunidad”, dijo, “pero con la green card te pueden deportar. Me siento mucho más seguro sabiendo que mi ciudadanía está en proceso”.
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Además de Miller, el presidente electo ha designado a otras personas de línea dura en inmigración para puestos clave, como Thomas Homan, un veterano del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para ser el “zar fronterizo”.

Homan ha dicho que la administración dará prioridad a la expulsión de delincuentes y personas con órdenes de deportación pendientes. Pero también ha dicho que se llevarán a cabo redadas en los centros de trabajo y se utilizarán otros medios para detener a los inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales llevan décadas viviendo en el país.

Incluso en California, cuyos líderes restringieron la cooperación con las autoridades de inmigración durante el primer mandato de Trump y se han comprometido a hacerlo de nuevo, los inmigrantes están preocupados por la aplicación de la ley a toda marcha.

“Esta vez tenemos más miedo, por todo lo que dice Trump que hará cuando recupere el poder”, dijo Silvia Campos, una trabajadora agrícola mexicana indocumentada que vive con su marido y sus tres hijos, dos de ellos ciudadanos estadounidenses, en el condado de Riverside.

En todas partes a su alrededor, en la radio, la televisión y las redes sociales en español, dijo que recibe un aluvión de información sobre sus intenciones.

“Es de lo único que habla todo el mundo”, dijo Campos, de 42 años, quien cruzó la frontera con su marido hace 18 años. “Tenemos que prepararnos para lo peor”.

Por eso le pidió a su gerente un día libre de la cosecha de verduras para asistir el martes pasado a una sesión de “conozca sus derechos” en una organización sin fines de lucro.

Entre los consejos: tienes derecho a permanecer en silencio. Solo abre la puerta a los agentes de inmigración que presenten una orden de registro de un juez. No firmes nada sin un abogado. Haz un plan familiar, en caso de que te detengan y te separen de tus hijos.

Tras la sesión, Campos rellenó una declaración jurada autorizando a sus hijos a recibir atención médica, en caso necesario, y a ser cuidados por su hermana, ciudadana estadounidense, en su ausencia. Hizo autenticar tres copias ante un notario y, al volver a casa, habló con sus hijos, de 11, 14 y 17 años.

“No queremos crear más miedo, pero queremos que estén preparados para cualquier cosa”, dijo Luz Gallegos, directora ejecutiva del Centro Legal TODEC, que comenzó a celebrar las sesiones, muchas de ellas solo con espacio para estar de pie, después de que su línea de atención telefónica se atascara de llamadas tras las elecciones.

La organización ha estado enviando equipos para informar a los trabajadores de las granjas en el corredor rico en agricultura del sur de California que depende de la mano de obra inmigrante, en gran parte indocumentada. El jueves por la mañana, los 30 trabajadores de una granja de Lakeview hicieron una pausa en la cosecha y empaquetado de verduras de hoja verde para asistir a una presentación, la cuarta que se celebraba ese día.

En Dallas, Vinchenzo Marinero, de 30 años y beneficiario de DACA, ha estado explorando frenéticamente vías para permanecer legalmente en el país.

Sin DACA, perdería su trabajo, su permiso de conducir y, tal vez, su casa de tres dormitorios. Ha formado una familia con otra beneficiaria de DACA, y tienen una bebé de 7 meses.

“Sin DACA, no podría mantener a mi familia”, dijo Marinero, quien trabaja como ingeniero de sistemas para una emisora religiosa.

Espera que la compañía lo patrocine para obtener una visa de trabajador calificado, pero eso no podría ocurrir hasta el próximo año. Mientras tanto, su abogado le aconsejó renovar su DACA por otros dos años, a pesar de que expira en junio de 2025.

“Para cuando Trump tome posesión, espero que el mío se renueve para tener dos años más”, dijo Marinero. “Eso me da más tiempo para planear”.

Aunque pocos líderes universitarios se han pronunciado sobre la estrategia de inmigración del gobierno de Trump, muchos campus han estado sopesando en silencio medidas para proteger a sus estudiantes internacionales e indocumentados.

Más de 1700 administradores y personal universitario asistieron a un seminario en línea el 15 de noviembre sobre cómo apoyarlos.

“Nuestro mensaje es que el momento de actuar es ahora”, dijo Miriam Feldblum, directora ejecutiva de la Alianza de Presidentes para la Educación Superior y la Inmigración, un grupo no partidista de colegios y universidades públicas y privadas que organizó el evento.

Muchas instituciones están considerando patrocinar a los beneficiarios de DACA para visados de trabajo, dijo, lo que les daría una solución temporal que eventualmente podría ponerlos en el camino hacia un estatus legal permanente. Quieren aprovechar las nuevas directrices del gobierno de Biden, que han agilizado la tramitación para quienes cumplen los requisitos.

Un motivo de especial preocupación son las próximas vacaciones de invierno, en las que muchos estudiantes internacionales podrían visitar sus países de origen. En su primer día en la Casa Blanca en 2017, Trump prohibió la entrada a Estados Unidos de personas procedentes de países predominantemente musulmanes, lo que creó caos en los aeropuertos. Fue impugnada en los tribunales, pero una versión posterior sobrevivió.

La Universidad de Massachusetts Amherst ha emitido un anuncio sobre viajes a todos los estudiantes, profesores y personal internacionales, instándolos a “considerar seriamente” regresar a los Estados Unidos antes del Día de la Inauguración, y dijo que los estudiantes podrían mudarse a sus dormitorios antes.

La Universidad Wesleyan, una universidad privada de Middletown, Connecticut, envió un correo electrónico a sus estudiantes internacionales el 18 de noviembre con consejos similares. Decía que estar en EE. UU. hacia el 19 de enero era “la forma más segura de evitar dificultades para volver a entrar en el país”.

Gobernador de California veta un proyecto que habría permitido a estudiantes indocumentados trabajar en universidades públicas

El asambleísta demócrata David Álvarez, autor del proyecto, dijo que el veto de Newsom al programa ‘Opportunity for All-Oportunidad para Todos’ “es una profunda decepción porque niega a los estudiantes la oportunidad de superarse a través de la educación”.

Las universidades públicas de California no podrán dar empleo a estudiantes indocumentados luego de que el gobernador del estado, Gavin Newsom, rechazara un proyecto de ley que habría permitido a los inmigrantes obtener ingresos mientras estudian.

En su decisión de este domingo, Newsom aclaró que “California tiene una orgullosa historia de estar a la vanguardia de ampliar las oportunidades para los estudiantes indocumentados que buscan realizar sus sueños de educación superior”, sin embargo, vetó el proyecto de ley.

“Aunque estoy orgulloso de estos esfuerzos, lamentablemente no puedo firmar esta legislación en este momento. Dada la gravedad de las posibles consecuencias de este proyecto de ley, que incluyen la posible responsabilidad penal y civil, es fundamental que los tribunales aborden la legalidad de dicha política y la novedosa teoría jurídica que subyace a esta legislación antes de seguir adelante”, escribió en su decisión el gobernador.

Pese a su veto, Newsom insistió que “incluir a los estudiantes inmigrantes en las oportunidades de éxito a través de la educación superior también es importante para las comunidades locales y economía de California”.

No es la primera vez que se busca aprobar una medida así. En 2023, los regentes de la Universidad de California votaron unánimemente para buscar la vía legal que les permita contratar estudiantes sin documentos en el país.

Las consecuencias del veto de Gavin Newsom al proyecto ‘Opportunity for All- Oportunidad para Todos’
La decisión del gobernador de California de no permitir que las universidades públicas den empleo a los estudiantes indocumentados pone en aprietos a estos últimos que ven en los trabajos de medio tiempo que ofrece la institución como una medida para solventar sus gastos mientras estudian.

El asambleísta demócrata David Álvarez, autor del proyecto de ley, dijo en X (antes Twitter), que el veto Newsom al programa ‘Opportunity for All- Oportunidad para Todos’ (AB2568) “es una profunda decepción porque niega a los estudiantes la oportunidad de superarse a través de la educación”.

“Los estudiantes que pueden estudiar legalmente en las universidades públicas de California también deberían poder trabajar para pagarse sus estudios”, agregó.

Los estudiantes indocumentados en California reciben ayuda financiera, pero muchos no pueden trabajar en el campus desde que un juez federal cerró las solicitudes para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia conocido como DACA en 2021.

Muchos estudiantes indocumentados en la educación superior no tienen acceso a DACA, lo que significa que los colegios y universidades públicas de California tienen la responsabilidad de asegurarse de que todos los estudiantes sin DACA tengan oportunidades educativas y profesionales equitativas, dijo Álvarez en junio cuando urgió al Senado pasar el proyecto de ley.

“Más de 44,000 estudiantes indocumentados en la educación superior en California no pueden solicitar oportunidades de empleo educativo simplemente debido a su estatus” migratorio, dijo Álvarez.

Biden Emite ley de Protección de Cónyuges Indocumentados

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se prepara para anunciar este martes una amplia acción ejecutiva que protegería a ciertos cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses de la deportación y les permitiría trabajar legalmente en el país mientras buscan la ciudadanía, según personas familiarizadas con los planes.

La política se aplicaría a personas que estuvieron viviendo en Estados Unidos durante 10 años y utilizaría una autoridad legal existente conocida como “libertad condicional” que ofrece protección contra la deportación.

Los defensores de la inmigración y los demócratas buscaron durante mucho tiempo estos esfuerzos en un año electoral, y se producen después de que Biden tomara, a principios de este mes, medidas restrictivas para limitar el procesamiento de asilo en la frontera sur de Estados Unidos.

Las medidas, que CNN informó por primera vez la semana pasada, podrían constituir el mayor programa de ayuda del gobierno federal desde el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de la era Obama.

Ese programa, que permitía vivir y trabajar en el país a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, se anunció a mediados de junio del año de reelección de Obama, en 2012.

Aumentan las deportaciones tras acuerdos entre México y EE.UU.

Biden planea realizar un evento para conmemorar el aniversario de DACA este martes, según su agenda semanal.

La medida también incluye una vía para obtener visas de trabajo para los beneficiarios de DACA que cumplan con ciertos criterios, dijo una persona familiarizada con los planes.

Cientos de miles de personas podrían verse beneficiadas por las medidas, con un efecto reverberante entre cónyuges, hijos, familiares y amigos, predominantemente latinos.

Biden anticipó los nuevos pasos al revelar las nuevas reglas de asilo a principios de junio.

“En las próximas semanas –y me refiero a las próximas semanas– hablaré sobre cómo podemos hacer que nuestro sistema de inmigración sea más justo y equitativo”, dijo.

¿Cómo se restringe la migración en la frontera México-EE.UU. con la nueva medida de Biden?
Las encuestas revisadas por los principales asesores de la Casa Blanca y la sede de reelección del presidente ayudaron a la administración a finalizar el plan.

Para los demócratas en algunos estados disputados, las medidas son alentadoras.

Para Biden en Arizona, “Todo está en los márgenes, ¿verdad?” dijo el senador demócrata de Arizona, Mark Kelly, a principios de este mes. «Mi sensación es que debería ayudar».

¿Qué es la SB4?

Qué es la SB4, el proyecto de ley que permite a policías detener a indocumentados en TexasOrganizaciones promigrantes y congresistas demócratas denuncian que el proyecto de ley es inconstitucional

Una propuesta de ley permitirá que oficiales de departamentos policiales de Texas arresten a inmigrantes indocumentados bajo un nuevo delito recientemente aprobado por la legislatura estatal y que solo espera la firma del gobernador para entrar en vigor.

Grupos defensores de los derechos de los migrantes tienen esperanzas de que la medida sea impugnada en tribunales, lo que retardaría su aplicación.

¿Cómo se llama la propuesta y quién es el autor?

La SB4, como se denomina la iniciativa, es encabezada por el senador republicano Charles Perry y respaldada por el representante David Spiller, quien diseñó una versión anterior. La redacción final fue presentada durante la cuarta sesión extraordinaria de la Legislatura texana convocada por el gobernador Greg Abbott en noviembre de 2023, y cuenta con el aval de varios colegas de su partido, del ala más conservador. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Texas tienen mayoría republicana.

¿Qué dice el texto de la SB4?

La propuesta implica la creación de una ley “relativa a las prohibiciones de entrada ilegal o presencia ilegal en este estado por una persona extranjera, la ejecución de esas prohibiciones y ciertas órdenes relacionadas, incluyendo inmunidad de responsabilidad e indemnización por la ejecución acciones, y autorización y exigencia en determinadas circunstancias de la expulsión de las personas que violen dichas prohibiciones; creando delitos”, dice un fragmento de la SB4.

¿Qué significa?

De forma resumida, la propuesta autorizaría a las fuerzas del orden policial de Texas, de cada ciudad y de cada condado del estado a arrestar a los inmigrantes que estén en territorio texano sin la documentación debida, bajo la creación de un nuevo delito.

También faculta a los jueces estatales para ordenar a los migrantes que se encuentren en Estados Unidos ilegalmente regresar al país desde donde entraron.

¿En qué consiste el nuevo delito y cuál es su pena?

Ingresar, estar y/o permanecer en territorio texano sin permiso migratorio vigente se convertirá en un delito menor (misdemeanor) de clase B, según la propuesta final, delito castigable con hasta un año de encarcelamiento.

¿Dónde no pueden arrestar a indocumentados?

No se permiten arrestos de personas en templos religiosos, en instituciones educativas de nivel primario o secundario o mientras se esté recibiendo atención médica en un centro de salud. Tampoco se podrá detener a personas que se encuentren en instalaciones que ofrecen asistencia médica a personas víctimas de violencia sexual, según lo establece el artículo 5B.001 de la SB4.

¿Cuál sería la “causa probable” para ser arrestado?

Durante el último debate en la cámara antes de su aprobación, el autor de la propuesta, Perry dijo que la causa probable sería establecida si los oficiales vieron a una persona cruzar la frontera por un punto que no sea puerto de entrada.

Dijo que no cree que la policía empiece a preguntar a los texanos hispanos si están en el estado legalmente, como lo pretendería una ley del tipo “muéstreme sus papeles”, que fue bloqueada en 2017 por un juez federal de San Antonio.

¿Qué pasa si me detienen?

De ser detenido y llevado a la cárcel, la persona enfrentará una audiencia judicial donde el magistrado determinará si le hará cumplir una sentencia por su presencia ilegal en el estado debido a arrestos anteriores, o emitirá una orden para descartar ese nuevo cargo y requerirá su expulsión del país.

Si el juez estatal decide su deportación, se le requerirá que “regrese a la nación extranjera por la cual entró o intentó entrar”, dice la propuesta.

¿Y si me niego a ser deportado?

Si el detenido se niega a aceptar la decisión del juez, enfrentará un nuevo cargo de delito grave (felony) y permanecerá detenido en una cárcel del estado.

El máximo castigo posible para un delito grave de segundo grado es de 20 años de prisión, según el Código Penal estatal.

El juez del condado de Dallas, Clay Lewis Jenkins objetó la propuesta por los gastos que generaría a condados de Texas.

“Inevitablemente obligará a los gobiernos locales a aumentar los impuestos a la propiedad para albergar los reclusos surgidos de este proyecto de ley y cuidar a sus hijos colocados en hogares temporales (foster homes)”.

Jenkins resaltó que “es matemáticamente imposible albergar a la población de reclusos estimada” que surgiría por la SB4 en cárceles de condados como la de Dallas.

¿A dónde me deportarían?

Solo hay un lugar donde pueden ser deportados: México. Debido a que es el único país que limita con Texas y la propuesta estipula que será devuelto a la nación por la que ingresó, la persona sería enviada a territorio mexicano, incluso si este no es su país de origen.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a cargo de Alicia Bárcena, repeló la propuesta del Senado de Texas en un comunicado.

“El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, externa su rechazo ante estas medidas antiinmigrantes que pretendan detener el flujo de personas migrantes, mediante su criminalización, lo que resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales”.

¿Se convertirá en ley?

El gobernador Abbott ha apoyado constantemente medidas antiinmigrantes y ha demostrado su interés por firmar la propuesta en cuanto llegue a su escritorio.

Sin embargo, de ser promulgada, se esperan impugnaciones por parte de grupos defensores de los derechos de los migrantes, que cuestionan la criminalización de indocumentados y la apropiación de tareas que le corresponden al gobierno federal.

“El poder de aplicar las leyes de migración son indiscutiblemente y exclusivamente del poder federal”, dijo ante el pleno la representante estatal Victoria Neave.

¿Qué es lo que más preocupa de esta ley?

La posibilidad de perfilamiento racial por parte de policías ha sido la principal inquietud de quienes se oponen a la medida. Consideran que los latinos, que el censo estima representan el 40% de la población de Texas, podrían ser expuestos a actos de discriminación.

The American Civil Liberties Union (ACLU) de Texas, una organización de derechos civiles, dijo que “ahora será más difícil para gobiernos locales y jefes de departamentos policiales asegurarse que sus oficiales no se vean envueltos en prácticas de perfilamiento racial y discriminación”.

Para la organización National Immigration Forum, con sede en Washington, esta ley “hará aún más difícil que fuerzas del orden mantengan a la comunidad a salvo porque la relación de confianza entre inmigrantes y oficiales se perderá por temor y tensión”.

¿Quiénes están en contra?

Varias organizaciones sin fines de lucro así como instituciones promigrantes, figuras políticas locales y líderes comunitarios se manifestaron en contra de la iniciativa.

Juan José Martínez-Guevera, Gerente en Texas de la organización de derechos migrantes United We Dream, acusó a Abbott de “quitarles a los inmigrantes la libertad de moverse, vivir y prosperar mientras todos sabemos que Texas es lo suficientemente grande para todos nosotros”.

Somos Tejas, una organización sin fines de lucro dedicada a estimular la participación cívica y electoral en la comunidad latina, mostró su consternación por la iniciativa, en una publicación en redes sociales. “La SB4 es un proyecto de ley peligroso que abre la puerta a la discriminación racial de los ciudadanos e inmigrantes estadounidenses, especialmente de las comunidades de color”, publicaron en Instagram.

¿Quiénes están a favor de la SB4?

El gobernador Abbott dijo que estaba ansioso por firmar la propuesta y convertirla en ley.

En su red social X, antes Twitter, dijo “Espero firmar el Proyecto de Ley Senatorial 4, que crea sanciones por entrada ilegal a Texas y autoriza la expulsión de inmigrantes ilegales detenidos en la frontera”.

Por su parte, el vicegobernador y presidente del Senado, Dan Patrick se mostró satisfecho por su aprobación en el Capitolio de Austin. En un comunicado en su sitio web oficial, Patrick dijo que la “SB 4 es la propuesta más fuerte jamás aprobada en materia de seguridad fronteriza en Texas”.

Policías Pueden Arrestar a Indocumentados

Remiten al gobernador Abbott proyecto de ley que autorizaría a las fuerzas de seguridad locales detener a personas con situación migratoria irregular

La policía estatal y local de Texas podría empezar pronto a aplicar las leyes de inmigración, y los jueces estatales podrían ordenar a los inmigrantes indocumentados regresar a México, bajo un proyecto de ley de seguridad fronteriza que ya fue remitido al gobernador Greg Abbott para su firma.

Después de horas de debate el martes, la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley por línea de partido.

Otra propuesta para destinar miles de millones de dólares a la construcción y mantenimiento de una barrera estatal en la frontera regresó al Senado para su aprobación final.

El Proyecto de Ley 4 del Senado, la propuesta sobre seguridad fronteriza presentada por el representante republicano David Spiller de Jacksboro, fue aprobado por 83-61 votos.

El Proyecto de Ley 3 del Senado, que asigna más recursos para la construcción del muro fronterizo, fue aprobado por 84-59 votos.

Abbott ha dicho que firmará los dos proyectos aprobados por la Cámara de Representantes.

La SB4 define un nuevo delito estatal de entrada ilegal desde otro país, que constituirá un delito menor de Clase B.

Esta ley autorizaría a la policía estatal y local arrestar a los inmigrantes que estén en Texas ilegalmente.

También autoriza a los jueces estatales ordenar a los migrantes regresar al país desde donde entraron al estado, país que presumiblemente sería México.

La propuesta es similar a la que Spiller promovió en la anterior sesión especial, pero con algunos cambios.

La anterior versión autorizaba a los oficiales de policía estatal y local ordenar a los migrantes regresar a México.

La más reciente propuesta además no permite arrestar a los migrantes en escuelas, casas de culto o instalaciones donde se brinden servicios a personas sobrevivientes de violencia sexual.

Sin embargo, expertos jurídicos, algunos exjueces federales de inmigración y los demócratas en el Capitolio de Texas sostienen que la iniciativa de ley es anticonstitucional.

“Los republicanos de Texas aprobaron orgullosamente un proyecto de ley que autoriza al Departamento de Seguridad Pública de Greg Abbott encarcelar a migrantes negros y morenos por el simple hecho de existir en nuestro estado”, dijo el presidente del Partido Demócrata de Texas Gilberto Hinojosa said.

Alegan que es anticonstitucional

Los demócratas expresaron reservas el martes de que la propuesta de ley viola la ley federal y que daría lugar a actos de discriminación contra texanos hispanos y latinos.

“Este proyecto de ley es hipócrita, es antiamericano”, dijo la representante Jolanda Jones, demócrata por Houston. “Dejaré de hablar de raza cuando ustedes dejen de ser racistas”.

Algunos cuestionaron si Spiller trataba de impugnar el fallo de 2012 del caso Arizona vs. Estados Unidos en que la Suprema Corte determinó que los estados tienen límites en la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Spiller no estuvo de acuerdo.

“Hemos evitado hacer lo que hizo Arizona”, dijo Spiller.

La representante Erin Zwiener, demócrata por Driftwood, le preguntó a Spiller que en qué afectaría añadir una enmienda que desautorice acusar a los migrantes indocumentados de un delito si México se niega a aceptarlos.

El proyecto de ley permite acusar de un delito mayor a los migrantes indocumentados que se nieguen a regresar.

Spiller se negó a aceptar la enmienda.

Aprueban Nueva Ley de Migración en Texas

La iniciativa, que en varias ocasiones ha sido rechazada por falta de votos entre los republicanos, otorgaría poderes extraordinarios a las policías locales para detener a extranjeros sobre quienes exista sospecha que ingresaron ilegalmente al estado desde el extranjero. Se trata de la iniciativa más dura en su tipo en Estados Unidos.

El gobernador Greg Abbott lleva ya dos años desafiando a la administración Biden en la gestión de la crisis migratoria: enviando autobuses llenos de migrantes al norte, encarcelando a miles por allanamiento, colocando un ‘muro flotante’ en el río Grande y alambre de espino, entre otras cosas.

Para Abbott, Biden es responsable de la crisis migratoria por su supuesta política de fronteras abiertas. La Casa Blanca responde que el presidente protege el debido proceso migratorio, atado de manos por un sistema obsoleto, aprobado por el Congreso hace décadas.

Así las cosas, el más reciente desafío a la competencia del gobierno federal en materia migratoria del gobernador de Texas llega en forma de un proyecto de ley aprobado el martes por el Congreso estatal para otorgar a la policía autoridad para arrestar a migrantes y que jueces locales puedan dictaminar su expulsión del país.

El proyecto contiene la regulación más estricta contra la inmigración irregular del país. Incluso un senador estatal republicano expresó su rechazo por ir demasiado lejos.

Qué contiene el proyecto de ley que ahora aguarda la firma del gobernador Abbott

La idea de autoridades texanas arrestando a inmigrantes no es nueva. En los seis primeros meses de administración Biden, ya habían llegado a acuerdos con terratenientes para que los denunciaran por allanamiento cuando entraban en sus propiedades.

Pero el nuevo proyecto, la iniciativa de ley SB 4, crea un delito estatal por entrada no autorizada a Texas desde un país extranjero, un delito leve en la primera infracción. El proyecto precisa que el cargo criminal aumentaría a grave estatal con un delito posterior.

La medida también faculta a que un juez o magistrado de condado ordene que el inmigrante o extranjero detenido por entrada ilegal al estado de Texas regrese a un puerto de entrada, pero solo después de que se haya verificado toda la información de identificación del detenido y se haya cotejado con bases de datos estatales y federales.

Por contra, la ley federal de inmigración sanciona el ingreso indocumentado como una falta de carácter civil no criminal. Es más, entre las prioridades de deportación del gobierno de Biden no se contempla la presencia indocumentada como una amenaza a la seguridad pública o nacional de Estados Unidos, como lo hizo Trump el 25 de enero de 2017.

Greg Abbott planea cercar su estado: “Texas construirá su propio muro”

Los críticos dicen que la ley de Texas podría conducir a la discriminación racial o al arresto injusto de ciudadanos e inmigrantes que se encuentran en el país legalmente. Los demócratas también dijeron que haría que los indocumentados que sean víctimas de delitos tendrán miedo de contactar a la policía.

La Unión para las Libertades Civiles de EEUU (ACLU) ha catalogado los esfuerzos antiinmigrantes tanto de la legislatura como del gobernador de Texas como un “ataque” a las comunidades fronterizas y de inmigrantes.

Y ha advertido que se suman a los esfuerzos anteriores emprendidos por Abbott para detener el cruce indocumentado y “poner en peligro” a los migrantes en el río Grande a través de la Operación Estrella Solitaria (Lone Star).

Uno de los republicanos que avaló el proyecto, el representante estatal David Spiller, dijo que la ley no se aplicaría a los residentes que hayan estado en el país durante más de dos años. Defendió el proyecto de ley por tener suficientes barreras de seguridad y dijo que se aplicaría principalmente cerca de la frontera.

«Esto no es ‘reunir a todos los que están aquí ilegalmente y enviarlos de regreso a México'», dijo Spiller a un comité legislativo la semana pasada.

Steven McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo a los legisladores que sería “casi imposible” que la ley se aplicara en cualquier condado que no estuviera directamente a lo largo las 1,200 millas de frontera de Texas con México, porque un agente necesitaría pruebas de que un migrante había cruzado ilegalmente.

“Sería exagerado”, dijo McCraw.

El desafío de Texas a la competencia federal de regular la inmigración

Expertos legales y grupos de derechos de los inmigrantes han criticado el proyecto de ley de Texas como un claro conflicto con la autoridad del gobierno federal para regular la inmigración.

“¿Desde cuándo un estado deporta a personas?”, se preguntó la representante estatal demócrata Victoria Neave Criado. “Ese no es un poder que tengan los estados. Ese es un poder que tiene el gobierno federal”, aseveró.

Criado y otros demócratas alegan que lo que busca Abbott es que la nueva mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos revise un fallo de 2012 que anuló disposiciones clave de una ley de inmigración de Arizona.

En ese momento, el juez Anthony Kennedy dijo que Arizona puede tener «frustraciones comprensibles» con los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente, pero no puede implementar políticas que «socaven la ley federal».

Spiller ha negado querer impugnar la decisión contra la norma de Arizona. Pero el proyecto de ley ha hecho reflexionar a al menos uno de sus compañeros republicanos.

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El senador estatal Brian Birdwell, un veterano del Ejército que resultó herido en el Pentágono durante los ataques del 11 de septiembre de 2001, fue el único republicano que votó en contra diciendo que la ley usurparía poderes otorgados al gobierno federal. Fue un raro momento de división en la mayoría del Senado de Texas, donde los republicanos suelen votar al unísono.

«Para mejorar los mensajes a corto plazo entre nuestras dos cámaras durante esta temporada electoral, estamos sentando un terrible precedente para el futuro al invalidar nuestra obediencia y fidelidad a la Constitución», agregó Birdwell.

Estrella solitaria, la masiva operación de Texas en la frontera

En su tercer mandato, Abbott ha hecho de medidas cada vez más agresivas en la frontera entre Texas y México una pieza central de su administración.

Además de otorgar a la policía nuevos poderes de arresto, los republicanos de Texas también están en camino de aprobar $1,500 millones para continuar construyendo más muro fronterizo.

Texas también ha llevado a los tribunales su ‘muro flotante’ en el río Grande y ha llevado a los tribunales una demanda para evitar que los agentes de la Patrulla Fronteriza corten alambre de púas instalado en el río.

Los esfuerzos no han detenido los cruces, que se han mantenido inusualmente altos, aunque disminuyeron en octubre en una rara noticia bienvenida para una Casa Blanca que ha sido criticada por la derecha y la izquierda por sus políticas de inmigración.

¿Qué les espera a los inmigrantes de Houston tras los resultados electorales?

La jornada electoral en el área de Houston fue bastante reñida y unas de las más acaloradas fueron las de la juez del condado Harris y del gobernador del estado de Texas. Los analistas políticos Mark Jones y Luis Moros nos dicen qué representan estas victorias para la comunidad hispana.

Tras unas contiendas muy apretadas entre candidatos a diferentes puestos de elección popular en el área de Houston, surge la pregunta sobre lo que le espera a la comunidad latina del área

Univision 45 habló con los analistas políticos Mark Jones y Luis Moros para saber si el futuro para los hispanos del condado Harris es esperanzador.

“Creo que la reelección de la juez (Lina Hidalgo) en particular pone en contexto lo que ha sucedido en Texas con la apelación contra el DACA que sigue siendo una de las contiendas migratorias que estaba en el limbo por más de 10 años y esperemos que el tenerla a ella como juez pueda ayudar a resolver ese problema”, dijo el analista político, Luis Moros.

“Realmente vamos a tener una mayoría demócrata en la corte de comisionados del condado Harris lo que va a abrir la posibilidad de hacer muchas más cosas como el aumento de servicios, pero con la consecuencia de que subirán los impuestos a los dueños de casas”, opinó Mark Jones, profesor de ciencias políticas de Rice University.

Entre las contiendas más reñidas durante la jornada electoral en el área de Houston destacan las de la juez del condado Harris y del gobernador del estado de Texas.

“Creo que la comunidad latina puede estar en una línea pendiente por lo que hemos visto que el gobernador Abbott ha tenido políticas antiinmigrantes y sobre cómo ha atacado a los inmigrantes mandándolos a zonas de estados demócratas, por lo que creo que la responsabilidad de un servidor público es resolver necesidades y no crear necesidades”, indicó Moros.

“Vamos a tener una mayoría republicana envalentada por una victoria a nivel estatal por 10, 12 y 15 puntos y una mayoría en el senado de Texas por 19 de 31 bancas, lo que implica políticas públicas que serán más de la derecha que afectarán temas como las personas transgénero, el aborto y la oportunidad de elegir escuelas como las charter”, expresó Jones.

Ambos expertos en política coincidieron en que el voto latino marcó una gran diferencia durante la contienda electoral del sureste de Texas.

“En mi opinión creo que el voto latino y el latino como tal en Texas en esta elección puede que esté en una disputa entre los derechos humanos de los migrantes ante políticas tan antiinmigrantes como las de Abbott”, agregó Moros.