Estos son los casos que los jueces pueden eliminar de la Corte de Inmigración

Tras una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA), se conoce el texto de una guía publicada en abril que otorga a los jueces de inmigración poderes extraordinarios para eliminar casos del calendario maestro y que tengan peticiones de ajuste pendientes ante el servicio de inmigración (USCIS).

Cuatro meses después de emitida una guía que otorga a los jueces de inmigración poderes extraordinarios para eliminar casos del calendario maestro, se conoce el memorando emitido en abril por el juez jefe de la Corte de Inmigración (EOIR).

El documento, publicado en la página web de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), fue obtenido por medio de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

La guía, firmada por Trace Short, juez jefe de la EOIR, tiene fecha del 26 de abril y solo se conocía el anuncio hecho por la Corte. La instrucción permite conocer en detalle y constituye un recordatorio respecto a cuáles casos referidos a los tribunales pueden ser eliminados del calendario maestro y obtener un beneficio legal disponible.

“La guía favorece aquellos casos remitidos al tribunal donde los inmigrantes no tienen cargos criminales, tienen peticiones de ajuste pendientes ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y el juez estima que el caso se puede resolver por esa vía”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

Qué dice la guía

La guía, emitida por Short, brinda orientación sobre el “aplazamiento de la adjudicación de ciertos casos” al tiempo que alerta a los tribunales que se podrán trasladar “ciertos casos que no están maduros para adjudicación fuera de los expedientes judiciales”.

El juez jefe de la Corte de Inmigración explica además que, de conformidad con la facultad de «asegurar la disposición eficiente de todos los casos pendientes», incluyendo el establecimiento de prioridades para la resolución de casos, se permitirá que ciertos expedientes “sean diferidos”, y que la administración de la “agenda de asuntos” sea decidido por los jueces de inmigración.

Para tal efecto, “he determinado que ciertos (referidos a los tribunales de inmigración) deberían ser eliminados del calendario (maestro) de la Corte”, indicó Short.

Los favorecidos

Los casos favorecidos para ser seleccionados de acuerdo con la guía de abril son los siguientes:

El demandado tiene una solicitud o petición pendiente con USCIS (por ejemplo, un Formulario 1-130 Petición de Visa basada en la familia);
El demandado tiene una petición colateral pendiente con otra agencia de gobierno agencia o tribunal que, si se adjudicara favorablemente, conferiría elegibilidad para buscar beneficios de inmigración ante USCIS (por ejemplo, petición de tutela en la Corte de Familia como requisito previo para una petición de Inmigrante Juvenil Especial -SIJ-);
El demandado es elegible para buscar asilo ante USCIS en primera instancia (por ejemplo, de conformidad con la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de William Wilberforce de 2008);
El demandado tiene una petición de visa aprobada y está esperando un número (cupo) de visa disponible (por ejemplo, una petición de visa basada en empleo por medio del Formulario 1-140);
El demandado tiene Estatus de Protección Temporal (TPS) o es prima facie (a primera vista) elegible para TPS; o
El caso involucra a un demandado que es prima facie elegible para Ajuste de Estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Puede haber otras razones

El manual o instructivo de abril precisa además que “la lista (de favorecidos) no es exhaustiva y puede haber otras razones” para eliminar casos del calendario de la Corte de Inmigración si el juez así lo determina en uso de su discrecionalidad.

Explica que, antes de que un caso sea retirado del calendario, “la unidad del secretario general (CCU) de la EOIR enviará unanotificación a las partes notificándoles que el caso se moverá fuera del calendario, a menos que una de las partes presente una solicitud por escrito para mantener el caso en el calendario con el tribunal de inmigración designado dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la notificación”.

“Es importante cumplir con este plazo”, advierte Guerrero. “Pero hay que tener en cuenta una serie de factores para decidir. Si el juicio final está para dentro de tres meses y la espera para un cupo de visa de inmigrante disponible tardará todavía un año en hacerse efectivo, el inmigrante y su abogado determinarán que es mejor seguir dentro del calendario y completar el juicio para recibir el beneficio legal, en este caso el ajuste de estatus”.

“Porque si el extranjero referido al tribunal acepta la decisión del juez de eliminar el expediente del calendario, sabrá Dios para cuándo el servicio de inmigración le dará una cita para recibir el beneficio que espera, teniendo en cuenta que la agencia federal tiene acumuladas más de 9 millones de solicitudes”, precisó.

La guía advierte además que “los tribunales deben mantener los casos en el calendario hasta que haya transcurrido el período de 60 días” y el inmigrante o su abogado no hayan respondido al anuncio.

De acuerdo con la base de datos de USCIS, a finales de marzo la agencia tenía 1,622,266 Formularios I-130 (peticiones familiares de ajuste) acumulados y 90,647 Formularios I.140 (peticiones de ajuste laborales) en espera de resolución.

¿Y las prioridades de deportación?

A la pregunta de si las prioridades de deportación del gobierno de Biden, bloqueadas por orden judicial, cambia el escenario dibujado por la guía del 26 de abril, Guerrero dijo que “los jueces de inmigración todavía tienen la discrecionalidad de sacar del calendario maestro casos pendientes y que otorguen un beneficio migratorio, como la petición familiar”.

“La decisión de los tribunales de justicia de dejar sin efecto las prioridades de deportación del gobierno no altera el contenido de la guía del juez jefe de inmigración de abril”, indicó.

En julio, la Corte Suprema, en un fallo 5-4, negó un recurso de emergencia solicitado por el gobierno para restablecer de inmediato la política de prioridades de deportación dictadas a finales de septiembre del año pasado mientras revisa la totalidad de un proceso en el que dos cortes de apelaciones dictaron fallos contrarios.

Sin embargo, el máximo tribunal de justicia dijo que escuchará los méritos del caso en diciembre, cuando celebre una audiencia para que los abogados de ambas partes en el proceso presenten sus argumentos orales.

Presión republicana

Con esta decisión, el máximo tribunal de justicia se negó a suspender una sentencia emitida en junio por una corte federal de distrito de Texas que dejó sin efecto la política migratoria del mandatario en cuanto a las prioridades de expulsión.

El recurso legal tenía como objetivo dejar sin efecto el dictamen pronunciado por el juez federal Drew Tipton, quien anuló las prioridades de expulsión enfocadas en aquellos extranjeros con antecedentes criminales que constituyen una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

Los demandantes, los estados de Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, alegan que la política de deportaciones del DHS violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).

Guerrero dijo que la guía del 26 de abril no se altera por la decisión de la Corte Suprema y que los jueces de inmigración siguen teniendo amplia discrecionalidad para eliminar casos del calendario maestro de la Corte de Inmigración y tienen peticiones de ajuste pendientes ante el servicio de inmigración.

Fuente: Jorge Cancino

Jueces de inmigración rechazan amenaza de Trump de silenciarlos y anuncian que pedirán ayuda al Congreso

+ Abogados advierten que «este es el último ataque del gobierno contra la independencia del tribunal de inmigración” y que el gobierno trata de silenciar las principales voces críticas a su política migratoria.

Los jueces de inmigración dijeron estar “desalentados” por los planes del gobierno de Donald Trump de quitarle la certificación a su sindicato para silenciar las críticas a la política migratoria del presidente.

“Esta acción emprendida por el Departamento de Justicia (DOJ) es un intento equivocado de silenciar a los jueces de Inmigración que han criticado las prácticas de gestión y las invasiones en la independencia judicial que han aumentado dramáticamente en los últimos dos años”, dijo a Univision Noticias la honorable Dana Leigh Marks, presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).

Marks dijo que “hace veinte años, el DOJ intentó la misma táctica buscando clasificar a los jueces como gerentes y formuladores de políticas para que no pudieran organizarse y hablar cuando no están de acuerdo con la política del departamento”.

“Ese esfuerzo fue rechazado por la Autoridad Federal de Relaciones Laborales, que dictaminó que, si bien los jueces de inmigración son claramente expertos técnicos altamente calificados en leyes de inmigración, no tienen un papel en el desarrollo de la política”.

La presidenta honoraria de la NAIJ dijo además que “estamos desalentados de que el DOJ haya decidido plantear nuevamente este problema que ya estaba resuelto. Y agregó que “la asociación planea plantear este problema al Congreso en septiembre, cuando finalice el receso de verano”.

“Confiamos en el apoyo de la comunidad legal para combatir este ataque injustificado contra nuestra independencia”, sostuvo.

La amenaza

El sábado el diario The New York Times reportó que el DOJ está intentando “descertificar” a la NAIJ, una maniobra que podría “silenciar a una organización cuyos miembros a veces han sido abiertamente críticos de la agenda de aplicación de la ley de inmigración del gobierno”.

El ministerio presentó el viernes una petición solicitando a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales que determine si se debería revocar la certificación del sindicato porque sus miembros son considerados «funcionarios administrativos» no elegibles para organizarse colectivamente.

Guerra vieja

La guerra entre el gobierno de Trump y los jueces de inmigración o es nueva. En abril la NAIJ dijo que era obvio que el presidente “no entiende absolutamente nada de política internacional, y no tiene ni la más mínima idea de cómo lidiar con el reto de la inmigración».

El comentario surgió en respuesta a una petición que hizo el mandatario al Congreso para que “actúe” para eliminar el sistema de asilo “porque no funciona. Y francamente, también deberíamos deshacernos de los jueces».

“Las leyes actualmente brindan dos audiencias de proceso por parte de los jueces para todos (los inmigrantes), excepto una pequeña porción de personas que ingresan a nuestro país”, dijo Marks en esa ocasión.

Añadió que, “para que eso cambie” debe hacerlo el Congreso. Y si bien a algunos “le gustaría cambiar la ley, es altamente improbable en este tiempo tan polarizado”, indicó.

“No creo que una legislación así despegue en el legislativo”, apuntó Marks. “Estados Unidos se enorgullece de ser una nación de leyes y modelo de justicia” (…) “Despedir a los jueces del proceso de inmigración sería atentar contra los principios fundamentales de nuestro país y violaría tratados internacionales que hemos firmado. Este curso de acción es extremadamente improbable que ocurra”, precisó.

Qué dicen los abogados

La reacción de los abogados no se hizo esperar. “Este es el último ataque del gobierno contra la independencia del tribunal de inmigración”, dijo Víctor Nieblas, un expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

“La administración está tratando de silenciar las voces sindicales de los jueces de inmigración, entidad que expresa las preocupaciones de los jueces para promover una operación más eficiente del sistema judicial”, añadió.

Nieblas dijo además que “al forzar su silencio, nos acercamos un paso más al autoritarismo en el campo de la Ley de Inmigración”.

“Este es otro ejemplo de por qué las cortes de inmigración deben ser independientes del DOJ y el gobierno”, indicó. “No puede ser que el Poder Ejecutivo arreste a inmigrantes y busque su expulsión de Estados Unidos, y que también controle completamente el sistema judicial que promete un juicio justo”, dijo Nieblas.

Las preocupaciones de Nieblas fueron compartidas por Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “Es típico que Trump amenace o critique a toda persona u organizaciones que hablen mal de sus políticas. Los jueces de inmigración dependen del ejecutivo y. desde este punto de vista, puede que sean sancionados de alguna manera. No existe independencia judicial con los jueces de inmigración, y a esto se debe el alto número de renuncias de miembros de las cortes”.

Para la abogada Bárbara Hines, exprofesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, en Austin, “este es otro ataque contra las pocas protecciones que existen para los migrantes”.

“El gobierno de Trump intenta suprimir cualquier portavoz o grupo que se opone a su política, no solo en el ámbito de migración. Es una maniobra para intimidar a los jueces y quitarles la poca independencia que tienen”.

Libertad parea actuar

En octubre del año pasado la NAIJ refutó en duros términos la imposición de cuotas a los jueces, todo ello en el marco de la política de ‘tolerancia cero’ de Trump, cuyo objetivo es perseguir y castigar la inmigración, principalmente indocumentada.

“La NAIJ está extremadamente consternada por los pasos, sin precedentes, tomados por este gobierno para imponer cuotas de producción a los Jueces”, dijo Marks. Y agregó que “si bien las metas de aspiración y las estimaciones de los tiempos de procesamiento promedio pueden ser medidas efectivas en términos de asignación de recursos, como dónde colocar jueces adicionales, estas medidas son completamente inadecuadas cuando se usan para evaluar el trabajo de un juez en función de métricas numéricas o basadas en el tiempo” (en que debe concluir un caso).

AILA dijo al respecto que la imposición de cuotas “es solo la última de una serie de cambios de políticas implementadas en el último año que socavan la independencia judicial, amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día justo en corte”.

Para la NAIJ el problema es más serio de lo que reconoce el gobierno. “Uno no puede cuantificar el debido proceso”, advierte Marks. “Cada caso tiene sus propios méritos que deben abordarse caso por caso. Un juez debe tener la libertad de permitir que las partes que tiene ante él presenten el testimonio y la evidencia documental necesaria para probar el caso, en lugar de limitarlo debido a consideraciones extrañas o presiones políticas”.

Fuente: JORGE CANCINO

Vaya Desmadre Traen las Cortes por Indecisión de Deportaciones

Las cortes de inmigración en todo Estados Unidos están sufriendo las consecuencias del reciente fallo de la Corte Suprema que ha llevado a la postergación o incluso anulación de numerosas órdenes de deportación, lo que ha ocasionado más caos al sistema que ya estaba afectado por enormes acumulaciones y atrasos

El poco conocido fallo se concentra en lo que podría parecer un simple tema de procesamiento sobre cómo proporcionar notificaciones de forma adecuada a los inmigrantes para que comparezcan en la corte para su caso de deportación. Pero ha tenido implicaciones más extensas en las cortes a cargo de decidir si cientos de miles de personas deben recibir permiso para quedarse en Estados Unidos.

Desde que la decisión se tomó en junio, los abogados han solicitado a los jueces que descarten los casos de sus clientes. Algunos jueces de inmigración se han negado a emitir órdenes de deportación para los inmigrantes. En un caso reciente en el estado de Washington, un jornalero agrícola mexicano logró que descartaran una imputación por haber regresado al país sin autorización.

No está claro cuántas personas podrían verse afectadas. Algunos jueces de inmigración han negado peticiones de abogados de rechazar casos de deportación, pero otros en estados como Tennessee, Nueva Jersey y California, las han otorgado. “Las posibles consecuencias del fallo son masivas”, dijo Jeremy McKinney, abogado de inmigración en Greensboro, Carolina del Norte.

La decisión de la Corte Suprema, con ocho votos a favor y uno en contra, se basa en el caso de un mozo brasileño que buscaba una tarjeta de residente especial para inmigrantes que han estado en el país al menos 10 años, tienen buen carácter moral y cuyos parientes estadounidenses sufrirían en caso de ser deportados.