Si los cárteles mexicanos de narcotráfico son considerados organizaciones terroristas, tal y como ha prometido el presidente, Donald Trump, Estados Unidos podrá congelar los bienes de presuntos narcotraficantes, deportar o denegar la visa a aquellos que sospeche que trabajen para ellos, e incluso hasta adoptar medidas financieras que impacten a todo México, como restringir importaciones o reducir la cooperación bancaria.
El exembajador mexicano Arturo Sarukhán anticipó en un artículo que también podrían entorpecerse programas de coordinación para temas como apoyo a la sociedad civil y ONGs.
Las agencias federales gozarán de mayor margen para investigar a los carteles, posiblemente incluso en México, pero Estados Unidos no podrá en ningún caso lanzar misiones militares directas, si se atiene a las regulaciones y leyes sobre organizaciones terroristas (FTO, por su sigla en inglés).
Trump aseguró el martes que se había ofrecido a enviar soldados y el Gobierno mexicano que preside Andrés Manuel López Obrador lo rechazó. Este miércoles, Obrador ha indicado que no quiere “polemizar”, y ha aclarado: “Cooperación sí, intervencionismo no”.
El asunto será, según Obrador, tratado por su canciller, Marcelo Ebrard, que ha dicho por su parte estar ya “en comunicación con el Gobierno de” Trump para cerrar una reunión en breve. “Haremos diplomacia de unidad nacional para defender soberanía y decisiones propias”, aseguró Ebrard.
Para Trump, la designación de los carteles como terroristas es una necesario porque Estados Unidos “está perdiendo a 100,000 personas al año por lo que está pasando y lo que llega desde México”, en referencia a la epidemia de drogas opiáceas, que causa más de 130,000 fallecimientos por sobredosis al año.
En México se han registrado más de 36,000 homicidios en lo que va del año, otro récord en una escalada violenta que dura ya años y que es atribuida, en parte, a los combates entre cárteles.
Cómo funciona una designación
“Hacer la designación no es tan sencillo, hay todo un proceso y ya estamos avanzados”, dijo Trump.
Hay dos formas de hacerlo: por decreto presidencial o por aviso del Departamento de Estado.
Con un decreto, se señalan los “terroristas globales especialmente designados” (SDGT, en inglés), contra los que el Departamento del Tesoro puede emitir sanciones y congelar bienes, y a los que se les puede impedir la entrada al país.
Si la medida la toma el Departamento de Estado, además se pueden imponer restricciones migratorias, como agilizar deportaciones, y castigar a quien venda o proporciones bienes o servicios al grupo terrorista. En este caso, el Congreso tiene siete días para aportar objeciones antes de la declaración, que dura dos años y puede renovarse o cancelarse después de ese tiempo.
El Departamento de Estado debe tomar en consideración antes si el grupo “ha realizado ataques terroristas” o ha demostrado estar planeándolos o ser capaz de perpetrarlos, y si esas acciones afectarían a ciudadanos estadounidenses.
A principios de noviembre, un grupo de narcotráfico fue acusado del asesinato de seis niños y tres madres en una carretera de Chihuahua. Las víctimas, todas de la familia LeBarón del norte de México, tenían doble ciudadanía.
Esta familia fue la que envió hace tres días una petición a la Casa Blanca para solicitar la designación de los carteles como grupos terroristas; en su carta, aseguró que los cárteles “quieren poder político para crear un narco-Estado en México”.
Congresistas estadounidenses habían solicitado la designación en febrero en otra carta.
La lista de organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos incluye a 67 grupos, como Hezbolá (grupo islamista que forma parte del gobierno de Líbano y que ha participado en conflictos en Medio Oriente); el Estado Islámico, o ISIS, y siete de sus ramas; y el Ejército de Liberación Nacional colombiano.
Las organizaciones del narcotráfico mexicanas tienen “una estructura descentralizada” con subgrupos “que a veces están en conflicto entre sí y a momentos cooperan”, según el Servicio de Investigaciones del Congreso. Aunque han ejecutado acciones con implicaciones políticas más de 100 candidatos fueron asesinados en el periodo electoral de 2018, muchos presuntamente por narcotraficantes-, sus fines son económicos.
La ayuda que ya da Estados Unidos
Trump aseguró el 5 de noviembre, tras el ataque a la familia LeBarón, que era momento para que México “con ayuda de Estados Unidos, hiciera la GUERRA contra los cárteles”.
Pero hace ya más de una década que los gobiernos de ambos países colaboran en este sentido dentro de la conocida como Iniciativa Mérida para “contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas, que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera”.
Para ello fueron asignados en 2008 un total de 2,300 millones de dólares por el Congreso estadounidense para equipo, entrenamientos y acciones contra los cárteles. Por ejemplo, la erradicación de cultivos de marihuana y opio, la capacitación de agentes mexicanos y también el “apoyo” de agentes estadounidenses de la DEA o del FBI para recopilar inteligencia y hasta operar drones “en el norte y el sur de México”.
El FBI incluso está participando en la investigación del homicidio de la familia LeBarón.
López Obrador dijo en mayo que quiere deshacerse de la iniciativa, porque considera que los fondos deben ser para el desarrollo económico y no para “apoyos militares” o “helicópteros artillados”. Ebrard afirmó el lunes que sería mejor que la conversación entre Washington y México tratara sobre el tráfico de armas.
