Declaran Culpable a García Luna

El exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna fue declarado culpable de narcotráfico este martes en Estados Unidos.

El jurado halló a García Luna, quien fue el rostro de la guerra contra las drogas en México, culpable de beneficiarse con millones de dólares del cartel de Sinaloa.

García Luna, quien fue arrestado en el estado de Texas en 2019, se había declarado inocente y podrá apelar el veredicto, que se produjo después de un juicio de cinco semanas en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York.

El Departamento de Justicia estadounidense advirtió que Luna, de 54 años, enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

El portavoz del gobierno mexicano, Jesús Ramírez Cuevas, dijo en un tuit que «la justicia ha llegado para quien fuera el escudero» del expresidente Felipe Calderón. «Los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca», añadió.

El gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy crítico con la gestión de Calderón. Acusa a García Luna de robar más de US$200 millones en fondos públicos y ha pedido su extradición a México.

García Luna se desempeñó como jefe de seguridad pública durante el sexenio de Calderón en el gobierno, de 2006 a 2012, a cargo, entre otras cosas, de la lucha contra los carteles. Previamente, dirigió la Agencia Federal de Investigaciones de 2001 a 2006.

Es el funcionario mexicano de más alto rango en ser juzgado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y el caso muestra los amplios recursos y los tentáculos del carte de Sinaloa que dirigió Joaquín «El Chapo» Guzmán, que cumple cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos.

Tras el arresto de García Luna en 2019, Calderón expresó su profunda sorpresa y dijo que desconocía los hechos por los que el que fuera su mano derecha fue ahora condenado.

Luego de conocerse el fallo del tribunal estadounidense, el ex presidente mexicano escribió un comunicado en el que critica que el veredicto sea utilizado políticamente para atacarlo y reivindica la lucha contra el narcotráfico durante su sexenio en el poder:

«Esa resolución no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia».

Por su parte, el abogado defensor de García Luna, César de Castro, que ahora tiene 45 días para apelar, dijo estar muy decepcionados con el veredicto.

La acusación

García Luna fue acusado de cinco cargos relacionados con drogas, que incluían «conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional, conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas», detalló el Departamento de Justicia en un comunicado.

Los fiscales alegan que el exjefe del equivalente mexicano del Buró Federal de Investigaciones (FBI) aceptó millones de dólares en maletines entregados por miembros del cartel de Sinaloa.

«García Luna, quien estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días como un traidor a su país y a los miembros honestos de los cuerpos de seguridad que arriesgaron sus vidas para desmantelar los carteles de la droga», dijo el fiscal estadounidense Breon Peace en un comunicado tras conocer el veredicto del jurado.

«Es inconcebible que el acusado haya traicionado su deber como secretario de Seguridad Pública al aceptar con avidez millones de dólares en sobornos que estaban manchados con la sangre de las guerras de carteles y las batallas relacionadas con las drogas en las calles de Estados Unidos y México, a cambio de proteger a aquellos asesinos y traficantes que juró solemnemente investigar», añadió.

Según los fiscales, García Luna avisó a los narcos de las operaciones de seguridad, combatió a carteles rivales y puso a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder.

De ganadores y derrotados en el juicio

El hecho de que no hubiera pruebas documentales, sino que toda la evidencia del juicio se basara en testimonios de exnarcotraficantes, sembró cierta duda sobre cuál sería el veredicto sobre Garcia Luna.

Pero finalmente el jurado, como ocurre en la mayoría de investigaciones federales que llegan a juicio en Estados Unidos, dio la razón a los fiscales y fue implacable con el exsecretario de Seguridad mexicano al declararlo culpable de los cinco delitos por los que se le juzgaba.

Frente a Garcia Luna como gran derrotado, EE.UU. tardó pocos minutos en apropiarse parte del éxito del proceso al asegurar que el veredicto demuestra que Washington tiene cero tolerancia a la corrupción, tal y como aseguró el embajador estadounidense en México, Ken Salazar.

Aunque si hay alguien que destacará como ganador político de este juicio será el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien con certeza se apoyará en este resultado para seguir condenando la corrupción de gobiernos anteriores, como ha hecho en infinidad de ocasiones.

Pero más allá de réditos políticos de uno u otro lado, la conclusión para los mexicanos de este juicio es una y clara: que esto es la muestra -por si quedara alguna duda- de cómo la corrupción se llegó a infiltrar de manera estructural en lo más alto del aparato que, en teoría, debía velar por su seguridad y luchar contra el crimen organizado con el que acabó cooperando.

Testimonios desde el cartel de Sinaloa

El juicio a García Luna se celebró en el mismo tribunal de Nueva York donde el Chapo Guzmán, exlíder del cartel de Sinaloa, fue juzgado y condenado a cadena perpetua entre 2018 y 2019.

Durante aquel juicio a Guzmán, un antiguo miembro del cartel de Sinaloa dijo que se había encargado de entregar maletas a García Luna con al menos US$6 millones en efectivo en 2005, 2006 y 2007.

Fiscales estadounidenses acusaron al exfuncionario mexicano de aceptar el dinero para facilitar la entrada de toneladas de cocaína que el cartel de Guzmán introdujo en EE.UU. entre 2001 y 2012.

La evidencia «incluyó testimonios de exmiembros de alto rango del cartel de Sinaloa con conocimiento directo de las actividades corruptas del acusado», se lee en el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense.

«La Policía Federal del acusado actuó como guardaespaldas y escoltas del cartel» a cambio de sobornos, permitiéndoles a sus miembros «usar uniformes y placas de policía».

La policía «ayudó a descargar cocaína de aviones en el aeropuerto de la Ciudad de México que luego era entregada al cartel», añade la nota.

García Luna recibía «billetes de US$100 en paquetes de US$10.000 a veces» dentro de «una maleta, maletines y bolsas de lona».

Los montos de los sobornos «aumentaron a lo largo de los años a medida que el cartel de Sinaloa crecía en tamaño y poder gracias a la ayuda» de García Luna, indicó el Departamento de Justicia.

Antiguos miembros del cartel señalaron que el dinero era entregado en diferentes lugares, como «una ‘casa de seguridad’ ubicada en Ciudad de México donde se escondieron grandes cantidades de efectivo en una pared falsa, en un lavado de autos en Guadalajara, y en un restaurante francés en la Ciudad de México, frente a la embajada de Estados Unidos», detalla el comunicado de la acusación.

Además, la policía bajo su mando «filtró información confidencial que permitió al cartel evadir la detección por parte de las fuerzas del orden o usar la información en ataques contra traficantes rivales».

Nueve de los 26 testigos que acusaron a García Luna son traficantes de droga que fueron extraditados de México a EE.UU. y que están colaborando ahora con la fiscalía del país.

Entre los que testificaron en Nueva York hubo altos cargos vinculados con el narco como Jesús «el Rey» Zambada, Sergio Villarreal alias el Grande y Óscar «Lobo» Valencia.

Aseguraron que pagaron millones de dólares a García Luna a cambio de protección. El acusado, que declinó testificar en el juicio, conocerá el 27 de junio cuántos años pasará en prisión.

Quemar Todo, Estrategia del Narco en México

Cientos de ‘narcobloqueos’ se han registrado a lo largo de 12 años en varios estados. Es una táctica cada vez más violenta para procurar una ruta de escape, evitar que lleguen refuerzos del gobierno y sembrar el caos. Los delincuentes ahora también atacan a civiles e incendiar negocios.

Es una reacción de los carteles mexicanos que se ha vuelto cotidiana ante operativos militares. Apenas se enteran de que soldados tratan de capturar a capos importantes, sus pistoleros salen a las calles a quemar todo lo que pueden.

Los sanguinarios Zetas, pistoleros de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hasta un grupo delictivo que operaba en la Ciudad de México, usaron esa táctica a lo largo de 12 años.

Pero la estrategia de los narcos se fue tornando cada vez más dañina para la población: ahora también balean a civiles y les prenden fuego a tiendas de autoservicio, en un aparente intento por desatar el mayor caos posible en la ciudad, desviar la atención del gobierno y advertir que están dispuestos a todo.

El viernes 12 de agosto de 2022 se vivió una jornada de terror en distintas ciudades de Baja California, incluyendo Tijuana y Mexicali, donde narcotraficantes incendiaron más de 20 vehículos y negocios. No se reportaron heridos.

Se cree que detrás de estos hechos violentos está un jefe regional del Cartel de Jalisco, una organización que lleva años tratando de arrebatarle la “plaza” al Cartel de Sinaloa.

Se tiene documentado que el 8 de marzo de 2010 miembros del crimen organizado realizaron el primer narcobloqueo en la ciudad fronteriza de Reynosa, en Tamaulipas.

Ese año, los carteles realizaron 120 bloqueos de calles, según un análisis de la revista Nexos.

El mismo medio informa que esa práctica siguió repitiéndose: en 2011 se registraron 79 narcobloqueos; en 2012 hubo 91; en 2013, 21; en 2014, 9; en 2015, 88; en 2016, 11; y en 2017, 107.

La estrategia de los criminales es tan sencilla como efectiva: interrumpir el tránsito vial para evitar que lleguen las fuerzas de seguridad a lugares donde se realiza un operativo de captura.

Otro objetivo es formar un cerco que les permita perpetrar ataques a grupos rivales.

Hasta ahora, la reacción más furiosa se registró en agosto de 2012, cuando miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaron 28 narcobloqueos, quemando 35 vehículos en Guadalajara y otros municipios, para evitar la captura de su jefe Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Tres años más tarde, en mayo de 2015, los gatilleros de ‘El Mencho’ volverían a incendiar más de una docena de automóviles en Guadalajara tras un enfrentamiento con las autoridades.

Los incidentes sucedieron una escalada de violencia en Jalisco tras dos emboscadas en marzo y abril de ese año que cobraron la vida de 20 policías. El 1 de mayo de ese mismo año, el cartel derribó con un lanzagranadas un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, matando a 8 soldados y un policía federal.

En la historia de México también quedó grabado con sangre otro episodio: ‘El Culiacanazo’. Así le dicen a la oleada de ataques para rescatar en 2019 a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien era líder de una facción del Cartel de Sinaloa.

Guzmán López fue capturado en Culiacán por militares, pero las balaceras, bloqueos y secuestros de soldados doblegaron al gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que liberaran de inmediato al hijo de ‘El Chapo’ y solo así volvió la paz a la capital de Sinaloa.

El hijo de ‘El Chapo’ tiene una orden de arresto con fines de extradición emitida por una corte de Estados Unidos. Es considerado uno de los herederos del imperio criminal que dejó su padre, quien purga una condena a cadena perpetua en una prisión de Colorado.

Aquella tarde del 17 de octubre de 2019, había militares retenidos, sicarios se colocaron afuera de un complejo habitacional donde vivían familiares de soldados, varias personas murieron por intensas balaceras y múltiples autos fueron incendiados por todos lados.

López Obrador dijo que él mismo pidió ponerle fin a la operación de captura de Ovidio Guzmán “para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara civiles, porque iban a perder la vida -si no suspendíamos ese operativo- más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa”.

Otro narcobloqueo que preocupó a las autoridades fue el ocurrido el 20 de julio de 2017 en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, como reacción al arresto del líder del Cartel de Tláhuac, Felipe de Jesús ‘N’, mejor conocido como ‘El Ojos’.

En junio de 2022, la detención de Víctor Hugo Téllez, alias ‘El Chaparro’ y líder en el Cartel del Golfo, desató episodios de violencia que atemorizaron a los vecinos de Matamoros, Tamaulipas. En 16 puntos hubo vehículos incendiados, bloqueos en carreteras y balaceras.

La reacción de los traficantes fue incluso más agresiva el 9 de agosto de 2022 en Jalisco y Guanajuato: además de los vehículos incendiados, pistoleros del CJNG le prendieron fuego a más de 25 tiendas de autoservicio OXXO. Crédito: Bomberos de Zapopan, Jalisco

Fue por un operativo militar que interrumpió una reunión entre jefes del cartel en Ixtlahuacán del Río. Se trata de Ricardo Ruiz Velasco, alias ‘RR’ o ‘Doble R’, fundador del brazo armado más letal del cartel, el ‘Grupo Élite’; y Gerardo González Ramírez, apodado ‘El Apá’ y ‘El Güero’.

Los soldados capturaron a 16 integrantes del cartel, abatieron a un delincuente y les decomisaron varios vehículos y arsenal. Pero ninguno de los capos que estaban en esa cumbre fue detenido.

Ambos lograron huir en medio del caos que sus pistoleros generaron en el área metropolitana de Guadalajara. A punta de pistola bajaron a conductores y pasajeros de camiones y autos particulares que rociaron con gasolina para hacerlos arder. En Ixtlahuacán bloquearon los accesos al municipio y lanzaron “ponchallantas” en las carreteras.

El gobierno decomisó varios autos, un camión “monstruo” de blindaje artesanal, más de 30 rifles, ametralladoras, pistolas, explosivos y chalecos antibalas con las siglas ‘CJNG’.

Dos días después, el 11 de agosto de 2022, los narcos volvieron a salir a las calles, esta vez en la fronteriza Ciudad Juárez. Todo se inició con un motín en una cárcel donde se enfrentaron miembros de la facción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán y ‘Los Mexicles’.

El resultado fue fatal: al menos 11 personas murieron y 20 más resultaron heridas.

«Los Mexicles empezaron a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil, dando como resultado 9 personas fallecidas, 4 afuera de un local», informó el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja.

Esos cuatro muertos, todos empleados de una empresa radiofónica local, fueron asesinados en el exterior de un negocio de pizzas ubicado en una plaza comercial.

Antes, los delincuentes le prendieron fuego a una tienda de autoservicios ubicada al norte de la ciudad.

Arrestan a Ex de Chiquis Rivera por Narcotráfico

De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Ángel del Villar y Luca Scalisi fueron nombrados en una denuncia penal que los acusa de conspiración para realizar transacciones en propiedad de narcotraficantes especialmente designados en violación de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin)

En 2011, Ángel del Villar mantuvo una relación con Chiquis Rivera, hija de la diva de la banda Jenny Rivera. En 2011, Ángel del Villar mantuvo una relación con Chiquis Rivera, hija de la diva de la banda Jenny Rivera.

Ángel Del Villar y Luca Scalisi, productores ejecutivos de la música regional mexicana, fueron arrestados este martes por supuestos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, Del Villar y Scalisi fueron nombrados en una denuncia penal que los acusa de conspiración para realizar transacciones en propiedad de narcotraficantes especialmente designados en violación de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin).

Del Villar, de 41 años, es director ejecutivo de Del Records y su agencia de talentos subsidiaria Del Entertainment. En 2011, mantuvo una relación con Chiquis Rivera, hija de la diva de la banda Jenny Rivera.

Por su parte, Luca Scalisi, de 56 años, es el director financiero de Del Entertainment.

Según la denuncia presentada hay una tercera persona involucrada en el caso, Jesús Pérez Alvear, de 37 años, un promotor musical que controla Gallística Diamante y presuntamente promovió conciertos donde figuran “narcotraficantes especialmente designados” según la Ley Kingpin.

“La denuncia alega que el 19 de abril de 2018, los agentes del FBI se acercaron a un músico conocido, mencionado en la denuncia como Individuo A, y le dijeron explícitamente al Individuo A sobre la designación de Pérez en virtud de la Ley Kingpin y realizar conciertos que Pérez promovió.

“En cuatro ocasiones adicionales en 2018 y 2019, el Individuo A se presentó en conciertos en México, específicamente en Mexicali, Salamanca, Chiapas y San José Iturbide, todos los cuales promovió Pérez. El individuo A, actuó bajo la dirección o con el conocimiento de Del Villar, Scalisi y Pérez”, señala el comunicado.

Ángel Del Villar y Luca Scalisi fueron presentados ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles. Ambos fueron liberados con una fianza de $100 mil y $35 mil dólares, respectivamente.

Sus lecturas de cargos han sido programadas para el 20 de julio. En caso de ser condenados por violar la Ley Kingpin, Del Villar y Scalisi enfrentarían una sentencia máxima legal de 30 años en una prisión federal.

Hallan Narcotúnel Entre San Diego y Tijuana

Hallan un túnel transfronterizo que une a San Diego y TijuanaTiene la longitud de unos seis campos de fútbol americano y cuenta con rieles, sistemas de ventilación, electricidad y muros reforzados

Las autoridades estadounidenses anunciaron el lunes el hallazgo de un túnel para contrabando en la frontera con México que tiene la longitud de unos seis campos de fútbol americano y llega a un almacén en una zona industrial de Estados Unidos.

El pasaje secreto desde Tijuana hasta San Diego contaba con rieles, sistemas de ventilación, electricidad y muros reforzados, señalaron las autoridades. Fue descubierto cerca del cruce fronterizo de Otay Mesa, en una zona en donde se han encontrado otros sofisticados túneles en las últimas dos décadas.

Las autoridades estadounidenses señalaron que se desconoce cuánto tiempo estuvo el túnel en operaciones y qué cantidad de droga se traficó, si es que alguna, sin ser detectada. Los agentes incautaron 799 kilogramos (1.762 libras) de cocaína, 75 kilogramos (165 libras) de metanfetamina y 1,6 kilogramos (3,5 libras) de heroína a consecuencia de la investigación.

Seis personas, de entre 31 y 55 años, fueron acusadas de conspirar para distribuir cocaína. Las seis residen en el sur de California.

La construcción del túnel se realizó en uno de los tramos más blindados de la frontera, lo que ilustra las limitaciones del muro fronterizo del expresidente Donald Trump.

Aunque se consideran eficaces contra los pequeños túneles construidos de forma rudimentaria, llamados “agujeros de topo”, los muros no son eficaces contra los pasajes más sofisticados que discurren a mayor profundidad.

El túnel descubierto el viernes se extendía 532 metros (un tercio de milla) hasta Tijuana. Su diámetro era de 1.2 metros (4 pies) y se ubicaba a unos seis pisos de profundidad.

El tipo de drogas incautadas podría indicar un cambio respecto a los cargamentos de varias toneladas de marihuana que se descubrían a menudo antes de que California legalizara su uso con fines recreativos en 2019.

Las drogas duras como la heroína, las metanfetaminas y el fetanilo suelen contrabandearse a través de cruces fronterizos oficiales desde México debido a que su tamaño pequeño y carencia de olor las hacen difíciles de detectar. Pero los túneles les dan a los traficantes la ventaja de mover cargas de enormes dimensiones a gran velocidad.

Del lado estadounidense, la salida del túnel se encontraba en un almacén no llamativo de nombre “Amistad Park”, en un calle con gran actividad de camiones de carga durante el día, pero tranquila por la noche. El lunes, guardias armados vigilaban un pequeño pozo con una escalera que descendía hacia el túnel.

Luego de vigilar una casa que había sido utilizada recientemente para almacenar drogas, los agentes comenzaron a detener vehículos que habían estado allí o en un depósito cercano a la frontera, hallando cajas llenas de cocaína, según una denuncia penal federal presentada ante la Corte Federal de Distrito de San Diego.

Registraron las propiedades y no encontraron ninguna otra droga en el almacén, pero sí una entrada a un túnel excavado en el suelo de cemento, dijeron fiscales federales.

Las autoridades han encontrado unos 15 túneles sofisticados en la frontera de California con México desde 2006.

La mayoría de los túneles, incluido el que se anunció el lunes, se encuentran en la zona industrial de Otay Mesa, en San Diego, donde el suelo tipo arcilloso facilita la excavación y las bodegas proporcionan cobertura.

Los túneles transfronterizos se remontan a la década de 1990 y se han utilizado principalmente para el contrabando de toneladas de marihuana.

La DEA dijo en 2020 que los túneles suelen encontrarse en California y Arizona, y que están vinculados con el cártel mexicano de Sinaloa.

Las autoridades se negaron a vincular el túnel más reciente con un cártel específico. Declararon victoria a pesar de desconocer cuánto tiempo estuvo en operaciones.

“No hay más luz al final de este narcotúnel”, dijo Randy Grossman, fiscal federal por el distrito sur de California. “Cerraremos todas las rutas subterráneas de contrabando que encontremos para evitar que las drogas ilegales lleguen a nuestras calles y destruyan a nuestras familias y comunidades”.

Según la ley federal, las autoridades de Estados Unidos deben rellenar de concreto el lado estadounidense de los túneles una vez descubiertos.

Este es Otoniel el Narco Atrapado en Colombia

La cabeza de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, tenía dos precios: el gobierno de Estados Unidos ofrecía US$5 millones por información que llevara a su captura y el colombiano, unos US$800,000.

Pese a ello, la operación para poner tras las rejas al jefe narcotraficante más buscado de Colombia, jefe del poderoso Clan del Golfo, apenas culminó este sábado, luego de casi una década de intensa búsqueda.

Otoniel, de 50 años de edad, fue detenido en el municipio de Necoclí, en el noroeste de Colombia, en una operación conjunta en la que participaron más de 300 uniformados del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional desplazados en más de una veintena de helicópteros.

«Es el golpe más duro que se le ha propinado al narcotráfico en este siglo en nuestro país. Este golpe es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90», dijo al celebrar la noticia el presidente de Colombia, Iván Duque.

En 2015, las autoridades colombianas iniciaron un operativo para capturar a Otoniel en el que participaban unos 1.200 efectivos pertenecientes a los grupos élite mejor preparados del país, más del doble de los 500 que en su momento llegaron a estar rastreando a Escobar.

«Alias Otoniel era el narcotraficante más temido en todo el mundo, asesino de policías, soldados, líderes sociales, reclutador de menores», señaló Duque.

En cuanto al Clan del Golfo, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, dijo este sábado que se había convertido en los últimos años en «la mayor amenaza» debido a que «el mayor número de toneladas de coca que sacaba Colombia hacia mercados de EE.UU. y Europa era manejado y articulado» por esta organización criminal.

Según la prensa colombiana, contra Otoniel hay una circular roja emitida por Interpol por homicidio múltiple, secuestro múltiple y concierto para delinquir, entre otros delitos. Además, es objeto de más de 120 procesos judiciales abiertos por todo tipo de delitos.

Una historia de violencia

La vida de Otoniel puede verse como una acumulación de capas geológicas de la historia de la violencia en la Colombia de las últimas décadas.

Nació en Antioquia a principios de la década del 70 y a los 16 años se sumó junto a su hermano a las filas del desaparecido movimiento guerrillero Ejército Popular de Liberación (EPL).

Luego junto a su hermano Juan de Dios Úsuga David, alias «Giovanni», se vinculó a las FARC y más adelante, en lo que parece un giro de 180 grados, a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.

En 2005 ese grupo se desmovilizó (dejó las armas), pero los hermanos se unieron a las filas del jefe narco Daniel Rendón Herrera, alias «Don Mario».

Cuando éste fue capturado en 2009, Otoniel y Giovanni quedaron a cargo de la organización.

Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una «narcofiesta» de fin de año, el 1 de enero de 2012.

De familia a cartel

Considerado como un gran cartel, el Clan del Golfo era conocido inicialmente como los Urabeños, por la región del Urabá donde opera, aunque sus tentáculos se extienden a gran parte del país y más allá (miembros del grupo han sido capturados en Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras).

En su núcleo ha estado un clan familiar, los Úsuga, al que no solamente han pertenecido Otoniel y Giovanni sino también varios primos y otros familiares cercanos.

Por ejemplo, Francisco José Morelo Peñata, alias «El Negro Sarley» (muerto en una operación policial en abril de 2013), tenía una relación sentimental con una de las hermanas de Otoniel, según la policía, y era el segundo de la organización tras la muerte de Giovanni.

La encargada de las finanzas del grupo era la pareja de Otoniel, Blanca Senobia Madrid Benjumea, alias «La Flaca», quien fue capturada en 2015.

Y quien era señalado por la policía como el contacto con los carteles mexicanos y el encargado de manejar la coordinación del tráfico de drogas hacia Centroamérica era un sobrino de Otoniel e hijastro de El Negro Sarley, Harlison Úsuga, alias «Pedro Arias», también apresado en 2015.

En agosto pasado, el gobierno de Colombia autorizó la extradición a Estados Unidos de Alexander Montoya Úsuga alias ‘El Flaco’, un primo de Otoniel que había sido capturado en 2012 en Honduras.

El departamento de Justicia de Estados Unidos ha calificado al Clan del Golfo como «una de las más importantes organizaciones de crimen organizado transnacional» que amenazan ese país.

Por otra parte, desde los tiempos en que eran conocidos como los Urabeños, el Clan del Golfo ha distribuido panfletos en los que se hacen llamar como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, lo que es considerado por la prensa colombiana como un ardid para ocultar sus verdaderos fines.

Permanente evasión

Los fuertes vínculos familiares, así como su firme implantación en una zona de Colombia que conocen bien son algunas de las razones por la cuales a las autoridades les había costado tanto capturar a Otoniel.

En parte eso tiene que ver con la estrecha relación de su familia con Urabá.

Ellos son oriundos de la región, a la que los miembros del clan conocen bien.

Saben manejarse sobre su terreno y tienen poder sobre su población.

Tras la muerte de Giovanni, el clan decretó un paro armado que dejó estancada a la región por un par de días.

Pero Otoniel tenía también varios trucos para evadir a sus perseguidores.

Entre ellos, estaba el uso de perros criollos entrenados para que le den aviso cuando alguien extraño se aproxima, con tiempo suficiente como para poder escapar.

En una de esas huidas tuvo que dejar atrás a uno de esos animales, un sabueso fino colombiano.

Los policías se lo llevaron, le dieron el nombre de Oto y lo entrenaron y lo usaron en el operativo de 2015 para que los ayude a buscar a su antiguo amo, cuyo olor se le hace inconfundible.

Además, de acuerdo con la prensa colombiana, Otoniel no usaba aparatos tecnológicos como teléfonos celulares para evitar ser rastreado, por lo que se comunicaba con los miembros de su organización enviando mensajes de voz que eran distribuidos en grabadores y memorias USB por correos humanos.

El temor a ser capturado lo llevaba también a cambiar constantemente el lugar donde pasaba las noches, usualmente en la selva y, con frecuencia, en chozas de madera.

Esas viviendas rurales contrastaban con los televisores de pantalla gigante, las bebidas costosas y los perfumes de lujo que las autoridades solían encontrar cuando le seguían los pasos.

Otro elemento distintivo de sus guaridas eran unos costosos colchones especiales, que le ayudaban a amainar las molestias de una hernia de disco.

Ahora que ha sido detenido no queda claro si podrá persuadir a las autoridades de que en la cárcel le permitan dormir en un colchón semejante.

Estados Unidos No Perdona a Narcos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado de prensa en el que anunció que el gobierno de ese país buscará incautar los bienes del fugitivo más buscado por la DEA

El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó este miércoles un comunicado de prensa en el que anunció que el gobierno de ese país busca confiscar los bienes, ubicados en México, que Rafael Caro Quintero adquirió con recursos del narcotráfico.

El documento señala que fue presentada una denuncia civil en una corte federal de Brooklyn, relacionada con ocho propiedades localizadas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y sus inmediaciones, adquiridas por Caro Quintero con recursos derivados de las operaciones vinculadas con el tráfico ilegal de estupefacientes.

A principios de septiembre de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó amparar al narcotraficante Rafael Caro Quintero contra la extradición ordenada en su contra por lo que el gobierno de México deberá enviarlo a Estados Unidos (EEUU), una vez que sea detenido.

Desde 2014, Caro Quintero reclamó ante un juzgado federal el tratado de extradición entre México y EEUU.

Caro Quintero fue liberado la madrugada del 9 de agosto de 2013 del penal estatal de Puente Grande, ubicado en Guadalajara, Jalisco. La liberación del narcotraficante mexicano ocurrió después de 28 años de permanecer en prisión, luego de que un fallo judicial determinó que se cometieron irregularidades en el proceso contra el “narco de narcos”, como fue conocido en la década de los ochenta, quien fue sentenciado a 40 años de cárcel.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito resolvió la libertad de Rafael Caro Quintero, con el argumento de que el reo no debió ser enjuiciado en el fuero federal por el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, el agente encubierto de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

La liberación de Caro Quintero tomó por sorpresa al gobierno de Barack Obama, que no tenía vigente una solicitud de extradición contra el narcotraficante. “Hoy seguimos tan comprometidos como lo estábamos inmediatamente después del asesinato de Kiki Camarena (en 1985), en conseguir que Caro Quintero y otros involucrados en este crimen enfrenten a la justicia en Estados Unidos; y para ello trabajaremos de manera cercana con las autoridades mexicanas”, aseguró Caitlin Hayden, quien entonces se desempeñaba como vocera del Consejo Nacional de Seguridad (NSC) de la Casa Blanca.

Sin embargo, en noviembre de 2015 la Primera Sala de la SCJN determinó revocar la sentencia que lo había dejado en libertad, al considerar que la resolución de los magistrados no fue adecuada.

El 16 de enero de 2015 nuevamente fue declarado culpable del homicidio de Enrique Camarena por un tribunal federal y se liberó una nueva orden de aprehensión en su contra. Rafael Caro Quintero hoy es un prófugo de la justicia mexicana y estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de USD 20 millones por su captura. Es la recompensa más alta que EEUU ha ofrecido en toda su historia de combate al narcotráfico y Rafael Caro Quintera es, sin duda, el fugitivo más buscado por la DEA.

El 8 de abril de 2018, Aristegui Noticias dio a conocer el video de una entrevista a Caro Quintero que realizó la periodista Anabel Hernández. En el encuentro, el narcotraficante se refiere a la propuesta de amnistía para los criminales, que en ese momento había planteado Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su campaña proselitista por la Presidencia de México.

“¿Por qué no lo intenta? Colombia lo hizo. No es que yo diga, hágalo. Yo quién soy para dar órdenes, ahorita yo soy fugitivo”, señaló.

En la entrevista, el narcotraficante más buscado por la DEA negó ser el nuevo jefe del Cártel del Pacífico. “No, hombre. Nada qué ver. Me da hasta vergüeza que me digan eso. No hallo cómo callar a los periodistas y decirle a la gente no me estén mentando”, dijo.

Cuando la reportera mexicana, Anabel Hernández, le preguntó si tendría algún consejo para los candidatos presidenciales, para enfrentar el crimen organizado, Caro Quintero se dijo dispuesto a ayudarles.

“Si en algo podemos ayudar y me permiten. Si tuviera las manos llenas de droga no me atrevería a decir que puedo ayudar. Soy un hombre que habla con la verdad, no hablo con mentiras. Estoy limpio”, aseguró.

Apenas el 9 de octubre pasado, AMLO se refirió a los bienes del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, preso en una cárcel de Nueva York. Dijo que ya hay comunicación con el gobierno de Estados Unidos para gestionar que el dinero y bienes confiscados al “Chapo” sean regresados a México.

“Sea mucha o sea poca la fortuna, se va a gestionar que se regrese al país”, comentó. No existen registros de que AMLO se haya referido alguna vez a Rafael Caro Quintero ni a su fortuna.

¿Quién es Caro Quintero?

Rafael Caro Quintero nació en Badiraguato, Sinaloa el 24 de octubre de 1952.

Es considerado uno de los narcotraficantes más famosos de México, fue fundador del Cártel de Guadalajara, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo.

Fue arrestado en Costa Rica, en 1985, acusado del asesinato del Agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y de su piloto Alfredo Avelar. Estuvo preso durante 28 años, aunque su sentencia acumulada era de 46. Fue liberado en agosto de 2013 porque un tribunal federal consideró que hubo irregularidades en el proceso.

Actualmente es considerado

Estados Unidos Acusa a Presidente de Honduras de Narcotráfico

Al comenzar el juicio por narcotráfico contra Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, el fiscal neoyorquino Jason Richman dijo que el mandatario recibió sobornos de traficantes de drogas

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió millones de dólares en sobornos de narcotraficantes a cambio de protección, incluido de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, aseguró el miércoles el fiscal neoyorquino Jason Richman al comenzar el juicio por narcotráfico de Juan Antonio Hernández, hermano del mandatario, en una corte de Manhattan.

La fiscalía del distrito sur de Nueva York acusa al exdiputado hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, de 41 años, de cuatro delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego y mentir a las autoridades. Hace casi un año está preso en Estados Unidos, donde enfrenta un mínimo de cinco años de cárcel y un máximo de cadena perpetua.

“Lo más importante, el acusado era protegido por el actual presidente (de Honduras) que ha recibido millones de dólares en coimas de narcotraficantes como El Chapo Guzmán, que personalmente entregó un millón de dólares al acusado para su hermano”, dijo el fiscal al jurado en los argumentos iniciales del proceso.

El fiscal Jason Richman aseguró que Tony Hernández pertenecía a “una organización auspiciada por el Estado que distribuyó cocaína durante años” en Estados Unidos con la meta de embolsarse millones de dólares, y que era protegida por una red de funcionarios hondureños corruptos, entre ellos “alcaldes, legisladores, generales de las fuerzas armadas, jefes de la policía”.

Richman también acusó al exdiputado de ordenar al menos dos asesinatos de narcos entre 2011 y 2013.

La justicia estadounidense asegura que el dinero de la droga enriqueció al acusado y financió campañas de varios candidatos de su Partido Nacional, incluidas la del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) y las de Juan Orlando Hernández, electo en 2013 y reelecto en unos cuestionados comicios en 2017.

Una moción presentada en agosto por la fiscalía de Manhattan para el proceso indica que el presidente Hernández recibió de un narcotraficante que coopera ahora con la fiscalía al menos 1,5 millones de dólares de dinero para su primera campaña, y un millón de lempiras (unos 40.000 USD) para la segunda.

También asegura que Lobo recibió del mismo testigo 2 millones de dólares para su campaña.

La fiscalía dice que probará que Lobo y Juan Orlando Hernández fueron co-conspiradores del acusado, y asegura que ambos fueron “electos presidentes gracias, al menos en parte, a ganancias del tráfico de droga”.

Lobo y Juan Orlando Hernández rechazan las acusaciones y ninguno ha sido inculpado formalmente por la justicia estadounidense.

Tras un juicio de tres meses en Nueva York, el Chapo Guzmán, exjefe del cartel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua hace tres meses por traficar cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos durante 25 años.