El juez federal de distrito de San Francisco Edward Chen suspendió este lunes la decisión del Gobierno de Donald Trump de poner fin a las protecciones legales temporales para cientos de miles de venezolanos, una semana antes de que expiraran. En una dura resolución de 78 páginas, el juez suspende de forma cautelarmente la medida tomada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo que supone un alivio inmediato para 350.000 venezolanos cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) iba a expirar el próximo 7 de abril. Además, hay otros 250.000 venezolanos para los que el TPS se acababa en septiembre.
“El tribunal considera que la acción de la secretaria [Noem] amenaza con: infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, costará miles de millones de dólares a la actividad económica de Estados Unidos y perjudicará la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”, dice el juez en la parte dispositiva de su resolución.
“Al mismo tiempo, el Gobierno no ha podido identificar ningún daño compensatorio real en la continuación del TPS para los beneficiarios venezolanos. Los demandantes también han demostrado que probablemente tendrán éxito en demostrar que las acciones tomadas por la secretaria [de Seguridad Nacional] no están autorizadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por una animadversión inconstitucional”, añade. “Por estas razones, el Tribunal concede la solicitud de los demandantes de posponer las acciones impugnadas hasta que se resuelva definitivamente el fondo de este caso”, concluye.
La demanda fue presentada por abogados de la Alianza Nacional TPS y por afectados que disfrutan del estatus de protección temporal en todo el país. La resolución del juez Chen, nombrado por el presidente demócrata Barack Obama, tiene efectos en todo el país.
El Congreso aprobó la ley que concede el TPS en 1990 para evitar las deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles. Ese estatus autoriza a vivir y trabajar en Estados Unidos por periodos de hasta 18 meses si la persona al frente del Departamento de Seguridad Nacional considera que las condiciones en sus países de origen son inseguras para el retorno.
El juez subraya que anular el TPS existente es una “acción sin precedentes”, “un paso que nunca ha dado ninguna administración anterior en los 35 años del programa” y que Noem la tomó solo tres días después de asumir el cargo, revirtiendo las medidas del anterior Gobierno. Chen, que da al Gobierno una semana para presentar una notificación de apelación, también desmonta los argumentos xenófobos en que se basó la decisión.
“Aunque las acciones de la secretaria parecen basarse en estereotipos negativos que difaman a toda la comunidad (insinuando que fueron liberados de prisiones e instituciones de salud mental venezolanas e impusieron enormes cargas financieras a las comunidades locales), el historial indiscutible establece que los beneficiarios venezolanos del TPS, de hecho, tienen un nivel de educación superior al de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses (entre el 40% y el 54% tienen una licenciatura), tienen altas tasas de participación laboral (entre el 80% y el 96%), obtienen casi todos sus ingresos personales (96%) y contribuyen anualmente con miles de millones de dólares a la economía estadounidense y pagan cientos de millones, si no miles de millones, en impuestos de seguridad social. También tienen tasas de criminalidad más bajas que la población general de Estados Unidos”, indica rotundamente.
En una vista celebrada el lunes de la semana pasada, los abogados de los beneficiarios del TPS afirmaron que Noem no tiene autoridad para cancelar las protecciones y que sus acciones estaban motivadas en parte por el racismo, informa Associated Press. Pidieron a la jueza que suspendiera las órdenes de Noem, alegando el daño irreparable a los titulares del TPS que luchan contra el miedo a la deportación y la posible separación de sus familiares.
Los abogados del Gobierno dijeron que el Congreso otorgó a la secretaria una autoridad clara y amplia para tomar decisiones relacionadas con el programa TPS y que las decisiones no estaban sujetas a revisión judicial. Los demandantes no tienen derecho a impedir que se ejecuten las órdenes de la secretaria, dijeron.
La decisión judicial da a los demandantes una semana para solicitar la suspensión de la resolución que del Departamento de Seguridad Nacional que acabará con las protecciones de unos 500.000 haitianos en agosto. Biden amplió considerablemente el uso del TPS y otras formas temporales de protección en una estrategia para crear y ampliar las vías legales para vivir en Estados Unidos, al tiempo que suspendía el asilo para quienes entran ilegalmente.
Trump ha cuestionado la imparcialidad de un juez federal que bloqueó sus planes de deportar a inmigrantes venezolanos a El Salvador, y ha criticado su decisión solo unas horas antes de que su administración solicitara a un tribunal de apelaciones que levantara la orden del juez.
La administración también ha dicho que revocará las protecciones temporales para más de 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que han llegado a Estados Unidos desde octubre de 2022 a través de otra vía legal llamada parole humanitario, que Joe Biden utilizó más que ningún otro presidente. Sus permisos de trabajo de dos años expirarán el 24 de abril.
El Gobierno ha decidido suprimir ese estatus legal y las visas de trabajo de los beneficiarios y sus familiares, a quienes se les ha dado unas semanas para autodeportarse y abandonar el país. Si no lo hacen antes de 30 días, se expondrán a ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esa resolución también ha sido recurrida ante los tribunales.
