La Oficina del Censo publicó los recuentos de población del censo de 2020, los primeros datos que se conocen del recuento del año pasado.

La Oficina del Censo dio a conocer este lunes que Estados Unidos tiene 331.4 millones de habitantes, lo cual representa un incremento del 7.4% respecto al conteo poblacional de 2010. Se trata del segundo ritmo de crecimiento más lento en la historia del país y representa 2.3% menos respecto al 9.7% que se registró en la década de 2000 al 2010.

El menor incremento población, de 7.3%, se registró entre 1930 y 1940, comparó este lunes Ron Jarmin, director de la Oficina del Censo, en una videoconferencia de prensa.

La funcionario informó que el estado más poblado es California, que suma ya 39.5 millones de residentes, y que el menos habitado es Wyoming, con 576,000 personas.

Por su parte, Puerto Rico perdió el 11.8% de su población, un resultado que parece estar ligado al éxodo generado por huracanes que azotaron a la isla en años recientes.

De este conteo se determina cuántos escaños en el Congreso y votos en el Colegio Electoral obtiene cada estado, datos obtenidos del conteo de población realizado en 2020. Los resultados incluyen los totales de población de la nación y los estados, así como los totales de distribución del Congreso para cada estado.

Como resultado, hubo un desplazamiento de siete curules en el Congreso entre 13 estados, que es la variación más pequeña registrada desde que se adoptó ese sistema en 1941.

Los seis estados que ganaron representantes federales son Texas (2), Colorado (1), Florida (1), Carolina del Norte (1), Montana (1) y Oregon (1). Mientras que California, Illinois, Michigan, Nueva York, Ohio, Pennsylvania y West Virginia perdiron un escaño.

El presidente Biden le enviará al Congreso los resultados del Censo, como lo dicta la ley. El plazo para que ese cuerpo legislativo reciba la información sobre los cambios jurisdiccionales se vence el 30 de septiembre.

Estos cambios, sin embargo, no redujeron significativamente el número de curules en los estados más poblados, como California, que se queda con 52 congresistas, seguido por Texas (38), Florida (28) y Nueva York (26).

La publicación de las cifras se hace con un retraso de varios meses debido a problemas logísticos causados por la pandemia del coronavirus. El Censo indicó que también se topó con incendios forestales, huracanes y varias manifestaciones. La ventaja, indicó, es que más de la mitad de los hogares respondieron los cuestionarios por internet.

«Sabemos que la información del Censo es usada para determinar cuántos representantes tiene cada estado en el Congreso, pero se usa para más que eso: funcionarios estatales y locales, y organizaciones sin fines de lucro, todos usan la información del Censo para tomar decisiones que tienen un impacto directo en nuestras vidas, como decidir cuántos maestros hay en nuestras escuelas, cuánto dinero se necesita para programas de vivienda pública y dónde ubicar negocios y clínicas», agregó Raimondo.

Población y escaños

Los 435 escaños que actualmente tiene la Cámara de Representantes se dividen entre los estados según la cantidad de población.

Si los estados ganan población, también ganan más representación congresional al obtener más escaños en el Congreso, proceso en el que también pueden perder escaños los estados que no ganan población, y de ello depende la distribución presupuestaria que se otorga a cada estado.

La cantidad de población también aumenta o disminuye la cantidad de votos electorales que cada estado tiene en el Colegio Electoral, organismo que elige al presidente cada cuatro años mediante un sistema de voto indirecto ejercido por delegados de los estados.

Ese conteo también incluye a los inmigrantes indocumentados, por eso cada década se hace una intensa campaña informativa pidiéndoles no temer a los cuestionarios del Censo.

La Oficina del Censo explicó que el prorrateo ( apportionment, en inglés) «es el proceso de distribución de los 435 escaños en la Cámara de Representantes entre los 50 estados según los recuentos de población».

La ‘población de prorrateo’ consiste en «la población residente de los 50 estados, más los empleados civiles militares y federales en el extranjero y los dependientes que viven con ellos que podrían ser asignados a un estado de origen».

Censo politizado

El de 2020 fue, quizás, uno de los censos más politizados de EEUU, al menos en la historia reciente.

Todo comenzó cuando la administración del entonces presidente Donald Trump anunció que restablecería en los formularios del censo una pregunta sobre si el encuestado es o no ciudadano estadounidense, la llamada “pregunta de ciudadanía”, algo que fue retirado del cuestionario décadas antes.

Ante este movimiento, grupos de defensa de derechos civiles y de inmigrantes aseguraban que tendría un efecto inhibidor en muchos hogares inmigrantes que no participarían en el conteo, con la consiguiente pérdida de representación política y fondos federales.

Para sumar a la polémica, en mayo de 2019 se dieron a conocer documentos que reforzaban la idea de que con la inclusión de esa pregunta se buscaba beneficiar al Partido Republicano. Se trataba de los archivos de Thomas Hofeller, un estratega republicano poco conocido pero considerado el arquitecto del diseño de distritos políticos.

Los documentos muestran que Hofeller concluyó en 2015 un estudio en el que determinó que sumar la pregunta en el censo “será claramente una desventaja para los demócratas (…) y una ventaja para republicanos y blancos no hispanos” a la hora de dibujar los distritos electorales.

Tras desistir al menos temporalmente de la insistencia para incluir la pregunta de ciudadanía, en julio de 2020, en medio de la pandemia que ya estaba dificultando el desarrollo normal del censo, Trump firmó un memorando para impedir que los indocumentados fueran considerados en el censo de 2020 a la hora de definir los distritos del Congreso. Esto fue visto como un intento de reactivar la pregunta sobre ciudadanía que el propio gobierno intentó incluir en el cuestionario y que la justicia consideró improcedente.

En septiembre, una corte de distrito de Nueva York falló en contra de la petición del mandatario al considerarla «ilegal» y prohibió al Departamento de Comercio compartir cualquier información sobre los inmigrantes indocumentados que pudiera ser usada para implementar la orden del presidente.

 

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