Las decisiones tendrán consecuencias para extranjeros que vienen a Estados Unidos en busca de asilo y son regresados a México o se encuentran privados de libertad por largo tiempo y reclaman el derecho a una audiencia fianza para esperar en libertad la resolución de sus casos.
Los próximos días serán clave para conocer la resolución de cuatro casos de inmigración pendientes en la Corte Suprema de Justicia.
Uno de ellos tiene que ver con el proceso de asilo y el envío de extranjeros a territorio mexicano para que esperen ahí la resolución de sus casos en tribunales estadounidenses.
El otro caso tiene que ver con el derecho de los ciudadanos extranjeros a demandar a funcionarios federales por daños derivados de violaciones de sus derechos constitucionales.
Los otros dos casos tienen un mismo objetivo: si después de seis meses detenido, un extranjero tiene derecho a una audiencia de fianza si prueba que no constituye un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad.
Conoce los cuatro casos en espera de un fallo en el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos:
Biden v. Texas
El gobierno de Joe Biden pidió a la Corte Suprema revisar y responder la pregunta sobre si la Administración puede continuar haciendo cumplir los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) creados por el gobierno de Donald Trump o bien el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede poner fin al programa.
El Departamento de Justicia señala que si la Sección 8 del Código de Estados Unidos numeral 1225, requiere que el DHS siga implementando el también conocido plan Quédate en México; y si el tribunal de apelaciones se equivocó al concluir que la nueva decisión del secretario de Seguridad Nacional que puso fin al MPP “no tuvo efecto legal”.
Datos:
En 2018 el entonces gobierno de Trump anunció la creación de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), programa que formó parte de la política de tolerancia cero y que afectó la política de asilo aprobada por el Congreso.
El plan permite a los agentes fronterizos devolver a territorio de México a solicitantes de asilo durante sus procedimientos de inmigración. La espera por la resolución de sus casos depende del atasco en la Corte de Inmigración, que en 2018 eta poco más de 1,100,000 casos. Hoy en día la acumulación pasa de 1.7 millones de casos.
El programa fue demandado en las cortes, disputa jurídica que escaló hasta la Corte Suprema que permitió al gobierno anterior seguir implementándola.
En junio de 2021 el gobierno de Biden anunció el término del programa, pero los estados de Texas y Missouri, ambos gobernados por republicanos, impugnaron el intento de Biden por deshacer el programa bajo el argumentando que cancelar la política “violaba la ley federal de inmigración”.
También alegaron que el cambio de política violaba la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al no tener en cuenta la opinión de los estados y por los efectos que causaría en ellos la cancelación del MPP.
Un tribunal de distrito federal estuvo de acuerdo con los argumentos de los estados demandantes y ordenó al gobierno implementar los MPP de buena fe o iniciar una nueva acción del DHS en cumplimiento de la APA. A su vez, la Corte de Apelaciones del 5to Circuito se negó a bloquear el fallo del tribunal inferior, al igual que la Corte Suprema.
En octubre del año pasado el DHS, en un nuevo esfuerzo por eliminar el polémico programa, anunció un nuevo memorando que pone fin al MPP, pero su vigencia deberá esperar hasta que finalice el juicio que lo mantiene vivo.
El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo en un comunicado que el gobierno “está abordando problemas de larga data que han plagado nuestro sistema de inmigración durante décadas para lograr el cambio sistémico necesario”. Y que el MPP “no ayuda a lograr este objetivo”.
En diciembre el gobierno solicitó a la Corte Suprema una revisión acelerada para esclarecer si la ley federal de inmigración le exige mantener la política del MPP, y si la decisión de octubre de poner fin a la política tiene algún efecto legal.
La petición también argumentó que los MPP «no son la mejor herramienta» para disuadir la migración irregular, expone a los migrantes «a riesgos inaceptables» y resta valor a los esfuerzos del Gobierno para gestionar la inmigración. También se quejó de que la orden judicial interfiere con la labor del Ejecutivo en materia de inmigración y política exterior.
Egbert v. Boule
El sitio Oyez explica que se trata de responder dos preguntas clave:
1. Si existe una causa de acción bajo Bivens v. Six Unknown Named Agents para reclamos de represalias de la Primera Enmienda; y
2. Si existe una causa de acción bajo Bivens para reclamos contra funcionarios federales que participan en funciones relacionadas con la inmigración por presuntamente violar los derechos de la Cuarta Enmienda del demandante.
Sobre los hechos del caso, detalla que Erik Egbert, un agente de la Patrulla Fronteriza y Control de Aduanas (CBP), fue al Smugglers Inn (una posada) que se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y se acercó a un automóvil que transportaba a un invitado originario de Turquía. El dueño de la posada, Robert Boule, le pidió a Egbert que se fuera, y cuando Egbert se negó a hacerlo, Egbert empujó a Boule al suelo. Después de que Boule se quejó con los supervisores de Egbert, Egbert sugirió al IRS (Servicio de Rentas Internas) que investigara a Boule.
Oyez añade que Boule presentó una demanda Bivens (llamada así por el caso Bivens v. Six Unknown Named Agents of Federal Bureau of Narcotics, que reconoció por primera vez el derecho de los demandantes a demandar a los funcionarios federales por daños derivados de violaciones de sus derechos constitucionales) contra Egbert, argumentando que el agente había violado sus derechos de la 1ra y 4ta Enmienda. El tribunal de distrito falló en contra de Boule, encontrando sus reclamos más allá del alcance de los permitidos por Bivens.
La Corte de Apelaciones del 9º Circuito de EEUU revocó y el 9º Circuito en pleno (en pleno) denegó la petición de Egbert de una nueva audiencia.
La pregunta a la Corte Suprema es:
¿Tiene un demandante derecho a demandar a los agentes federales por reclamos de represalias de la 1ra Enmienda o por presuntamente violar los derechos de la 4ta Enmienda del individuo mientras participa en funciones relacionadas con inmigración?
Otros datos
Un artículo publicado en la página de la Asociación Nacional de Fiscales Generales (NAAG) explica que durante el proceso señala que una corte se negó a otorgar certiorari sobre una tercera pregunta presentada, que pedía al Tribunal que considerara invalidar a Bivens.
Agrega que el demandado, Robert Boule, opera un Bed&Breakfast a pasos de la frontera canadiense en Blaine, Washington. Y que el B&B, que se conoce como Smuggler’s Inn, es «un sitio notorio para el cruce ilegal de fronteras».
Precisa además que la posada también atrae a “narcotraficantes” y en ese lugar “se han incautado cargamentos de cocaína, metanfetamina, éxtasis y opiáceos”.
La nota sobre el caso explica demás que el 20 de marzo de 2014 el peticionario, el agente de la Patrulla Fronteriza Egbert, estaba patrullando y supo por Boule que un ciudadano turco llegaría al Smuggler’s Inn ese mismo día. El agente Egbert sospechaba que el ciudadano turco podría cruzar a Canadá o reunirse con asociados que ingresaran a Estados Unidos desde Canadá con fines delictivos.
El agente Egbert esperó a que los empleados de Boule llevaran al ciudadano turco a Smuggler’s Inn. Una vez llegaron, el agente Egbert los siguió por la entrada de la posada y estacionó detrás del vehículo de Boule. El conductor salió; el ciudadano turco permaneció en el automóvil. Boule le dijo al agente Egbert que abandonara las instalaciones, pero el Agente Egbert se negó. Boule respondió interponiéndose entre el agente Egbert y el automóvil con el ciudadano turco. El agente Egbert supuestamente empujó a Boule a un lado, le preguntó al ciudadano turco sobre su estatus migratorio y confirmó su presencia legal. Boule luego buscó tratamiento médico por una lesión en la espalda que supuestamente causó el agente Egbert.
Boule se quejó con los superiores del agente Egbert y alegó que el agente Egbert tomó represalias contra él con el IRS y otras agencias federales.
Boule demandó al agente Egbert en un tribunal de distrito federal, afirmando dos causas de acción bajo Bivens.
Garland v. González
En enero de este año la Corte Suprema dijo que escucharía los argumentos de dos casos judiciales de inmigrantes indocumentados detenidos por las autoridades de inmigración por más de seis meses, y decidir si tienen derecho a una audiencia de fianza mientras sus casos continúan.
Uno de ellos se trata del caso Garland v. González.
Hay dos preguntas que debe responder la Corte Suprema:
1. Si un extranjero detenido bajo el Título 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1231, tiene derecho por estatuto, después de seis meses de detención, a una audiencia de fianza en la que el gobierno debe probar ante un juez de inmigración que el extranjero es un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad; y
2. Sí, según el Título 8 del Código de Estados Unidos Sección 1252(f)(1), los tribunales a continuación tenían jurisdicción para otorgar medidas cautelares para toda la clase.
El asunto corresponde al caso de Esteban Alemán González un inmigrante de origen mexicano
El gobierno federal había iniciado un procedimiento de deportación en su contra, pero los agentes de asilo (de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración -USCIS-) determinaron que tenía un temor razonable de persecución o tortura (CAT) en México.
González solicitó una audiencia de fianza ante un juez de inmigración después de haber estado detenido durante 180 días, pero la solicitud fue denegada.
Precedente
“Dos tribunales inferiores han sostenido que, en ciertos casos, los inmigrantes tienen ese derecho” (de solicitar una audiencia de fianza después de seis meses privado de libertad), dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York.
“Pero la mayoría conservadora de la Corte Suprema puede estar en desacuerdo con esos fallos”, advierte.
Los argumentos, que fueron presentados por los abogados defensores de los inmigrantes y del gobierno decidirán si los extranjeros que han permanecido detenidos por más de seis meses “tienen derecho a una audiencia de fianza para ser liberados”, señaló.
Johnson v. Arteaga-Martínez
El caso Johnson v. Arteaga-Martínez es similar al caso Garland v. González: si un inmigrante detenido por más de seis meses tiene derecho a una audiencia de fianza y esperar en libertad la resolución de su caso.
La pregunta a la Corte Suprema de Justicia es la misma: Si un extranjero detenido bajo el Título 8 del Código de Estados Unidos, Sección 1231 tiene derecho por estatuto, después de seis meses de detención, a una audiencia de fianza en la que el gobierno debe probar ante un juez de inmigración mediante evidencia clara y convincente que el extranjero es un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad.
De acuerdo con el expediente judicial, Antonio Arteaga-Martínez es un inmigrante originario de México que ingresó a Estados Unidos sin inspección (indocumentado).
En mayo de 2018, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestó y detuvo e inició un proceso de deportación. Arteaga-Martínez solicitó la retención y el aplazamiento de la deportación por temor a la violencia en México.
Seis meses después del inicio de su detención, solicitó una audiencia de fianza e impugnó su detención continua sin una audiencia de fianza.
“En este caso Arteaga-Martínez argumenta que, para evitar una violación del debido proceso, que él y algunos otros inmigrantes deberían tener derecho a una audiencia de fianza después de seis meses de detención”, explicó Yale-Loehr.
“Sin embargo, en 2021 la Corte Suprema dictaminó 6-3 que los inmigrantes que regresan ilegalmente a Estados Unidos después de ser deportados deben ser retenidos sin derecho a fianza mientras esperan una segunda audiencia de deportación”, recordó.
Yale-Loehr dijo además que “ambos casos son importantes (el de González y el de Arteaga), en parte debido a la gran acumulación de casos en los tribunales de inmigración. Más de 1.7 millones de inmigrantes tienen casos pendientes en la Oficina de Revisión de casos de Inmigración (EOIR)”, indicó.
“Puede llevar años obtener una decisión. Si los inmigrantes deben ser detenidos todo ese tiempo, los costos monetarios y sociales serán inmensos”, apuntó.
Ambos expedientes precisan que González y Arteaga-Martínez ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, fueron detenidos, puestos en proceso de deportación y afirmaron tener un temor creíble de persecución en su país de origen: México.
González, de acuerdo con documentos judiciales, se trata de un ciudadano mexicano quien fue deportado y luego volvió a ingresar al país ilegalmente. Las autoridades de inmigración hallaron que el inmigrante tenía un temor razonable de persecución en su país de origen, pero fue detenido.
Tras pedir a un juez de inmigración en California que revisara su orden de expulsión, el tribunal falló en su contra.
Por su parte, Arteaga-Martínez, también originario de México, había admitido que entró ilegalmente a Estados Unidos “en cuatro ocasiones», según la fiscalía.
Fuente: JORGE CANCINO
