Unos 700,000 casos de deportación activos en corte y que no representan una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos podrán pedir la reapertura o cierre de sus casos, de acuerdo con una nueva estrategia del gobierno previa al retiro del Título 42 en la frontera.
Este lunes 25 de abril los abogados (fiscales) de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) podrán ejercer temporalmente la discrecionalidad para actuar favorablemente en los casos de inmigrantes a quienes el gobierno no considera una prioridad de deportación”, de acuerdo con un memorando firmado por Kerry Doyle, asesor jurídico principal de la agencia.
La estrategia, que forma parte de los planes de la Casa Blanca para descongestionar la Corte de Inmigración (que tiene más de 1.7 millones de casos acumulados) y abrir camino a nuevas solicitudes de asilo que surjan una vez retirado el Título 42 en la frontera con México a partir del 23 de mayo, puede favorecer hasta unos 700,000 extranjeros con casos de deportación activos, equivalente al 40% de los expedientes, algunos de los cuales llevan años en espera.
El Título 42, activado en marzo del 2020 como parte de las medidas de salud pública para controlar la pandemia del coronavirus, ha facilitado la deportación acelerada de unos 2 millones de extranjeros que no tenían una probable causa de asilo.
Con el retiro de la cuestionada regla, el gobierno podrá seguir deportando aceleradamente bajo el amparo del Título 8 de la Ley de Inmigración (INA), aunque bajo otros reglamentos y reparar el debido proceso migratorio en la frontera, dañado por la política de tolerancia cero del gobierno anterior y la pandemia.
Por ley, los extranjeros que piden asilo en la frontera y demuestran tener un miedo creíble de deportación son enviados a un tribunal para que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos.
Los republicanos advierten que la salida del Título 42 generará una crisis sin precedentes de extranjeros, a quienes tildan mayoritariamente de delincuentes criminales. El gobierno responde que está desarrollando estrategias para controlar la situación en la frontera y el poder temporal otorgado a los fiscales de ICE es parte de esos preparativos.
Datos clave del memorando: ICE interpretará tres áreas prioritarias
De acuerdo con em memorando de Doyle, formado el 3 de abril, a partir de este lunes la Oficina del Asesor Legal Principal (OPLA) de ICE interpretará tres áreas prioritarias de cumplimiento identificadas en el Memorándum de Mayorkas emitido el 29 de septiembre del año pasado y que estipula las prioridades de deportación del gobierno. Los extranjeros en la mira de ICE son:
Aquellos que constituyen una amenaza a la seguridad nacional;
Aquellos que constituyen una amenaza a la seguridad pública; y
Aquellos que constituyen una amenaza a la seguridad fronteriza.
El memorando de Doyle ordena que a partir del 25 de abril los abogados de OPLA (fiscales de ICE) revisen sus casos en busca de indicios de que el expediente o el inmigrante en proceso de expulsión se encuentra dentro de una de las tres prioridades de ejecución.
“Si el no ciudadano parece representar una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública o la seguridad fronteriza, el abogado revisor debe clasificar el caso como prioritario; de lo contrario, el abogado debe identificar el caso como no prioritario”, explica un documento de CLINIC, una red nacional católica de asistencia a inmigrantes en Estados Unidos.
Cuando se emitió el memorando
El memorando, de 17 páginas, tiene fecha del domingo 3 de abril.
“Este memorando es un recordatorio importante para los abogados (fiscales) de ICE de que tienen la autoridad para desestimar casos, aceptar protecciones legales para los inmigrantes que se defienden contra la deportación y actuar de otras maneras favorables que promuevan la justicia y reduzcan la abrumadora acumulación de casos en la corte de inmigración (EOIR)”, señalaron el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y el Proyecto Nacional de Inmigración (NIPNLG) cuando conocieron la decisión.
¿Soluciona el problema?
Ambas organizaciones tienen serias dudas. “Debido a que se basa en el marco emitido por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, en septiembre del año pasado, continúa duplicando algunos de los aspectos más dañinos del enfoque del gobierno de Biden para la aplicación de la ley de inmigración, incluida la etiqueta de ‘riesgos’ a ciertas personas y categorizar a los solicitantes de asilo que llegan y a las personas que han tenido contactos previos con el sistema legal penal como ‘prioridades de deportación’”.
Agregan que, según el memorando, es poco probable que una persona designada como ‘prioritaria’ reciba una decisión o acción favorable de un fiscal de ICE en el transcurso de su caso en la corte de inmigración.
Quiénes califican
Según el memorando, califican para una suspensión o cancelación o un cierre de caso todos aquellos inmigrantes que tienen un caso de deportación en la Corte y no son prioridad de deportación (ver más abajo) de acuerdo con los lineamientos estipulados por el DHS el 30 de septiembre de 2021 y que entraron en vigor el 29 de noviembre.
De qué se trata la discrecionalidad
La Oficina del Asesor Legal Principal de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE-OPLA) otorgó poderes extraordinarios a los fiscales de ICE para tomar las siguientes decisiones:
1. CIERRE ADMINISTRATIVO. Detiene temporalmente los procedimientos de deportación al eliminar un caso de los calendarios activos de la Corte de Inmigración (EOIR).“Significa que el caso es sacado del calendario maestro de la Corte, pero no desaparece el expediente. El caso queda dormido y, en el futuro, pueden ponerlo nuevamente en el calendario y usted deberá ir ante un juez a batallar por su permanencia en Estados Unidos”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
2. TERMINAR UN CASO. “Esta es una mejor opción. Significa que el caso de deportación muere, termina, se acaba”, dice Guerrero.“Para poner nuevamente en proceso de deportación a esa persona deben enviarle una nueva Notificación de Comparecencia (NTA) para un nuevo juicio”, agrega.
3. MOCIÓN DE REAPERTURA. “Esto aplica a personas que tienen una orden de deportación y piden que se reabra su caso para revisarlo. Y decidir de acuerdo con los méritos del expediente y los argumentos que presente el inmigrante que pide este beneficio”.
“Al final del día, esta persona también puede beneficiarse de un cierre administrativo o que su caso termine”, agrega.
Cuáles son las prioridades de deportación
Tal y como ratificó el gobierno en noviembre del año pasado, las prioridades de deportación son:
· Amenaza a la seguridad nacional: un no ciudadano que participe o sea sospechoso de terrorismo o espionaje, o relacionado con el terrorismo o actividades relacionadas con el espionaje, o que represente un peligro para la seguridad nacional.
· Amenaza a la seguridad pública: un no ciudadano que represente una amenaza actual para la seguridad pública, generalmente debido a un delito grave.
· Amenaza a la seguridad fronteriza: un no ciudadano que represente una amenaza para la seguridad fronteriza como coyotes, migrantes con múltiples entradas ilegales, etc.
¿Hay otra prioridad en la lista?
Sí. El memorando de Mayorkas añade que un no ciudadano (indocumentado) es una amenaza para la seguridad fronteriza si:
· Son detenidos en la frontera o puerto de entrada mientras intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
· Son detenidos en Estados Unidos tras haber ingresado ilegalmente después del 1 de noviembre de 2020.
Nota: Esta fecha es clave para entender las prioridades de deportación del gobierno. Sin embargo, la guía de septiembre indica que, en algunos casos, se requerirá una evaluación más a fondo y se tendrá en cuenta “la totalidad de los hechos y circunstancias” para decidir la deportación.
Por qué dar discreción a fiscales
El gobierno dice que “la discrecionalidad procesal es una característica indispensable en cualquier sistema legal para que funcione. Y que el ejercicio de la discrecionalidad procesal, en este caso, puede preservar los limitados recursos del gobierno, lograr resultados justos y equitativos en casos individuales, y promover la misión del DHS de administrar y hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos de una manera inteligente y sensata que promueve la confianza del público.
Evaluaciones justas
El memorando recomienda a los fiscales tomar decisiones sobre la base de evaluaciones justas. Para ello recomienda considerar “toda la información disponible” que indique si la persona se trata o no de una amenaza, por ejemplo, a la seguridad pública, nacional o fronteriza.
Una vez hecha la evaluación y agotadas las instancias, entonces tomar una decisión sobre si la persona es deportada o no.
Qué pasa si el caso termina
“La persona sigue teniendo el mismo estatus migratorio. Si estaba indocumentado cuando lo arrestaron, fue a la corte de inmigración, el juez o el fiscal de inmigración le termina el caso, queda libre, pero indocumentado”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
“En estos casos el no ciudadano cuenta con un documento legal que le dice que está amparado, que no constituye una amenaza para la seguridad publica y que el gobierno no tiene razones para expulsarlo de Estados Unidos. A menos, claro está, que se equivoque y cometa un crimen que lo convierta en deportable”, advirtió.
Apelaciones
El memorando también otorga a los fiscales la discrecionalidad para renunciar a la apelación de un caso prioritario o no prioritario. Pero en todos los casos deben proceder con prudencia y transparencia, recomienda la oficina del Asesor Legal Principal de ICE.
Fianzas
Los fiscales también tendrán discrecionalidad para decidir casos y montos de fianza y/o programas de alternativas de detención vigentes (ATD) conforme la ley.
Objetivo de la estrategia
La Corte de Inmigración tiene 1.7 millones de casos acumulados. Si a partir del 25 de abril los fiscales comienzan a cerrar, terminar o reabrir casos (de los 700,000 previstos), la EOIR tendrá espacio para calendarizar los nuevos pedidos de asilo que se presenten a partir del 23 de mayo, cuando se elimine el Título 42 en la frontera.
Eso si, todo depende si los poderes extraordinarios a los fiscales de ICE son demandaros ante los tribunales de justicia y avance la demanda contra la eliminación del Título 42 presentada por los Estados de Arizona, Luisiana y Missouri. Ellos alegan que la política migratoria de Biden en la frontera y la cancelación del Título 42 provocará una invasión de inmigrantes criminales, un argumento similar al empleado por el expresidente Donald Trump para defender su política de ‘tolerancia cero’.
Falta de transparencia
Tanto el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes como para el Proyecto Nacional de Inmigración (NIPNLG), el memorando que determina las prioridades de deportación del gobierno “no ofrece una transparencia significativa con respecto a las decisiones de los fiscales”.
“No ofrece ningún mecanismo para que las personas sepan si los abogados de ICE que procesan por detención y deportación clasifican su caso como ‘prioritario’ o ‘no prioritario’”, agregan.
Advierten que “los abogados de ICE no están obligados a documentar públicamente la base de sus decisiones individuales, lo que dificulta que los inmigrantes sepan qué evidencia presentar para alentar a ICE a tomar decisiones judiciales justas”.
De llenarse estas carencias, añaden, se abrirían oportunidades “para que los fiscales de ICE se aseguren de que aquellos que huyen del peligro puedan encontrar la seguridad que viene con una concesión de asilo, o acordar que un miembro de la comunidad desde hace mucho tiempo no debe ser deportado lejos de su familia y comunidad”.
Fuente: JORGE CANCINO
