La más reciente escalada de la disputa entre Disney y el gobernador republicano de Florida lleva hasta los tribunales el altercado por el control del distrito especial donde funciona el complejo de parques temáticos de la legendaria compañía de entretenimiento.
Disney demandó este miércoles al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por la toma de control estatal del distrito donde están situados sus parques temáticos, alegando que el gobernador emprendió una » campaña dirigida de represalias gubernamentales» después de que la compañía manifestara su desacuerdo con una ley que los críticos llaman Don’t sy gay (No digas gay).
La demanda, presentada en Tallahassee, fue iniciada minutos después de que una junta de supervisión de Disney World designada por DeSantis votó para anular un acuerdo entre Disney y la junta anterior que colocaba las decisiones de diseño y construcción de parques temáticos en manos de la compañía.
El enfrentamiento de DeSantis contra Disney
Es el último conflicto en una disputa en curso entre DeSantis, un republicano que se espera que se postule a la presidencia, y Disney, un poderoso actor político y un importante impulsor del turismo en Florida.
La disputa con Disney ha generado críticas significativas de los rivales del gobernador en la Casa Blanca y líderes empresariales que lo ven como un rechazo extraordinario al principio conservador de un gobierno pequeño.
La lucha comenzó el año pasado después de que Disney, frente a una presión significativa, se opusiera públicamente a una ley estatal que prohíbe las lecciones en el aula sobre orientación sexual e identidad de género en los primeros grados, una política que los críticos llaman «No digas gay».
Como castigo, DeSantis se hizo cargo del distrito autónomo donde funciona Disney World y nombró una nueva junta de supervisores encargada de la administración de los servicios municipales en sus parques temáticos.
Pero en febrero, antes de que la junta seleccionada por DeSantis entrara en funcionamiento, Disney llegó a un acuerdo con la junta saliente que parecía dejar al organismo sin ningún poder para controlar el funcionamiento de las instalaciones del gigante del entretenimiento en el distrito.
La junta de DeSantis dijo el miércoles que la medida de Disney para retener el control de su propiedad fue efectivamente ilegal porque se realizó sin el debido aviso público. Algo que Disney contradice.
“Disney escogió la pelea con este junta. No buscábamos una pelea”, dijo Martín García, presidente del Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central, y agregó que “en resumen, lo que nuestros abogados nos han dicho es que, de hecho y legalmente, lo que crearon es un desastre legal absoluto. No funcionará.»
DeSantis también prometió retribuciones adicional, mencionando propuestas para aumentar la supervisión estatal sobre las atracciones mecánicas y el monorriel del complejo, y sugiriendo la construcción de una prisión estatal en las cercanías del parque.
Disney defiende la validez de los acuerdo alcanzados con la junta anterior
Disney ha dicho que todos los acuerdos hechos con la junta anterior son legales y aprobados en un foro público.
Según la compañía, los mismos fueron discutidos y aprobados en dos reuniones públicas celebradas con dos semanas de diferencia a principios de este año, ambas notadas en el periódico local de Orlando y a las que asistieron alrededor de una docena de residentes y miembros de los medios de comunicación. Nadie de la oficina del gobernador estuvo presente en ninguna de las reuniones, según se desprende de las actas.
Los acuerdos que Disney firmó con la junta anterior aseguraron los derechos de desarrollo de la empresa en todo el distrito durante los próximos 30 años y, en algunos casos, impiden que la nueva junta tome medidas significativas sin obtener primero la aprobación de la empresa.
Una disposición del acuerdo impide que la nueva junta use cualquiera de los personajes de Disney hasta «21 años después de la muerte del último superviviente de los descendientes del rey Carlos III, rey de Inglaterra».
El CEO de Disney, Bob Iger, dijo que cualquier acción contra la compañía que amenace los empleos o la expansión en su centro turístico de Florida no solo es “antinegocios” sino “anti-Florida”. Disney es el principal empleador de Florida.
