Este próximo jueves 26, el gobierno del presidente Donald Trump enfrenta la fecha límite impuesta por el juez federal Dana Sabraw para reunir a más de 2,500 niños con sus padres, y tanto abogados como activistas temen que altos funcionarios ya han sentado las bases para incumplir el mandato.
Según datos proporcionados por el Departamento de Justicia el viernes pasado en documentos legales, menos de 500 niños mayores de 5 años han sido reunidos con sus progenitores. Otros 2053 están aún en el limbo, a cargo de varias agencias del gobierno, con sus nombres en varias bases de datos y sin un plan claro para garantizar que realmente llegarán a manos de sus padres.
El gobierno cumplió parcialmente otra orden para reunir a un centenar de niños menores de 5 años que se venció el 10 de julio, reuniendo únicamente a unos 59 de ellos, pero alegando que el resto “no eran elegibles” para volver con los familiares con los que vinieron a este país por una variedad de razones.
Entre las razones dadas por el gobierno hace unos días para no reunir a más de 40 niños menores de 5 años con sus padres están : “preocupaciones de seguridad” para los niños, antecedentes penales de los padres, algunos adultos no eran los padres y al menos 24 niños no pudieron ser reunidos porque sus padres ya habían sido deportados.
En cuanto al grueso de los niños, los que tienen entre 5 y 17 años, el gobierno ha dicho que alrededor de 900 tampoco son elegibles para la reunificación, y que “estaban trabajando” en el resto, según informó la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU), organización que lidera la demanda contra el gobierno exigiendo la reunificación.
A fines de la pasada semana, la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen dijo que el gobierno “haría lo posible” por cumplir la fecha límite, pero que no era posible hacerlo sin tomar en cuenta la seguridad nacional y la evaluación de los antecedentes de los padres.
“Tenemos a nuestro cargo la protección de estos menores”, djio Nielsen el jueves pasado durante una entrevista con una cadena nacional.
No obstante el juez federal Dana Sabraw, de San Diego, se mostró optimista el viernes durante una audiencia con los abogados del caso, indicando que el gobierno le aseguró que reuniría a 88% de las familias antes de la fecha señalada. “El proceso parece estar funcionando bien”, dijo Sabraw en dicha conferencia.
Lee Gelernt, abogado de la ACLU, indicó que su organización está presionando para que el gobierno entregue la mayor cantidad de información posible, para comprobar que los números anunciados realmente fueron reunidos y una lista detallada de los padres o hijos que ya fueron deportados.
Muchos de los que ya fueron reunidos supuestamente fueron liberados en forma condicional y otros permanecen detenidos en el mismo centro de detención, después de haber estado en diversos puntos del país durante semanas, uno o dos meses.
Más de 130 padres, entretanto, han pedido que los deporten sin sus hijos, para darle a estos la posibilidad de permanecer en Estados Unido peleando sus casos, informó el gobierno en el mismo documento legal.
Entretanto los abogados, asistidos por algunas organizaciones no lucrativas, están haciendo lo posible en las cortes para seguir ejerciendo presión sobre el gobierno. La orden del juez Sabraw también impide temporalmente la deportación de las familias reunidas, para dar tiempo a que estas puedan tener acceso a ayuda legal y evaluar sus casos para posibles solicitudes de asilo.
Este lunes, por ejemplo, la oficina de la senadora Kamala Harris envió un email a sus partidarios anunciando que estaba ayudando a la coalición “Families Belong Together” a recabar fondos para representar y reunificar a las familias migrantes separadas cuando llegaron a la frontera de Estados Unidos pidiendo refugio.
Harris, en un email a todos sus seguidores, no pidió dinero para sus cofres de campaña sino que, indicó, “todos los fondos que se recaben irán directamente a las familias, muchas de las cuales no han podido reunirse en parte porque no tienen el dinero “para pasajes de avión, hotel y necesidades de los niños”, que el gobierno les exige pagar.
La pasada semana, una delegación de congresistas que recorrió uno de los centros de detención de la Patrulla Fronteriza en Texas dijo que muchas familias aún están siendo separadas si el adulto no es un padre sino un tío, hermano, primo mayor o abuelo.
Entretanto, los abogados que representan al Caso Flores, que garantiza los derechos de ciertos niños migrantes en Estados Unidos, acudirán este viernes a otra corte federal en Los Angeles para pedir que se revise el “incumplimiento” del gobierno a las condiciones de esta demanda, que se ganó hace casi 30 años.
