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Gobierno anuncia que pondrá fin a regla de Trump que amplió deportaciones aceleradas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este viernes que deja sin efecto una regla adoptada por el gobierno de Donald Trump en 2019 que extendió a nivel nacional un programa de deportaciones aceleradas que solo aplicaba a inmigrantes indocumentados dentro de las 100 millas de la frontera.

En un aviso publicado en el Registro Federal (diario oficial estadounidense), el departamento indicó que el proceso de deportación acelerada se enfoca no solo en personas que ingresaron recientemente al país, sino en aquellos que llevan más tiempo y desarrollaron lazos con sus comunidades.

“Además, dado que el uso de la deportación acelerada ampliada implicaría nuevos desafíos complejos para la fuerza laboral (del DHS), aumentaría el riesgo de desafíos legales evitables a las acciones de cumplimiento de la agencia”, dijo el DHS.

En septiembre de 2019 la Oficina de inmigración y Aduanas (ICE) activó la regla que permitía que sus agentes deportaran a cualquier extranjero sin estatus legal que haya estado menos de dos años en el país sin una audiencia judicial.

En octibre del año pasado el programa fue dejado en suspenso y sometido a revisión por parte de las autoridades federales de inmigración.

La controvertida medida formó parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del gobierno anterior.

El cambio

El DHS dijo en el anuncio que “el uso de la deportación acelerada ampliada implica nuevos desafíos complejos para la fuerza laboral (del DHS) y aumenta el riesgo de desafíos legales evitables a las acciones de cumplimiento de la agencia”.

Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) prevé la expulsión acelerada de «cualquiera o todos» los no ciudadanos «que lleguen ilegalmente a los Estados Unidos», en 2019 el gobierno de Trump interpretó la ley de manera amplia, diciendo que la deportación acelerada podría aplicarse a personas en cualquier lugar que hayan estado en el país hasta por dos años.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes impugnaron la regla señalando que la deportación acelerada ‘se burló del debido proceso’ migratorio.

En octubre del año pasado el DHSde Biden había detenido el uso de la expulsión acelerada ampliada mientras revisaba la política. La norma solo se usó algunas veces en en 2021.

Desde el 20 de enero hasta fines de agosto (los primeros siete meses de Biden), los funcionarios de ICE solo deportaron a cuatro inmigrantes, de acuerdo con datos de ICE.

En la actualidad la mayoría de los extranjeros que llegan a la frontera son deportadas de inmediato bajo el Título 42, una orden de salud pública sobre el coronavirus de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC).

La suspensión

En octubre del año pasado el DHS anunció que el programa de deportaciones aceleradas activado durante el gobierno anterior y reanudado por Biden en julio, había sido suspendido y estaba siendo revisado.

“La revisión de la política de remoción (deportación) acelerada ampliada está en curso”, dijo en ese momento a Univision Noticias la agencia a través de un correo electrónico .

“Esta aplicación particular de remoción acelerada se usó en un número extremadamente pequeño de casos bajo la Administración de Biden y no se usará en el futuro hasta que se complete la revisión del Departamento», agregó.

El departamento indicó además que “la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha utilizado la deportación acelerada ampliada en cuatro ocasiones desde el 20 de enero de 2021”.

La regla de Trump

El cambio al programa en 2019 otorgó amplia discreción a los agentes del DHS para actuar con “completa autoridad” y colocar en proceso expedito de deportación a un extranjero, excepto en casos excepcionales y limitados, señalaba la regla.

El blanco de la medida fueron todos aquellos inmigrantes “considerados inadmisibles bajo las secciones 212(a)(6)(C) o (a) (7) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”, dijo el DHS cuando la medida entró en vigor en 2019.

Entre los principales afectados se encuentran inmigrantes que fueron deportados y regresaron al país sin un permiso, individuos que hayan cometido crímenes graves o tengan múltiples convicciones, traficantes de drogas o involucrados en actividades terroristas, extranjeros con orden final de deportación, entre otras faltas.

Cómo se aplicaba

De acuerdo con el memorando de ICE que reguló la política, los agentes “tenían una amplia discreción para aplicar la deportación acelerada en casos individuales, o para permitir que los extranjeros salgan voluntariamente o retiren sus solicitudes de admisión, y también para colocar a los extranjeros en procedimientos de deportación ante un juez de inmigración”.

La norma se utilizba en redadas o cuando los agentes se encontraban con extranjeros que habían sido arrestados por otra agencia de aplicación de la ley por alguna actividad criminal. También se implementba cuando los agentes se topan con trabajadores indocumentados en los lugares de trabajo destinados a acciones de ejecución basadas en pistas de investigación.

ICE había señalado que al ejercer esta discreción, «los agentes no debían volver a examinar la determinación hecha antes del 23 de julio de 2019 (cuando se anunció la regla) para colocar a un extranjero en procedimiento de deportación” acelerada.

En el memorando de ICE de 2019 señalba además algunos factores relevantes en los cuales los agentes de ICE podían ejercer la discrecionalidad para limitar o aguantar una deportación expedita.

Fuente: JORGE CANCINO

Decenas de miles de cubanos liberados en EEUU tras el fin de la ‘ley de ajuste’ podrán pedir la residencia

El servicio de inmigración estadounidense anunció este miércoles un acuerdo que pone fin a una demanda colectiva entablada el año pasado a nombre de inmigrantes cubanos a quienes se les negó la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA).

El servicio de inmigración estadounidense anunció este miércoles un acuerdo que pone fin a una demanda colectiva entablada el año pasado a nombre de inmigrantes cubanos a quienes se les negó la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Los beneficiarios del acuerdo se presentaron en puertos fronterizos autorizados (terrestre y aéreo), se entregaron a las autoridades, fueron procesados, se les negó el ajuste de estatus bajo el amparo de la Ley de Ajuste Cubano, pero fueron puestos en libertad condicional (parole).

“Este grupo de personas tendrán un año para volver a tramitar la Green Card (tarjeta verde)”, se lee en el aviso publicado por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
Abogados que representaron a los demandantes hablaron que el número de beneficiarios de este acuerdo fácilmente puede superar los 50,000 inmigrantes.

Los favorecidos

La agencia federal dijo que el anuncio favorece a “ciertos inmigrantes de origen cubano que llegaron a los puertos fronterizos autorizados y se les negó la Ley de Ajuste Cubano basado únicamente en una determinación de que no habían cumplido con la carga de establecer que habían sido admitidos” legalmente en el país o se hallaban “en libertad condicional”.

La demanda colectiva alegó que los afectados argumentaron que haber sido puestos en libertad por las autoridades de inmigración fue, de hecho, el parole y se trata de “la evidencia de documentación válida para solicitar la Green Card bajo la Ley de Ajuste Cubano», dijo a Univision Noticias Mark Prada Urizar, abogado que encabezó el equipo litigante.

“El anuncio significa que el gobierno alcanzó un acuerdo que permite a los cubanos que fueron admitidos, pero les negaron la residencia, podrán presentar nuevamente el formulario I-485 para recibir la Green Card”, explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“Otro hecho importante de este anuncio es que el gobierno ha admitido que, no solo inmigrantes cubanos fueron o han sido liberados con un parole, sino también inmigrantes de otras nacionalidades. Estas personas también podrían verse beneficiadas y esperamos que la USCIS aclare el alcance de este acuerdo”, agregó.

El anuncio

La USCIS dijo que los extranjeros nativos de Cuba que cumplen con la definición de «extranjero que llega» según el Titulo 8 de la Ley de Inmigración (INA), fueron puestos en libertad condicional con un documento I-220A entre el 12 de enero de 2017 y el 17 de noviembre de 2021, no ha salido de Estados Unidos y solicitó ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano (CAA) por medio de un Formulario I-485, y el beneficio fue negado, puede:

Presentar un nuevo Formulario I-485 a la USCIS más el costo del trámite o acompañado con un Formulario I-912 (Solicitud de Exención de tarifas) si es elegible; o+
Presentar un Formulario I-290B, Aviso de Apelación o Moción a la USCIS, más la tarifa correspondiente o junto con un Formulario I-912, si es elegible.
“USCIS reabrirá y volverá a adjudicar el Formulario I-485 previamente denegado”, explicó la agencia.

El acuerdo explica además que, “si ha pasado la fecha límite para presentar un Formulario I-290B a tiempo, usted puede, por un período de un año a partir de la fecha de este aviso, presentar un Formulario extemporáneo I-290B, con tarifa, o con un Formulario I-912, si es elegible”.

El servicio de inmigración dijo que si el inmigrante presenta un Formulario I-290B extemporáneo dentro de un año a partir de la fecha de este aviso (23 de febrero de 2022) y se cumplen los criterios anteriores, “reabrirá y volverá a adjudicar el Formulario I-485 previamente denegado”.

Cuántos se beneficiarán

“Cuando presentamos la demanda el año pasado, elaboramos una estadística y estimamos que había por lo menos 50,000 inmigrantes cubanos que habían llegado a los puertos de entrada autorizados y se habían entregado a las autoridades reclamando el ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano”, explicó Prada.

“Pero ahora estimamos que el número de personas que se benefician de este acuerdo probablemente serán muchos más”, indicó.

Prada precisó además que el acuerdo anunciado por USCIS solo beneficia a un grupo específico de inmigrantes, es decir, aquellos que llegaron a un puerto fronterizo autorizado.

Y explicó que aquellos inmigrantes que a causa de la pandemia y el cierre de las fronteras en 2020 se vieron forzados a entrar por zonas no autorizadas, o fueron deportados bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos o remitidos al Programa de Protección del Migrante (MPP), “no califican dentro de este acuerdo».

“Sólo aquellos que la USCIS identifica como ‘arriving aliens’”, precisó.

A la pregunta si extranjeros de otras nacionalidades que llegaron al país a través de puertos de entrada autorizados al igual que miles de cubanos y recibieron un ‘parole’ (fueron liberados bajo fianza) calificarán para la residencia legal permanente (Green card), Prada dijo que “los argumentos que presentamos en la demanda del año pasado deben funcionar con cualquier otra gente”.

Ley pies secos, pies mojados

La Ley de Ajuste Cubano (CAA), también conocida como “Ley de pies secos, pies mojados”, fue implementada en 1995 y eliminada durante el gobierno de Barack Obama al término de su mandato en enero de 2017.

La ley permitía que los cubanos que se presentaban en puntos fronterizos, ya sea con México o Canadá, o lograban llegar a tierra por vía marítima, recibían un parole (documento I-94), con el cual podían solicitar la residencia permanente luego de un año después de haber ingresado al país y procesado por las autoridades migratorias.

Tras la cancelación de la CAA y hasta noviembre de 2021 miles de cubanos siguieron llegando a las fronteras donde se presentaban solicitando asilo o protección invocando la ‘ley pies secos, pies mojados’.

Muchos no fueron deportados, sino que, mientras sus casos eran procesados, recibieron un parole y quedaron en libertad, pero luego sus formularios I-485 (petición de ajuste de estatus) fueron rechazados.

Ahora tendrán un año para volver a presentarlos, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados en el anuncio de la USCIS.

La política de ‘pies secos, pies mojados’ se implementó luego del éxodo masivo de balseros cubanos en 1994. La razón fue que el gobierno de Cuba se negaba a aceptar deportaciones de sus ciudadanos desde Estados Unidos.

Fuente: JORGE CANCINO

Fracasa Intento de Ley Electoral en el Senado

Los demócratas pierden la votación y recurren a “la opción nuclear” para deshacerse de la necesaria mayoría cualificada de tres quintos

Por quinta vez en los últimos seis meses, la bancada republicana votó de forma monolítica contra el intento demócrata de aprobar un proyecto de ley sobre la legislación del derecho al voto. Se necesitaba la cifra mágica de 10 senadores republicanos para alcanzar los deseados 60 votos que impone el arcaico filibusterismo para aprobar una norma por mayoría cualificada. Ni un solo senador republicano dio ese paso al frente. Para hacer posible, pero a la vez enredar más la explicación y el desarrollo de los acontecimientos, el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, cambió su voto y se pronunció en contra de su propio partido para forzar así una nueva votación esta misma noche. El resultado fue 49-51.

La vicepresidenta Kamala Harris se encontraba en el Senado. Hasta allí se había desplazado por si era necesario su voto de calidad para inclinar la balanza del lado de los demócratas. No fue necesario. Primero porque Schumer cambió de filas. Segundo porque no era suficiente para tumbar el muro de los 60. “El presidente y yo no vamos a tirar la toalla respecto a este tema”, declaró Harris. “Este tema es fundamental para nuestra democracia”.

Como declaración de intenciones es irreprochable. Y sin embargo, por mucho que el presidente de EE UU, Joe Biden, exprese el peligro que supone que casi 20 Estados de la Unión hayan manoseado sus reglamentos estatales para hacer más difícil el acceso al voto de las minorías, sobre todo la población negra americana, la división partidista refleja con total claridad que no existe margen para hacer realidad la necesitada reforma.

La legislación que se sometió a voto combinaba disposiciones clave de dos proyectos de ley: la Ley de Libertad para Votar y la Ley de Avance de los Derechos Electorales de John Lewis. Bien claro tenía Schumer lo que estaba por pasar cuando al iniciarse el debate reconocía que el proyecto tenía pocas probabilidades de salir adelante. Como el mejor de los generales que sabe cómo acabará el combate pero está obligado a dar la batalla, Schumer declaraba que “los ojos de la nación están pendientes de lo que suceda aquí esta semana”.

Lo sucedido es una repetición en bucle que esta noche intentará modificarse para cambiar el final al plantear a votación una normativa que circunvale la necesidad de la mayoría cualificada, conocida como “la opción nuclear”, se traduce en cambiar temporalmente las reglas del Senado, ignorando las objeciones de la minoría a un proyecto o un nombramiento y permitir que pueda aprobarse por mayoría simple.

Pero entonces, los demócratas, además de ver los colmillos de los republicanos se enfrentarán a dos disidentes dentro de sus filas, la senadora de Arizona Kyrsten Sinema y el senador de Virginia Occidental Joe Manchin. Ambos políticos han dejado clara su postura desde que se planteó suprimir el filibusterismo, no importa cómo lo maquillen, ninguno de los dos votará a favor, ya que son conscientes de que es un caballo de Troya.

El controvertido proyecto de ley ampliaría el acceso al voto en un país que tras el paso de Donald Trump por la Casa Blanca ha visto cómo retrocedían los derechos de las minorías. La reforma restauraría las disposiciones clave de la Ley de Derechos Electorales de 1965, normativa que fue posible debido a la movilización de Luther King y el entonces presidente Lyndon Johnson en 1965. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley la semana pasada con solo el respaldo demócrata, y ahora enfrenta el gran -y casi imposible- desafío para aprobarlo en el Senado. El texto actual establecería, además, que el día de las elecciones sea festivo a nivel nacional, lo que podría aumentar la participación. En EE UU se vota siempre en el primer martes después del primer lunes de noviembre, un día laborable que dificulta acudir a las urnas.

El Presidente Está Cansado de Estar Callado Sobre Ley Electoral

El presidente Joe Biden dio un importante discurso en Atlanta sobre los derechos de voto, con el fin de aumentar la presión sobre los senadores reacios mientras los demócratas enfrentan presiones para aprobar dos leyes pendientes a las que se oponen casi todos los republicanos en el Capitolio.

“He tenido estas conversaciones tranquilas con miembros del Congreso durante los últimos dos meses. Estoy cansado de estar callado”, dijo Biden este martes, golpeando el atril con la mano para enfatizar su punto.

El discurso del presidente en Atlanta es el último de sus llamados recurrentes para que se refuerce el derecho al voto de la nación. A lo largo del primer año de su presidencia, Biden ha dedicado varios discursos al derecho al voto, incluso en Tulsa, Oklahoma, en el centenario de la masacre racial en esa ciudad; la ceremonia de graduación de la Universidad Estatal de Carolina del Sur; en el Monumento a Martin Luther King Jr., en Washington, y en el Centro Nacional de la Constitución, en Filadelfia.

Durante la apertura del discurso en los terrenos de la Universidad Clark Atlanta y el Morehouse College, Biden recordó a «la multitud violenta» que irrumpió en el Capitolio de EE.UU el 6 de enero de 2021, y el expresidente Donald Trump, de quien dijo que «trató de ganar a través de la violencia lo que había perdido a través de las urnas, imponer la voluntad de una turba, anular elecciones libres y justas, y por primera vez en la historia estadounidense, para detener la transferencia pacífica del poder».

“Fracasaron. Fracasaron. Pero la victoria de la democracia no era segura. Tampoco lo es el futuro de la democracia”, agregó Biden. «Es por eso que estamos aquí hoy».

Biden se unirá en Georgia a la vicepresidenta Kamala Harris, a quien nombró para dirigir el trabajo de la administración sobre los derechos de voto. Varios miembros del Congreso, funcionarios locales y líderes de derechos civiles los acompañan en diferentes partes del viaje.

Durante su estancia en Atlanta, el presidente y el vicepresidente colocaron una ofrenda floral en la cripta del Dr. Martin Luther King, Jr. y Coretta Scott King, y visitaron la Iglesia Bautista Histórica Ebenezer.

En sus comentarios anteriores al presidente en Atlanta, Harris afirmó que los estadounidenses podrían enfrentar consecuencias nefastas si la nación se vuelve complaciente con las leyes electorales restrictivas que se promulgan en varios estados, incluido Georgia.

“Cada estadounidense en cada comunidad en cada partido político sentirá el asalto a nuestra libertad de votar. Y si nos quedamos de brazos cruzados, toda nuestra nación pagará el precio por las generaciones venideras”, dijo.

Biden aumentará la presión sobre el Senado para cambiar las reglas obstruccionistas para los derechos de voto

Cambiar las reglas obstruccionistas en el Senado, que requieren 60 votos para poner fin al debate sobre la legislación, es un tema importante del día, y del discurso de Biden. Este martes, Biden está repitiendo su llamado para que el Senado apruebe la la Ley de Libertad para Votar y la Ley de Avance de los Derechos Electorales de John Lewis», agregó Psaki.

Sin cambiar las reglas obstruccionistas, no está claro cómo se llevará a cabo el proyecto de ley que Biden quiere que se apruebe. Durante las declaraciones de Atlanta, Biden pidió que se cambiaran las reglas: anteriormente había expresado su apoyo a hacer una excepción a las reglas obstruccionistas para aprobar una legislación sobre los derechos de voto.

“Apoyo cambiar las reglas del Senado, de cualquier manera que deban cambiarse para evitar que una minoría de senadores bloquee las acciones sobre los derechos de voto”, dijo el martes.

Se espera que el Senado asuma los derechos de voto en los próximos días. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, fijó como fecha límite el 17 de enero, Día de Martin Luther King Jr., para que el Senado vote sobre un cambio de reglas si los republicanos continúan bloqueando la legislación sobre el derecho al voto.

La visita de Biden al estado de Peach, que tiene lugar menos de una semana antes del Día de MLK Jr., se produce en medio de la presión de los defensores que piden a Biden que explique más claramente un camino para la aprobación de los proyectos de ley de derechos electorales.

Varios grupos de derechos de voto emitieron una carta diciendo que Biden y Harris no deberían visitar Atlanta sin un plan concreto para aprobar proyectos de ley de derechos de voto de inmediato. El lunes, una coalición de grupos de derechos electorales en Georgia anunció que no asistirán a eventos relacionados con la visita de Biden.

«No necesitamos otro discurso. Lo que necesitamos es un plan», dijo a los periodistas el lunes Cliff Albright, cofundador del Black Voters Matter Fund. «No asistiremos al discurso que dará el presidente mañana».

Albright dijo que le gustaría que el presidente abordara los derechos de voto de la misma manera que trabajó para que se aprobara su ley de infraestructura bipartidista y apelar personalmente a los senadores.

«Si dice que los próximos siete días serán históricos y críticos, tiene que tomar la iniciativa por completo después de dar el discurso, tener el tipo de reuniones, averiguar con (el senador demócrata de Virginia Occidental, Joe) MManchin qué es exactamente lo que se va a necesitar, y ser muy directo y contundente como lo ha sido en infraestructura y en algunos otros temas», dijo Albright.

Albright agregó: «No tiene sentido tener 40 años de experiencia en el Senado solo para decirnos que no se pueden ganar dos votos».

La destacada líder de Georgia, Stacey Abrams –posiblemente la principal defensora del derecho al voto del Partido Demócrata después de usar su derrota en la gubernatura de 2018 ante el republicano Brian Kemp para plantear el tema– no asistió al discurso de Biden. Después de las elecciones, Abrams fundó Fair Fight, una organización que aboga por la protección de los votantes en todo el país, y este año se postula nuevamente para gobernadora.

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El presidente dijo el martes por la mañana que había hablado con Abrams y atribuyó su ausencia a su próximo discurso a un conflicto de programación.

«Hablé con Stacey esta mañana. Tenemos una gran relación. Confundimos nuestra agenda. Hablé largamente con ella esta mañana. Todos estamos en la misma página y todo está bien», dijo.

El martes, a bordo del Air Force One, Psaki dijo a los periodistas que Biden comparte sus propias frustraciones con los activistas por el derecho al voto por el estancamiento actual de los derechos al voto.

«Él comparte el deseo de hacer esto. Comparte su frustración porque aún no está hecho», dijo Psaki.

Jana Morgan, directora de Declaración para la Democracia Estadounidense, le dijo a CNN que es «cautelosamente optimista» sobre el discurso de Biden, pero que lo ve como un primer paso.

«Vamos a observar de cerca para asegurarnos de que haya un seguimiento de estos comentarios», dijo Morgan. Dirige una coalición de organizaciones que trabajan para promover los derechos de voto.

Morgan dijo que quiere que el presidente atraiga personalmente a los senadores para que se apruebe la legislación sobre el derecho al voto.

“Ha dicho que esta es la mayor prueba para nuestro país desde la Guerra Civil, y creo que tiene razón porque la democracia estadounidense está bajo ataque. Entonces, queríamos ver esas fuertes palabras puestas en acción”, dijo Morgan.

Histórica Ley de Infraestructura Mejorará las Comunicaciones y Transportes

Internet de alta velocidad, mejoras en carreteras, aeropuertos, puertos y sistemas de transporte público. Todos son renglones incluidos por Biden en su plan de infraestructura, un acuerdo bipartidista sin precedentes en un momento de amplias fracturas políticas.

El presidente Joe Biden firmó la tarde de este lunes su plan de infraestructura de 1.2 billones de dólares (trillions en inglés), un acuerdo bipartidista que ha sido considerado como histórico en un momento de amplias fracturas políticas.

«Durante demasiado tiempo, hemos hablado de tener la mejor economía del mundo. Hemos hablado de afirmar el liderazgo estadounidense en el mundo con las mejores y más seguras carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Aquí en Washington escuché innumerables discursos, promesas. Pero hoy, finalmente, lo estamos logrando. Y mi mensaje para el pueblo estadounidense es: Estados Unidos se está moviendo nuevamente. Y tu vida va a cambiar para mejor», aseguró Biden antes de firmar la ley.

Biden dijo además que la ley «es una prueba» de que ambos partidos «pueden ofrecer resultados reales para personas reales».

«Compatriotas, hoy quiero que sepan que los escuchamos y los vemos», dijo Biden en la ceremonia de firma en los jardines de la Casa Blanca. «El proyecto de ley que estoy a punto de promulgar es una prueba de que, a pesar de los cínicos, demócratas y republicanos pueden unirse y generar resultados. Podemos hacer esto. Podemos ofrecer resultados reales para personas reales».

Congresistas tanto demócratas como republicanos se sumaron a esos comentarios de Biden al recordar la importancia de lograr acuerdos bipartidistas para sacar adelante proyectos que son necesarios para el país.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la presidenta de la Cámara de Representantes, la también demócrata Nancy Pelosi, aplaudieron la ley de infraestructura bipartidista antes de que el presidente Biden la promulgara con su autógrafo: «La firma de hoy es un gran e histórico paso adelante», dijo Schumer. «Seguiremos trabajando con usted, señor presidente, para aprovechar el éxito de hoy, al aprobar el resto de su agenda ‘Build Back Better’ en las próximas semanas», agregó.

Pelosi agradeció a Biden por sus esfuerzos y elogió su «visión gloriosa» y su compromiso de llevar adelante esta legislación.

Tomó tiempo y negociaciones

La Casa Blanca se tomó varios días para que el presidente Biden pusiera el ejecútese a esta ley, a la espera de que los congresistas regresaran a Washington DC y, con seguridad, para poder organizar algo que ayude a proyectar el triunfo de la Casa Blanca (sobre todo contando las malas noticias que han recibido los demócratas en las últimas semanas, como su derrota en Virginia).

El plan de infraestructura pretende mejorar desde el transporte público hasta el acceso de internet de alta velocidad, así como acelerar la participación de la industria automotriz estadounidense en el mercado de automóviles eléctricos. Sin embargo, algunos dudan de que el gasto propuesto para cumplir el plan pueda ser tan transformador como lo ha prometido Biden.

El mandatario ha descrito el plan de infraestructura como “una inversión única en una generación” que creará millones de empleos, modernizará la infraestructura del país y sentará las bases para combatir el cambio climático. Se estima que es la mayor apuesta desde la creación del sistema interestatal de autopistas en los años 50 y 60

“Nos pone en el camino de ganar la competencia económica del siglo XXI que enfrentamos con China y otros países grandes y el resto del mundo”, dijo Biden en un mensaje luego de que la ley superara el último escollo en en el Congreso.

Estos son los principales puntos que atenderá el acuerdo y la inversión que estipula:

Carreteras y puentes

La inversión en este renglón es de 110,000 millones de dólares. Con ellos, se pretende reparar la infraestructura vial envejecida en la nación: una de cada cinco millas en autopistas y carreteras principales están en malas condiciones, según la Casa Blanca.

La refacciones incluyen también a unos 45,000 puentes que, según los datos oficiales, también están en mal estado. La reconstrucción de puentes importantes y más pequeños implicará una inversión de casi 40,000 millones de dólares que los legisladores describieron en el texto de la ley como la inversión más grande que se hará desde que se construyó el sistema interestatal de autopistas a mediados del siglo pasado.

La legislación incluye el primer programa “Safe Streets and Roads for All” (Calles y caminos seguros para todos) que apoyará proyectos para reducir las muertes por accidentes de tránsito.

Transporte público

La inversión en esta área es de 39,000 millones de dólares.

La nueva ley crea financiamiento para modernizar los sistemas de transporte público en todo el país. También incluye dinero para crear nuevas rutas de autobús y adaptar el transporte público para que sea más accesible para las personas mayores y con discapacidad.

Una gran parte de ese dinero se destinará a los sistemas de transporte de las principales ciudades, como la ciudad de Nueva York.

Sistema ferroviario

El monto de inversión es de 66,000 millones de dólares.

Contempla el mantenimiento y modernización de Amtrak, el servicio ferroviario de media y larga distancia que conecta a Estados Unidos con Canadá. También Incluye la modernización del Corredor Noreste (que va desde Boston a través de Providence, New Haven, la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Wilmington y Baltimore hasta Washington, D.C.) y llevar el servicio ferroviario fuera del Atlántico medio y noreste.

Estaciones de recarga para vehículos eléctricos

El monto de la inversión en este renglón es de 7,500 millones de dólares.

Con la construcción de una red nacional de recarga de vehículos eléctricos, la administración Biden busca acelerar la participación de la industria automotriz estadounidense en un mercado cuyo tamaño es un tercio del mercado chino de vehículos eléctricos.

El plan es desplegar estaciones de recarga a lo largo de las carreteras para facilitar los viajes de larga distancia y en las comunidades donde las personas viven, trabajan y hacen sus compras, señala el comunicado de la Casa Blanca.

La inversión también se considera como un “paso crítico” en la estrategia de Biden para luchar contra la crisis climática y en la creación de empleos en la industria manufacturera estadounidense.

También se incluyen $5 mil millones para la compra de autobuses escolares eléctricos e híbridos para reducir la dependencia en el uso del diesel.

Red eléctrica

El monto de la inversión es de 65,000 millones de dólares.

La nueva ley contempla la construcción de miles de millas de líneas nuevas para la transmisión de energía renovable y que soportan condiciones climáticas adversas.

El plan también contempla el financiamiento de nuevos programas que apoyarán el desarrollo y el despliegue de tecnologías de energía limpia para acelerar el paso hacia una economía de cero emisiones.

Agua potable

El monto de la inversión es de 55,000 millones de dólares.

Contempla la expansión de la infraestructura para facilitar el acceso al agua potable. Según la Casa Blanca, unos 10 millones de hogares y 400,000 escuelas y centros de cuidado infantil en el país enfrentan problemas de acceso a agua potable.

El plan de Biden también contempla 15,000 millones de dólares para sustituir las tuberías de plomo y otros 10,000 millones de dólares para combatir la contaminación del agua producida por productos químicos asociados a la producción de teflón, reportó The Associated Press.

Internet de alta velocidad

El monto de la inversión es de 65,000 dólares.

El acuerdo contempla el despliegue de infraestructura para mejorar el acceso de internet de alta velocidad en comunidades rurales y para familias de bajos ingresos. Más de 30 millones de estadounidenses viven en áreas donde no hay una infraestructura de banda ancha que ofrezca velocidades mínimamente aceptables, según la Casa Blanca.

Puertos y aeropuertos

La inversión es de 42,000 millones de dólares.

La legislación contempla $17 mil millones en infraestructura portuaria y vías fluviales. También se gastarán $25 mil millones para mejorar la infraestructura de los aeropuertos, como las pistas, las calles de rodaje, las terminales y las torres de control del tráfico aéreo.

Se Tambalea Ley de Aborto en Texas

Dos jueces conservadores sugieren que están a favor de que los proveedores de servicios abortivos puedan impugnar la restrictiva ley en los tribunales

La mayoría de los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostraron abiertos este lunes a respaldar que los proveedores de servicios abortivos puedan impugnar en los tribunales la ley de Texas. La normativa, vigente desde septiembre, le prohíbe a las mujeres interrumpir el embarazo a partir de la sexta semana, incluso en casos de violación e incesto. El máximo órgano de justicia rechazó hace unas semanas bloquear la draconiana ley del latido, por lo que las señales favorables de los togados conservadores hacia los demandantes le devolvieron el aliento a las defensoras de los derechos reproductivos. Millones de mujeres ven bajo amenaza el histórico fallo Roe contra Wade emitido por el Alto Tribunal en 1973, que legalizó el aborto en el país.

Desde Roe contra Wade, los Estados no pueden prohibir el aborto antes de la viabilidad del feto, alrededor de las 24 semanas de embarazo. Sin embargo, el Supremo no está discutiendo si la ley de aborto de Texas es anticonstitucional, sino si puede ser impugnada en los tribunales. El Alto Tribunal accedió a escuchar los argumentos del Departamento de Justicia y de los proveedores de servicios abortivos que intentan tumbar la restrictiva ley en tribunales inferiores. La normativa fue diseñada precisamente para esquivar el potencial bloqueo de la justicia: las autoridades texanas, para quitarse responsabilidad, delegaron la responsabilidad de aplicar la ley al ciudadano de a pie. Son ellos los que están facultados para demandar civilmente a quien “ayude o sea cómplice” de un aborto y, si ganan el caso, cobrar 10,000 dólares.

El conservador juez Brett Kavanaugh, uno de los cinco magistrados que permitió que la normativa entrara en vigor, sugirió que el inusual esquema para aplicar la ley debería poder impugnarse en los tribunales. “Aquí se ha utilizado y explotado una laguna [legal]”, y la pregunta que debe responder el Supremo es si la deben cerrar, explicó el magistrado. Recordando el principio de un fallo del Alto Tribunal en 1908, Kavanaugh, nominado al cargo por el expresidente Donald Trump, dijo que probablemente deberían cerrarla. La juez Amy Coney Barrett también dejó entrever que se desmarcaría de su bloque, al considerar que la ley está diseñada para evitar que los proveedores de abortos presenten ante los tribunales una “defensa constitucional completa”.

La procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, en representación del Departamento de Justicia, alertó durante la audiencia de que “ningún derecho constitucional es seguro” si los jueces permiten que se mantenga la ley de Texas, una normativa que “claramente viola los precedentes” del Alto Tribunal. De los nueve jueces, cinco son conservadores, incluidos los tres designados por Trump durante su Administración. El presidente del Supremo, John Roberts, no tiene una línea tan marcada, y en la votación sobre si bloquear o no la ley de Texas, se unió a la postura de los tres jueces progresistas. El objetivo de la norma “parece ser excluir al Estado de la responsabilidad de implementar y hacer cumplir la ley”, argumentó entonces.

A espaldas del Capitolio y frente al Supremo, un grupo reducido, en su mayoría alegres mujeres jóvenes, vestidas de rojo, levantaban esta mañana globos con forma de corazón que combinaban con sus cuidados atuendos. “Somos la generación provida”, rezaban sus pancartas. A unos metros, repartidos por la fachada, un puñado pequeño de hombres y mujeres, con vaqueros y chaquetas gruesas para soportar el frío washingtoniano, guardaban silencio con el semblante serio. Representaban a los que temen que les arrebaten un derecho conquistado hace medio siglo. “¿Qué pasa con mis latidos?”, se leía en un cartel. De fondo, unos parlantes transmitían lo que ocurría dentro del tribunal: los jueces discutían, nuevamente, sobre la interrupción del embarazo.

Las clínicas abortistas de Texas han dejado de realizar los procedimientos una vez que se detecta actividad cardíaca. Si incumplen la ley, arriesgan suculentas multas. La consecuencia ha sido que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo y tienen buena situación económica, han viajado a otros Estados. Las más vulnerables, deben continuar con sus embarazos o encontrar otras formas, generalmente peligrosas, para ponerles fin.

Texas Aprueba Nueva Controversial Ley Electoral

La Legislatura de Texas, de mayoría republicana, aprobó este martes una reescritura radical de las leyes electorales, pese a las protestas de los demócratas y organizaciones que defienden el derecho al voto.

La Legislatura de Texas envió una reescritura radical de las leyes electorales del estado al gobernador republicano Greg Abbott el martes, lo que supuso una contundente derrota para los demócratas después de una dura y encarnizada lucha por los derechos electorales.

El proyecto de ley de casi 75 páginas que obtuvo la aprobación final el martes tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado prohibiría los lugares de votación las 24 horas y empodera a los observadores electorales partidistas. También convertiría en un delito que los funcionarios electorales envíen solicitudes de boleta electoral por correo a los votantes que no la soliciten.

La votación se saldó con el respaldo de la mayoría republicana y la oposición frontal de los demócratas. Ahora le corresponde al gobernador republicano Greg Abbott, quien inmediatamente después de la votación anunció que lo firmará.

Aseguró que la legislación «reforzará la confianza en el resultado» de las elecciones «al hacer más fácil votar y más difícil hacer trampas», haciendo alusión a las acusaciones infundadas de Donald Trump sobre un supuesto fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales.

La firma de Abbott agregaría a Texas, donde los republicanos buscan mantenerse en el poder en uno de los lugares de más rápido crecimiento y diversificación del país, a una lista de estados entre los que están Florida y Georgia, que intentan aprovechar las mentiras del expresidente Donald Trump sobre el fraude electoral, y promulgar leyes restrictivas este año.

Los demócratas habían huido del estado durante semanas para evitar que la Cámara tuviera el quórum necesario para votar el proyecto de ley, lo que obligó a Abbott a convocar a la Legislatura a dos sesiones especiales para abordar lo que el republicano de segundo mandato caracterizó engañosamente como «integridad electoral», a pesar de que no hubo evidencia de fraude electoral generalizado en Texas.

Los republicanos de Texas defendieron el proyecto de ley en los mismos términos que el Partido Republicano ha utilizado en más de una docena de otros estados que también aprobaron leyes de votación restrictivas este año: calificaron los cambios de salvaguardas prácticas, mientras negaban que fueran impulsados por las afirmaciones infundadas de Trump de que perdió la reelección porque del fraude electoral generalizado.

Los demócratas criticaron el proyecto de ley de votación como un intento de reprimir la participación de un electorado ascendente y más diverso, ya que los republicanos, que están acostumbrados a acumular victorias electorales en el estado rojo más grande de Estados Unidos, comienzan a perder terreno.

Demócratas Impiden Ley del Voto en Texas

A última hora, los demócratas en la Cámara de Representantes estatal abandonaron el hemiciclo con lo que rompieron el quórum necesario para aprobar esta restrictiva ley. Pero, el gobernador Gregg Abbott anunció que obligará a regresar a los legisladores para una nueva votación.

Los demócratas de la Legislatura de Texas se anotaron una victoria, aunque puede ser efímera, al abandonar el domingo por la noche la Cámara de Representantes para impedir la aprobación de una de las leyes de voto más restrictivas de Estados Unidos,

La maniobra privó a la sesión del número mínimo de legisladores necesario para una votación antes de la medianoche, en lo que constituye un revés sorprendente para los republicanos del estado, que han hecho de esta ley una de sus principales prioridades.

El éxodo demócrata del hemiciclo se produjo después de que Chris Turner, presidente de su grupo en la Cámara de Representantes, envió instrucciones a sus colegas de bancada a las 10:35 pm, hora central, indicándoles que salieran del hemiciclo, reportó The Washington Post.

«Miembros, tomen su llave y abandonen la cámara discretamente», escribió Turner, en referencia a la llave que cierra el mecanismo de votación en sus escritorios. «No vayan a la galería. Abandonen el edificio».

Jessica González, representante demócrata estatal, dijo al Post que los miembros de su bancada «decidimos unirnos y decir que no íbamos a aceptarla». La legisladora afirma que la ley fue escrita excluyendo la opinión de los demócrata. «Teníamos que participar en el proceso. Nos dejaron por fuera y esta ley afectará a todos los votantes de Texas», añadió.

“Llevamos años diciendo que queremos que más gente participe en nuestra democracia. Y simplemente parece que no es el caso”, se quejó el representante demócrata estatal Carl Sherman.

Pero la victoria demócrata no será por mucho tiempo. Tras calificar de «profundamente decepcionante» la jugada, el gobernador Greg Abbott anunció rápidamente que ordenaría a los legisladores que volvieran al Capitolio estatal para una sesión especial, que podría ser tan pronto como este 1 o 2 de junio.

Arremetida al voto a nivel nacional

El Senado había aprobado la madrugada del domingo, después de ocho horas de cuestionamientos por parte de la oposición demócrata, el polémico Proyecto de Ley 7 que plantea reducir las horas de votación, faculta observadores electorales, reduce las formas de votar en Texas y aplica más sanciones a quienes la violen.

Durante las negociaciones de madrugada a puerta cerrada, los republicanos del Senado estatal agregaron un lenguaje que podría facilitar que un juez revoque una elección.

La medida de 67 páginas también eliminaría los centros de votación sin bajar del auto y los que están abiertos las 24 horas, ambos introducidos el año pasado en el condado de Harris, el mayor bastión demócrata del estado.

El lenguaje incluido por los republicanos, señala un análisis de The Washington Post, contempla:

Sanciones por «delitos graves» a funcionarios que ofrecen solicitudes para voto por correo a alguien que no la solicitó

Permitir que las firmas en las solicitudes de boleta electoral por correo se comparen con cualquier firma registrada

Imponer nuevos requisitos de identificación a votantes por correo.

Exigir que se complete un formulario si planean transportar a votar a más de dos personas que no sean familiares.

«Tengo serias preocupaciones sobre un proyecto de ley que se elaboró en las sombras y se aprobó a altas horas de la noche», dijo la senadora estatal demócrata Beverly Powell.

Texas es el más reciente campo de batalla en los esfuerzos del Partido Republicano a nivel nacional para endurecer las leyes de votación, impulsados por las falsas afirmaciones del expresidente Donald Trump de que le robaron las elecciones de 2020. Georgia y Florida también aprobaron nuevas leyes restrictivas.

El proyecto de Texas facultaría nuevamente a los observadores electorales partidistas permitirles más acceso dentro de los lugares de votación y amenaza con sanciones penales a los funcionarios electorales que restrinjan su movimiento.

Los legisladores republicanos también quieren que se prohíba la votación dominical antes de la 1 de la tarde, cuando es común que se movilicen las congregaciones de iglesias negras en todo el país algo que dificultarían el voto a esas comunidades.

Grandes corporaciones, incluidas American Airlines y Dell, con sede en Texas, han advertido que las medidas podrían dañar la democracia y el clima económico. Pero los republicanos ignoraron sus objeciones y, en algunos casos, recriminaron a los líderes empresariales por opinar.

Los cambios deben ser aprobados antes de la medianoche del domingo, cuando la legislatura controlada por los republicanos concluye una sesión dominada por su partido para aprobar medidas enérgicamente conservadoras relacionadas con las armas de fuego, el aborto y la enseñanza sobre cuestiones raciales en las escuelas públicas.

Corte de distrito de Illinois deja sin efecto a nivel nacional la nueva regla de carga pública

Una corte de Chicago anuló una de las iniciativas legales de la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump que fue anunciada en septiembre.

Un juez de distrito de Illinois bloqueó este lunes la nueva regla de carga pública que implementó el gobierno de Donald Trump, una medida que dificulta a inmigrantes obtener beneficios migratorios, entre ellos la residencia legal permanente (green card).

Se trata de la segunda vez que el juez Gary Feinerman, designado durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017), rechaza la norma anunciada por primera vez en septiembre del año pasado y que ya había sido detenida por el mismo tribunal.

La regla fue reactivada por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) el 22 de septiembre tras una batalla legal que terminó en la Corte Suprema.

La reactivación significaba que, antes de aprobar cualquier beneficio migratorio, el gobierno determinará primero si el solicitante podría ser una carga para el estado.

“Se concede la moción de juicio sumario de los demandantes”, escribió el juez en el dictamen. “El tribunal dicta un fallo de la Regla 54 (b) que anula la Regla Final (de carga pública) para que entre en vigor inmediatamente. El litigio puede proceder en este tribunal sobre el reclamo de protección igualitaria de ICIRR” (Coalición de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois), organización que, junto con el condado de Cook, desafió la norma.

Qué significa

“Con esta decisión, la corte de Distrito de Illinois deja sin efecto la regla de carga pública, la cual no podrá ser implementada, aunque el gobierno apele esta decisión”, explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

“Es su decisión, la corte dijo que la ley de carga pública viola el Acta de Procedimiento Administrativo (APA) y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) excedió su autoridad bajo la ley de carga pública de inmigración”.

Guerrero dijo además que, de acuerdo con el dictamen, lo actuado por el gobierno “no está acorde con la ley” y que la regla “es arbitraria y caprichosa”.

“Se trata de una victoria para los demandantes, ya que no deberán completar el formulario de auto suficiencia (Forma I-944) cuando aplican a la residencia”, indicó.

La batalla legal

El septiembre del año pasado el condado de Cook y la ICIRR al DHS y a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) alegando que la regla se trata de una política discriminatoria y arbitraria que sobrecarga los servicios del condado.

Precisaron que la norma, que forma parte de la política de tolerancia cero del gobierno, obliga a los inmigrantes a renunciar a servicios médicos tales como los de atención de emergencia ante el miedo de ser deportados.

El 14 de octubre Feinerman avaló los argumentos de los demandantes y emitió una orden judicial preliminar para detener la puesta en ejecución de la regla, que entraría en vigor el día 16 de ese mes.

En febrero la Corte Suprema, en una decisión 5-4, suspendió la orden judicial en espera del resultado de la apelación del gobierno federal.

El nuevo reglamento entonces entró en vigor, pero a finales de julio un juez federal de Nueva York lo detuvo bajo el argumento de que la política “disuade a los inmigrantes de buscar hacerse la prueba del covid-19, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus”.

El gobierno apeló el fallo y el pasado 11 de septiembre la Corte de Apelaciones del 2º Circuito “emitió una decisión que permite al DHS reanudar la implementación de la regla final de Inadmisibilidad por Carga Pública en todo el país, incluso en estados que habían demandado y los litigios estaban pendientes.

El fallo de este lunes

La decisión de Feinerman emitida este lunes anula la regla en su totalidad a nivel nacional. Además, le otorga al condado de Cook un juicio sumario y faculta autoriza para que proceda el reclamo de protección igualitaria del ICIRR contra el gobierno.

El juez Feirnerman, además, mencionó en su decisión de 14 páginas que el mismo gobierno había reconocido que la regla es defectuosa bajo la Ley de Procedimientos Administrativos (APA) y que los demandantes deben recibir un juicio sobre esos reclamos.

El DHS había solicitado al tribunal que solo anulara la regla en el estado de Illinois, pero Fiernerman determinó que debe desecharse por completo.

“Según los términos sencillos de la APA… una regla de la agencia considerada ilegal en su totalidad no se ‘deja de lado’ solo para ciertos demandantes o áreas geográficas; más bien, la regla será dejada de lado’, punto», escribió el juez.

De qué se trata

La regla final de carga pública, que se publicó el 14 de agosto del año pasado en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) modificó las regulaciones del DHS y describe la manera en la que esta dependencia federal determinará si una persona solicitando admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (la tarjeta verde) “es inadmisible”, sea porque se trata, o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”.

Pero no todos los extranjeros se verán afectados, advierte el Defensor del Pueblo (Ombudsman) de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). “La regla final exime a ciertas personas, como los titulares de visas «U» y «T», asilados, refugiados y otras categorías”.

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes señalan que la falta de información, y la incertidumbre generada tras el primer anuncio del gobierno, ha tenido impacto en la comunidad, y denuncian que muchos extranjeros con hijos estadounidenses los han retirado de programas para los cuales califican legalmente por miedo a ser afectados en trámites de legalización futuros.

Fuente: JORGE CANCINO

¿Qué hacer si no puedo pagar la renta en tiempos de coronavirus en Texas?

Si no puede pagar la renta por dificultades económicas derivadas de la crisis por el coronavirus, existen opciones que puede considerar para evitarse problemas con el administrador de la propiedad, de acuerdo con la Asociación de Departamentos de Texas (Texas Apartment Association).

La crisis del coronavirus ha forzado a muchos quedarse en casa, sin poder trabajar, y una de las preocupaciones mas comunes es la falta de dinero para pagar la renta de sus viviendas. Aquí te compartimos consejos y recursos que te podrían ser de utilidad de acuerdo con Texas Apartment Association.

Descarga la aplicación móvil de Univision 45 para estar informado de los sucesos más relevantes en Houston.

Comuníquese con el administrador de la propiedad

Lo más importante que debe hacer es notificarle su situación. Presente documentos de su empleador, u otros que demuestren que usted ha sido afectado por esta crisis, así aumentará las probabilidades de obtener la ayuda que necesita.

No ignore los avisos o peticiones que le envían para que se comunique con el administrador de la propiedad. La comunicación frecuente y oportuna es su mejor manera de actuar.

La Asociación de Departamentos de Texas (Texas Apartment Association) ha recomendado a los dueños de propiedades de arrendamiento tener consideración con los recargos por pagos atrasados, y que establezcan acuerdos de pago con los residentes que han resultado afectados por esta crisis.

El Tribunal Supremo de Texas ha suspendido hasta el 19 de abril la mayoría de los desalojos, incluidos aquellos causados por no pagar la renta. Una persona podría seguir enfrentando a un desalojo por considerarse una amenaza inminente de daño físico a otros o por participar en actividades delictivas. Sin embargo, el administrador de la propiedad le podría enviar una notificación de desocupación por incumplimiento del pago de la renta y esto por lo general ocurre si usted no responde a los avisos o peticiones de comunicarse con el administrador de la propiedad.

Si es inquilino y necesita asistencia para pagar sus facturas, hay varias organizaciones y agencias que le pueden ayudar, de click aquí para más información. Adjunta encontrará una lista de las organizaciones que ofrecen asistencia con la renta. Muchas iglesias y otras organizaciones comunitarias sin fines de lucro también ofrecen ayuda financiera de emergencia.

¿Necesito seguir pagando la renta, aunque se hayan suspendido los desalojos?

Sí, la suspensión temporal de los desalojos por parte de los tribunales no significa que usted deba evadir su obligación de pagar renta, y el continuar con los pagos de la renta protege sus derechos como inquilino según las leyes de Texas. Si le preocupa no poder pagar su renta, comuníquese con el administrador de la propiedad para que le de información específica sobre su situación, para así poder enterarse de las opciones que podrían ofrecerle en estas circunstancias.

Esta crisis nos ha afectado a todos, y la Asociación de Departamentos de Texas (Texas Apartment Association) desea hacer lo que le corresponde para ayudar a las personas a permanecer en sus hogares.

Recuerde que, si no paga la renta, perjudica el mantenimiento de la propiedad en la que usted reside. En última instancia también podría afectar su crédito u ocasionar que se le desaloje una vez que se reanude ese proceso.

Fuente: UNIVISION