Por Abusiva Gasolinera Deberá Pagar Multa

Gasolinera deberá pagar una multa de $50,000 por subir los precios del combustible durante el huracán Beryl

Super Stop, situada en North Main Street, en Baytown, subió los precios del combustible más de un 40% durante el huracán Beryl. La gasolinera ha acordado cesar y desistir de cobrar precios exorbitantes durante futuros desastres naturales.

La Oficina de la Fiscal del condado de Harris ha conseguido que se imponga una multa de 50,000 dólares a una gasolinera del área de Houston que abusó de los precios durante el huracán Beryl.

«Esta sentencia envía un mensaje claro a las empresas: si se explota a la comunidad durante una catástrofe, las consecuencias superarán con creces cualquier beneficio a corto plazo», mencionó el Fiscal Christian D. Menefee.

Super Stop, una gasolinera situada en North Main Street, en Baytown, que subió los precios del combustible más de un 40% durante el huracán, aceptó pagar la multa tras no poder justificar sus excesivas subidas de precios.

La gasolinera también ha acordado cesar y desistir de cobrar precios exorbitantes durante futuros desastres declarados.

«El condado de Harris no tolerará que las empresas se aprovechen de los residentes en tiempos de crisis», dijo Menefee. «Estamos exigiendo responsabilidades a las empresas. Si intentan aprovecharse de una catástrofe natural para aumentar sus beneficios a costa de los residentes del condado de Harris, lo descubriremos. Y les va a salir caro».

Durante el huracán Beryl, la Fiscalía del condado de Harris creó un grupo de trabajo para investigar las denuncias de precios abusivos y recibió más de 250 quejas.

Aunque la mayoría de las empresas acataron las órdenes de cese y desistimiento, Super Stop se negó, y la oficina emprendió rápidamente acciones legales.

Juez de Apelaciones Niega Suspender Multa a Trump

El juez Singh accedió a algunas de las solicitudes de Trump, incluida la suspensión de una prohibición de tres años que le impedía solicitar préstamos a bancos de Nueva York, lo que podría ayudarle a conseguir la fianza necesaria.

Donald Trump apeló su sentencia de $454 millones en el caso por fraude civil de Nueva York, impugnando la conclusión de un juez de que el expresidente mintió sobre su riqueza mientras hacía crecer el imperio inmobiliario que lo lanzó al estrellato y a la presidencia.
Lo que debes saber

Un juez de apelaciones de Nueva York se negó el miércoles a detener el cobro de la multa por fraude civil de $454 millones impuesta a Donald Trump mientras apela, rechazando la solicitud del expresidente de que se le permita pagar una fianza que cubra solo una fracción de lo que debe.

El juez Anil Singh, del tribunal de apelaciones de nivel medio del estado, dictaminó que Trump debe pagar una fianza que cubra el monto total para detener la ejecución de la sentencia. Singh accedió a algunas de las solicitudes de Trump, incluida la suspensión de una prohibición de tres años que le impedía solicitar préstamos a bancos de Nueva York, lo que podría ayudarle a conseguir la fianza necesaria.

Los abogados de Trump dijeron a la corte de apelaciones el miércoles temprano que Trump estaba dispuesto a pagar una fianza de $100 millones, argumentando que la prohibición de préstamos en el veredicto del 16 de febrero le hacía imposible obtener una fianza por el monto total.

Un juez de apelaciones de Nueva York se negó el miércoles a detener el cobro de la multa por fraude civil de $454 millones impuesta a Donald Trump mientras apela, rechazando la solicitud del expresidente de que se le permita pagar una fianza que cubra solo una fracción de lo que debe.

El juez Anil Singh, del tribunal de apelaciones de nivel medio del estado, dictaminó que Trump debe pagar una fianza que cubra el monto total para detener la ejecución de la sentencia. Singh accedió a algunas de las solicitudes de Trump, incluida la suspensión de una prohibición de tres años que le impedía solicitar préstamos a bancos de Nueva York, lo que podría ayudarle a conseguir la fianza necesaria.

Los abogados de Trump dijeron a la corte de apelaciones el miércoles temprano que Trump estaba dispuesto a pagar una fianza de $100 millones, argumentando que la prohibición de préstamos en el veredicto del 16 de febrero le hacía imposible obtener una fianza por el monto total.

Los abogados de Trump plantearon la oferta de bonos más pequeña en documentos judiciales mientras buscaban una orden del tribunal de apelaciones que impidiera a la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, hacer cumplir la sentencia mientras se desarrolla su apelación. Singh dictaminó que Trump debe publicar el monto total, lo que pausaría la recaudación automáticamente.

En total, el favorito para la presidencia republicana y sus coacusados deben más de $465 millones al Estado. Tienen hasta el 25 de marzo para conseguir una suspensión, un mecanismo legal que suspenda el cobro mientras él apela, o se verán obligados a pagar la multa monetaria o correrán el riesgo de que se les embarguen algunos de sus activos.

“El monto exorbitante y punitivo de la sentencia, junto con una prohibición general ilegal e inconstitucional de las transacciones crediticias, haría imposible asegurar y pagar una fianza completa”, escribieron en su solicitud los abogados de Trump, Clifford Robert, Alina Habba y Michael Farina.

La oficina de James se opuso al plan de Trump, diciendo que sus abogados casi han admitido que tiene “activos líquidos insuficientes para satisfacer la sentencia”.

«Estas son precisamente las circunstancias para las cuales es necesaria una fianza o depósito completo», escribió el fiscal general adjunto Dennis Fan, diciendo que la oferta de Trump dejaría a la oficina de James y al estado «con déficits sustanciales» si se confirma el veredicto.

«La demandante que prevalece tiene derecho a que se le asegure su indemnización, y los demandados nunca han demostrado que los activos líquidos del señor Trump pudieran satisfacer el monto total de la sentencia», escribió Fan.

James, una demócrata, ha dicho que buscará embargar algunos de los activos de Trump si no puede pagar la sentencia.

El juez Arthur Engoron determinó que Trump, su empresa y altos ejecutivos, incluidos sus hijos Eric y Donald Trump Jr., conspiraron durante años para engañar a bancos y aseguradoras inflando su riqueza en estados financieros utilizados para garantizar préstamos y cerrar acuerdos.

Entre otras sanciones, el juez impuso limitaciones estrictas a la capacidad de la empresa de Trump, la Organización Trump, para hacer negocios. La documentación para oficializar la sentencia se presentó el 23 de febrero. Eso inició un período de 30 días para que Trump pagara o presentara una apelación y solicitara una suspensión.

También el miércoles, se encontró polvo blanco en un sobre dirigido a Engoron en su juzgado de Manhattan. Las autoridades dijeron que las pruebas preliminares mostraron que el resultado fue negativo para sustancias peligrosas y no se reportaron heridos.

En enero, horas antes de los alegatos finales del caso, las autoridades también respondieron a una amenaza de bomba en la casa del juez. Las cámaras de Engoron han informado de cientos de llamadas, correos electrónicos, cartas y paquetes de acoso y amenazas desde el inicio del juicio de Trump en octubre.

Trump presentó su apelación el lunes. Sus abogados están pidiendo a la División de Apelaciones del tribunal de primera instancia del estado que decida si Engoron “cometió errores de derecho y/o de hecho” y si abusó de su discreción o “actuó en exceso” de su jurisdicción.

Trump no estaba obligado a pagar su multa ni a pagar una fianza para poder apelar, y presentar la apelación no detuvo automáticamente la ejecución de la sentencia.

Trump recibiría una suspensión automática si aportara dinero, activos o una fianza de apelación que cubra lo que debe. También tenía la opción, que ahora ejerce, de solicitar al tribunal de apelaciones que le conceda un aplazamiento con fianza por un monto menor.

Los abogados de Trump argumentaron que los vastos activos inmobiliarios de Trump y la supervisión exigida por el fallo de Engoron, incluida la supervisión de su empresa por parte de un monitor independiente, «serían por sí solos suficientes para asegurar adecuadamente cualquier sentencia confirmada».

El bono de $100 millones, dijeron, “simplemente serviría como garantía adicional”.

Trump sostiene que vale varios miles de millones de dólares y testificó el año pasado que tenía alrededor de $400 millones en efectivo, además de propiedades y otras inversiones.

En total, Trump tiene al menos $543.4 millones en responsabilidades legales personales derivadas del fallo de Engoron y otras dos sentencias de tribunales civiles en el último año.

En enero, un jurado ordenó a Trump pagar $83.3 millones a la escritora E. Jean Carroll por difamarla después de que ella lo acusara en 2019 de agredirla sexualmente en unos grandes almacenes de Manhattan en la década de 1990. Esto se suma a los $5 millones que un jurado le otorgó a Carroll en un juicio relacionado el año pasado.

Aumenta Multa por Tirar Basura

El concejo aprobó un cambio a la ordenanza que regula esa materia en la ciudad.

A pesar que la multa será el doble de lo existente, líderes comunitarios consideran no es la solución definitiva para evitar que sus vecindarios se conviertan en vertederos de basura.

El Concejo de Houston dobló la multa por botar basuras en zonas no permitidas.

En su sesión de este martes, el concejo aprobó una ordenanza que establece un máximo de $4,000 de multa para quienes no cumplan con las normas respecto al tema.

Actualmente, la multa es de $2,000.

El tema de basuras en algunos vecindarios de Houston se torna crítico, pues los residentes se quejan de que a pesar de que existe la ordenanza las autoridades no recogen las basuras que se arrojan o no se logra arrestar a la persona que incurre en el delito.

“Esto es para hacer que la gente pague por botar basuras ilegalmente”, dijo el alcalde durante la sesión de este miércoles.

Las multas varían teniendo en cuenta la cantidad de basura que se arroje ilícitamente.

El Departamento de Desechos Sólidos de Houston celebró la decisión y dijo que va «en la dirección correcta».

La agencia hizo un llamado a la comunidad para que use uno de los seis vertideros de basura públicos existentes en la la ciudad. que operan de lunes a sábado entre las 9a.m. y las 7 p.m.

Igualmente, llamaron a la comunidad para que reporte el desecho ilegal de basuras al comunicarse con el 311.

Multas de $1,000 Dólares a Quien no se Cubra la Cara

La orden será aplicada desde el lunes 27 de abril y no es necesario tener una mascarilla, con alguna indumentaria como bandana o pañuelo puede ser usada para que no sea multado. El uso será obligatorio por los próximos 30 días.

Multa de 1,000 dólares para los residentes de Houston y el condado Harris si salen a la calle y no se cubren la cara desde el lunes 27 de abril, para seguir evitando la pandemia del coronavirus.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, y la Jueza del condado Harris, Lina Hidalgo, hicieron el anuncio el miércoles indicando que es una orden obligatoria y no una recomendación como las de permanecer en casa y mantener el distanciamiento social.

«Todos unidos podemos lograr esto. Se ven mejor las cosas, pero tenemos que seguir» expresó Hidalgo, quien informó que la orden será por los próximos 30 días desde el lunes 27 de abril para toda persona mayor de 10 años.

La jueza dijo que este es un paso más para cobatir el coronavirus y aseguró entender a las personas que no quieran usar mascarillas por lo «incómodo», pero dijo que es necesario y obligatorio. Comparó la medida con la de usar el cinturón de seguridad al momento de viajar en un vehículo.

La policía será la encargada de velar por el cumplimiento de la orden y en caso de que alguien la viole, la multa podía ascender hasta 1,000 dólares.

Hidalgo destacó que no deben ser mascarillas quirúrgicas si no que pudiera tratarse de pañuelos, bandanas o una indumentaria que cubra la cara. Existen algunas excepciones como los residentes que salgan a hacer ejercicios en las calles, podrán entrenar sin usar la mascarilla.

Así son las exorbitantes multas que deben pagar indocumentados que violaron órdenes de deportación

Un error de procedimiento detectado en julio frenó la estrategia de castigar el bolsillo de los indocumentados con orden de deportación. Ahora el gobierno de Trump advierte que reanuda un programa que permite multar con $799 diarios a cada indocumentado que haya violado la orden.

El gobierno de Donald Trump confirmó este lunes que reanudó las multas a inmigrantes indocumentados con orden de deportación o que firmaron órdenes de salida voluntaria, no la cumplieron y se quedaron ilegalmente en Estados Unidos. Las sanciones económicas son de $799 diarios.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa emitiendo multas civiles a los extranjeros a quienes se les ordenó la deportación, o se les otorgó la salida voluntaria y no salen de los Estados Unidos”, confirmó este lunes a Univision Noticias la agencia por medio de un comunicado enviado por correo electrónico.

ICE dijo que la multa civil máxima actual “es de $799 por cada día que el extranjero no haya salido voluntariamente, pero esa cantidad puede incrementarse en función de la inflación”. Es decir, si un inmigrante lleva un año viviendo en el país después de la fecha de salida, la multa asciende a los $291,635.

El envío de multas fue suspendido por un error de procedimiento. La agencia debió haber enviado primero un Aviso de Intención de Multa (NIF), y otorgar un plazo de 30 días antes de ejecutar el castigo monetario.

Guerra declarada

De acuerdo con la respuesta enviada por ICE, el gobierno “está utilizando todas las herramientas disponibles para instar al cumplimiento de las órdenes judiciales” emitidas por los jueces de inmigración.

“Las leyes de inmigración de nuestro país no son simplemente sugerencias y las personas no deben sorprenderse cuando hay consecuencias por no cumplirlas”, advierte la agencia.

Si los extranjeros deportables no cumplen con una orden de deportación o continúan evadiendo el arresto, “ICE apuntará a sus billeteras para instarlos a que cumplan”, apuntó.

“Los avisos es otra de las tácticas que utiliza el gobierno para llevar a cabo su política de ‘tolerancia cero’”, dijo Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univisión Noticias.

“El presidente (Trump) está usando todas las reglas y reglamentos que ya existían hasta el extremo de su escritura para justificar su política y cumplir una de sus promesas de campaña”, agregó.

 Relacionados Estos son los 16 inmigrantes fallecidos en centros de ICE entre abril de 2018 y octubre de 2019

Más de 230 avisos

ICE señaló que, desde 2018, “ha emitido aproximadamente 230 NIF a igual número de indocumentados con orden de deportación de Estados Unidos».

La agencia añadió que, si bien ha tenido autoridad para emitir multas, el uso de esta herramienta “es relativamente nuevo”, y aseguró que “continuará determinando a quién multar caso por caso”.

En el año fiscal 2019 las cortes de inmigración emitieron 440,223 órdenes de deportación, según datos publicados por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad Syracuse, de Nueva York. La cifra no especifica cuantas de estas órdenes fueron en ausencia.

Durante el año fiscal 2018 los tribunales emitieron 342,631 órdenes de expulsión. No se sabe cuántas de estas expulsiones se cumplieron ni cuántos inmigrantes se quedaron en Estados Unidos tras concluir las fechas máximas de permanencia autorizada.

La base de datos de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) reporta que en 2019 las cortes de inmigración emitieron 15,780 órdenes de deportación en ausencia de inmigrantes que se encontraban en proceso de asilo: En 2018 el número de órdenes de expulsión en ausencia fue de 12,192.

El error administrativo

A mediados de año ICE había enviado varias multas a inmigrantes con ordenes de deportación vigentes que se encontraban viviendo en iglesias para evitar ser arrestadas y expulsadas del país. Todos tenían órdenes de deportación incumplidas.

La agencia reconoció que rescindió las multas a ocho extranjeros que habían buscado refugio en iglesias por no cumplir con las órdenes de expulsión emitidas por jueces. Pero reconoció que la suspensión del procedimiento obedeció a un error administrativo.

Las notificaciones fueron anuladas “después de saber que esos extranjeros podrían no haber recibido previamente un aviso (NIF) sobre la posibilidad de una multa”, indicó ICE.

“El inmigrante primero debe ser notificado por medio de la NIF que será multado, y debe tener un período de 30 días para responder antes de que la multa se haga efectiva”, explicó Hernández.

Arreglando el problema

ICE dijo que cuando se percató del error, “en ese momento también señaló que puede optar por emitir las multas en una fecha posterior”.

Indicó que “la semana pasada envió notificaciones a siete de las ocho personas mencionadas antes de que puedan ser multados por no salir de Estados Unidos en violación de sus órdenes finales de expulsión”, a quienes se les pidió “que se presenten en las oficinas locales de ICE”.

“Si no aparecen, se podrán iniciar procedimientos de multas”, advirtió.

El octavo inmigrante multado a mediados de año no recibió esta vez una NIF “porque se fue de Estados Unidos la semana pasada”, aseguró la agencia.

La oficina a cargo de las deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) precisó que las NIF fueron enviadas por las oficinas de campo localizadas en Detroit (2), Atlanta (1), Washington D.C. (2), San Antonio (1) y Salt Lake City (1).

Uno de los 8 inmigrantes que anteriormente recibieron una de estas multas fue la hondureña Rosa Ortez Cruz, de 38 años y madre de cuatro hijos, quien vive refugiada en una iglesia en Carolina del Norte.

La multa aquella vez era de $314,007, según dijo aquella vez Jeremy McKinney, su abogado, a Univision Noticias.

ICE dijo que se compromete “a utilizar varios métodos de aplicación, incluido el arresto, detención, monitoreo tecnológico y sanciones financieras para hacer cumplir la ley de inmigración y mantener la integridad de las órdenes legales emitidas por jueces”.

El Plan B

Mientras el gobierno comienza a emitir una nueva ronda de NIF, Hernández dijo que “los inmigrantes indocumentados saben si tienen o no una orden de deportación vigente o una salida voluntaria que no cumplieron”.

Recomendó que “debe estar preparados, tener listo un plan B para el caso que los ubiquen y sean arrestados, porque procederán a deportarlos cuanto antes debido a que ya tienen una orden final de deportación”.

“Tengan siempre en cuenta que, si les llega el aviso de multa, el gobierno sabe exactamente dónde viven. Y en vez de preocuparse por la multa, preocúpense de que serán arrestados y sacados del país. Por eso hay que estar preparados”, indicó.

El plan B consiste en:

Hable con su abogado para que revise el expediente y determine si califica para alguna opción de reapertura de su caso.
Si no tiene abogado, busque uno en esta herramienta preparada por Univision Noticias.
Seleccione a una persona de confianza, familiar o amigo, a quien usted llamará en caso de ser arrestado.
Cuando seleccione a la persona a la que llamará por teléfono en caso de que sea arrestado durante una redada, las organizaciones de ayuda a inmigrantes recomiendan:

Déjale una carta-poder para que tome decisiones en su ausencia sobre sus hijos y bienes.
Si tiene hijos en edad escolar, comuníquese con la escuela y registre el nombre de esa persona para que pueda retirarlos del establecimiento.
Trate de que la persona que le ayude no se encuentre indocumentado. Y si no tiene documentos de estadía legal, que no tenga contactos con servicio de inmigración.

Fuente: Jorge Cancino

Amenazó a Inquilino con Llamar a Migración y Recibió Multa

+ La dueña de una vivienda amenazó a su inquilino con llamar a ICE, pero la jugada le salió muy mal.
+ La propietaria ahora tendrá que pagar una multa de 17,000 dólares por la amenaza.
+ Abogados creen que la sentencia es la primera que ocurre en un caso como este en Nueva York.

La propietaria de una vivienda amenazó a su inquilino con llamar a ICE si no pagaba la renta, pero la jugada le salió mal, pues terminó con una multa de 17 mil dólares.

Un jurado le ordenó a la propietaria de un inmueble que pagara 17,000 dólares por amenazar con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) a un inquilino en el que podría ser el primer caso de este tipo, reseñó The Hill este sábado.

El juez de la ciudad de Nueva York ordenó a una arrendadora de Queens que pagara una multa de 5,000 dólares a la ciudad y otra de 12,000 dólares por daños al inquilino, reportó el jueves The Wall Street Journal.

La sentencia ocurrió luego de una queja de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad que alegaba que la propietaria amenazó por correo electrónico y mensaje de texto con llamar a ICE si el inquilino no pagaba el alquiler, indicó The Journal.

Los abogados dijeron al periódico que creen que es el primer caso en el que alguien fue multado por amenazar a un inquilino con acusarlo con ICE.

Según los informes, los abogados de la ciudad de Nueva York acusaron a la propietaria Dianna Lysius de enviar los mensajes amenazantes al inquilino Holly Ondaan.

“Todo en ese informe es falso”, aseguró la propietaria del inmueble en Nueva York.

La comisión había recibido un total de 160 consultas sobre presunta discriminación de vivienda basado en el estado de inmigración, lo cual ha sido más alto que en años anteriores, dijo una portavoz al diario Journal.

Multa de ICE Imposible de pagar

La peruana Ingrid Encalada Latorre, en santuario en Colorado desde hace dos años, recibió una carta oficial del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) con una “multa imposible de pagar”, informó este martes el Movimiento Santuario de Denver.

La carta, enviada el lunes, incluye una multa “excepcionalmente grande, pero no de las más grandes”, es decir sin llegar al medio millón de dólares como ha sido el caso de otras multas que ICE ha enviado a indocumentados “por no haber salido de Estados Unidos según lo previamente acordado”.

“Es impensable lo que me están haciendo”, dijo en un comunicado Escalada Latorre.

“Nunca habíamos visto a una Administración imponer una multa como castigo relacionado con la deportación. Esto es inhumano. Desde hace tres años que (ICE) no se comunica conmigo y ahora me envían esta carta y me dicen que tengo que pagar en 30 días lo que para mí es mucho dinero”, comentó la peruana.

“No recibiré ningún beneficio si pago la multa porque no me darán ni permiso de trabajo ni residencia”, agregó.

Consideró la medida como “injusta” y como una táctica de “intimidación para darnos miedo, no solamente a mí, sino a toda la comunidad”.

La peruana, madre de dos hijos y en santuario desde mayo de 2017, pidió “estar preparados para lo que va a seguir, porque esta Administración aún no ha terminado de cerrar puertas”.

Encalada Latorre intensificó su participación en la campaña No Más Chuecos en Boulder, al noroeste de Denver y donde está la iglesia en la que ella se aloja, que educa a los inmigrantes para que no usen documentos falsos y para que conozcan sus derechos.

Encalada Latorre también instó a marchar ante las oficinas de los senadores republicanos para pedirles que “dejen de proveer fondos para ICE y para la Patrulla Fronteriza”.

Las cartas con las multas comenzaron a ser enviadas a finales del mes pasado, pero ya habían sido anticipadas por el presidente Donald Trump por medio de una orden ejecutiva en la que daba luz verde a “todas las multas y sanciones que (el gobierno) esté autorizado por las leyes vigentes a imponer y colectar a extranjeros ilegalmente presentes en Estados Unidos”.

Se estima que las multas son de 500 dólares por cada día que el indocumentado permanece en el país luego de la fecha en que se le orden salir del país.