Trump Desvía Presupuesto Para Muro

El secretario de Defensa, Mark Esper, ha autorizado la transferencia de 3,600 millones de dólares de fondos para proyectos militares de infraestructura para edificar 11 tramos de muro en la frontera sur (175 millas en total), según ha informado Esper en una carta al Congreso.

En su carta Esper dijo que había «determinado que los 11 proyectos militares de construcción a lo largo de la frontera internacional con México, con un costo estimado total de 3,600 millones de dólares, eran necesarios para apoyar el uso de las fuerzas armadas en conexión con la emergencia nacional».

El presidente, Donald Trump, se ha comprometido ante su electorado en diversos mítines electorales a completar hasta 500 millas de barrera antes de las elecciones, pero hasta ahora sólo se han ejecutado 60 millas, y ha sido para sustituir o reforzar tramos ya existentes.

A sólo 14 meses de las elecciones, Trump considera que este asunto podría constituir una humillante derrota. Así, ha pedido que se aceleren los contratos de construcción, valorados en miles de millones de dólares, y se ignoren leyes medioambientales y sobre propiedad privada aun a riesgo de cometer delitos, según ha informado el diario The Washington Post.

Si algún responsable gubernamental fuera condenado por este motivo, Trump ha sugerido que usaría el perdón presidencial en su favor

Cuando en alguna reunión se le indica que el suelo donde se planea levantar el muro es propiedad privada, pide que se expropie sin más, y si se le indica que puede ser ilegal añade: “No se preocupen, yo los perdonaré”, según el diario citado.

Construir lo más rápido posible el muro no significa sin embargo que no lo quiera construido de una determinada manera: debe ser una barrera de metal pintada de negro y terminada en afiladas puntas.

El pasado enero rectificó: “Dije que iba a construir el muro, no dije que lo fuera a hacer de cemento”, explicó, aduciendo que “el acero es más fuerte que el cemento”. “La gente necesita poder ver a través del muro”, añadió, en referencia a los agentes migratorios.

En febrero trascendió qué quería hacer con esa valla: “Vamos a pintarla de negro, se pondrá tan caliente que será imposible trepar por encima”, le dijo a sus asesores, “así será más caliente que el sol”.

Ya antes había concedido que, aunque la frontera sur del país se extiende unas 2,000 millas, no haría falta levantar una barrera desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México, sino sólo entre 700 y 900 millas. Primero, porque ya hay 654 millas de muro construido, a las que se suman otras 51 millas con barreras dobles o triples. Y porque, además, “hay un montón de barreras naturales”, entre ellas montañas “y ríos violentos y crueles” que sirven como muro natural.

De esas 700 o 900 millas que prometió Trump, no se ha construido ni una hasta el momento. La Oficina de Aduanas y

Protección Fronteriza (CBP, en inglés) ha publicado un video grabado a vista de pájaro para mostrar los trabajos de construcción en San Luis, un suburbio de Yuma (Arizona) no lejos de Mexicali.

La agencia federal ha presumido de haber levantado, con ayuda del Ejército, más de 60 millas de muro desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017, y ha asegurado que completará 450 millas antes del final de su mandato en 2020.
Pero esas 60 millas de valla (de 30 pies de altura, puntiaguda y un coste de 10 millones de dólares por milla) no son nuevas, sino renovadas y reforzadas.

Por lo demás, tampoco las ha pagado México, como prometió Trump.

Demandan a Trump Estados Para Modificar Detención de Niños Migrantes

Diecinueve estados y el Distrito de Columbia entablaron el lunes una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump por tratar de modificar un acuerdo federal que impone límites al tiempo que los niños migrantes pueden permanecer detenidos.

Queremos proteger a los niños de daños irreparables», dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, quien encabeza la demanda junto con la secretaria de Justicia de Massachusetts, Maura Healey, ambos demócratas.
Según el Acuerdo Flores, aprobado en 1997, el gobierno federal debe de mantener a los menores de edad en un entorno lo menos restrictivo posible y por lo general no deben de permanecer más de 20 días detenidos.
El gobierno quiere remover la supervisión de la corte y permitir la detención de familias por más de 20 días.
El Departamento de Seguridad Nacional señaló la semana pasada que establecería sus propias regulaciones sobre cómo tratar a los niños migrantes.
Unas 475 mil familias han cruzado la frontera en lo que va del año fiscal, prácticamente triplicando el récord previo de familias para un año completo.
Un juez debe aprobar las modificaciones propuestas para poner fin al Acuerdo Flores, y se prevé una batalla legal por parte de los abogados originales del caso.
Es poco probable que la jueza federal de distrito Dolly Gee apruebe los cambios; fue su fallo de 2015 el que amplió la solicitud del Acuerdo Flores para abarcar a niños que viajan con familias. Ordenó al gobierno del presidente Barack Obama dejar en libertad a los niños lo más pronto posible.

Aun así, Becerra argumentó que California tiene un papel protagónico debido a la gran cantidad de inmigrantes que residen en el estado.
El gobierno federal no tiene el derecho de decirnos cómo velar por el bienestar de la gente en nuestro estado», argumentó.
California no tiene centros de detención que alberguen a familias migrantes.
El gobierno de Trump argumentó que debido a que los estados no son los administradores de los centros de detención federal, ellos quieren establecer sus propios estándares para satisfacer los requisitos judiciales de que las instalaciones cuenten con los permisos necesarios.
Indicaron que las instalaciones serán auditadas y sus resultados serán publicados. Pero a los abogados del Acuerdo Flores les preocupa que ya no puedan inspeccionar las instalaciones, y de que el gobierno trate de evadir los delicados requisitos estatales.
Becerra habló en esa misma línea, y dijo que el retirar la autoridad estatal sobre los centros de detención podría permitirle al gobierno federal establecer centros en California o en otros estados que incumplan los estándares básicos de atención.
El demócrata Bob Ferguson, fiscal general del estado de Washington, dijo que la detención prolongada tendrá impactos a largo plazo sobre la salud mental y física de los niños inmigrantes y sus familias.
Cuando le damos la bienvenida a esos niños a nuestras comunidades, los programas y servicios operados por el estado llevan la carga del impacto a largo plazo debido al trauma que esos niños soportaron mientras estuvieron detenidos”, afirmó.
California también intentó el lunes detener una iniciativa del gobierno de Trump que podría negar residencia permanente a inmigrantes que reciben prestaciones públicas.
Otros estados que participan en la demanda son Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.

Trump Busca Negar Ciudadanía a Hijos de Migrantes Nacidos Aquí

“Estamos estudiando muy seriamente el derecho a la ciudadanía por nacimiento”, ha asegurado este miércoles en la Casa Blanca el presidente, Donald Trump, retomando así su deseo de contravenir la Constitución para negar el derecho a ser estadounidense a las personas nacidas en Estados Unidos.
Aunque el presidente no ha detallado en qué consistiría su plan, no es la primera vez que expone una idea similar. El pasado mes de octubre planteó durante una entrevista la posibilidad de firmar una orden ejecutiva para poder negar la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de padres no estadounidenses.
“Somos el único país del mundo donde una persona viene, tiene un bebé, y el bebé es prácticamente un ciudadano de Estados Unidos (…) con todos sus beneficios”, dijo Trump, “es ridículo. Es ridículo. Y tiene que acabar”.
“Está en proceso. Y sucederá con una orden ejecutiva”, añadió, “siempre me dijeron que necesitabas una enmienda constitucional, pero ¿adivina qué? No lo es. “Definitivamente puedes hacerlo con una ley en el Congreso, pero ahora están diciendo que puedo hacerlo solo con una orden ejecutiva”, añadió, en referencia a los abogados de la Casa Blanca a los que supuestamente había consultado.
Trump ya prometió esta medida durante su campaña electoral en 2016. El problema es que sí hay una enmienda constitucional que protege este derecho, la número 14, que dice: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado donde residen”.
Para cambiar la Constitución no basta una orden del presidente o una ley aprobada por el Congreso: es necesaria que esta ley sea validada por dos tercios de la Cámara de Representantes (de mayoría demócrata) y del Senado (republicano), y que luego sea ratificada por dos tercios de los 50 estados.
La enmienda 14, promulgada en 1968, deja sin embargo abierto un espacio de debate por la frase “y sujetos a su jurisdicción”, puesto que podría significar que los bebés de inmigrantes indocumentados o de extranjeros no tienen ese derecho, según algunos expertos.
En cualquier caso, la Corte Suprema ha validado que así sea. Pero si Trump aprobara una orden presidencial y ésta fuera llevada ante la Corte Suprema de nueva, un nuevo dictamen podría cambiar esta interpretación de la Constitución.
Estados Unidos no es el único país con este derecho (conocido como jus solis), común en casi todo el continente, aunque no así en Europa.
El instituto de investigación Pew Research calcula que aproximadamente el 7.5% de los nacimientos en este país son hijos de indocumentados (hay unos 10.5 millones), y que 4.5 millones de estadounidense lo son precisamente de esta manera.

Jueces de inmigración rechazan amenaza de Trump de silenciarlos y anuncian que pedirán ayuda al Congreso

+ Abogados advierten que «este es el último ataque del gobierno contra la independencia del tribunal de inmigración” y que el gobierno trata de silenciar las principales voces críticas a su política migratoria.

Los jueces de inmigración dijeron estar “desalentados” por los planes del gobierno de Donald Trump de quitarle la certificación a su sindicato para silenciar las críticas a la política migratoria del presidente.

“Esta acción emprendida por el Departamento de Justicia (DOJ) es un intento equivocado de silenciar a los jueces de Inmigración que han criticado las prácticas de gestión y las invasiones en la independencia judicial que han aumentado dramáticamente en los últimos dos años”, dijo a Univision Noticias la honorable Dana Leigh Marks, presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).

Marks dijo que “hace veinte años, el DOJ intentó la misma táctica buscando clasificar a los jueces como gerentes y formuladores de políticas para que no pudieran organizarse y hablar cuando no están de acuerdo con la política del departamento”.

“Ese esfuerzo fue rechazado por la Autoridad Federal de Relaciones Laborales, que dictaminó que, si bien los jueces de inmigración son claramente expertos técnicos altamente calificados en leyes de inmigración, no tienen un papel en el desarrollo de la política”.

La presidenta honoraria de la NAIJ dijo además que “estamos desalentados de que el DOJ haya decidido plantear nuevamente este problema que ya estaba resuelto. Y agregó que “la asociación planea plantear este problema al Congreso en septiembre, cuando finalice el receso de verano”.

“Confiamos en el apoyo de la comunidad legal para combatir este ataque injustificado contra nuestra independencia”, sostuvo.

La amenaza

El sábado el diario The New York Times reportó que el DOJ está intentando “descertificar” a la NAIJ, una maniobra que podría “silenciar a una organización cuyos miembros a veces han sido abiertamente críticos de la agenda de aplicación de la ley de inmigración del gobierno”.

El ministerio presentó el viernes una petición solicitando a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales que determine si se debería revocar la certificación del sindicato porque sus miembros son considerados «funcionarios administrativos» no elegibles para organizarse colectivamente.

Guerra vieja

La guerra entre el gobierno de Trump y los jueces de inmigración o es nueva. En abril la NAIJ dijo que era obvio que el presidente “no entiende absolutamente nada de política internacional, y no tiene ni la más mínima idea de cómo lidiar con el reto de la inmigración».

El comentario surgió en respuesta a una petición que hizo el mandatario al Congreso para que “actúe” para eliminar el sistema de asilo “porque no funciona. Y francamente, también deberíamos deshacernos de los jueces».

“Las leyes actualmente brindan dos audiencias de proceso por parte de los jueces para todos (los inmigrantes), excepto una pequeña porción de personas que ingresan a nuestro país”, dijo Marks en esa ocasión.

Añadió que, “para que eso cambie” debe hacerlo el Congreso. Y si bien a algunos “le gustaría cambiar la ley, es altamente improbable en este tiempo tan polarizado”, indicó.

“No creo que una legislación así despegue en el legislativo”, apuntó Marks. “Estados Unidos se enorgullece de ser una nación de leyes y modelo de justicia” (…) “Despedir a los jueces del proceso de inmigración sería atentar contra los principios fundamentales de nuestro país y violaría tratados internacionales que hemos firmado. Este curso de acción es extremadamente improbable que ocurra”, precisó.

Qué dicen los abogados

La reacción de los abogados no se hizo esperar. “Este es el último ataque del gobierno contra la independencia del tribunal de inmigración”, dijo Víctor Nieblas, un expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

“La administración está tratando de silenciar las voces sindicales de los jueces de inmigración, entidad que expresa las preocupaciones de los jueces para promover una operación más eficiente del sistema judicial”, añadió.

Nieblas dijo además que “al forzar su silencio, nos acercamos un paso más al autoritarismo en el campo de la Ley de Inmigración”.

“Este es otro ejemplo de por qué las cortes de inmigración deben ser independientes del DOJ y el gobierno”, indicó. “No puede ser que el Poder Ejecutivo arreste a inmigrantes y busque su expulsión de Estados Unidos, y que también controle completamente el sistema judicial que promete un juicio justo”, dijo Nieblas.

Las preocupaciones de Nieblas fueron compartidas por Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “Es típico que Trump amenace o critique a toda persona u organizaciones que hablen mal de sus políticas. Los jueces de inmigración dependen del ejecutivo y. desde este punto de vista, puede que sean sancionados de alguna manera. No existe independencia judicial con los jueces de inmigración, y a esto se debe el alto número de renuncias de miembros de las cortes”.

Para la abogada Bárbara Hines, exprofesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, en Austin, “este es otro ataque contra las pocas protecciones que existen para los migrantes”.

“El gobierno de Trump intenta suprimir cualquier portavoz o grupo que se opone a su política, no solo en el ámbito de migración. Es una maniobra para intimidar a los jueces y quitarles la poca independencia que tienen”.

Libertad parea actuar

En octubre del año pasado la NAIJ refutó en duros términos la imposición de cuotas a los jueces, todo ello en el marco de la política de ‘tolerancia cero’ de Trump, cuyo objetivo es perseguir y castigar la inmigración, principalmente indocumentada.

“La NAIJ está extremadamente consternada por los pasos, sin precedentes, tomados por este gobierno para imponer cuotas de producción a los Jueces”, dijo Marks. Y agregó que “si bien las metas de aspiración y las estimaciones de los tiempos de procesamiento promedio pueden ser medidas efectivas en términos de asignación de recursos, como dónde colocar jueces adicionales, estas medidas son completamente inadecuadas cuando se usan para evaluar el trabajo de un juez en función de métricas numéricas o basadas en el tiempo” (en que debe concluir un caso).

AILA dijo al respecto que la imposición de cuotas “es solo la última de una serie de cambios de políticas implementadas en el último año que socavan la independencia judicial, amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día justo en corte”.

Para la NAIJ el problema es más serio de lo que reconoce el gobierno. “Uno no puede cuantificar el debido proceso”, advierte Marks. “Cada caso tiene sus propios méritos que deben abordarse caso por caso. Un juez debe tener la libertad de permitir que las partes que tiene ante él presenten el testimonio y la evidencia documental necesaria para probar el caso, en lugar de limitarlo debido a consideraciones extrañas o presiones políticas”.

Fuente: JORGE CANCINO

Trump Visito El Paso en Medio de Protestas

A pesar de que muchos residentes y políticos de El Paso, Texas, se han opuesto a su visita, el presidente, Donald Trump, descendió del avión Air Force One este miércoles y pisó suelo en una ciudad dolida por la masacre de 22 personas este fin de semana a manos de un hombre blanco con ideas racistas.
«No creo que él apoye a El Paso», dijo a la cadena NBC Dolores Sánchez. «Sé que él siente que tiene que venir, pero lo que realmente espero es que cambie su forma de hablar, la forma en la que habla sobre nuestra comunidad y sobre los hispanos en general»
“Si viene a hacer política, entonces no lo queremos», dijo Vikki Deloach. «Si en cambio viene para hacer algo con respecto a la retórica de odio que arrojan no solo él, sino otras personas, y si se va a hacer algo con respecto al control de armas y estos AK-47 y AR-15, entonces sí, lo acogeremos».
Una carta que circuló en internet, donde se pedía a Trump que no fuera a El Paso, había recogido 17.000 firmas el martes.
Pero algunos aprobaron la visita del presidente después de la tragedia, lo que destaca la gran polarización que provoca su presencia.
Trump fue recibido por miles de manifestantes que lo acusaron de promover el racismo que causó la masacre. En reflejo del ambiente áspero, el único oficial local que acudió a recibirlo fue el alcalde paseño, el republicano Dee Margo, quien dijo que lo hacía por «deber formal», reportó el diario El Paso Times.
El gobernador de Texas, el republicano Gregg Abbot, recibió al presidente en el aeropuerto, después de reunirse con legisladores de su estado para discutir propuestas para el control de armas y otras medidas para evitar que un incidente parecido se repita.
 Al salir del Centro Médico Universitario de El Paso, en donde visitó a las víctimas del tiroteo, Trump ofreció un mensaje breve a los medios de comunicación. Agradeció el valor y la dedicación de los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para proteger a los paseños.
El mandatario dijo en la red social Twitter que «los medios de comunicación falsos» lo habían desacreditarlo a él y a sus dos viajes de este miércoles (Ohio y Texas). Luego atacó a los demócratas: «(…) Su nueva arma de hecho es muy vieja, una que nunca han dejado de usar cuando van abajo o cuando se les acaban los hechos, ¡RACISMO!». Y advirtió que haría una lista de todas las personas que han sido acusadas «ridículamente» de racismo.

Miguel de Anda, originario de El paso, Texas, sostiene una pancarta que dice en inglés «Trump no es bienvenido aquí», durante una protesta por la visita del presidente, Donald Trump, este miércoles 7 de agosto, después del tiroteo que dejó 22 muertos el sábado. Foto: Getty Images.
 
El Paso es una ciudad de 700.000 habitantes, donde el 80% desciende de o es hispano, la mayoría mexicanos. Se encuentra en la intersección de tres estados y dos países y se considera hermana de Ciudad Juárez, en Chihuahua, México. Muchos mexicanos y estadounidenses habitan ambas ciudades, en donde estudian, trabajan y van de compras o a divertirse.
Este sábado, un tirador acabó con la vida de 22 personas que se hacían sus compras de fin de semana en un centro comercial a pocas millas de la frontera con México. Entre las víctimas hubo 8 mexicanos, 13 estadounidenses y un alemán.
Las autoridades arrestaron a Patrick Wood Crusius, un hombre blanco de 21 años a quien han señalado como el responsable y que presuntamente publicó un manifiesto donde promovía la ideología del supremacismo blanco, horas antes del ataque. El caso está siendo investigado como un posible acto de terrorismo doméstico.
Horas antes de llegar a El Paso, el presidente defendió su retórica antiinmigrante, diciendo que, en realidad, estaba uniendo al país.
La noche del martes, arremetió contra el aspirante demócrata a la presidencia Beto O’Rourke, quien lo acusó de promover el racismo y, por tanto, de provocar la masacre.
“Beto (nombre falso para indicar ascendencia hispana) O’Rourke, quien está avergonzado por mi última visita al Gran Estado de Texas, donde lo derroté, y está ahora aún más avergonzado por tener 1% [en las encuestas] en la primaria demócrata, debería respetar a las víctimas y a los agentes de la ley –y quedarse callado”, escribió Trump en su cuenta de la red social Twitter.
Pero O’Rourke no acató la sugerencia.
“22 personas en mi ciudad natal están muertas después de un acto de terror inspirado por su racismo. El Paso no se quedará callado y yo tampoco”, dijo el precandidato.
Varios otros políticos demócratas se sumaron a O’Rourke en su crítica a la retórica de Trump.
En el Walmart donde ocurrió la tragedia de El Paso, partidarios del presidente se pasearon por las cruces y las flores de la ofrenda a las víctimas gritando: «¡Amamos a Trump, amamos a Trump!».

Antes de llegar a El Paso, el presidente visitó un hospital en Dayton, Ohio, y se reunió con oficiales de policía, primeros auxilios y los familiares de las víctimas de un tiroteo que dejó nueve muertos y más de dos docenas de heridos de bala. En las calles, manifestantes también protestaron contra su visita.

¡Órale!, El Presidente Asegura que su Discurso no Causa Violencia

El presidente Donald Trump defendió hoy su retórica incendiaria a raíz de dos tiroteos masivos y aseguró que no que no cree que haya contribuido a la violencia, sino todo lo contrario, «une a las personas», al tiempo que dijo está «totalmente a favor» de las verificaciones de antecedentes para la compra de armas, pero arrojó agua fría ante la posibilidad de prohibir las armas de alta potencia que se han utilizado en varias masacres.

El presidente respondió a preguntas de los reporteros cuando salía de la Casa Blanca para reunirse con los socorristas y funcionarios en Dayton y El Paso, que fueron durante el fin de semana escenarios de tiroteos masivos que dajaron un total de 31 muertos y decenas de heridos.

«Estoy buscando hacer una verificación de antecedentes», dijo. «Creo que las verificaciones de antecedentes son importantes. No quiero poner armas en manos de personas mentalmente inestables o personas con ira u odio. Personas enfermas. Estoy totalmente a favor de eso».

Indicó que habría poco movimiento en la legislación para prohibir armas de alta potencia como la utilizada en Dayton y otros tiroteos masivos.

«Debes tener un apetito político dentro del Congreso y hasta ahora no lo he visto», dijo Trump.

La posición de Trump sobre las leyes de armas ha sido turbia sobre todo después de las recientes masacres.

Trump dijo que los demócratas y los republicanos son «muy diferentes» con respecto al tema de las leyes de armas, aunque aseguró que alentaría a los legisladores a abordar el asunto siempre y cuando estuvieran cerca de un acuerdo.

Trump quiere transmitir un mensaje de unidad nacional y, tal y como explicó en Twitter, tiene la intención de saludar a las personas implicadas en la atención de los afectados y en las investigaciones policiales, así como dar consuelo a las víctimas.

Pero algunos políticos, activistas y ciudadanos han manifestado malestar por la visita que ha anunciado el presidente, al que acusan de preferir la división a la concordia y fomentar el odio con su retórica. Este miércoles, no todos estarán de bienvenida.

Fuentes de la Casa Blanca explicaron que las visitas del presidente serán similares a las que se hicieron en el pasado en el caso de otras tragedias parecidas a las que afectaron las dos ciudades. «Lo que quiere hacer es ir a estas comunidades y llorar con ellas, orar con ellas, ofrecerles sus condolencias», dijo este martes el portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley.

«Si nos unimos, podemos hacer algo impactante para que estas cosas no vuelvan a suceder», agregó.

California Aprueba ley Para que Candidatos Muestren Declaración de Impuestos, Trump Podría no Estar en Boleta

Bajo esta nueva norma el mandatario solo sería elegible para estar en la boleta electoral de las primarias del próximo año si divulga sus declaraciones fiscales de los últimos cinco años. Se trata de una medida sin precedentes que se suma a las acciones que el estado ha tomado en su batalla con Donald Trump.

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó este martes una ley que requiere que los candidatos presidenciales divulguen sus declaraciones de impuestos como condición para aparecer en la papeleta de las elecciones primarias del estado, una acción claramente dirigida al presidente Donald Trump.

La denominada ‘Ley de transparencia y responsabilidad fiscal’ (SB27) ordena que cualquier candidato a la presidencia del país o a la gobernación de California que quiera participar en las primarias debe presentar ante la Secretaría de Estado californiana copias de los últimos cinco años de sus declaraciones de impuestos.

«Como una de las economías más grandes del mundo y hogar de uno de cada nueve estadounidenses que pueden votar, California tiene una responsabilidad especial para solicitar esta información a los candidatos presidenciales o que buscan alguna gubernatura», dijo Newsom en su mensaje de veto a la Legislatura estatal.

«Estos son tiempos extraordinarios y los estados tienen un deber moral y legal de hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar que los líderes que buscan los puestos más altos cumplan con estándares mínimos y restauren la confianza de la ciudadanía», agregó.

La medida, una acción más del enfrentamiento de los legisladores demócratas y el gobernador Newsom con el presidente Trump, fue aprobada a principios de mes en los órganos legislativos de California.

Es muy probable que la nueva ley sea impugnada por Trump en los tribunales, pero incluso si se resiste podría eludir los requerimientos si decide no competir en las primarias de California. Sin un adversario fuerte del Partido Republicano a estas alturas, es probable que el mandatario ni siquiera necesite delegados de California para ganar la nominación republicana.

Hasta la fecha, William Weld, exgobernador de Massachusetts, es el único republicano en anunciar su candidatura para competir en las primarias con el actual presidente.

Nueva York aprobó una iniciativa de ley por la que da a las comisiones del Congreso estatal acceso a las declaraciones de impuestos de Trump, pero las labores para obtener esas declaraciones han fracasado en otros estados. El primer intento de California tampoco tuvo éxito en 2017, cuando el entonces gobernador Jerry Brown vetó la ley, alegando dudas sobre su constitucionalidad y hacia donde conduciría después.

«Hoy solicitamos declaraciones de impuestos, pero ¿qué pasaría después?», escribió. «¿Cinco años de registros de salud? ¿Un acta de nacimiento certificada? ¿Libretas de calificaciones escolares? ¿Y todos estos requerimientos variarán dependiendo del partido político que esté en el poder?», afirmó.

Aunque la ley está dirigida hacia Trump, se aplicaría a todos los contendientes a la presidencia y candidatos a gobernador.

Los principales contendientes del Partido Demócrata para las elecciones de 2020 ya entregaron sus declaraciones fiscales de casi una década. Trump se ha negado divulgar las suyas desde que era candidato en 2015, lo que sus críticos adjudican a que probablemente pague impuestos muy bajos y sus finanzas queden al descubierto.

Las declaraciones de impuestos muestran los ingresos, donaciones a organizaciones caritativas y acuerdos de negocios, todo lo cual –alegan los legisladores demócratas estatales– tienen derecho a saber los votantes.

Los candidatos deberán entregar sus declaraciones de impuestos de los últimos cinco años al secretario de gobierno de California por lo menos 98 días antes de las primarias, que sería a finales de noviembre si quieren aparecer en la boleta electoral de marzo. Luego serán publicadas en Internet para que los votantes las vean, con cierta información personal que aparecerá tachada.

Juez Bloquea Restricciones al Asilo

Unas horas antes un juez había dado una “gran victoria” a Trump. La demanda había sido presentada por organizaciones pro inmigrantes

Un juez federal bloqueó temporalmente este miércoles las restricciones al asilo de Trump aprobadas en la semana, que buscaban dejar fuera del sistema a la mayoría de solicitantes centroamericanos.

La decisión de este juez, con tribunal en San Francisco, California, reemplaza un fallo judicial anterior también de este miércoles que dejaba en pie la medida de Trump, en una efímera victoria para el presidente.

Con este fallo, el juez Jon S. Tigar, obliga al Gobierno de EE.UU. a seguir aceptando las peticiones de asilo de todos los solicitantes que lleguen a la frontera.

Esta demanda fue presentada el pasado 16 de julio por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en contra de las nuevas medidas sobre la política de asilo de Trump.

Unas horas antes un juez había denegado una demanda que rechazaba los cambios anunciados por el Gobierno a la ley de asilo, entre ellos la imposibilidad de otorgar este beneficio a quienes no lo soliciten antes en un tercer país seguro.

El juez Timothy J. Kelly, de la corte del Distrito de Columbia, se pronunció sobre una querella presentada por las organizaciones Capital Area Immigrants’ Rights (CAIR) y el Centro de Refugiados e Inmigrantes para la Educación y los Servicios Legales (Raíces) un día después de que se conociera la medida, que busca sumarse a los esfuerzos para reducir el flujo migratorio desde Centroamérica.

Kelly, según difundieron medios locales, señaló en su fallo que “no hay justamente nada en el expediente que sugiera cuántos individuos, en su caso, entran en esa categoría”.

“Los demandantes no han demostrado la probabilidad de un daño irreparable por la norma requerida y se niega la moción de orden de restricción temporal”, agregó el juez, según el fallo reseñado por el diario The Washington Post.

Asilo de Trump. Al reaccionar a la decisión del magistrado, el director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés), Ken Cuccinelli, la calificó como “una gran victoria” para los esfuerzos del Gobierno Trump de “detener la crisis en nuestra frontera sur”.

El 15 de julio el gobierno de Trump anunció que impedirá otorgar asilo a inmigrantes que no lo soliciten antes en un tercer país seguro.

“Un extranjero que entre o intente entrar en EE.UU. a través de la frontera sur después de no haber solicitado protección en una tercera nación fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual que hubiese transitado en camino a EE.UU. no es apto para asilo”, señaló la orden publicada en el Registro Federal y que entró en vigor un día después.

Ese día estaba previsto que el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, se reuniese con Trump en la Casa Blanca entre rumores acerca de la posibilidad de que firmase un acuerdo para convertir a Guatemala en tercer país seguro para los migrantes que buscan el asilo en EE.UU.

Trump no ha Sido Exonerado de Obstrucción de Justicia

El ex fiscal especial Robert Mueller rechazó tajantemente el miércoles las aseveraciones del presidente Donald Trump de que fue exonerado de obstrucción de justicia, advirtiendo que las aseveraciones del mandatario al respecto están equivocadas.

“El presidente no fue exonerado de los actos de los que se acusa”, declaró Mueller en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, al inicio de una audiencia sobre su investigación en torno a los lazos entre la campaña de Trump y Rusia.

El gobierno de Rusia perpetró la injerencia porque creía que se beneficiaría con la elección de Trump, dijo Mueller.

Cuando uno de los legisladores le preguntó si, según la investigación, el gobierno ruso percibía que habría un beneficio con la victoria de uno de los candidatos en las elecciones del 2016, Mueller respondió “sí”.

¿Cuál candidato?, se le preguntó.

“Ese sería Trump”, contestó el investigador.

Las comparecencias son las primeras de Mueller desde que concluyó su pesquisa hace unos meses y representa un espectáculo extraordinario: un fiscal discutiendo en público la investigación penal que él condujo sobre un presidente en funciones.

Las audiencias ocurren en medio de una áspera polarización política en el Congreso y en el país en general, y queda por ver si el testimonio cambiará las opiniones sobre Trump y sobre la necesidad de iniciarle un juicio político.

Los demócratas expresaron esperanzas de que las audiencias de Mueller ofrecerán revelaciones más allá de su reporte escrito y debilitarán a Trump políticamente.

Sin embargo para el mediodía Mueller no había ofrecido ninguna frase lapidaria que pueda marcar la diferencia en el debate público sobre la controversia. Aun así, fue tajante al responder preguntas sobre los temas más acuciantes.

Al comienzo de la audiencia, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerrold Nadler, le preguntó a Mueller: “¿Usted en algún momento exoneró totalmente al presidente?”

«No», respondió Mueller.

Los republicanos, por su parte, inmediatamente defendieron a Trump y enfatizaron el hecho de que la investigación no halló una conspiración entre el gobierno ruso y la campaña de Trump.

«Esos son los hechos detallados por el reporte Mueller. Rusia interfirió en las elecciones del 2016», declaró el representante Doug Collins, el republicano de mayor rango en el panel. «El presidente no conspiró con los rusos. Nada de lo que escuchemos hoy cambiará eso”.

Mueller se defendió enérgicamente ante los ataques de los republicanos, quienes insinuaron que la investigación estuvo parcializada en contra de Trump. El investigador dijo que no cree que los legisladores jamás han visto «un reporte tan exhaustivo, tan balanceado, tan coherente como el reporte que tenemos enfrente”.

El ex fiscal también rechazó insinuaciones de los republicanos de que miembros de su panel investigador estaban vinculados con Hillary Clinton, afirmando que las tendencias políticas de su personal no influyeron en el proceso.

Kelly Armstrong, representante republicano por Dakota del Norte, le increpó a Mueller porque uno de los fiscales asistió a la fiesta de Clinton la noche de las elecciones, y porque otro representó a Clinton en una demanda.

Mueller defendió enfáticamente a su equipo, afirmando que logró contratar a unos de los mejores fiscales del país. Dijo que en sus 25 años en las agencias de seguridad, nunca le ha preguntado a un subalterno sobre su afiliación política y que lo único que le importa es “la capacidad del individuo de hacer su trabajo, y de hacer su trabajo con integridad”.

Mueller varias veces ofreció respuestas escuetas a las preguntas de los legisladores, o se refirió a lo que está escrito en su reporte. En ocasiones pareció titubear o pidió que le repitieran la pregunta.

Cuando se le preguntó por qué no investigó el «dossier» que según los republicanos llevó al inicio de la pesquisa, contestó que esa no era su misión.

“Eso estaba más allá de mi autoridad”, respondió Mueller.

Mueller por otra parte afirmó que un presidente puede ser encausado después de dejar el cargo.

El investigador explicó que las normas del Departamento de Justicia le impedían iniciar un proceso penal contra Trump mientras ostentaba la presidencia y por ende “una de las herramientas que usualmente están disponibles para una fiscalía, en este caso no lo estaba”.

Por otra parte, rechazó la afirmación de Trump de que Mueller fue rechazado como candidato para director del FBI.

El fiscal especial dijo que habló con Trump sobre el cargo de director del FBI antes de que se le encargara la investigación sobre Rusia, pero “no como candidato al puesto”.

El entonces asesor presidencial Steve Bannon ha dicho que si bien la Casa Blanca invitó a Mueller a hablar con el presidente sobre el FBI y consideró la posibilidad de ofrecerle ser nuevamente director de esa agencia, Mueller no vino en busca de empleo.

Trump tuiteó el miércoles que “hay muchos testigos”, entre ellos el vicepresidente Mike Pence, que pueden decir que Mueller pidió el cargo y fue entrevistado pero fue rechazado.

Alyssa Farah, vocera de Pence, dijo a la AP que el vicepresidente “estaba en la Oficina Oval cuando Robert Mueller fue entrevistado para ser director del FBI en mayo del 2017″.

Mueller ya antes había advertido que no dirá más de lo que ya está plasmado en su informe. Y el Departamento de Justicia le ha advertido que debe mantenerse dentro de esos parámetros, lo cual le da él una razón para negarse a responder cualquier pregunta incómoda.

El martes, los demócratas accedieron al pedido de Mueller de tener a su lado a su principal asesor, Aaron Zebley. Zebley no será juramentado ni contestará preguntas ante la comisión de asuntos jurídicos, pero sí ante la comisión de inteligencia, dijo una fuente.

Trump denunció el proceso en unos tuits matutinos, quejándose de que “demócratas y otros” están inventando acusaciones contra «un presidente muy inocente».

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha dicho claramente que por ahora no buscará una impugnación del mandatario. Sin embargo, el testimonio de Mueller podría revelar detalles de conducta ilegal por parte del presidente.

Los allegados de Trump desestimaron las audiencias.

Donald Trump Jr las calificó de “un desastre” para los demócratas y Eric Trump se quejó de «acusaciones falsas» de los demócratas.

La ex vocera de la Casa Blanca Sarah Sanders afirmó que la audiencia es prueba de que la investigación fue dirigida por demócratas para perjudicar a Trump.

Kellyanne Conway, actual asesora del mandatario, tuiteó simplemente “Que le quiten el micrófono”.

Demócratas se Juegan Todo con Presentación de Mueller

De cara a las elecciones presidenciales del año que viene, la oposición apuesta a desgastar la imagen del magnate.

El fiscal especial Robert Mueller se presentará ante el Congreso para hablar sobre su informe especial.

El fiscal especial Robert Mueller será interrogado el miércoles en el Congreso estadounidense sobre su informe acerca de los vínculos entre la campaña de Donald Trump y el intento de Rusia por interferir en las elecciones de 2016, así como sobre las acciones del mandatario para obstruir esa investigación.

A 16 meses de las elecciones presidenciales en las que Trump aspira a un segundo mandato, es mucho lo que está en juego con esta comparecencia, la primera de Mueller ante los legisladores.

Los demócratas esperan que el testimonio impacte negativamente en la imagen de Trump, y algunos congresistas esperan incluso que las declaraciones del fiscal aporten elementos de peso para iniciar un juicio político contra el presidente.

Pero la reticencia de Mueller a involucrarse en política y los planes de los republicanos de convertir la audiencia (que será televisada) en una riña partidaria digna de un reality show, amenazan con dejar a los estadounidenses igual de confundidos que ante el informe de más de 400 páginas que Mueller presentó en abril.

«La gente tiene derecho a escuchar la verdad, de parte de Mueller, sobre el mal comportamiento de Trump y los actuales riesgos para la seguridad nacional», dijo Adam Schiff, congresista demócrata y presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, una de las dos comisiones que recibirán a Mueller el miércoles.

En el canal de noticias de la CNN, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes Jerry Nadler afirmó que el informe de Robert Mueller presenta “pruebas muy sustanciales” de que el presidente Donald Trump es “culpable de delitos graves y faltas”.

«Debemos dejar que Mueller presente sus hallazgos, de ahí veremos adónde seguir. Pero este gobierno debe enfrentarse a las consecuencias», declaró Nadler. Los demócratas se encuentran divididos respecto a cómo avanzar en la cuestión de un posible juicio político a Trump: mientras que al menos 80 miembros del partido han pedido que se avance con la destitución, la líder del partido en la Cámara de Representantes Nancy Pelosi se ha negado a hacerlo.

Un informe de largo aliento

El informe Mueller, finalizado en marzo tras más de dos años de investigación sobre la injerencia rusa para favorecer a Trump en las elecciones de 2016, documentó numerosos casos de contacto entre la campaña del actual presidente y agentes de Moscú, pero concluyó que no había motivos para aplicar cargos por conspiración criminal contra el mandatario.

Según el documento, Trump además trató de obstruir la investigación en al menos diez ocasiones, pero Mueller se abstuvo de recomendar cargos criminales alegando que las políticas del Departamento de Justicia impiden acusar a un presidente en ejercicio.

Trump, quien calificó en varias oportunidades la investigación de Mueller como una «caza de brujas» y un «fraude», se declaró exculpado.

«¡El caso está cerrado!, gracias», escribió el mandatario a fines de mayo, luego de que Mueller hablara públicamente por primera vez desde que se diera a conocer el informe.

Margaret Taylor, experta en gobernanza del Brookings Institution, un centro de estudios de Washington, dijo que la audiencia constituye una oportunidad para que la opinión pública comprenda con claridad el alcance de los hallazgos de Mueller.

«No creo que los estadounidenses comprendan cabalmente los intentos sistemáticos del Kremlin por interferir (en la elección de 2016), y cómo reaccionó la campaña de Trump ante eso», dijo Taylor en una entrevista.

«Creo que hay una gran porción del país que escucha al presidente decir ‘no hubo colusión, no hubo obstrucción’ y para ellos ahí termina la historia».

La esperada comparecencia de Mueller comenzará el miércoles a las 8 y media hora del Este de Estados Unidos (9 y media de la Argentina) en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Luego continuará en la Comisión de Inteligencia desde el mediodía.

Integrantes demócratas y republicanos irán alternándose para presentar sus preguntas en turnos de cinco minutos cada uno. El formato representa un desafío para los demócratas si pretenden convencer a la audiencia, con un relato coherente, de que Trump incurrió en colusión con Rusia y obstaculizó la investigación.

Mueller en sí mismo será un hueso duro de roer. El fiscal ha cultivado una fama de «esfinge» por su extremada reserva y dijo en el pasado que prefería no declarar sobre esto en el Congreso.

Además, los representantes republicanos buscarán cortar cualquier intento de exposición ordenada y desviar la discusión hacia otros temas, apelando a menoscabar la credibilidad de Mueller y los fundamentos de su investigación.

«El trabajo habla por sí mismo. Y el informe es mi testimonio», dijo Mueller en mayo.

«Lo que no hará es ir más allá de su informe, como ya ha dicho», declaró a CNN el ex director delegado del FBI Andrew McCabe, quien ha trabajado con Mueller.

Pero McCabe dijo que si las preguntas se formulan de forma inteligente, especialmente las vinculadas a su opinión sobre si Trump violó la ley o no, quizá los demócratas puedan sacar algo en limpio.

Algunos especulan que Mueller, de 74 años, quien fue director del FBI durante 12 años, puede estar listo para purgar algunos sentimientos tras recibir reiterados ataques de Trump y su aliado, el fiscal general Bill Barr, sobre sus hallazgos.

«Si decide que ha llegado al final de su carrera y está molesto con la forma en que se ha manejado su informe, entonces quizá será más locuaz», dijo Taylor.