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Se Acada el TPS Para Cientos de Miles de Venezolanos

La decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de permitir al Gobierno de Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) deja a unos 350.000 venezolanos en Estados Unidos en riesgo de deportación en medio de la ofensiva del presidente contra la inmigración.

La decisión de la Corte Suprema permite al Gobierno de Trump poner fin al TPS para este grupo a la espera de la apelación del caso, allanando el camino para posibles deportaciones que podrían suceder en cualquier momento, dijeron los abogados de ciudadanos venezolanos amparados por el TPS que impugnaron la medida.

“El impacto inmediato de la decisión lamentablemente no está claro porque el tribunal no explica casi nada en su orden. Definitivamente, una lectura de la decisión es que los 350.000 venezolanos beneficiarios de TPS del grupo de 2023 acaban de perder su estatus y autorización de empleo”, explicó Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA.

A principios de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decidió poner fin al TPS, un programa temporal implementado durante el Gobierno de Joe Biden que permitía a inmigrantes venezolanos vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos lejos de la inestabilidad y violencia en sus país.

Un tribunal federal de distrito de California bloqueó temporalmente la orden de Noem a finales de marzo, una semana antes de que finalizara el 7 de abril, lo que causó que el Gobierno de Trump presentara una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El TPS para venezolanos fue instaurado en 2021 y extendido en 2023. La reciente decisión de la Corte Suprema afecta directamente a quienes solicitaron el TPS bajo la designación de 2023, mientras quienes lo solicitaron bajo la designación de 2021 podrán mantener, por ahora, sus permisos de trabajo y protecciones contra la deportación hasta septiembre.

La Alianza Nacional TPS, el grupo que apoya a los migrantes beneficiarios del programa de protección temporal, y el American Venezuelan Caucus, un grupo de cabildeo que aboga por políticas en favor de los venezolanos en EE.UU., aún están tratando de determinar las implicaciones de una parte de la orden que podría proteger a algunos venezolanos. Pero Arulanantham dijo que muchos podrían ser deportados antes de que el caso esté completamente litigado.

En cuanto a cuándo y cómo podrían comenzar las deportaciones, los abogados aseguran que dependerá de la interpretación que haga el Gobierno de Trump de la reciente decisión de la Corte Suprema.

“Esto depende de la interpretación que haga el gobierno de la orden y las acciones del tribunal, pero no hay nada en la orden de la Corte Suprema que prevea ningún retraso en su aplicación”, señaló Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California.

Las opciones que tienen los venezolanos con TPS para evitar la deportación
La Alianza Nacional TPS recomienda a las personas consultar con un abogado de inmigración para analizar cuáles deberían ser los pasos a seguir en cada caso particular.

Los afectados por el fin del TPS pueden considerar hacer una solicitud de asilo, dijo a CNN Elizabeth Uribe, abogada experta en inmigración. El asilo es una protección que ofrece Estados Unidos a personas que son perseguidas o que tienen un temor fundado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a cierto grupo social o político. Existen dos tipos de asilo: el afirmativo, para quienes no enfrentan ningún tipo de proceso de expulsión, y el defensivo, un proceso durante el cual la persona debe comparecer ante un juez de inmigración. (Conoce aquí el paso a paso para solicitar asilo en Estados Unidos).

Si la situación del inmigrante ha cambiado desde que fue cobijado por el TPS, y esa persona se casó con alguien que tiene residencia o ciudadanía, podría solicitar una residencia, dice la abogada Uribe, de Uribe & Uribe APLC. Según la legislación federal, si una persona indocumentada en EE.UU. se casa con un ciudadano estadounidense debe solicitar primero la libertad condicional antes de pedir la residencia legal. Ese proceso podría hacer que deba abandonar el país.

Si bien no se trata de una opción para todos los inmigrantes, un tercer escenario posible para los venezolanos en riesgo de deportación es, si han sido víctimas de algún crimen, la tramitación de una visa U, dice Uribe. La visa U es un estatus no inmigrante reservado para proteger víctimas de actos criminales en el país. El número de personas que obtienen la visa U al año no puede exceder las 10.000. (Conoce aquí cuáles son los requisitos para acceder a una visa U).

Una medida histórica contra el estatus migratorio de miles de personas

Arulanantham dijo que con el fin de TPS, el Gobierno de Trump está llevando a cabo “la mayor acción individual en la historia moderna de EE.UU. para despojar del estatus migratorio a un grupo de no ciudadanos”.

El Estatus de Protección Temporal es un beneficio migratorio temporal que estableció el Gobierno de Estados Unidos para las personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura, ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal.

Actualmente, de acuerdo con DHS, 17 países tienen Estatus de Protección Temporal en EE.UU. debido a condiciones en esas naciones que hacen que el regreso de los nacionales a esos países no sea seguro.

El Gobierno de Biden concedió por primera vez el TPS a los venezolanos en marzo de 2021, alegando el aumento de la inestabilidad en el país, y lo amplió en 2023. Dos semanas antes de la toma de posesión de Trump, la administración de Biden renovó las protecciones por 18 meses más.

La Alianza Nacional TPS argumenta que no es seguro para ellos regresar a su país de origen.

Cecilia González Herrera, que estudia Ciencias Políticas en la Universidad de Florida Central, dijo que ella y otros venezolanos que se benefician del programa no son criminales.

“Somos estudiantes, profesores, trabajadores de la salud, propietarios de pequeños negocios”, dijo. “Somos sobrevivientes que buscaban un poco de refugio, seguridad y oportunidades en este país y todos merecemos la oportunidad de prosperar sin el temor de ser devueltos al peligro”.

Jueza Impide Parar «Parole» Humanitario

3 claves de la orden de una jueza de bloquear la revocación del estatus legal de los beneficiarios del parole humanitario: lleva una justificación «caso por caso»

La jueza federal de Boston, Indira Talwani, alegó que «la terminación anticipada, sin justificación caso por caso, del estatus legal de los no ciudadanos que han cumplido con los programas del DHS y han ingresado al país legalmente socava el estado de derecho».

La jueza federal Indira Talwani bloqueó temporalmente el lunes la revocación del estatus legal para los beneficiarios del ‘parole’ humanitario decretada por el gobierno de Trump para miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en Estados Unidos.

Para justificar su decisión, Talwani, jueza federal de Boston, alegó que «la terminación anticipada, sin justificación caso por caso, del estatus legal de los no ciudadanos que han cumplido con los programas del DHS [Departamento de Seguridad Nacional] y han ingresado al país legalmente socava el Estado de derecho».

«Todas las notificaciones enviadas a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a través de su cuenta en línea de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU) informándoles que su permiso de trabajo está siendo revocado sin una revisión caso por caso (…) quedan suspendidas a la espera de una nueva orden judicial», escribió Talwani en su decisión del lunes, que ya había anticipado la semana pasada.

El DHS, que podría apelar el fallo, busca priorizar la deportación de los beneficiarios de este y otros programas de parole que hasta el momento no hayan solicitado debidamente ajustar su estatus o acogerse a algún otro beneficio migratorio, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos o la Ley de Ajuste Cubano, para los cubanos. El DHS alega que el gobierno de Joe Biden abusó de la figura del parole como beneficio migratorio.

Te explicamos las claves de la orden de la jueza Talwani que bloquea temporalmente la revocación del estatus legal de los beneficiarios del llamado parole humanitario, como ordenó la administración de Trump, que enfiló este beneficio legal de la era Biden desde el mismo primer día en que el republicano llegó al poder.

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Qué es el parole humanitario

Más de 530,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han llegado a EEUU bajo este programa, conocido como CHNV (por las siglas de los países que se benefician, con regímenes autoritarios) desde octubre de 2022. Primeramente, el programa se creó ante la llegada de venezolanos a la frontera sur y luego, en 2023, se extendió a cubanos, haitianos y nicaragüenses.

El programa permitía la entrada legal a EEUU, por avión, de hasta 30,000 migrantes de esos países al mes, por un período de hasta dos años, bajo la figura legal de un parole humanitario y con el auspicio de un «patrocinador» en el país. Tras dos años, en octubre de 2024, el DHS anunció que no habría «un nuevo parole».

Bajo la revocación que anunció el gobierno de Trump, esos cientos de miles de inmigrantes perderían efectivamente su protección legal a partir de este 24 de abril.

Los defensores de los inmigrantes celebraron la decisión de la jueza como una victoria para los inmigrantes que se beneficiaron del programa, al igual que para sus patrocinadores, ciudadanos estadounidenses.

“Este fallo es una victoria no solo para nuestros clientes y personas como ellos, sino para cualquiera que valore la libertad de acoger”, declaró Karen Tumlin, directora del Centro de Acción por la Justicia, citada por The New York Times.

“Nuestros clientes, y los miembros de la demanda colectiva, han hecho todo lo que el gobierno les pidió, y nos complace ver que el tribunal no permitirá que el gobierno incumpla con su parte del trato”, agregó.

Revocar su estatus legal requiere una revisión «caso por caso»

La jueza Talwani determinó que la administración de Trump no puede revocar de manera generalizada el estatus legal de los beneficiarios del programa CHNV sin evaluaciones individuales, ya que esto socava el Estado de derecho.

En virtud del propio programa, además de tener a un ciudadano estadounidense como patrocinador, sus beneficiarios «tuvieron que pasar una evaluación de seguridad nacional y de seguridad pública» antes de recibir la autorización anticipada de viajar a EEUU para una vez en el puerto de entrada solicitar «caso por caso, una concesión discrecional del parole», detalló la jueza.

Talwani agregó que si bien la discreción de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en esta área es amplia, no es correcto que sus acciones y órdenes estén protegidas de la revisión judicial y que aunque con un papel «limitado», ella, como jueza, tiene la autoridad para suspender la «terminación» del parole humanitario por parte del DHS ya que “revoca, sin una revisión caso por caso, los paroles y las autorizaciones de trabajo previamente otorgadas a personas que se encuentran actualmente en Estados Unidos”.

«Por lo tanto, el estatuto exige que, para determinar si se han cumplido los propósitos de la concesión del parole, de modo que se justifique su terminación, la secretaria debe considerar, de alguna manera, las razones por las que un extranjero recibió el parole», escribió Talwani.

Es una interpretación errónea de la ley de inmigración

El fallo de la jueza argumenta que el gobierno ha actuado sobre una interpretación errónea de la ley de inmigración, ya que considera a los inmigrantes que se beneficiaron del programa como personas que cruzaron ilegalmente la frontera estadounidense, y por tanto, contempla su expulsión acelerada. En cambio, puntualizó, deberían ser considerados como migrantes que entraron legalmente al país con un permiso de entrada mediante un parole.

«Lo que se prioriza [con la orden de revocación de la secretaria Noem] no son las personas que cruzan la frontera, sino las que cumplen las normas», dijo la jueza.

Según la jueza, el gobierno no ha demostrado «ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en EEUU por un período específico a salir (o a obtener un estatus indocumentado)».

«La secretaria (Noem), al acortar el período de parole otorgado a estas personas, debe tener una decisión razonada», dijo la jueza al argumentar que la justificación para finalizar el programa se basó en una interpretación incorrecta de la ley.

“Tampoco es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”, agregó.

Su revocación tendría consecuencias «nefastas» para los beneficiarios

Talwani ya había cuestionado en una audiencia el jueves pasado el argumento del gobierno para finalizar el programa, en particular la parte que dice que el CHNV ya no cumplía su propósito.

La jueza señaló que de quedar revocado, sus beneficiarios enfrentan dos opciones: «huir del país» o quedarse y «arriesgarse a perderlo todo» con un proceso de deportación.

Si continúan cumpliendo la ley y salen del país por su cuenta, «enfrentarán peligros en sus países de origen», alegó.

Antes de la audiencia de la semana pasada, los demandantes calificaron la acción del gobierno de Trump como «sin precedentes» y dijeron que provocaría que las personas perdieran su estatus legal y su capacidad de trabajar. También calificaron la medida fuera de lo que establece la Ley de Procedimientos Administrativos para poner fin a un beneficio de este tipo.

Trump Quita Estatus Migratorio de Asilo a Afganos y Cameruneses

Este estatus migratorio proporciona un permiso de trabajo y protección contra la deportación a los extranjeros de los países que enfrentan diferentes problemas como un conflicto armado en curso
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El gobierno estadounidense puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciertos extranjeros. Este beneficio migratorio se otorga a los ciudadanos de algunos países que enfrentan problemas como un conflicto armado en curso, desastre ambiental o condiciones extraordinarias, tal y como informa el American Immigration Council en su página de internet.

Tal estatus proporciona un permiso de trabajo y protección contra la deportación a los extranjeros de los países incluidos en la designación. Miembros del American Immigration Council explican que el secretario de Seguridad Nacional tiene la facultad de decidir cuando un país merece la designación de TPS.

Dichas designaciones pueden ser otorgadas por 6, 12 o 18 meses y, por lo menos 60 días antes de que venza el TPS, el secretario debe decidir si se extiende o cancela, de acuerdo con las condiciones del país.

Miles de personas provenientes de Afganistán y Camerún perderán la protección temporal en Estados Unidos, según reportó Reuters, citando a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta medida afecta a más de 14.000 afganos y cerca de 8.000 cameruneses que habían recibido el beneficio, diseñado para proteger a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias que hacen peligroso su retorno.

El DHS ha decidido no renovar el TPS para los afganos que llegaron al país tras la retirada militar de Afganistán en 2021, durante la administración del presidente Joe Biden. Este programa, que tiene una duración de entre seis y dieciocho meses, fue otorgado inicialmente a miles de personas evacuadas tras la toma de poder por parte del Talibán, de acuerdo con Fox News.

Más de 82.000 afganos fueron trasladados fuera del país en ese momento como parte de la operación de evacuación liderada por las fuerzas estadounidenses.

“Al menos 60 días antes del vencimiento de una designación de TPS, la secretaria tras consultar con las agencias gubernamentales correspondientes de EEUU, debe revisar las condiciones en el país designado para el TPS”, dijo Tricia McLaughlin, portavoz del DHS en diálogo con Fox News Digital.

La secretaria determinó que Afganistán “ya no cumple con los requisitos legales para su designación al TPS”, añadió McLaughlin.

Esta decisión, según la portavoz del DHS, estuvo basada en una revisión de las condiciones de Afganistán llevada a cabo por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS), en el proceso, la agencia consultó con el Departamento de Estado (DOS).

Shawn VanDriver, veterano y presidente de la organización sin fines de lucro #AfghanEvac, encargada de ayudar a los afganos a asentarse en EEUU, explicó que las condiciones no han mejorado, por el contrario, han empeorado.

“A los afganos que fueron invitados, que construyeron sus vidas aquí, ahora se les dice que no importan. Es cruel, es caótico y socava todo lo que EEUU afirmó representar cuando prometimos no abandonar a nuestros aliados”, declaró VanDriver durante una entrevista con NPR.

Andrew Sullivan, director ejecutivo de la organización No One Left Behind, explicó durante una entrevista con NPR que muchos de los aliados “cumplieron con el sustancial y valioso servicio” que se requiere para la seguridad nacional en el país, sin embargo, están en proceso de obtener una SIV “debido a la pérdida de documentos y conexiones en el caos de la retirada estadounidense”.

Hace un mes, el DHS también trató de revocar el TPS a los ciudadanos venezolanos, no obstante, la medida fue impugnada y un juez federal la suspendió el 31 de marzo.

Edward Chen, juez federal de distrito en San Francisco, dijo que esta acción ocasionaría un daño irreparable a los beneficiarios del TPS, según declaraciones citadas por el medio.

Trump Revoca Estatus a Aquellos que Entraron con la CBP One

A los migrantes a quienes se les permitió vivir temporalmente en Estados Unidos mediante una aplicación de citas en línea, de la era Biden, se les ha indicado que abandonen el país “de inmediato”, informaron las autoridades este lunes. Se desconoce cuántos beneficiarios se verían afectados.

Más de 900.000 personas pudieron ingresar al país mediante la aplicación CBP One desde enero de 2023. Generalmente, se les permitía permanecer en Estados Unidos durante dos años con autorización para trabajar bajo una autoridad presidencial llamada permiso de permanencia temporal.

“La cancelación de estos permisos de permanencia temporal es una promesa cumplida al pueblo estadounidense de asegurar nuestras fronteras y proteger la seguridad nacional”, declaró la unidad de Prensa del Departamento de Seguridad Nacional en respuesta a preguntas.

Las autoridades confirmaron que se enviaron notificaciones de cancelación a los beneficiarios de CBP One, pero no especificaron cuántos. Se les instó a abandonar el país voluntariamente utilizando la misma aplicación que usaron para ingresar, ahora llamada CBP Home.

Las detenciones de inmigrantes en la frontera entre México y EE.UU. cayeron un 71% en febrero, dice CBP

“Es hora de que abandonen Estados Unidos”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional a una familia hondureña que ingresó a Estados Unidos a finales del año pasado. Associated Press revisó el correo electrónico recibido el domingo.

Otros compartieron el mismo correo electrónico en redes sociales.

Al Otro Lado, una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal a migrantes, indicó que algunas de las personas que recibieron las cartas de revocación provienen de Honduras, El Salvador y México.

CBP One fue una pieza clave de la estrategia de la administración Biden para crear y ampliar las vías legales para ingresar a Estados Unidos, en un intento por desalentar los cruces fronterizos ilegales. Para finales de diciembre, se había permitido el ingreso de 936.500 personas con citas de CBP One en los cruces fronterizos con México. El presidente Donald Trump canceló CBP One para nuevos residentes en su primer día de mandato, dejando varados en México a miles de personas que tenían citas hasta principios de febrero.

Migrantes quedan en el limbo luego de que Trump canceló la aplicación CBP One de citas en la frontera
Trump ha cancelado y revocado el estatus temporal para muchos de los beneficiarios de las políticas de Biden. El Departamento de Seguridad Nacional declaró este lunes que el uso de la autoridad para otorgar permisos de permanencia temporal por parte de Biden —más que cualquier otro presidente desde su creación en 1952— “agravó aún más la peor crisis fronteriza en la historia de Estados Unidos”.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el mes pasado la revocación de otra forma de permiso de permanencia temporal para 532.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que viajaron al país por cuenta propia con un patrocinador financiero. Esta medida finaliza el 24 de abril.

La administración Trump también anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 600.000 venezolanos y unos 500.000 haitianos, aunque un juez federal lo detuvo temporalmente, incluyendo el de unos 350.000 venezolanos que tenían previsto perder el TPS el lunes. El TPS se otorga en periodos de 18 meses a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos y cuyos países se consideran inseguros para regresar debido a desastres naturales o conflictos civiles.

Juez Suspende Eliminación el TPS Para Venezolanos

El juez federal de distrito de San Francisco Edward Chen suspendió este lunes la decisión del Gobierno de Donald Trump de poner fin a las protecciones legales temporales para cientos de miles de venezolanos, una semana antes de que expiraran. En una dura resolución de 78 páginas, el juez suspende de forma cautelarmente la medida tomada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo que supone un alivio inmediato para 350.000 venezolanos cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) iba a expirar el próximo 7 de abril. Además, hay otros 250.000 venezolanos para los que el TPS se acababa en septiembre.

“El tribunal considera que la acción de la secretaria [Noem] amenaza con: infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, costará miles de millones de dólares a la actividad económica de Estados Unidos y perjudicará la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”, dice el juez en la parte dispositiva de su resolución.

“Al mismo tiempo, el Gobierno no ha podido identificar ningún daño compensatorio real en la continuación del TPS para los beneficiarios venezolanos. Los demandantes también han demostrado que probablemente tendrán éxito en demostrar que las acciones tomadas por la secretaria [de Seguridad Nacional] no están autorizadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por una animadversión inconstitucional”, añade. “Por estas razones, el Tribunal concede la solicitud de los demandantes de posponer las acciones impugnadas hasta que se resuelva definitivamente el fondo de este caso”, concluye.

La demanda fue presentada por abogados de la Alianza Nacional TPS y por afectados que disfrutan del estatus de protección temporal en todo el país. La resolución del juez Chen, nombrado por el presidente demócrata Barack Obama, tiene efectos en todo el país.

El Congreso aprobó la ley que concede el TPS en 1990 para evitar las deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles. Ese estatus autoriza a vivir y trabajar en Estados Unidos por periodos de hasta 18 meses si la persona al frente del Departamento de Seguridad Nacional considera que las condiciones en sus países de origen son inseguras para el retorno.

El juez subraya que anular el TPS existente es una “acción sin precedentes”, “un paso que nunca ha dado ninguna administración anterior en los 35 años del programa” y que Noem la tomó solo tres días después de asumir el cargo, revirtiendo las medidas del anterior Gobierno. Chen, que da al Gobierno una semana para presentar una notificación de apelación, también desmonta los argumentos xenófobos en que se basó la decisión.

“Aunque las acciones de la secretaria parecen basarse en estereotipos negativos que difaman a toda la comunidad (insinuando que fueron liberados de prisiones e instituciones de salud mental venezolanas e impusieron enormes cargas financieras a las comunidades locales), el historial indiscutible establece que los beneficiarios venezolanos del TPS, de hecho, tienen un nivel de educación superior al de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses (entre el 40% y el 54% tienen una licenciatura), tienen altas tasas de participación laboral (entre el 80% y el 96%), obtienen casi todos sus ingresos personales (96%) y contribuyen anualmente con miles de millones de dólares a la economía estadounidense y pagan cientos de millones, si no miles de millones, en impuestos de seguridad social. También tienen tasas de criminalidad más bajas que la población general de Estados Unidos”, indica rotundamente.

En una vista celebrada el lunes de la semana pasada, los abogados de los beneficiarios del TPS afirmaron que Noem no tiene autoridad para cancelar las protecciones y que sus acciones estaban motivadas en parte por el racismo, informa Associated Press. Pidieron a la jueza que suspendiera las órdenes de Noem, alegando el daño irreparable a los titulares del TPS que luchan contra el miedo a la deportación y la posible separación de sus familiares.

Los abogados del Gobierno dijeron que el Congreso otorgó a la secretaria una autoridad clara y amplia para tomar decisiones relacionadas con el programa TPS y que las decisiones no estaban sujetas a revisión judicial. Los demandantes no tienen derecho a impedir que se ejecuten las órdenes de la secretaria, dijeron.

La decisión judicial da a los demandantes una semana para solicitar la suspensión de la resolución que del Departamento de Seguridad Nacional que acabará con las protecciones de unos 500.000 haitianos en agosto. Biden amplió considerablemente el uso del TPS y otras formas temporales de protección en una estrategia para crear y ampliar las vías legales para vivir en Estados Unidos, al tiempo que suspendía el asilo para quienes entran ilegalmente.

Trump ha cuestionado la imparcialidad de un juez federal que bloqueó sus planes de deportar a inmigrantes venezolanos a El Salvador, y ha criticado su decisión solo unas horas antes de que su administración solicitara a un tribunal de apelaciones que levantara la orden del juez.

La administración también ha dicho que revocará las protecciones temporales para más de 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que han llegado a Estados Unidos desde octubre de 2022 a través de otra vía legal llamada parole humanitario, que Joe Biden utilizó más que ningún otro presidente. Sus permisos de trabajo de dos años expirarán el 24 de abril.

El Gobierno ha decidido suprimir ese estatus legal y las visas de trabajo de los beneficiarios y sus familiares, a quienes se les ha dado unas semanas para autodeportarse y abandonar el país. Si no lo hacen antes de 30 días, se expondrán a ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esa resolución también ha sido recurrida ante los tribunales.

Exigen a más de Medio Millón de Persona que Dejen el País

Sobre las 12 del mediodía del pasado sábado 29 de marzo, varios beneficiarios del parole humanitario recibieron un correo electrónico por parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).

El mensaje fue enviado a 532.000 migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, en el que se les informó que tienen aproximadamente un mes para volver a sus países de origen y evitar complicar su situación en el territorio norteamericano.

De acuerdo con algunos ciudadanos, durante la administración anterior a cargo de Joe Biden, el exmandatario les facilitó un permiso de inmigración temporal con el cual podían ingresar a los Estados Unidos si eran víctimas de violencia o algún tipo de persecución interna.

Sin embargo, el presidente Donald Trump decidió revocar esta figura legal, por lo que más de 500.000 personas dejarán de contar con el permiso de trabajo y cualquier otro tipo de protección que impida la deportación.

En ese sentido, según un documento publicado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la medida entrará en vigor a partir del próximo 24 de abril de 2025, debido a que se cumplen 30 días desde su anuncio oficial.

Dentro de la carta enviada a los migrantes a través del correo electrónico, las autoridades estadounidenses recomendaron una autodeportación para que salgan del país antes de la fecha estipulada, ya que, en caso de no hacerlo, podrán tener consecuencias significativas.

El mensaje también destacó que una vez se termine el período para que los ciudadanos abandonen los Estados Unidos por iniciativa propia, aquellos que decidan ignorar la advertencia y permanezcan en el territorio, podrán ser expulsados sin contemplaciones conforme a lo señalado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

El Gobierno de Trump también expresó que sus intenciones de acabar con los beneficios de esta figura legal siempre fueron claras, por lo que la información relacionada con el proceso de revocación era de conocimiento público.

Tras la cancelación de la medida, los migrantes que opten por seguir las indicaciones de la carta y decidan salir por vía terrestre, deberán notificar la novedad en la aplicación móvil CBP Home, la cual ofrece acceso a diversos servicios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos aseguró que aquellas personas que no hayan solicitado un ajuste en su estatus migratorio, a pesar de que ahora cuenten con una base legal para permanecer en el territorio nacional, también pueden ser deportadas de forma acelerada.

Trump Frena Trámite de Residencia Para Refugiados

La Administración de Donald Trump ha pausado el proceso de residencia permanente, conocido como green card (tarjeta verde), para algunos migrantes que la han solicitado en los últimos años. Los afectados son principalmente refugiados y asilados, de acuerdo a la cadena CBS, quien adelantó la noticia. Washington justifica la medida argumentando que muchos fraudes se han cometido durante la solicitud de la residencia. El freno a un largo trámite que puede tardar años, deja en un limbo legal a quienes lo solicitaron y se suma a la zozobra que ha dejado la ofensiva del Gobierno federal contra los migrantes, muchos de ellos con estatus legal.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS por las siglas en inglés, notificó recientemente a sus empleados que deben pausar hasta nuevo aviso todo proceso que haya sido iniciado por inmigrantes que arribaron al territorio estadounidense en calidad de refugiados o gracias al asilo.

USCIS considera este freno un “ajuste de estatus“. “Algunas solicitudes pendientes serán sometidas a una revisión más exhaustiva para identificar potenciales fraudes, amenazas a la seguridad pública o a la seguridad nacional”, afirmó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado dirigido a la CBS.

La institución encabezada por Kirsti Noem asegura que estos procesos fueron laxos durante la presidencia de Joe Biden. Pero las cifras no acompañan estos dichos. Las autoridades dieron la nacionalidad (un proceso distinto a la tarjeta verde) a 875.000 nuevos ciudadanos durante el primer año del mandatario demócrata. La cifra representaba un 9% menos comparado con los 969.000 que fueron naturalizados en el año fiscal 2022, el que más nuevos estadounidenses registró en una década. El número no cambió durante el 2024, el último de Biden en la Casa Blanca. En tres años, el país sumó unos 2,6 millones de nuevos ciudadanos.

Desde su retorno a la Casa Blanca Trump instruyó a todo el Ejecutivo, mediante un par de memorandos, a incrementar la vigilancia en los trámites de inmigración al país, desde la expedición de los visados temporales hasta la green card. “Estados Unidos debe asegurarse de que todos los inmigrantes admitidos y extranjeros ya presentes en el país no tengan actitudes hostiles contra sus ciudadanos, la cultura, el Gobierno, sus instituciones y nuestros principios fundacionales”, aseguraba Trump en un documento fechado el pasado 20 de enero, el primer día de la segunda presidencia del republicano.

El Gobierno de Estados Unidos, sea del partido que sea, suele añadir requisitos o modificarlos para la residencia permanente. A finales de 2024, aún en la era del demócrata Joe Biden, el USCIS informó que sería necesario presentar un examen médico junto a los formularios que exige el trámite.

El freno a los procesos de la green card se suman al golpe contra el parole humanitario. Washington canceló esta semana el estatus legal en el país y las visas de trabajo para centenares de miles de inmigrantes llegados de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití en los años recientes. Esto deja sin protección contra la deportación a unas 530.000 personas en todo el país, no solo a los beneficiarios de la libertad condicional, sino a sus familiares inmediatos, quienes deberán autoexpulsarse del país en las próximas semanas si es que no quieren ser cazados por agentes de ICE, la policía migratoria.

Además, la semana pasada, la Administración canceló los contratos a decenas de organizaciones no gubernamentales y despachos jurídicos que trabajan en el procesamiento de casos de asilo de los menores no acompañados. Decenas de miles de niños migraron solos a Estados Unidos en los últimos años. El Ejecutivo ha puesto obstáculos para que todos estos indocumentados menores de edad puedan permanecer en el territorio estadounidense. Las autoridades federales argumentan que la cancelación responde a supuestos fraudes y abusos que se han detectado en este tipo de casos.

Juez Bloequa Orden de Trump en Contra de Refugiados

Un juez federal en Seattle bloqueó el martes el esfuerzo del presidente Donald Trump para detener el sistema de admisiones de refugiados del país.

La decisión se produjo en una demanda presentada por importantes grupos de ayuda, quienes argumentaron que la orden ejecutiva de Trump que suspendía el programa federal de reasentamiento de refugiados violaba el sistema que el Congreso creó para trasladar a refugiados a Estados Unidos.

Los abogados de la administración argumentaron que la orden de Trump estaba dentro de su autoridad para negar la entrada a extranjeros cuya admisión al país “sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.

El juez federal de distrito Jamal Whitehead dijo en su fallo tras la audiencia del martes que las acciones del mandatario equivalían a una “anulación efectiva de la voluntad del Congreso” de establecer el programa de admisiones de refugiados del país.

“El presidente tiene un amplio margen de discreción para suspender las admisiones de refugiados”, dijo Whitehead a las partes. “Pero esa autoridad no es ilimitada”.

El abogado del Departamento de Justicia, August Flentje, indicó al juez que el gobierno sopesará si presenta una apelación de emergencia.

Los demandantes incluyen al Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados en nombre de Church World Service, la agencia judía de reasentamiento de refugiados HIAS; Lutheran Community Services Northwest, y refugiados individuales y sus familias. Dijeron que su capacidad para proporcionar servicios críticos a los refugiados —incluidos aquellos que ya están en Estados Unidos— se ha visto gravemente afectada por la orden de Trump.

A algunos refugiados que ya tenían autorizado llegar a Estados Unidos les cancelaron sus viajes con poco aviso, y familias que han esperado años para reunirse han tenido que permanecer separadas, según la demanda.

La reciente orden de Trump decía que el programa de refugiados —una forma de migración legal a Estados Unidos— sería suspendido porque las ciudades y comunidades habían sido sobrecargadas por “niveles récord de migración” y no tenían la capacidad para “absorber grandes números de migrantes, y en particular, refugiados”.

El programa existe desde hace décadas y ayuda a personas que han escapado de la guerra, desastres naturales o persecución. A pesar del apoyo de larga data de ambos partidos para aceptar refugiados debidamente examinados, el programa se ha politizado en los últimos años.

Trump también lo detuvo temporalmente durante su primer mandato, y luego redujo drásticamente el número de refugiados que podían ingresar a Estados Unidos cada año.

La semana pasada, un juez federal en Washington D.C., se negó a bloquear inmediatamente las acciones de la administración Trump en una demanda similar presentada por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Ese caso tiene otra audiencia el viernes.

Trump Revocará Extensión de Asilo a 600,000 Venezolanos

La administración de Donald Trump planea revocar una extensión del “Estatus de Protección Temporal” TPS para más de 600.000 venezolanos que les permitía permanecer en Estados Unidos y los protege de la deportación.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anuló esta medida de la administración Biden para otorgar a los migrantes venezolanos 18 meses más de alivio de la deportación y acceso a permisos de trabajo, según documentados a los que tuvo acceso el diario The New York Times.

Esto se conoce horas después de que las autoridades estadounidenses anunciaron la captura de 25 miembros del Tren de Aragua en una redada en Nueva York. En total, hubo casi mil arrestos en un solo día incluido un miembro convicto del grupo criminal internacional Mara Salvatrucha.

La Casa Blanca aseguró que estas detenciones hacen parte del esfuerzo de la administración Trump para ejecutar “la mayor operación de deportación masiva de criminales ilegales en la historia” del país.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se unió a una operación de control de inmigración en la ciudad, en la que presenció operaciones de control tanto penales como civiles, Noem aseguró que fue a esta redada “para sacar la basura de las calles”.

Aunque la administración Trump dijo que se centraría en deportar primero a los inmigrantes sin estatus legal que hayan cometido delitos violentos, funcionarios de la administración han dicho que también se ha deportado a quienes no tienen antecedentes penales.

En las últimas horas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su primera rueda, aseguró “que toda persona que ingresa ilegalmente al país, por definición es un criminal y está sujeto a deportación”.

La administración Trump espera que se realicen cerca de un millón de deportaciones por año, esto es cuatro veces la cantidad de deportados por año registradas durante la administración Biden.

No está claro si el Departamento de Seguridad Nacional cuenta con el personal suficiente para llevarlo a cabo, sin embargo, la Secretaria Noem aseguró que su departamento trabaja para reclutar a más agentes y trabajarán con las denuncias de ciudadanos sobre posibles indocumentados en sus comunidades.

Refugios Llenos por Restricciones de Asilo

Más de una semana después de que el gobierno de Joe Biden puso en vigor restricciones al asilo, el impacto de la medida no ha sido igual en las localidades en México que albergan a los migrantes.

Algunos refugios al sur de la frontera con Estados Unidos están apoyando a muchos más migrantes ahora que el gobierno de Biden dejó de considerar la mayoría de las solicitudes de asilo, mientras que otros todavía no han visto grandes cambios.

El impacto parece estar siendo desigual más de una semana después de que entró en vigor la restricción temporal. Los refugios al sur de Texas y California tienen mucho espacio, mientras que las cerca de 500 deportaciones que se están registrando desde Arizona todos los días han sobrecargado refugios en el estado mexicano de Sonora, dijeron sus directores.

«Tenemos que rechazar a la gente porque no podemos, no tenemos espacio para todas las personas que necesitan refugio», dijo Joanna Williams, directora ejecutiva de Kino Border Initiative, que puede acoger a 100 personas al mismo tiempo.

Alrededor de 120 migrantes llegaron al refugio San Juan Bosco en Nogales, al otro lado de la frontera con la ciudad de Arizona del mismo nombre. Esa cifra representa el triple frente a los cerca de 40 que había antes del cambio de política, según su director, Juan Francisco Loureiro.

«Hemos tenido un aumento bastante notable», dijo Loureiro el jueves pasado a la agencia AP. La mayoría son mexicanos, tanto familias como adultos. México también acordó aceptar deportados de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Un refugio en Agua Prieta, un pueblo remoto en la frontera con Douglas, Arizona, también comenzó a recibir más hombres, mujeres y niños mexicanos el fin de semana pasado: 40 el domingo, más de 50 el lunes y luego unos 30 por día.

Al igual que los enviados a Nogales, la mayoría había ingresado a Estados Unidos por una zona más al oeste de la frontera, a lo largo de los estados de Arizona y California, explicó Perla del Ángel, trabajadora del Centro de Atención a Migrantes Exodus.

«Hay mucha incertidumbre» por las restricciones al asilo en la frontera

Los mexicanos representan un porcentaje relativamente grande de los arrestos fronterizos en gran parte de Arizona en comparación con otras regiones, lo que puede ayudar a explicar por qué Nogales se ve afectado. Los mexicanos son generalmente la nacionalidad más fácil de deportar, porque los funcionarios solo tienen que llevarlos en auto hasta un cruce fronterizo en lugar de organizar un vuelo.

En Tijuana, los directores de cuatro grandes albergues dijeron la pasada semana que no han recibido ni un solo migrante deportado desde que entró en vigor la restricción al asilo. Al Otro Lado, un grupo de defensa de los inmigrantes, habló apenas con siete inmigrantes durante el primer día completo de operación de un puesto de información en el cruce principal donde los inmigrantes son deportados desde San Diego.

“Lo que hay ahora es mucha incertidumbre”, dijo Paulina Olvera, presidenta de Espacio Migrante, que alberga hasta 40 personas que viajan en familias, predominantemente de México, y tiene a otras que han debido dormir en la acera afuera. “Hasta ahora, lo que hemos visto son los rumores y el impacto en la salud mental de las personas. Aún no hemos visto retornos”, agregó.

Funcionarios del gobierno de Biden dijeron la semana pasada que miles de personas han sido deportadas desde que entró en vigor la nueva norma el 5 de junio, que suspende el asilo cada vez que los arrestos por cruces ilegales alcanzan un límite de 2,500 en un solo día. Los funcionarios, que informaron a los periodistas bajo condición de anonimato, no fueron más específicos. La restricción permanecerá vigente hasta que los arrestos caigan por debajo de un promedio diario de 1,500 por un período de siete días.

“Estamos listos para repatriar un número récord de personas en los próximos días”, dijo a los periodistas Blas Núñez-Neto, subsecretario de seguridad nacional para política fronteriza e inmigración después de que se anunció la política.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de cifras el viernes y tampoco lo hizo el Instituto Nacional de Migración en México.

El reto de albergar y alimentar a los migrantes

Mientras tanto, las autoridades mexicanas han estado recogiendo a migrantes y trasladándolos bastante al sur de la zona fronteriza.

Las ciudades fronterizas mexicanas se vieron muy afectadas por cambios previos en la política migratoria estadounidense, como por ejemplo los llamados Protocolos de Protección de Migrantes o Remain in Mexico en inglés de la era Trump, según el cual unas 70,000 personas esperaban en México sus audiencias en un tribunal de inmigración de Estados Unidos. Grupos de defensa de inmigrantes iniciaron una demanda federal contra esta nueva política del gobierno de Biden.

A algunos defensores les preocupa que más personas deban esperar mucho tiempo en los refugios mientras intentan ingresar legalmente a través de la aplicación CBP One, que otorga 1,450 citas por día. Algunos migrantes en Espacio Migrante llevan ocho meses intentando conseguir una cita en CBP One, dijo Olvera.

La Casa del Migrante en Matamoros ahora está funcionando aproximadamente a la mitad de su capacidad en una red de refugios en toda la ciudad que en conjunto pueden albergar hasta 1,600 personas. Pero Berta Alicia Domínguez, su directora, anticipa que se produzca en ellos un cuello de botella a medida que más inmigrantes compitan por espacios a través de CBP One. Por ello está buscando ayuda de la diócesis católica y de organizaciones no gubernamentales.

“La comida va a ser escasa para los migrantes y esperamos que las organizaciones nos puedan apoyar en esa situación, porque alimentar a 500 personas es una verdadera hazaña”, dijo Domínguez.

Piedras Negras está al otro lado de la frontera con Eagle Pass, Texas, un punto álgido en la batalla del gobernador Greg Abbott con la administración Biden por la aplicación de la ley de inmigración. Los flujos migratorios alcanzaron su punto máximo allí en diciembre, cuando la Casa del Migrante Frontera Digna albergó hasta 1,000 inmigrantes.

El refugio tenía menos de 150 personas el jueves pasado, pero a Isabel Turcios, la directora del refugio, le preocupan las consecuencias no deseadas de eximir a los niños no acompañados de la orden de Biden.

“Tenemos miedo de que muchas madres empiecen a enviar a sus hijos solos”, reconoció Turcios.