Corte – Página 2 – Noticias en Houston

Demócratas presentan proyecto de ley para crear una corte de inmigración independiente

Un grupo de tres legisladores demócratas presentaron un proyecto de ley que, de ser aprobado por el Congreso, crearía una Corte de Inmigración independiente que operará sin las órdenes del Departamento de Justicia (DOJ), como la actual que fue creada en 1983.

La iniciativa, denominada The Real Courts, Rule of Law Act of 2022 (Tribunales Reales, Ley de Estado de Derecho 2022), busca garantizar que los tribunales de inmigración “sean administrados por jueces calificados e imparciales”, señala la propuesta.

Actualmente la Oficina de revisión de Casos de Inmigración (Corte de Inmigración -EOIR-) opera bajo el mandato del fiscal general y el Sindicato Nacional de Jueces de Inmigración fue descertificado para operar como sindicato, convirtiéndolos en empleados del DOJ.

La iniciativa fue entregada el jueves al subcomité de inmigración de la Cámara de Representantes por los congresistas demócratas Zoe Lofgren (California), el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, Jerrold Nadler (Nueva York) y el presidente del Subcomité de Tribunales, Propiedad Intelectual e Internet, Hank Johnson (Georgia).

El proyecto también busca contar con recursos judiciales y servicios de apoyo adecuados, y pretende garantizar la transparencia, integridad y solvencia de la Corte para garantizar la total independencia del debido proceso migratorio.

Detalles de la iniciativa

Los autores de la propuesta indican que la Corte debe convertirse en “un poder judicial independiente de conformidad con el Artículo I de la Constitución de Estados Unidos”, un reclamo que durante años viene haciendo la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).

“Garantizará además que los tribunales de inmigración sean administrados por jueces calificados e imparciales, contará con recursos judiciales y servicios de apoyo adecuados, será transparente e íntegro, y económicamente independientes”, precisa la iniciativa.
“Un sello distintivo de nuestro sistema de democracia y estado de derecho es un poder judicial independiente. Nuestro sistema judicial de inmigración nunca será efectivo mientras esté bajo el control del Departamento de Justicia”, dijo Lofgren.

Los jueces de inmigración no son funcionarios judiciales, “son abogados designados por el principal fiscal de la nación, el fiscal general. Como empleados del Departamento de Justicia, los jueces de inmigración están a cargo de adjudicar casos de acuerdo con las políticas y prioridades de la administración gobernante. Cada Administración, demócrata y republicana ha utilizado los tribunales de inmigración como un mecanismo para dar forma a la política de inmigración”, indicaron los autores de la ley.

Reclamo pendiente

Desde hace varios años la NAIJ viene presionando al Departamento de Justicia para convertir a la Corte en un tribunal independiente, pero los reclamos no han sido escuchados por los gobiernos de turno.

En 2019 el DOJ del entonces presidente Donald Trump lanzó una estrategia para “descertificar” a la NAIJ, maniobra que buscaba “silenciar a una organización cuyos miembros han sido abiertamente críticos de la agenda de aplicación de la ley de inmigración del gobierno, conocida como ‘tolerancia cero’».

El DOJ presentó una petición solicitando a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA) que determine si se debería revocar la certificación del sindicato porque sus miembros son considerados «funcionarios administrativos» no elegibles para organizarse colectivamente.

A diferencia de otros jueces federales que forman parte de la rama judicial, los jueces de inmigración son nombrados por el fiscal general y son empleados del DOJ.

La autoridad en un primer fallo negó la petición del gobierno. Pero en un segundo fallo revirtió la decisión y la semana pasada la ratificó, a pesar de que el gobierno de Joe Biden abandonó el año pasado la disputa iniciada por su antecesor.

Atasco histórico

La propuesta de ley asoma poco después que la Corte registró una nueva marca con 1,6 millones de casos acumulados y unos 600 jueces.

Para Dana Marks, presidenta honoraria de la NAIJ y exjueza de inmigración en San Francisco, la única solución duradera al problema del atasco “es que el Tribunal de Inmigración sea eliminado del DOJ y reorganizado como un Tribunal del Artículo I, como un Tribunal Fiscal”.

“Esto aislaría a la Corte de las presiones políticas que resultan en cambios en los expedientes y la falta de recursos adecuados para los tribunales de Inmigración”, agrega. “Pero eso está en manos del Congreso”.
Abogados consultados por Univision Noticias coinciden además en que, el gigantesco atasco en la EOIR genera enormes esperas en los procesos y algunos casos tardan más de tres años en ser resueltos.

“Si el atasco sigue creciendo, significa que los demandados ante los tribunales tendrán que esperar mucho más tiempo para que se escuchen sus casos”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerció 15 años como fiscal de inmigración para el Departamento de Justicia.

Este escenario “les atrasa el debido proceso a los inmigrantes, y por lo tanto, la justicia”.
Dijo además que como resultado de las crecientes demoras, “cientos de miles de los inmigrantes quedarán en un estado de limbo legal por más de tres años en promedio, con otros muchos más (si la acumulación sigue creciendo)”. Y que los tribunales con más volumen de casos atrasados “están experimentando tiempos de espera de cinco a seis años”.

Le dan la bienvenida

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), que agrupa a más de 15,000 miembros a nivel nacional, le dio la bienvenida al proyecto de ley para crear un tribunal de inmigración independiente.

«Esta legislación es un paso extremadamente importante hacia un sistema judicial que garantizará la justicia para los inmigrantes cuando enfrenten resultados de vida o muerte en sus casos”, dijo, Jeremy McKinney, presidente electo de la Asociación.

“Los problemas profundos y de larga data han obstaculizado la capacidad de los tribunales de inmigración para dictar decisiones oportunas y justas y socavó la confianza del público en el sistema”, agregó.
McKinney dijo además que “los tribunales, ubicados en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, han sido controlados por el Departamento de Justicia, lo que los hace vulnerables a la interferencia del poder ejecutivo”.

A su vez, Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, dijo que “durante años AILA ha abogado por una corte de inmigración independiente y esta legislación es un paso hacia adelante largamente esperado en este esfuerzo”.

“Vimos en la Administración Trump, y también en gobiernos anteriores, que las decisiones tomadas en nuestros tribunales de inmigración estaban sujetos a políticas partidistas y objetivos de políticas que nunca deberían entrometerse en la esfera judicial”, agregó.

“Necesitamos un tribunal del Artículo I completamente independiente que sea imparcial, independiente y libre de presiones políticas”, precisó Johnson.

Fuente: JORGE CANCINO

Un Príncipe a la Corte

El príncipe Andrés deberá enfrentar un caso civil de agresión sexual tras fallo en Estados Unidos en su contra

El príncipe Andrés, duque de York, fracasó en su intento de que un juez de Estados Unidos desestimara un caso civil que alega que agredió sexualmente a Virginia Giuffre, una de las víctimas del millonario estadounidense Jeffrey Epstein, muerto en 2019.

Giuffre demandó al príncipe alegando que abusó de ella cuando tenía 17 años.

Los abogados del duque de York dijeron que el caso debería ser desestimado, citando un acuerdo de 2009 que ella firmó con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Pero un juez de Nueva York dictaminó que la demanda puede ser escuchada.

El príncipe Andrés siempre ha negado las acusaciones.

La moción para desestimar la demanda se describió en una decisión de 46 páginas del juez Lewis A. Kaplan del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

En documentos judiciales, Giuffre dijo que fue víctima de tráfico sexual y abuso por parte del difunto financiero multimillonario Epstein.

Parte de su abuso implicó que la enviaran en préstamo a otros hombres poderosos, alega.

Qué dice el acuerdo de 2009 entre Jeffrey Epstein y la demandante del príncipe Andrés (y por qué importa en el caso contra el duque de York)

El príncipe Andrés, segundo hijo de la reina, dijo en una entrevista con BBC Newsnight en 2019 que no recordaba haber conocido a Virginia Giuffre, y que lo que relató sobre que tuvieron relaciones sexuales «no sucedió».

Los abogados del príncipe argumentaron que Giuffre acordó en la corte en 2009 no demandar a nadie más relacionado con Epstein cuando resolvió su demanda por daños y perjuicios contra el magnate, que apareció muerto en su celda en agosto de 2019.

Durante una audiencia virtual dijeron que el duque de York era un «acusado potencial», según lo define el acuerdo, y que el caso «debería ser desestimado».

Por su parte, el abogado de Giuffre dijo que solo las partes del acuerdo de conciliación podían beneficiarse de él, y no un «tercero».

En su decisión, el juez Kaplan dijo que «no se puede decir» que el acuerdo ampare al duque de York.

Corte Falla en Contra de Asilos Ilegales

La decisión puede afectar a decenas de miles de extranjeros que recibieron amparo por razones humanitarias

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado por unanimidad este lunes en contra de que los inmigrantes que cuentan con un estatus de protección temporal (TPS, en sus siglas en inglés) puedan solicitar tarjetas de residencia permanente, las conocidas como green card si ingresaron al país de forma ilegal. La decisión del máximo tribunal puede afectar a decenas de miles de extranjeros que recibieron amparo tras llegar al país huyendo de las consecuencias de desastres naturales o conflictos armados.

La decisión del Supremo aborda el caso Sánchez vs. Mayorkas. Los salvadoreños José Sánchez y Sonia González entraron ilegalmente en Estados Unidos a finales de los noventa. Tras los terremotos que asolaron El Salvador en 2001, EE UU incluyó a los ciudadanos del país centroamericano en el listado de quienes pueden acogerse al TPS. El matrimonio salvadoreño solicitó el amparo, que le fue concedido. En 2014, la pareja pidió la residencia permanente, sin éxito. Los Sánchez González presentaron entonces una demanda en un tribunal de Filadelfia. El juez falló en su contra argumentando que no eran elegibles porque no fueron “evaluados y admitidos” cuando ingresaron al país.

El TPS protege a los beneficiarios de la deportación y les permite trabajar legalmente. Cerca de 400.00 inmigrantes de 12 países -entre ellos Venezuela, Honduras y Siria- pueden solicitar dicha protección. Muchos de ellos llevan décadas viviendo en EE UU. En 2018, el Gobierno de Donald Trump intentó sin éxito despojar de protección a los 263.000 beneficiarios de El Salvador, los 58.000 de Haití, los 5.000 de Nicaragua y los 1.000 de Sudán que se estima vivían entonces en el país.

La jueza Elena Kagan explicó este lunes en un escrito entregado al Supremo que el programa otorga a los extranjeros el estatus de “no inmigrantes, pero no los admite”. “Como sugiere su nombre”, escribió, “esta protección está destinada a ser temporal”.

Kagan apuntó que según la legislación existen dos vías: la que le permite a los que llegaron al país tras ser “evaluados y admitidos” solicitar la residencia permanente, y la que no les otorga ese beneficio por haber ingresado de forma ilegal. Estos últimos sí pueden acceder al estatus de protección temporal, pero no a la green card. En cambio, si la persona entró legalmente al país y luego recibió la TPS, sí puede aspirar a la residencia permanente.

La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó una legislación para permitir que los beneficiarios del TPS puedan acceder a la green card. El proyecto de ley tiene que pasar ahora por el Senado, dividido al 50% entre demócratas y republicanos.

Corte Suprema determina que argumentar riesgo de muerte no garantiza un asilo

Por unanimidad, los magistrados del máximo tribunal de justicia anularon una regla emitida por la Corte de Apelaciones del 9o. Circuito que protegía a los inmigrantes que alegaban que sus vidas corrían peligro si eran deportados. Ahora serán los jueces quienes determinarán si los argumentos ventilados son válidos o, en caso contrario, emitan una orden de deportación.

La Corte Suprema de Justicia dictaminó, por unanimidad el martes (9-0), que el testimonio que entregan los inmigrantes cuando piden asilo, de que sus vidas corren peligro en sus países de origen, no garantiza que el relato sea considerado creíble.

Con esta decisión, el máximo tribunal de justicia anuló dos decisiones emitidas por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, con sede en San Francisco (California).

El magistrado Neil Gorsuch, encargado de emitir la opinión unánime de laCcorte, escribió que el 9º Circuito había aplicado “durante mucho tiempo una regla especial de inmigración que se encontraba en disputa”.

“La regla establece que, en ausencia de una determinación de credibilidad adversa explícita por parte de un juez de inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), un tribunal de revisión debe tratar el testimonio de un extranjero solicitante como creíble y verdadero”.
Al menos 12 jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito estaban de acuerdo con esa regla.

Pero Gorsuch dijo que la totalidad de la Corte Suprema “objetó la regla”, dejando en manos del juez la decisión sobre este asunto, lo que podría resultar en la negación del asilo de miles de casos que aguardan ser atendidos en la Corte de Inmigración.

“La regla derogada establecía que el testimonio de un aplicante de asilo debía ser considerado creíble cuando no existía ninguna determinación adversa o negativa de este testimonio”, agregó.
Guerrero dijo además que “el fallo es un duro golpe para los inmigrantes que buscan asilo porque estarán sujetos a más cuestionamientos para determinar la credibilidad de su testimonio”.

El caso Alcaraz

La decisión del máximo tribunal de justicia se basó en la revisión de los casos de los inmigrantes Cesar Alcaraz-Enríquez y Ming Dai, quienes ingresaron al país, uno de manera indocumentada y el otro con una visa de turismo y solicitaron asilo.

Alcaraz-Enríquez, de nacionalidad mexicana, fue detenido en la frontera. Cuando iba a ser deportado, declaró que su vida o su libertad se verían amenazadas en ese país.

La Corte explicó que “esta forma de alivio de deportación” no está disponible si, entre otras cosas, el individuo ha sido condenado y recibido una sentencia firme por un delito de especial gravedad que lo convierte en una amenaza pública.
“Esta condición planteó un problema para Alcaraz-Enríquez porque, durante una entrada ilegal previa, se declaró nolo contendere para «infligir lesiones corporales [sobre un] cónyuge [o] conviviente”, explicó el dictamen.

La falta originó en una sentencia de 2 años de cárcel, un crimen que a juicio de los magistrados constituye «un delito particularmente grave».

Más detalles del caso

Citando un informe de libertad condicional emitido en el momento de la condena de Alcaraz-Enríquez, “o la versión que testificó años después como parte de su proceso de deportación, el inmigrante confesó que una noche encerró a su novia de 17 años en su dormitorio, “la atrapé tratando de escapar”, la arrastró de regreso en la habitación, amenazó con apuñalarla y arrojar su cuerpo en un contenedor de basura, y la obligó a tener relaciones sexuales con él.

“La siguiente mañana golpeó a la joven dejándole magulladuras en la espalda, cuello, brazos y piernas, deteniéndose solo cuando ella le rogaba por su vida”, añade la explicación del dictamen.
Abogados consultados por Univision Noticias reiteraron que en cualquier tipo de trámite migratorio las personas no deben mentir porque la mentira puede hacerlo perder su derecho de permanencia en el país.

“Mentir u ocultar información tiene consecuencias”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California). “El servicio de inmigración tiene muchas bases de datos que puede consultar, incluyendo una donde almacena las salidas de inmigrantes indocumentados”.

El caso Dai

En el caso Ming Dai, un ciudadano chino que entró al país con una visa de turista, al poco tiempo presentó una solicitud de asilo I-589.

Para obtener la protección del gobierno, Dai tuvo que demostrar que era un refugiado, alguien “incapaz o no dispuesto a regresar a China debido a persecución o demostrar miedo creíble por no someterse o negarse a someterse a [esterilización involuntaria] o por otra resistencia a un programa de control de la población”, explicó el tribunal.

Dai afirmó en su petición que, después de que su esposa se embarazara de su segundo hijo en 2009, funcionarios chinos la secuestraron y obligaron a abortar. Y que cuando trató de detener el secuestro de su esposa la policía le rompió las costillas, le dislocó el hombro y lo encarceló durante 10 días.

El inmigrante relató además que había perdido su trabajo, su esposa fue degradada y a su hija se le negó la admisión a la escuela.

Cuando llegó a Estados Unidos, Dai pidió asilo, pero no reveló a las autoridades de inmigración “el hecho de que su esposa e hija ya habían viajado a Estados Unidos y regresado voluntariamente a China”, se lee en el fallo.

Cuando fue encarado durante el proceso, Dai procedió a admitir la verdadera historia de su caso. “El expediente mostró que Dai no reveló «estos hechos en sus propias declaraciones, y que hizo “una larga pausa larga» cuando se enfrentó a ellos.

Fuente: JORGE CANCINO

Corte concluye que inmigrantes reciben «trato cruel» en centros de la Patrulla Fronteriza y ordena revisar protocolos

El fallo se produjo semanas después del final de un juicio de siete días en el que los abogados de los migrantes que interpusieron una demanda en 2015 argumentaron que la agencia retiene a los migrantes en condiciones inhumanas e insalubres, y en celdas hacinadas y extremadamente frías.

Un juez federal de Arizona concluyó que el trato dado por la Patrulla Fronteriza a los inmigrantes indocumentados detenidos en Tucson “trasgrede los límites” legales y “no satisface las necesidades humanas básicas”. Y ordenó a la agencia federal que revise sus protocolos a fin de mejorarlos.

El tribunal, presidido por el juez David C. Bury, determinó que las condiciones en las celdas de detención de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), especialmente aquellas que impiden dormir durante varias noches, son presuntamente “punitivas” y “violan la Constitución de Estados Unidos”.

El fallo fue en respuesta a una demanda colectiva entablada en 2015 por el Consejo Estadounidense de Inmigración (CIS), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona, el Comité de Abogados para los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco y la firma de abogados Morrinson & Foerster LLP.

El grupo desafió las condiciones de detención en las instalaciones de la CBP.

Qué ordenó el juez

La orden emitida por el juez Bury prohíbe a la Patrulla Fronteriza detener a los inmigrantes por más de 48 horas “a menos y hasta que la CBP pueda proporcionar condiciones de confinamiento satisfactorias.

«Me siento muy feliz de saber que las cosas van a cambiar en estos centros de detención”, dijo una persona que estuvo detenida en un centro del CBP en el sector de Tucson y que en el juicio fue identificada como testigo B.

“Y que las personas no tendrán que pasar mucho tiempo bajo las condiciones en las que me detuvieron”, agregó.

El testigo dijo además que “es realmente una alegría saber que habrá atención médica necesaria, que habrá otros alimentos disponibles y que aquellos que tengan que ser detenidos por períodos más largos de tiempo serán retenidos en un lugar donde las condiciones son adecuadas”.

Señalamientos del juez

En el dictamen de 40 páginas, el juez Bury escribió que los demandantes establecieron que fueron “perjudicados” y también que “existe una probabilidad suficiente de que nuevamente serán perjudicado de manera similar” por el sistema de detención imperante.

Agrega que, en base a las evidencias ventiladas en el proceso, “las condiciones de confinamiento existentes” en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza “es probable que permanezcan en el futuro, y los demandantes enfrentan lesiones irreparables en el futuro inmediato si ellos o cualquier otro miembro de los demandantes sea detenida por el CBP en el sector de Tucson”.

Ante este escenario, el juez Bury prohibió a la CBP “mantener detenidos” por más de 48 horas a inmigrantes en las instalaciones de Tucson, a menos que “proporcione condiciones de confinamiento que satisfagan las necesidades humanas básicas para dormir en una cama con una manta, una ducha, alimentos que cumplen con los estándares dietéticos aceptables, agua potable y evaluaciones médicas realizadas por un profesional médico”.

“Trato inhumano”

Para Mary Kenney, abogada directora de litigios del CIS, «a través de esta demanda hemos podido arrojar luz sobre las realidades del trato inhumano a los inmigrantes en los centros de detención de CBP”.

El tribunal reconoció que esas condiciones en el sector de Tucson son «sustancialmente peores» que las que experimentan los detenidos criminales en las cárceles comunes, agregó.

“La decisión es una tremenda victoria para las comunidades de todo el mundo que luchan valientemente para defender la dignidad humana y los derechos consagrados en nuestra Constitución”, dijo Álvaro Huerta, abogado del personal del NILC.

“El tribunal reconoce las graves injusticias sufridas por nuestros valientes demandantes y decenas de miles de personas detenidas de manera similar por la Patrulla Fronteriza en condiciones deplorables y peligrosas en el sector de Tucson”, añadió.

A su vez, Alessandra Navidad, directora ejecutiva de la ACLU de Arizona, la orden de la corte federal “afirma lo que nuestros clientes y migrantes sometidos a detención por el CBP han estado diciendo durante años, que las condiciones en estas instalaciones son degradantes y violan la Constitución de Estados Unidos”.

Voces de las hieleras

Entre junio y julio del año pasado Univision Noticias publicó una serie de cartas escritas de puño y letra por niños que estuvieron detenidos en instalaciones de la Patrulla Fronteriza en el área de Texas, donde también denunciaron malos tratos y condiciones de confinamiento y malos tratos, similares a las denuncias ventiladas en el juicio presidido por el juez Bury.

Hasta el momento de la publicación de las primeras cartas, el 2 de junio, sólo se conocía una parte de los padecimientos que se vive en el largo y penoso camino del asilo y el verdadero rostro de la política migratoria de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump. Los testimonios eran entregados por abogados probono que los visitaban para defender sus casos.

Tras la publicación de la segunda entrega de cartas, a finales de junio del 2019, comenzó a aparecer un dibujo más claro del escenario que enfrentan los menores migrantes. El gobierno no les informa que tienen derechos, se bañan una vez cada semana, no los dejan lavarse los dientes y los tratan como adultos con palabras duras y a veces a gritos. Tampoco duermen como lo hacían en sus casas de las cuales huyeron a causa de la violencia y miseria fueras de control. Las primeras horas en suelo estadounidense duermen en el suelo.

Consultado por Univision el CBP respondió que “no creía” en las acusaciones publicadas por algunos medios, incluido Univision Noticias, y que gran parte de los problemas, si los hay, se solucionarán con los fondos de emergencia que el ejecutivo solicitó al Congreso para responder a la crisis.

En la tercera entrega de cartas publicada en julio, asomaron detalles hasta ese momento desconocidos. Las separaciones forzosas continuaban, los niños separados de sus madres no les pueden hablar cuando las ven al otro lado de las rejas, algunos han recibido golpes o permanecen hacinados más tiempo del estipulado por la ley. Y las niñas embarazadas cuidan a sus recién nacidos en el suelo y no permiten que otras niñas los abracen y cuiden de los pequeños inocentes presos a causa de la política de ‘tolerancia cero’. Apenas tienen horas de nacidos, unos pocos días y viven en jaulas.

Terror en la frontera

El 20 de enero, fecha que conmemoró el tercer aniversario del gobierno, Univision Noticias publicó y regaló un nuevo libro digital que recopila artículos, documentos y testimonios de puño y letra de niños que llegaron solos o fueron separados de sus familiares en la frontera que evidencian cómo el gobierno fabricó una crisis cuyo objetivo fue desalentar a miles de migrantes que venían en busca de asilo.

A mediados de 2018, el gobierno admitió haber separado a cientos de niños de sus padres en la frontera entre el 5 de mayo y el 20 de junio de ese año afectando a 2,654 menores. Pero de acuerdo con informes posteriores emitidos por el Inspector General del Departamento de Seguir Nacional (IG-DHS), las separaciones comenzaron antes y el número de separaciones es mucho mayor que la cifra entregada a la justicia. Se habla de varios miles, un dato que ni siquiera el gobierno puede certificar.

Una auditoría del IG-DHS de noviembre del año pasado señala que, en base a las averiguaciones llevadas a cabo, las separaciones forzadas de familias en la frontera comenzaron inmediatamente después del 11 de abril de 2017, menos de tres meses después de la llegada de Trump a la Oficina Oval.

La totalidad de los menores separados por el gobierno en la frontera pasaron por las instalaciones de la Patrulla Fronteriza antes de proseguir con sus procesos migratorios.

Funte: JORGE CANCINO

Vaya Desmadre Traen las Cortes por Indecisión de Deportaciones

Las cortes de inmigración en todo Estados Unidos están sufriendo las consecuencias del reciente fallo de la Corte Suprema que ha llevado a la postergación o incluso anulación de numerosas órdenes de deportación, lo que ha ocasionado más caos al sistema que ya estaba afectado por enormes acumulaciones y atrasos

El poco conocido fallo se concentra en lo que podría parecer un simple tema de procesamiento sobre cómo proporcionar notificaciones de forma adecuada a los inmigrantes para que comparezcan en la corte para su caso de deportación. Pero ha tenido implicaciones más extensas en las cortes a cargo de decidir si cientos de miles de personas deben recibir permiso para quedarse en Estados Unidos.

Desde que la decisión se tomó en junio, los abogados han solicitado a los jueces que descarten los casos de sus clientes. Algunos jueces de inmigración se han negado a emitir órdenes de deportación para los inmigrantes. En un caso reciente en el estado de Washington, un jornalero agrícola mexicano logró que descartaran una imputación por haber regresado al país sin autorización.

No está claro cuántas personas podrían verse afectadas. Algunos jueces de inmigración han negado peticiones de abogados de rechazar casos de deportación, pero otros en estados como Tennessee, Nueva Jersey y California, las han otorgado. “Las posibles consecuencias del fallo son masivas”, dijo Jeremy McKinney, abogado de inmigración en Greensboro, Carolina del Norte.

La decisión de la Corte Suprema, con ocho votos a favor y uno en contra, se basa en el caso de un mozo brasileño que buscaba una tarjeta de residente especial para inmigrantes que han estado en el país al menos 10 años, tienen buen carácter moral y cuyos parientes estadounidenses sufrirían en caso de ser deportados.

Corte Federal le Dice No a Trump de Nuevo Victoria Para Ciudades Santuario

Una corte federal de apelaciones de Chicago, Illinois, confirmó este jueves una medida cautelar que impide al gobierno de Donald Trump retener dinero de subvenciones a las ciudades santuario. Se trata de una disposición a nivel nacional derivada de una demanda que la ciudad de Chicago hizo en contra del gobierno y el Departamento de Justicia en 2017.

La Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito indicó en su decisión que su rol no es el de «evaluar las políticas de inmigración óptimas para el país» y añadió: «El tema que tenemos ante nosotros ataca uno de los principios básicos de nuestra nación, cuya protección trasciende la afiliación a los partidos políticos y descansa en el corazón de nuestro sistema de gobierno: la separación de poderes».
La decisión fue tomada por un panel de tres jueces, todos ellos designados por el Partido Republicano, que dictaminó que había indicios de que la administración Trump se excedió su autoridad al tratar de implementar las nuevas condiciones sin la aprobación del Congreso.
«Los fundadores de nuestro país entendieron bien que la concentración de poder amenaza la libertad individual y establecieron un baluarte contra tal tiranía creando la separación de poderes entre las ramas del gobierno. Si el Poder Ejecutivo puede determinar la política, y luego usar el poder para exigir el cumplimiento de esa política a gobiernos locales, todo sin la autorización de los legisladores elegidos, ese control contra la tiranía es abandonado», continúa el fallo.
El documento luego señala que el fiscal general Jeff Sessions «utilizó la espada de la financiación federal» para presionar a estados y autoridades locales a cumplir con mandamientos que el Congreso de EEUU no impuso cuando autorizó esos fondos federales en cuestión. Entonces, «(corresponde a) nosotros, la judicatura, como la rama restante del gobierno, actuar como un control sobre tal usurpación de poder».
La iniciativa del gobierno impulsada en julio de 2017 de presionar a las ciudades santuario con la retención de fondos también está siendo disputada en otros estados, como California, en donde días atrás también una corte federal prohibió al Departamento de Justicia priorizar el envío de recursos de un fondo federal a las Policías que acepten cooperar con funcionarios de inmigración.