Nueva Ley Permitirá Deportar Migrantes Acusados de Delitos

La primera ley firmada por el presidente Donald Trump se centra en una de las principales prioridades de su segundo mandato: la migración.

La Ley Laken Riley ordena a las autoridades que detengan y deporten a las personas migrantes que estén acusadas —todavía sin ser condenadas— de delitos específicos, si están en Estados Unidos de manera ilegal.

El proyecto se convirtió en ley apenas transcurridos 10 días de la presidencia de Trump, y llega como parte de la política de mano dura que el presidente prometió con respecto a la frontera. En su primera semana en el cargo, Trump emitió órdenes ejecutivas, memorandos presidenciales y directivas de políticas para limitar el flujo de migrantes no autorizados en el país.

Los republicanos, deseosos de ayudar a Trump a ejecutar sus medidas enérgicas, han prometido que tras la Ley Laken Riley seguirán más disposiciones para acelerar y ampliar la aplicación de las leyes migratorias, a pesar de la resistencia de los miembros de la minoría demócrata. Los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado plantearon muchas preocupaciones sobre el proyecto antes de que se convirtiera en ley, diciendo que podría utilizarse para perseguir injustamente a migrantes cuyo único delito hubiera sido entrar en el país sin autorización. Pero varios de ellos la respaldaron de cualquier modo, lo que indica que los demócratas están bajo presión para recuperar terreno entre los votantes preocupados por la migración ilegal tras sus derrotas en las elecciones de noviembre.

Esto es lo que hay que saber sobre la ley.

Algunos delitos podrían ocasionar la expulsión de los migrantes que se encuentren ilegalmente en EE. UU.

La Ley Laken Riley enumera delitos concretos que podrían hacer que una persona sin autorización para estar en Estados Unidos sea detenida y deportada. Entre ellos figuran el robo con allanamiento de morada, el hurto, el robo en tiendas, la agresión a un agente de policía y cualquier delito que derive en la muerte o lesiones corporales. La ley ordena la detención de quienes sean arrestados, acusados o admitan haber cometido un delito de este tipo, sin exigir que primero sean condenados.

También otorga a los fiscales generales de los estados el derecho a demandar al fiscal general de Estados Unidos o al secretario de Seguridad Nacional si un migrante con estatus legal incierto o impugnado que esté de manera condicional dentro del país comete un delito que perjudique física o económicamente al estado o a uno de sus habitantes, si el valor del perjuicio es superior a 100 dólares.

El asesinato de Laken Riley, estudiante de enfermería de Georgia, inspiró la ley

Laken Riley, estudiante de enfermería de 22 años de la Universidad de Augusta, en Georgia, estaba trotando una mañana de febrero de 2024 cuando fue atacada y asesinada por José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años que había ingresado a Estados Unidos en 2022 sin autorización. Como a muchas otras personas, se le concedió un permiso temporal para permanecer en el país. Ibarra fue condenado a cadena perpetua por el crimen.

Antes de matar a Riley, Ibarra había sido arrestado en relación con un caso de hurto en una tienda, pero nunca fue detenido. La ley busca acelerar la expulsión de los inmigrantes no autorizados que estén acusados de este tipo de delitos antes de que puedan llegar a cometer otros más graves. Aun así, durante los últimos 150 años, los migrantes en general han sido menos propensos a cometer delitos que las personas nacidas en Estados Unidos, según concluyó un estudio de 2023.

Los críticos argumentan que fácilmente podrían ser atrapados quienes estén en el lugar equivocado en el momento equivocado

Dado que la ley solo exige que una persona sea acusada o imputada para su deportación, es posible, según argumentan los críticos de la medida, que los espectadores de un delito resulten perjudicados. Durante los debates en el Congreso, los demócratas argumentaron que si un grupo de personas estuviera en una tienda y una de ellas decidiera robar, la policía podría detenerlos a todos fácilmente antes de poder esclarecer los hechos. Cualquier persona de ese grupo sin autorización para estar en el país podría entonces ser objeto de deportación, aunque las autoridades determinaran al final que no había cometido ningún delito.

Varios demócratas votaron a favor del proyecto de ley, a pesar de expresar reservas sobre su alcance y costo

Los demócratas plantearon muchas dudas sobre la ley. Argumentaron que no contenía salvaguardas suficientemente sólidas para proteger a las personas que ingresaron ilegalmente al país, pero que luego han obtenido permiso para quedarse de manera temporal, como quienes han podido aplazar la expulsión por haber sido traídos a Estados Unidos de niños, o las personas originarias de países que las hacen elegibles para el estatuto de protección temporal. Los demócratas también argumentaron que la sección de la ley que permite a los fiscales generales estatales demandar al gobierno federal podría ser inconstitucional, algo que los republicanos descartaron.

Sin embargo, desde las elecciones de 2024, en las que los republicanos mantuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes y ganaron el Senado y la presidencia entre promesas de mano dura contra la migración y en las fronteras, los demócratas se han visto sometidos a una enorme presión para virar a la derecha en materia migratoria.

Vuelven a Suspender Ley Antimigrantes

Un tribunal federal de apelaciones este martes por la noche volvió a suspender la controvertida ley de inmigración de Texas.

En una breve orden, un panel de tres jueces de la Corte de apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos dijo que votó 2-1 para anular un fallo anterior de un panel diferente que había puesto temporalmente en vigor la ley, la SB 4.

El panel de jueces que emitió la orden de este martes por la noche ya está listo para escuchar los argumentos este miércoles por la mañana sobre la solicitud de Texas de volver a poner en vigor la ley en espera de la apelación estatal del bloqueo de la ley por parte de un juez federal.

Un miembro, el juez de circuito Andrew Oldham, discrepó públicamente y dijo que dejaría que la ley siguiera en vigor por ahora.

«Dejaría esa suspensión en espera del argumento oral de mañana sobre la cuestión», escribió.

La disputa legal sobre la SB 4 había llegado hasta la Corte Suprema, que el martes anterior allanó el camino para que la medida entrara en vigor después de que los jueces rechazaran apelaciones de emergencia de la administración Biden y otros. La decisión había otorgado una victoria significativa, aunque temporal, a Texas, que ha estado luchando contra la administración Biden en cuanto a la política migratoria.

Horas después, el tribunal de apelaciones programó argumentos orales sobre si bloquear la ley mientras considera los desafíos legales presentados contra ella. El tribunal programó los argumentos orales virtuales para este miércoles a las 11 a.m. hora del este.

Independientemente de cómo actúe el 5º Circuito después de los argumentos de este miércoles, el tribunal de apelaciones aún celebrará argumentos el próximo mes sobre si la ley es inconstitucional y debe ser bloqueada indefinidamente.

¿Cómo es la ley de Texas que penaliza la entrada irregular de migrantes al estado? Las claves de la polémica ley SB4

La SB 4, firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en diciembre, convierte en un delito estatal ingresar ilegalmente a Texas y permite a los jueces estatales ordenar la deportación de inmigrantes. La aplicación de la ley de inmigración, en general, es una función del gobierno federal.

La ley generó de inmediato preocupaciones entre los defensores de los inmigrantes sobre el aumento del perfil racial, así como detenciones y deportaciones intentadas por parte de las autoridades estatales en Texas, donde los latinos representan el 40% de la población.

Un juez federal en Austin había bloqueado al gobierno estatal de implementar la ley, sosteniendo el mes pasado que «podría abrir la puerta a que cada estado apruebe su propia versión de leyes de inmigración».

Los tres jueces liberales de la Corte Suprema también expresaron preocupaciones sobre la ley al disentir del orden del alto tribunal que permitía que entrara en vigor durante un corto período este martes.

La jueza Sonia Sotomayor, cuyo disenso fue respaldado por la jueza liberal Ketanji Brown Jackson, dijo que el orden «invita a más caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración».

La ley, escribió Sotomayor en su disenso, «altera el equilibrio de poder entre el gobierno federal y estatal que ha existido durante más de un siglo, en el que el Gobierno Nacional ha tenido autoridad exclusiva sobre la entrada y expulsión de no ciudadanos».

El caso pronto podría llegar nuevamente a la Corte Suprema.

Ley Antimigrante en Florida Entra en Vigor

La temida ley SB 1718, que castiga con severidad a los inmigrantes indocumentados y a quienes los ayuden, entró en vigor este sábado en Florida en medio de protestas y llamamientos a unirse y a usar el voto para combatir lo que líderes latinos definieron como un “ataque de la extrema derecha”.

“Hoy es un día bien importante porque la Florida está abajo ataque. Estamos siendo víctimas de un gobernador que ha utilizado y sigue utilizando el Estado como una plataforma política para enviar un mensaje de extrema derecha fuerte”, subrayó Soraya Márquez, directora de Mi Familia Vota en este estado, durante la Convención de Migración México, Centro y Suramérica que se celebra este sábado en Miami.

El objetivo de esta reunión convocada por distintas organizaciones proinmigrantes es definir “un plan de acción con estrategias y objetivos concretos” contra la SB 1718 y las políticas del gobernador Ron DeSantis.

Además, para más tarde hay convocadas manifestaciones en contra de la SB 1718 en una decena de ciudades de Florida, aunque es probable que participen menos personas que en las de días anteriores, pues la ley ya está en vigor y hay “miedo” en la comunidad, dijo a EFE uno de los organizadores.

Miedo a protestar

El “miedo” de los inmigrantes indocumentados, que ha llevado a muchos a dejar ya Florida, es solo uno de los efectos de esta ley promovida por DeSantis, quien aspira a ser presidente de EE.UU. y ya está en campaña para ser elegido el candidato republicano en las elecciones presidenciales de 2024.

Sin embargo, el detective Argemis Colomé, portavoz del Departamento de Policía del condado Miami Dade, que asistió a la Convención de Migración, dijo a EFE que la ley “no cambia mucho” el trabajo de los agentes de ese cuerpo policial.

Según Colomé, el equipo legal del Departamento de Policía de Miami Dade tan solo ha encontrado un aspecto de la ley que los obliga a actuar de manera diferente a como hacían y es que traer a Florida desde otro estado a un indocumentado, aunque sea un familiar, es considerado un delito grave de segundo grado.

Antes, ante un caso como ese los agentes debían llamar a las agencias estatales que se encargan de la inmigración irregular, señaló Colomé.

“La Policía no va a preguntar por tu estatus migratorio si te para por algún asunto de tráfico ni tampoco a quien vaya a denunciar que ha sido víctima de un delito”, aseveró Colomé.

“La ley le va a impactar a la persona que está cometiendo un delito, no a la persona que está trabajando, no la persona que está en su carro, no los amistades o las familias que no tienen papeles y están contigo”, aseveró.

No obstante, el detective reconoció que no podía asegurar cómo van a actuar los Departamentos de Policía de otros condados, ni los alguaciles de toda Florida.

Éxodo y economía

La nueva ley, que firma parte de un paquete de más de 200 aprobadas este año por el Congreso de Florida ente ellas también algunas otras de carácter ultraconservador, obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a usar un programa oficial de verificación del estatus migratoriode cada uno, so pena de multas y pérdida de la licencia.

Además, los hospitales que aceptan el seguro médico público (Medicaid) deben preguntar y registrar si sus pacientes son residentes legales o no.

Uno de los mensajes que más se escuchó durante la convención, a la que asistió el cónsul general de México en Miami, Jonathan Chait, es que la ya llamada ley “antiinmiigrantes” no solo les afecta a ellos “sino a todas las personas que viven en el estado”.

Los indocumentados, que, según dijo Márquez a EFE son más de un millón en Florida, son esenciales para los tres sectores que mueven la economía, la agricultura, la construcción y el turismo, en los que ya se siente la escasez de mano de obra provocada por el éxodo de trabajadores desde Florida hacia las dos Carolinas y Georgia.

El resultado para los floridanos se resume en una palabra: encarecimiento, dijo la directiva de MI Familia Vota.

Héctor Sánchez Barba, presidente y director ejecutivo de la misma organización, hizo hincapié en que la participación cívica y la creación de un poder político latino es la mejor solución para enfrentar unos embates “racistas y extremistas” que “no son nuevos”.

A juicio de Márquez, este es el momento para crear un movimiento que integre a toda la comunidad para pararle los pies a DeSantis en las próximas elecciones a las que se presente, ya sean las presidenciales de 2024 o las de 2026 para renovar el cargo como gobernador.

Motín de Migrantes Centroamericanos en México

Alrededor de 50 migrantes que permanecen al interior del albergue de las antiguas instalaciones de MACESA intentaron amotinarse durante la noche del martes.
Uno de los centroamericanos protestaba por presuntos abusos, mientras que una mujer denunció que habían tenido problemas de inseguridad en la calle.

“No estamos listos para la caravana”; llega a piedras negras

Al interior del albergue permanecen elementos estatales, mientras que al exterior elementos de la Policía Federal y Militar, con equipo antimotines se formaban estratégicamente para evitar algún enfrentamiento

Los migrantes se desesperaron al interior ya que algunos ya querían salir para buscar empleo.

Fue el secretario de Seguridad de Coahuila, José Luis Pliego Corona, quién en tono enérgico diálogo con los migrantes durante varios minutos para calmarlos, inclusive les recalcó los peligros a los que podían enfrentarse en caso de que tratarán de cruzar por el Río Bravo.

Dejó en claro que como autoridad no les ha fallado en hizo el compromiso de ponerles seguridad cuando tuvieran que desplazarse de un lugar a otro.

Finalmente, la situación pudo ser controlada, hasta el momento las autoridades no han dado una versión oficial de lo sucedido.

Mientras que al exterior del albergue permanecen alrededor de mil 500 efectivos para actuar ante cualquier situación.