Llenos los Centro de Deportación en el País

A capacidad máxima, así están los centros de detención migratoria en Estados Unidos

Buscan ampliar instalaciones, mientras ICE reporta más de 32,000 arrestos en los primeros 50 días de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha declarado que sus centros de detención de inmigrantes que han llegado a su capacidad máxima, albergando aproximadamente a 47,600 personas.

En una reunión informativa con periodistas este miércoles, funcionarios de alto rango del DHS y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) explicaron que están colaborando con el Servicio de Alguaciles, el Departamento de Defensa y la Oficina Federal de Prisiones para incrementar el espacio disponible, mientras solicitan financiamiento adicional al Congreso.

Los funcionarios también revelaron que algunos detenidos están siendo liberados caso por caso mediante el programa de Alternativas a la Detención del ICE, principalmente debido a problemas médicos o humanitarios.

Durante la sesión informativa, los oficiales presentaron nuevos datos sobre arrestos durante los primeros 50 días de la administración Trump.

Según la información proporcionada por el DHS, desde el 20 de enero hasta el 10 de marzo de 2025, ICE ha detenido a 32,809 personas.

14,111 corresponden a personas con condenas criminales previas
9,980 tienen cargos penales pendientes
8,718 presentan únicamente violaciones relacionadas con inmigración

En cuanto a individuos con presuntos vínculos a organizaciones criminales arrestados en el mismo período, las cifras indican:

1,155 presuntos miembros de pandillas
39 terroristas conocidos o sospechosos

Los representantes del DHS no especificaron durante la llamada cuántas personas han sido deportadas bajo la nueva administración Trump.

¿Puede Migración Arrestar en Hospitales?

El permitir que agentes de inmigración puedan entrar a clínicas y hospitales estaría anteponiéndose a una ley federal de hace 30 años, según expertos.

Las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump autorizan a los agentes a ingresar en lugares sensibles como los hospitales y clínicas.

Cada año y según el centro médico de Texas, unos 10 millones de pacientes llegan y utilizan los servicios de las casi 50 instituciones médicas que allí radican.

Por ello, el reciente decreto presidencial del presidente Donald Trump de permitir que agentes de inmigración puedan entrar a clínicas y hospitales para conducir operativos migratorios tiene a más de uno preocupado.

Sin embargo, el posible alcance que ese decreto no sería mucho, según una ley federal de hace más de 30 años.

Esa ley es conocida comúnmente y en inglés como (HIPAA) la cual desde 1996 protege la privacidad de cualquier persona que ingrese a un hospital o visite un consultorio médico.

Aun así, y por lo que encontramos, el decreto del presidente Trump ha causado pánico entre muchos.

En los casi 50 años de ser médico, el pediatra Martín Yodovich asegura jamás haber visto una situación como esta.

“A los dos días que el presidente Trump tomó posesión de la presidencia, notamos que, ciertamente, nos bajó el volumen de consultas. Fue una cosa increíble, nos dimos cuenta de que la gente no venía».

Por lo que dice, comenzó a informar a sus pacientes.

«En primer lugar, si esta gente llegara aquí, no los dejaríamos entrar, no les daríamos ninguna información, no permitiríamos que hablen con ninguno de nuestros pacientes».

¿Es seguro entregar la potestad de un hijo ante miedo de una deportación?

Los hospitales Memorial Hermann, y los Metodistas de Houston dijeron estar evaluando el impacto de los decretos en sus operaciones y que siguen operando con servicios de calidad.

Los hospitales públicos LBJ y Ben Taub dijeron lo mismo, pero agregaron que su personal fue informado de la escalada en posibles operativos migratorios.

La ley federal conocida como (HIPAA) dice este abogado protege la privacidad de cualquier paciente en este país.

Aun cuando hay algunas excepciones, dijo el abogado penalista Kevin Acevedo.

«Número Uno que el médico tenga permiso por escrito del paciente, Número 2 que el médico tenga que compartir esa información a otro colega médico, y tres que sean las autoridades».

El abogado también le recuerda a la comunidad inmigrante comenzar a revisar y a ejercer sus derechos

de permanecer en silencio si en algún momento o en cualquier lugar es cuestionado por agentes de inmigración.

Grupos de Derechos Civiles Dan Consejos a Migrantes

Grupos de derechos civiles ofrecen consejos a inmigrantes en medio de temores de deportación

Los planes del presidente Donald Trump para la deportación masiva de personas en Estados Unidos sin estatus legal han llevado a organizaciones de derechos civiles a compartir mensajes urgentes para informar a los residentes de todo el país sobre sus derechos.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional anunciaron recientemente el fin de una política que impedía a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos arrestar a migrantes en o cerca de lugares considerados «sensibles», como hospitales, lugares de culto y escuelas.

El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes alienta a las personas y familias a crear un plan que implique memorizar contactos de emergencia, proporcionar contactos de emergencia a la escuela y/o guardería de su hijo y brindar autorización para que los contactos de emergencia tomen decisiones médicas y legales en nombre del niño. El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes sugiere llevar una tarjeta roja, que es una lista de derechos constitucionales para cuando los agentes de ICE se acerquen.

“Hay mucho que podemos hacer ahora”, dijo Anne Chandler, fundadora del Consejo de Leyes de Inmigración de Texas, durante una conferencia de prensa la semana pasada.

“La preparación es esencial… sabemos que hay formas de mitigar los riesgos. Sabemos que hay maneras en que podemos prepararnos para las detenciones y las cosas que vamos a ver y que creo que intencionalmente se verán muy grandes, muy feas y muy aterradoras”.

Si uno se encuentra con agentes de inmigración

No mientas sobre tu estatus migratorio ni proporciones documentos falsos.

Cualquier persona mayor de 18 años deberá llevar consigo su documentación en todo momento.

No corras, discutas, te resistas ni pelees con los oficiales.

Mantenga las manos donde la policía pueda verlas y avíseles si necesita meter la mano en la guantera o en la billetera para proporcionar documentación.

Qué hacer durante una parada de tráfico

Pregúntele al agente si es oficial de policía o si es del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza para determinar qué información debe proporcionar.

Si es ciudadano estadounidense o tiene estatus migratorio legal, proporcione un pasaporte, tarjeta de residente permanente legal, permiso de trabajo u otra documentación de estatus.

Cualquier persona que se encuentre en el país sin autorización tiene derecho a guardar silencio.

No hable sobre el estado de inmigración o ciudadanía con la policía, agentes de inmigración u otros funcionarios, ya que cualquier cosa que se le diga a un oficial puede usarse más adelante en un tribunal de inmigración.

Cuando se le acercan agentes de inmigración en casa

No abras la puerta si un oficial llama.

Recuerde a los niños que no abran la puerta.

Los agentes deben tener una orden firmada por un juez para entrar a una vivienda

Las “órdenes” de ICE no están firmadas por jueces, pero los formularios de ICE sí están firmados por oficiales de ICE y no otorgan autoridad para ingresar a una casa sin el consentimiento de los ocupantes.

Cuando ves agentes de inmigración afuera

Muévase a un espacio seguro en el interior.

Si es ciudadano estadounidense y se siente seguro de hacerlo, registre la actividad con su teléfono o escriba cualquier información importante sobre lo que presencie.

No publique información no verificada en las redes sociales.

No interferir con la investigación ni ponerse en peligro.

Otros defensores de la inmigración de Texas se unieron a Chandler en una conferencia de prensa el jueves para abordar preocupaciones relacionadas con las recientes órdenes ejecutivas de Trump.

Entre los presentes se encontraban Bob Sanborn, presidente y director ejecutivo de Children at Risk; Karina Chapa, directora ejecutiva de la Asociación de Educación Bilingüe de Texas; Teresa Granillo, directora ejecutiva de Avance; Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute y Jenifer Wolf-Williams, directora ejecutiva de Atención Humanitaria para la Salud Emocional de los Migrantes.

Los defensores dijeron que es importante que las personas y las familias utilicen los recursos que tienen a su disposición para asegurarse de conocer sus derechos.

«Creo que podemos resolver los desafíos de la inmigración y asegurarnos de proteger a los niños y las familias al mismo tiempo», dijo Sanborn.

Los planes propuestos por Trump también incluyen el envío de 1.500 tropas adicionales a la frontera sur. El secretario interino de Defensa, Robert Salesses, dijo que las tropas adicionales marcaron un aumento del 60% en las fuerzas terrestres en servicio activo.

Si son detenidos por agentes de inmigración, familiares y amigos pueden utilizar el localizador de detenidos en línea para encontrar a quienes han sido arrestados.

Crece Temor a la Deportación

David Donatti, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, le pidió a todos los inmigrantes protegerse conociendo sus derechos. Además, reveló que ACLU posiblemente el 20 de marzo va a poder expresar nuevamente sus argumentos en el Quinto Circuito de Apelaciones.

Hay mucha preocupación entre la comunidad inmigrante luego de confirmarse que la Corte Suprema permitió la entrada en vigor de la ley SB 4 de Texas, por ahora.

» Dios mío, necesito que nos cuide a ver qué vamos a hacer», cuenta muy preocupada la señora Juana Salinas. » Tengo temor de que me deporten, yo tengo dos niños especiales».

Otros inmigrantes entrevistados por Univision 45 respondieron que están considerando seriamente en mudarse a otro estado.

¿Qué se puede hacer para detener la Ley SB 4 de Texas?

David Donatti, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, le pidió a todos los inmigrantes protegerse conociendo sus derechos.

Para el abogado lo más importante es que ahora los inmigrantes sepan cómo reaccionar y qué decir cuando sean detenidos por oficiales en Texas.

Además, aclaró que ACLU ya se está moviendo y posiblemente mañana 20 de marzo van a poder expresar nuevamente sus argumentos en el Quinto Circuito de Apelaciones y no esperar hasta el 13 de abril.

¿Qué hará la Ley SB 4 de Texas?

Esta nueva ley autoriza a policías no capacitados a implementar las leyes de inmigración.
Se permite a la policía de Texas detener a personas sospechosas de no ser ciudadanos estadounidenses y de ingresar, o intentar ingresar, sin autorización a Texas desde México.
La policía puede acusar a personas de un nuevo delito estatal de “entrada ilegal” a Texas, sancionable con hasta 6 meses de cárcel.
La ley también autoriza — y en algunos casos exige — a los jueces de Texas, a ordenar la deportación de personas bajo ciertas circunstancias.

Recomendaciones de ACLU para los inmigrantes por la Ley SB 4

Recuerde, que generalmente usted tiene el derecho de permanecer callado si un oficial de policía lo detiene y le hace preguntas.

Si lo detienen mientras conduce, debe proporcionar al oficial información que lo identifique
Recuerde que no tiene que responder a ninguna pregunta sobre su situación migratoria, dónde nació o cómo entró en el país.
Nunca debe dar a un agente un documento falso ni mentir a las fuerzas del orden.

La SB 4 prohíbe su aplicación en ciertos lugares, incluyendo una escuela primaria o secundaria pública o privada; una iglesia, sinagoga u otros lugares de culto establecidos; un centro de salud; y un centro SAFE-ready.

Juez bloquea orden que permitió a policías detener vehículos que transporten inmigrantes en Texas

Una jueza de distrito de El Paso (Texas) bloqueó temporalmente el martes una orden emitida por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que otorgó poderes extraordinarios a los policías de ese estado fronterizo para detener vehículos si los agentes tenían sospecha razonable que en su interior transportaran a inmigramtes indocumentados.

Abbott argumentó la orden señalando que era para evitar la propagación del covid-19 debido a una crisis que se vive en la frontera con la llegada de miles de inmigrantes que vienen en busca de asilo y que el gobierno de Joe Biden no ha logrado frenar.

La orden temporal, emitida por la jueza de distrito Kathleen Cardone, de El Paso, constituye una victoria a corto plazo para el gobierno de Biden, que a finales de julio demandó la orden del gobernador de Texas argumentando que “pone en peligro la seguridad de los no ciudadanos bajo custodia federal”, poniendo además “en riesgo la seguridad del personal de las fuerzas del orden público federal y sus familias, y exacerbando la propagación del covid-19 en nuestras comunidades”.

La Casa Blanca había dicho que el plan de Abbott, un fuel defensor de la política de tolerancia cero del expresidente Donald Trump, generaría más problemas en la frontera en medio de un fuerte rebrote de casos de covid-19, además de dificultades para procesar los cientos de casos de inmigrantes detenidos por agentes federales.

El fallo

La jueza Cardone dijo en el fallo que «la Orden Ejecutiva (emitida por el gobernador Abbott) causa un daño irreparable a Estados Unidos y a las personas que Estados Unidos están encargados de proteger, poniendo en peligro la salud y la seguridad de los no ciudadanos bajo custodia federal”.

“La Corte consideró la Moción de Emergencia para una orden de restricción o medida cautelar preliminar”, indica el fallo. “Existe una buena causa para creer que tendrá jurisdicción sobre todas las partes, y el lugar en este distrito es el adecuado”, indicó.

La jueza Cardone dijo además que la orden ejecutiva de Abbott “viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución porque entra en conflicto y representa un obstáculo a la ley federal de inmigración; y regula directamente las operaciones del gobierno federal”.

“La Orden Ejecutiva causa un daño irreparable a Estados Unidos y a personas que Estados Unidos tiene la responsabilidad de proteger, pone en peligro la salud y seguridad de los no ciudadanos bajo custodia federal, pone en riesgo la seguridad del personal de las fuerzas del orden público federal y sus familias, y exacerba la propagación de COVID-19”, añade.

El dictamen dice que “permanecerá en vigor hasta el día 13 de agosto de 2021, a las 8:00 am, o hasta una fecha posterior que pueda ser prorrogada por la Corte o acordado por las partes”.

Estaba advertido

El Departamento de Justicia había advertido a finales de julio que el hecho de que Abbott emitiera una orden que permite detener cualquier vehículo “bajo sospecha razonable» de que transporta migrantes, es una clara violación a la Cláusula de Supremacía de la Constitución, la cual precisa que la legislatura estatal prevalece por sobre las estatales.

«El Departamento de Justicia ganó esta batalla, pero debe desafiar todas y cada una de las políticas antiinmigrantes del gobernador Abbott, incluida la Operación Lonestar», dijo Anita Gupta, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC).
“No se puede permitir que el gobernador Abbott continúe con su odiosa campaña contra los inmigrantes. Si no se controla ni se cuestiona, no hay duda de que él y otros estados dirigidos por funcionarios antiinmigrantes continuarán con sus ataques racistas», indicó.

El ILRC dijo además que “la falsa narrativa de Abbott, de que los inmigrantes propagan el COVID-19, es indignante, especialmente cuando continúa denunciando las recomendaciones sobre el uso de mascarillas, y afloja el distanciamiento social y otras restricciones recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)”.

Clima tenso

El fallo que anula por ahora la vigencia de la orden ejecutiva del gobernador Abbott y se da en medio de una fuerte disputa entre Texas y el gobierno de Biden por el manejo de la crisis migratoria en la frontera con México, y que tiene al estado sureño en el centro del debate.

La jueza Cardone también dijo en el dictamen que la orden de Abbott tendría el efecto de «exacerbar la propagación del COVID-19».

Cardone programó otra audiencia para la próxima semana, en donde los abogados del gobernador y del Departamento de Justicia presentarán nuevos argumentos.

Otra preocupación que inquieta a ambas partes en la disputa jurídica es la propagación de infecciones de la variante delta del coronavirus, que en las últimas semanas ha elevado las cifras de infecciones y hospitalizaciones, estableciendo récords en varios estados.

El lunes los CDC volvieron a activar los poderes de emergencia que facultan la permanencia del Título 42 del Código de Estados Unidos, que permite a las autoridades federales expulsar a las familias en la frontera con el argumento de que previene la propagación del coronavirus.

En la demanda, el gobierno acusó a Abbott de potencialmente empeorar la propagación del COVID-19, diciendo en documentos judiciales que impedir el traslado de migrantes prolongaría la detención de niños no acompañados en instalaciones «cada vez más abarrotadas», reportó

Fuente: Jorge Cancino

Horribles Condiciones Para Migrantes Detenidos

A medida que va en aumento el número de menores migrantes no acompañados que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, cientos de ellos han permanecido en instalaciones de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. no aptas para ellos.

El gobierno de Biden no ha permitido que periodistas visiten de manera independiente estas instalaciones. Sin embargo, varios legisladores estuvieron en dichos lugares. De hecho, el representante demócrata Henry Cuéllar proporcionó estas imágenes que revelan las condiciones de decenas de niños y adultos en una instalación que desbordó el límite de su capacidad en Donna, Texas.

Para este domingo, 822 menores se encontraban detenidos en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, en condiciones similares a las de una cárcel y durante más de 10 días. La cantidad de niños retenidos durante un período prolongado ha aumentado casi a diario. Mientras, el gobierno lucha por encontrar lugares adecuados para acomodarlos, en medio de las limitaciones relacionadas con la pandemia de coronavirus.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, evitó mencionar un plazo para que los menores en la frontera se alojen en condiciones más humanas. A pesar de la presión, en el programa «State of the Union», Mayorkas solo dijo que será «lo antes posible».

El funcionario le dijo a Bash que el gobierno de Biden «trabaja día y noche para sacar a esos niños de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza». Y ponerlos «al cuidado y custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos que les da albergue», añadió.

«Desde el principio, he dicho repetidamente que una estación de la Patrulla Fronteriza no es lugar para un niño», sostuvo Mayorkas.

A principios de febrero, la CBP anunció la apertura de una instalación menos severa en Donna, con el objetivo de procesar a las personas. Este centro es diferente a las típicas estaciones de la Patrulla Fronteriza y proporciona zonas para comer y dormir, según la agencia.

Sin embargo, el creciente número de migrantes que llegan a la frontera ha sobrepasado los recursos de la administración. Lo que ha provocado condiciones de hacinamiento.

El tiempo promedio que los niños no acompañados permanecen bajo custodia sigue rondando las 130 horas, según muestran los documentos. Se trata de una cifra que supera el límite legal de 72 horas. Sin embargo, la cantidad de niños bajo la CBP se redujo ligeramente a poco menos de 4.900, de acuerdo a los registros.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas el lunes que las fotos «muestran lo que hemos estado diciendo durante mucho tiempo: que es que estas instalaciones de la Patrulla Fronteriza no son lugares hechos para niños». Psaki agregó que la administración continúa enfocándose en implementar soluciones que incluyen agilizar los procesos y abrir instalaciones adicionales a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

«Nuestra alternativa es enviar a los niños de regreso a este viaje traicionero», agregó.

Detención de Migrantes se Reduce un 75%

Las detenciones de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos caen un 75% en seis meses
Los acuerdos forzados de Trump con México y países centroamericanos logran frenar la ola migratoria

Trump llega a un acuerdo migratorio con México y retira la amenaza de aranceles

El escenario en la frontera de Estados Unidos con México ha cambiado drásticamente aunque haya pasado medio año. El punto más alto de la crisis migratoria lo marcaron las 132.000 detenciones en mayo, una cifra que no se había visto en los últimos 13 años. Pero aunque haya pasado solo medio año, las caravanas son un recuerdo lejano. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense informó este lunes que en noviembre detuvieron a 33.510 inmigrantes, encadenando la sexta disminución mensual consecutiva. La caída del 75% desde mayo es la segunda más grande a nivel porcentual de cualquier período de seis meses en lo que va de siglo

La racha se debe a una serie de acuerdos logrados por el presidente Donald Trump con algunos de sus vecinos de la región, principalmente con el Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, que reforzó los controles extranjeros y militarizó su frontera en el sur para evitar una subida arancelaria de parte de Washington.

La ola migratoria que llegó a la frontera de Estados Unidos esta primavera trajo consigo a un nuevo perfil de inmigrantes. Ya no eran hombres solos que venían de México en busca de una oportunidad laboral. Ahora eran en su mayoría familias centroamericanas escapando de la violencia y pobreza de sus países. Para frenarlos, Trump primero forzó el acuerdo en junio con México y en julio con Guatemala. Al país centroamericano también lo amenazó con imponer aranceles comerciales si no hacía lo que le pedía: convertirse en tercer país seguro. Esto significa que los que quieran buscar refugio o asilo en Estados Unidos y que previamente han pasado por Guatemala deberán solicitarlo y esperar en este último país. Washington también ha llegado a acuerdos similares con Honduras y El Salvador, aunque todavía no entran en vigor.

El director interino de la seguridad de fronteras de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, cuestionado este martes en una rueda de prensa en Washington sobre el riesgo para los inmigrantes de esperar mientras se resuelve su proceso de asilo en los países de los que estaban escapando por inseguros, respondió: «El viaje que emprenden hacia EE UU es de por sí muy inseguro y riesgoso. La única manera de que no se expongan a los abusos es que no se produzca el viaje. Los desafíos que ellos enfrentan también los tienen otros países. Estados Unidos tiene lugares a los que yo no iría. Desafortunadamente, varios. Pero al igual que esos países también tienen zonas seguras que funcionan bien. Nosotros queremos asegurarnos de que se queden lo más cerca de casa posible, para que cuando se sienten seguros decidan, voluntariamente, volver a su hogar».

El mensaje de Cuccinelli enfatizó en que quienes soliciten una entrada legal al país tienen verdaderas opciones. Sostuvo que durante el año fiscal de 2019 se convirtieron en ciudadanos estadounidenses 800.000 inmigrantes. Y que el año pasado fueron sobre 760.000. «La suma de los dos primeros años fiscales completos de la Administración son las cifras más altas de nuevos ciudadanos, comparadas con cualquier presidente en la historia en el mismo rango de tiempo». Pero en agosto, el mismo Cuccinelli, dio a conocer el endurecimiento de los requisitos para obtener la residencia a los inmigrantes legales que reciben ayudas sociales, como el programa gratuito de salud Medicaid o los cupones de alimentos. La norma amplía la definición de «carga pública» para reducir los permisos de residencia legal o green card a quienes «dependen de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades».

La detención prolongada causará “daños profundos” a los migrantes, advierten organizaciones

Abogados temen que la decisión del gobierno de modificar el Acuerdo Judicial Flores, además de dañar el debido proceso migratorio de los niños, aumente el atasco en las cortes de inmigración que tienen acumulados casi 900,000 casos.

“La detención prolongada causa un daño profundo y bien documentado al bienestar físico y mental de los niños y las familias y, a pesar de lo que afirma el gobierno, no actuará como un elemento disuasorio”, indicó Marketa Lindt, presidenta de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Se trata de una de tantas reacciones al anuncio hecho por el gobierno de Donald Trump de modificar el Acuerdo Judicial Flores para mantener detenidos por tiempo indefinido a las familias migrantes con niños en la frontera, algo, que según reitera Lindt, “debilita aún más los estándares básicos de vida y cuidado que ofrecen estas poblaciones vulnerables”,

El miércoles, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dijo que el gobierno ya no seguirá cumpliendo con el Acuerdo Judicial Flores de 1997 en lo que respecta al plazo máximo de 20 días de privación de libertad de migrantes menores.

La nueva norma, que será publicada en viernes en el Registro Federal, indica que los migrantes serán detenidos por tiempo indefinido hasta que concluyan sus procesos de inmigración.

Los argumentos oficiales

El gobierno de Trump atacó desde un comienzo de su mandato el Acuerdo Judicial Flores y una ley de protección de tráfico humano de 2008 (TVPRA), beneficios que tilda de “vacíos” o “lagunas” legales porque no le permiten deportar aceleradamente a menores, sino que le exigen recibir sus protecciones de asilo y que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en Estados Unidos.

También obliga al gobierno a tenerlos en centros de detención adecuados, darles atención médica, alimentación y cuidados especiales, al tiempo de ofrecerles información y acceso a representación legal para defender sus permanencias en el país.

Trump, sin embargo, asegura que los migrantes se han aprovechado de estas protecciones para llegar en masa a la frontera y abusar de ambas protecciones, pero no menciona que se trata de migrantes que están huyendo de sus países a causa de la violencia y la pobreza, y buscan asilo para salvar sus vidas.

“Las mujeres y las familias continuarán huyendo de los niveles extremos de violencia y persecución que amenazan la vida en sus países de origen para buscar protección en los Estados Unidos», advirtió Lindt.

Violación de valores

Por su parte, Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, dijo que “esta regulación es una violación de los valores fundamentales de Estados Unidos y una reversión completa del Acuerdo Flores que canalizará miles de millones en dólares de los contribuyentes a prisiones privadas para encarcelar a niños y familias, a pesar de la existencia de alternativas de detención más efectivas y humanas”.

Johnson dijo que además que “en lugar de intentar detener a las familias por períodos más largos en condiciones que han demostrado repetidamente ser inhumanas o ilegales, el gobierno debería aumentar la capacidad del sistema de asilo, ampliar las alternativas rentables y humanas a la detención, y apoyar soluciones a largo plazo que abordar las causas profundas de la violencia que obligan a las personas a huir de sus países de origen».

AILA teme además que la nueva regulación, que entrará en vigor 60 días después de ser publicada en el Registro Federal, colapse aún más los tribunales de inmigración, que en junio ya tenían casi 900,000 casos para 440 jueces, sin contar unos 350,000 expedientes de cancelación administrativa que fueron reabiertos el año pasado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions.

Largos encierros

El Foro Nacional de Inmigración dijo que la nueva regla “permitirá la detención indefinida de niños con sus familias mientras esperan los procedimientos del tribunal de inmigración”. Y que el tiempo promedio de espera para que se escuche un caso hoy en día “es de aproximadamente dos años, y el tiempo de espera en algunas jurisdicciones promedió casi tres años a partir de junio de 2019”.

“Detener a las familias indefinidamente no es un sustituto humano de un acuerdo que requiere que el gobierno libere a los niños de la detención dentro de los 20 días. Los niños no deberían estar en detención de inmigrantes durante años mientras esperan los procedimientos de inmigración de su familia”, dijo
Ali Noorani, director del Foro.

En similares términos se refirió al cambio Sindy Benavides, directora ejecutiva de LULAC. “La retirada del gobierno de Trump del Acuerdo Flores es otro ataque cruel y bajo que daña niños y familias de refugiados latinos”.

Advierten daños irreparables

La Asociación Americana de Psicología (APA) advirtió que el cambio anunciado por el gobierno tendrá un severo impacto en la salud mental de los migrantes, principalmente niños. “Permitir que los niños inmigrantes sean detenidos por más de 20 días, incluso con sus familias, es un intento equivocado de esta administración para detener el flujo a través de la frontera sur”, dijo «Jim» Díaz-Granados, PhD, director ejecutivo adjunto de la Asociación.

Agregó que “como hemos dicho repetidamente, los problemas de salud mental que los niños y sus familias experimentan como resultado de la detención están bien documentados. La investigación ha demostrado tasas más altas de ansiedad y depresión entre los niños detenidos en centros de detención. Un estudio encontró que los niños tenían hasta 10 veces más probabilidades de desarrollar un trastorno psiquiátrico si eran detenidos”.

Díaz-Granados dijo además que “la gran mayoría de estos niños ya han sufrido traumas antes de llegar a las instalaciones de inmigración, y cuanto más tiempo estén detenidos, más probable será que su salud mental continúe sufriendo”.

La APA pidió al Congreso que revoque esta regla, al igual que la nueva regla de carga pública anunciada la semana pasada.

Derechos vulnerados

Para el abogado Stephen Yale-Loehr, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, Nueva York, la revocación del Acuerdo Judicial Flores “pisotea los derechos de los niños migrantes y sus padres” y también “creará más caos en nuestro sistema de tribunales de inmigración que se encuentra abrumado” con alrededor de 900,000 expedientes acumulados.

“El presidente Trump parece no poder aprender de sus errores. Los tribunales federales han anulado casi todos los esfuerzos que esta administración ha hecho para reducir los derechos de los inmigrantes. ¿Cuándo se dará cuenta el presidente Trump de que los inmigrantes en los Estados Unidos tienen los derechos del debido proceso?”, se preguntó.

En California, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), dijo que “la nueva regla muestra que el gobierno de Trump no se detendrá ante nada para destrabar su abuso de los inmigrantes más débiles y expuestos».

«Esto es solo el último componente del esfuerzo total de Trump por la máxima crueldad hacia todos los inmigrantes, en particular los solicitantes de asilo y los refugiados», dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización.

Beth Werlin, directora ejecutiva del American Immigration Council, dijo que la medida “castigará a los niños y las familias que vienen a los Estados Unidos en busca de protección contra la persecución al permitir que el gobierno los detenga indefinidamente. Esta regla anunciada es inhumana, socava nuestros valores de compasión y equidad, y traumatizará innecesariamente a miles de niños y sus familias”.

Los niños deben estar libres

El Centro de Justicia de Tahirih indicó que la nueva regla anunciada por McAleenan “también permite al gobierno establecer sus propios estándares para las condiciones apropiadas dentro de los centros de detención”, y recordó que los expertos han dicho en reiteradas ocasiones que “los niños nunca deben ser encarcelados innecesariamente, incluso cuando están encerrados con sus padres”.

En el mismo sentido se pronunció la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). “La detención de niños puede provocar traumas, sentimientos suicidas y exposición a una atención médica peligrosamente inadecuada», dijo Clara Long, subdirectora interina de la entidad. «Ningún tiempo de detención es seguro para los niños, y la detención prolongada es particularmente dañina», añadió.

HRW dijo además que “el principio básico y el requisito del Acuerdo de Flores es que los niños migrantes detenidos deben ser liberados de la forma más expedita posible”. Y precisó que “la nueva norma prevé, en cambio, la detención indefinida de niños con sus padres en instalaciones federales de inmigración hasta que se resuelva su procedimiento de inmigración”.

«El gobierno de los Estados Unidos afirma que la detención familiar es necesaria para garantizar que las familias se presenten a los tribunales», dijo Long. «Pero el gobierno no ha hecho nada para ampliar los programas de gestión de casos basados en la comunidad que llevaron a la gran mayoría de las personas liberadas de la detención de inmigrantes a comparecer ante el tribunal. El gobierno debería ampliar drásticamente esos programas, no buscar formas de aumentar la detención abusiva de niños», indicó.

Fuente: Jorge Cancino

Cierran Centro de Detención de Migrantes Después de Muerte

El personal médico del centro de procesamiento en McAllen, Texas, detectó fiebre alta y «signos de una enfermedad relacionada con la gripe» en los migrantes bajo custodia, por lo que dejó de recibir a personas detenidas.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dejó de recibir detenidos en su principal centro de procesamiento en McAllen, Texas, después de identificar «un gran número» de migrantes que sufren de síntomas similares a los de la gripe, anunció la agencia a última hora del martes.

La medida llega un día después de que un menor migrante de nacionalidad guatemalteca, que permaneció retenido durante seis días en el centro de procesamiento del Sector del Valle del Río Grande (RGV) y el domingo fue trasladado a la estación de Weslaco, falleciera después de haber sido diagnosticado con gripe.

«Para evitar la propagación de la enfermedad, el Sector del Valle del Río Grande ha suspendido temporalmente las operaciones de captación», dijo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en un comunicado, citado por el diario The Washington Post. «Las personas detenidas en el sector de RGV serán retenidas en otros lugares hasta que se resuelva esta situación», añadió la agencia.

El personal médico del centro detectó en los migrantes bajo custodia fiebre alta y «signos de una enfermedad relacionada con la gripe», mencionó el CBP, y ahora están proporcionando tratamiento médico a los enfermos. El portavoz del sector del Valle del Río Grande no dijo al Post cuántos migrantes fueron afectados por la enfermedad.

El centro de procesamiento de McAllen, un edificio donde los detenidos son mantenidos detrás de una cerca y duermen sobre esteras, está entre las instalaciones más concurridas a lo largo de la frontera sur.

El lunes por la mañana, un joven migrante de 16 años que había sido detenido previamente en la instalación de McAllen fue encontrado muerto en su celda en Weslaco. El menor fue identificado como Carlos Gregorio Hernández Vásquez, y había sido diagnosticado con influenza A un día antes, lo que llevó a los agentes de la Patrulla Fronteriza a aislarlo de otros detenidos, dijo un funcionario de la CBP a los periodistas.

Hernández fue detenido inicialmente el 13 de mayo después de cruzar la frontera cerca de Hidalgo, en Texas, con otras 70 personas. Luego fue llevado a McAllen, donde permaneció hasta el 19 de mayo, cuando la Patrulla Fronteriza lo transfirió a las instalaciones de Weslaco después de que un examen médico reveló que su salud no estaba bien.

La ley de Protección de Víctimas de Tráfico Humano aprobada en 2008 establece que «salvo circunstancias excepcionales» cualquier agencia que tenga en custodia a un menor extranjero no acompañado debe transferirlo al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en no más de 72 horas (tres días). Es decir, que Hernández debió haber sido trasladado a un albergue desde el jueves 16 de mayo.

Con su muerte, son ya cinco los menores guatemaltecos fallecidos en solo cinco meses bajo custodia de autoridades migratorias. La primera ocurrió en diciembre de 2018, Jakelin Caal, una niña de 7 años; luego siguieron Felipe Gómez Alonzo, de 8 años, muerto el mismo mes; Juan de León Gutiérrez, de 16 años, que murió en abril; y un niño de 2 años, fallecido en mayo.

Las organizaciones como RAÍCES y la ACLU han señalado la responsabilidad de las autoridades migratorias por la salud de los detenidos que tienen bajo custodia. John Sanders, comisionado interino de la CBP, dijo que la agencia estaba «entristecida por la trágica pérdida de este joven y nuestras condolencias están con su familia».

Detienen a Dueño de Wikileaks

+ El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo el 11 de abril de 2019 que su país había tomado la decisión de retirar el asilo político a Julian Assange. Assange fue arrestado en Reino Unido en 2012.

Tras casi siete años asilado en la embajada de Ecuador en Londres para escapar a la ira de Washington, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, perdió el jueves la protección de Quito y fue detenido por la policía británica en virtud de una “orden de extradición” de Estados Unidos.

“La policía metropolitana fue invitada a la embajada por el embajador” de Ecuador, afirmó Scotland Yard. Assange, de 47 años, fue trasladado “a una comisaría del centro de Londres donde permanecerá hasta que comparezca ante un juez cuanto antes”, precisó.

Imágenes de televisión mostraron como los agentes sacaban arrastrando a Assange, con larga barba blanca y el cabello recogido en una cola.

Las autoridades británicas lo buscaban desde 2012 por haber violado las condiciones de su libertad condicional cuando el 19 de junio entró en la legación ecuatoriana para escapar a una extradición a Suecia por acusaciones de presuntos delitos sexuales que acabaron siendo archivadas.

Pero en cuanto llegó a la comisaría, el peor temor de Assange se hizo realidad: allí fue detenido una segunda vez “en nombre de las autoridades estadounidenses” que emitieron “una orden de extradición” en su contra.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, había afirmado poco antes haber solicitado “a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a ningún país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte”. “El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas”, agregó.

El mandatario explicó asimismo que “Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia”.

La plataforma WikiLeaks, famosa desde que en 2010 difundió cientos de miles de documentos secretos del ejército y la diplomacia de Estados Unidos, afirmó que Estados Unidos trabajaba con Ecuador para obtener la extradición de Assange y juzgarlo. Y llevaba días advirtiendo de que su fundador iba a ser expulsado de la legación.

El gobierno de Ecuador había calificado la semana pasada de “insultantes” las afirmaciones de que tenía un acuerdo con Londres para entregarle a Assange.

Ya en 2012, el experto informático afirmaba que la acusaciones presentadas en Suecia no eran más que un plan de Estados Unidos para lograr extraditarlo y juzgarlo por la publicación de los documentos, que pusieron a Washington en un fuerte compromiso.

Los defensores de Assange temen que si es juzgado por traición o divulgación de secretos pueda ser condenado en Estados Unidos a la pena capital.

El entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017) aceptó este argumento y tras dos meses de encierro en la embajada le otorgó el asilo diplomático en agosto de 2012.

Pero Moreno, ex aliado de Correa que se giró contra él, ha revisado prácticamente todas las políticas de su antecesor, incluida la de abierta crítica a Estados Unidos.

La detención de Assange desató una ola de reacciones. WikiLeaks denunció la retirada del asilo por Quito como “ilegal” y “en violación del derecho internacional”.

“Lenín Moreno, nefasto presidente del Ecuador, ha demostrado su miseria humana al mundo, entregando a Julián Assange -no solo asilado, sino también ciudadano ecuatoriano- a la policía británica”, tuiteó por su parte Correa, que ahora vive asilado en Bélgica.

“Los derechos humanos y especialmente la libertad de expresión están siendo atacados una vez más en Europa”, tuiteó el líder independentista catalán Carles Puigdemont, residente también en Bélgica.

El ex consultor de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA), Edward Snowden, asilado en Rusia por revelación de secretos, lamentó un “día sombrío para la libertad de prensa”.

Y una de las presuntas víctimas sexuales de Assange en Suecia pidió que reabriese la investigación archivada.

Desde hacía ya muchos meses la situación entre Quito y el australiano de 47 años era cada vez más tensa. Hartos de que Assange se injiriese en los asuntos internos de Ecuador y de otros países desde la embajada, en octubre las autoridades ecuatorianas le impusieron un protocolo de conducta que limitaba su acceso a internet e imponía un estricto control a sus visitas.

Sus defensores afirmaron que esto vulneraba sus “derechos fundamentales”, que se censuraba “su libertad de opinión, expresión y asociación” condicionándola al asilo e incluso denunciaron que lo espiaban, tenían miles de fotografías y vídeos de sus encuentros en la legación y “muy probablemente” los compartieron con la administración del estadounidense Donald Trump.

Según dos cartas difundidas por WikiLeaks a la prensa, el embajador le había advertido de su comportamiento el 4 y el 20 de febrero por impedir que los sistemas de seguridad de la embajada registrasen sus visitas en una ocasión dirigiendo hacia una cámara un potente foco de luz y en otra con una radio a todo volumen.

Pero lo que podría haberle costado el asilo es la sospecha de Quito de que WikiLeaks pirateó las comunicaciones de Moreno y las de su familia para filtrar fotos, videos y conversaciones privadas, que dieron munición a sus opositores entre acusaciones de corrupción que Moreno niega.