TikTok Demanda al Gobierno de EEUU

La plataforma de vídeos cortos TikTok, y su empresa propietaria, la china ByteDance, han presentado una demanda ese martes contra el Departamento de Justicia estadounidense para paralizar la ley que obliga a la casa matriz a vender su app, que de otro modo quedaría prohibida en territorio estadounidense.

La demanda, que TikTok ha presentado en el tribunal de apelaciones del circuito de Washington y que se esperaba desde que se promulgó la medida hace dos semanas, alega que la ley es parcialmente inconstitucional. Según la compañía, la medida perpetra una “violación sin precedentes” de la libertad de expresión, protegida en la primera enmienda de la Constitución. “Por primera vez en la Historia, el Congreso ha aprobado una ley que somete a una única plataforma, citada por nombre, a una prohibición permanente en todo el territorio nacional”, sostiene la app. La nueva ley también “prohíbe a cada estadounidense participar en una comunidad única en internet formada por más de mil millones de personas en todo el mundo”, según la empresa.

La plataforma también sostiene que la venta que exige la nueva ley “simplemente no es posible”. “Ni comercial, ni tecnológica, ni legalmente”.

La ley argumenta la seguridad nacional para justificar la necesidad de que la app, utilizada por más de 75 millones de estadounidenses según los datos de la compañía, se traspase a otros propietarios o se cierre. TikTok replica que ello no es una razón suficiente para restringir el derecho a la libertad de expresión, y que el Gobierno no ha demostrado que esa restricción sea necesaria.

El Gobierno de Estados Unidos asegura que con la ley no se pretende forzar el cierre de la aplicación, sino su venta, para proteger el uso que los propietarios de la plataforma puedan hacer de los datos de millones de sus ciudadanos. “En lo que nos centramos a la hora de aplicar esta ley ahora es en trabajar para una desinversión de modo consistente con la intención de la ley y con las preocupaciones de seguridad nacional que la hicieron aprobarse”, señalaba el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en una rueda de prensa inmediatamente después de que la medida quedara promulgada.

La nueva ley concede a ByteDance nueve meses para deshacerse de su creación más popular en Occidente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puede añadir una prórroga de tres meses más, hasta completar un año, si le parece que se han ido logrando progresos suficientes. Pero la demanda paraliza esa cuenta atrás y vuelve a poner el reloj a cero hasta que se resuelva la disputa.

Entre las preocupaciones de los legisladores se ciernen las denuncias sobre el comportamiento de adicción que la app causa entre sus usuarios, especialmente entre los adolescentes, y sus supuestos efectos nocivos en la salud mental. Pero, también, el que sea de propiedad china. Los críticos de TikTok denuncian que el Gobierno chino podría hacerse con facilidad con los datos de los millones de usuarios estadounidenses que tienen descargada la aplicación. O emplearse para la diseminación de propaganda, información falsa o algún otro tipo de influencia encubierta.

El Gobierno estadounidense no ha presentado públicamente pruebas que demuestren que el Gobierno chino haya podido acceder a los datos de ciudadanos estadounidenses en poder de TikTok. Los parlamentarios en el Capitolio sí han recibido sesiones informativas a puerta cerrada.

TikTok replica que ha introducido mecanismos de control en su plataforma para que los padres puedan sentirse tranquilos sobre el uso que sus hijos hacen de ella. También niega que permita el acceso del Gobierno chino a los datos estadounidenses, y sostiene que la prohibición violaría el derecho a la libertad de expresión.

Casa Blanca Ordena Quitar TikTok de Dispositivos Móviles del Gobierno

La Casa Blanca estableció el lunes un plazo de 30 días para que todas las agencias federales eliminen la app de TikTok de todos los dispositivos gubernamentales en momentos en que aumenta el escrutinio de Washington sobre la plataforma de redes sociales de propiedad china por preocupaciones de seguridad.
Oficina de Administración y Presupuesto se refirió a la medida como un “paso crucial para abordar los riesgos que representa la app para información gubernamental delicada”. Algunas agencias, incluidos los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional, y de Estado, ya han implementado restricciones. La orden señala que el resto de las agencias del gobierno federal deben hacer lo mismo en los próximos 30 días.

La Casa Blanca no permite TikTok en sus dispositivos.

“El gobierno Biden-Harris ha hecho una gran inversión en la defensa de la infraestructura digital de nuestro país y en el evitar el acceso de adversarios extranjeros a datos estadounidenses”, dijo Chris DeRusha, el director federal de seguridad de información. “Esta directriz es parte del compromiso actual del gobierno para asegurar nuestra infraestructura digital y proteger la seguridad y privacidad del pueblo estadounidense”.

El Congreso aprobó la “Ley de No TikTok en Dispositivos de Gobierno” en diciembre como parte de un radical paquete de fondos gubernamentales. La iniciativa permite el uso de la plataforma en ciertos casos, incluidos por motivos de seguridad nacional, aplicación de la ley e investigación.

“La prohibición de TikTok en dispositivos federales se aprobó en diciembre sin deliberación alguna, y desafortunadamente esa postura ha servido como guía para otros gobiernos a nivel mundial. Estas restricciones son poco más que politiquerías”, dijo la portavoz de TikTok, Brooke Oberwetter, el lunes.

Se tiene previsto que los republicanos en la Cámara de Representantes avancen el martes una iniciativa que le daría a Biden la facultad para prohibir TikTok en todo el país. El proyecto de ley, propuesto por el representante Mike McCaul, busca evitar las impugnaciones que enfrentaría el gobierno en los tribunales si procede con las sanciones contra la compañía de redes sociales.

Gobierno de Cuba Prohíbe Marcha Pacífica

Decenas de personas habían solicitado permiso para protestar contra las autoridades, en un acto inédito en la isla

Después de días jugando al ratón y al gato, el Gobierno cubano por fin ha dado respuesta oficial a los promotores de una marcha opositora pacífica convocada para el próximo 15 de noviembre en diferentes lugares del país: un rotundo no. Decenas de personas organizadas en torno a la plataforma Archipiélago, fundada por el dramaturgo Yunior García tras las protestas del pasado 11 de julio, habían pedido permiso a las autoridades para realizar ese día manifestaciones pacíficas en diversas ciudades y pueblos de Cuba. Los motivos para las movilizaciones eran en reclamo de “la liberación de todos los presos políticos, el fin de la violencia, que se respeten todos los derechos de todos los cubanos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”.

La convocatoria, inédita en Cuba –nunca antes se había pedido permiso oficial para realizar una marcha abiertamente opositora-, estaba prevista inicialmente el 20 de noviembre, pero tras darse a conocer la fecha el Gobierno anunció unos ejercicios militares entre el 18 y el 20 de noviembre en todo el país sin hacer referencia a la manifestación contestataria. De inmediato, Archipiélago interpretó el movimiento como un mensaje indirecto y “una amenaza”, y cambió la fecha para el 15. Este martes llegó la prohibición expresa: el Ejecutivo no reconoce “legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha”, que considera una “provocación” con “fines desestabilizadores”.

Yunior García, como el resto de los activistas que presentaron cartas ante diversos gobiernos municipales solicitando permisos, invocaron para marchar el 15-N el artículo 56 de la Constitución, que ampara el derecho de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos. En el espíritu y el imaginario de esta bautizada como Marcha pacífica por el cambio estaba el antecedente de las manifestaciones de protesta que sacudieron la isla el pasado 11 y 12 de julio, pero a diferencia de entonces, cuando la explosión de malestar de la población por las penurias económicas sufridas y en demanda de libertad fue espontánea, ahora conllevaba un reto político explícito, pues existía un reclamo abierto al Gobierno de respetar los espacios legales existentes para expresar pacíficamente en las calles su disconformidad con el sistema.

“Queda claro con esta respuesta que el Gobierno no está dispuesto a entablar ningún tipo de diálogo civilizado ni de abrir espacios políticos a los ciudadanos”, aseguró García horas después de recibir la notificación del intendente de La Habana Vieja, Alexis Acosta, prohibiendo la marcha que él y una veintena de firmantes habían convocado en la capital. Esta pretendía recorrer en silencio el malecón y algunas calles del centro histórico para depositar una ofrenda floral ante la estatua de José Martí en el Parque Central, al lado de la sede del Parlamento, acto en el que calculaban la participación de unas 5.000 personas.

En la carta, similar a la que recibieron el martes los promotores de movilizaciones en Santa Clara, Cienfuegos y otras ciudades del país, la autoridad municipal responde a García que “los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba”. A juicio de Acosta, “ello reafirma que la marcha anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe en simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de ‘cambio de régimen’ para Cuba, ensayada en otros países”.

La respuesta oficial insiste en que “apenas se anunció, la marcha recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar”. Tras reproducir el mantra usual de mercenarismo empleado para desacreditar a los opositores políticos, el intendente de la Habana Vieja invoca la propia Constitución para prohibir la manifestación. “En su artículo 4, se define que ‘el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable’, por lo cual toda acción ejercida en su contra es ilícita”, dice, desautorizando el argumento de los convocantes de que el artículo 56 de la Carta Magna les respalda el derecho a la manifestación pacífica. “Si bien se invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha”, asegura Acosta.

Cerrada ya de forma tan contundente esta puerta, García y los miembros de Archipiélago debaten ahora qué hacer. “Es una barbaridad, ellos mismos desautorizan al presidente del Tribunal Supremo [Rubén Remigio Ferro], que tras las protestas de julio dijo que aquí no era delito pensar diferente, sino un derecho reconocido constitucionalmente. Si a alguien creía que Cuba solo tenía algunos déficits democráticos, ya está claro que no. Estamos ante un régimen totalitario que excluye a todo aquel que piensa diferente, todavía hay cientos de detenidos del 11-J”.

García y varios miembros de la plataforma formaron parte de las inéditas protestas de artistas que el 27 de noviembre del año pasado y el pasado 27 de enero reclamaron ante el Ministerio de Cultura mayores espacios de libertad y el cese del hostigamiento policial contra los miembros del llamado Movimiento San Isidro –cuyo líder, Luis Manuel Otero Alcántara está preso desde las manifestaciones del 11J-. En su agenda política está promover cambios políticos en Cuba por medios legales y pacíficos, incluyendo marchas en las calles como la del 15-N, quizás el primer gran pulso en esta estrategia.

En momentos en que en el país crece el malestar y el descontento por la crítica situación económica, algunos pensaron que esta vez, tras la convulsión del 11-J, era posible el milagro de que el Gobierno recogiera el guante y autorizará la marcha. Ha quedado claro que no. “La Constitución de la República fue debatida ampliamente y aprobada en referendo por el 86,85 por ciento de los votantes, abrumadora mayoría que escogió de manera soberana y libre el sistema socialista, su irrevocabilidad y el derecho de combatir por todos los medios contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido”, respondió el intendente de La Habana a Yunior García en su carta. Está por ver cuál será el próximo capítulo de este inédito pulso político en Cuba que sólo acaba de comenzar.

Gobierno Va En Contra Inmigrantes

+ Gobierno anuncia norma que prohíbe a “miles” de inmigrantes pedir asilo y acelera deportaciones
+ La regulación aplicará los acuerdos de asilos firmados entre EEUU y países centroamericanos

El Gobierno de Estados Unidos publicó este martes una norma interina para facilitar la aplicación de los acuerdos de asilo alcanzados por la Administración del presidente Donald Trump con El Salvador, Guatemala y Honduras.

La normativa, que estará abierta a comentarios hasta el próximo 19 de diciembre, prevé cambios en materia de deportación y asigna tanto a los funcionarios como a los jueces de inmigración la tarea de evaluar las condiciones más apropiadas según el tipo de solicitante.

En concreto, la normativa apunta que los solicitantes tengan acceso a “solo uno de los sistemas de protección de los países signatarios” de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA, en inglés), como se denominan los pactos suscritos entre EEUU y esos Estados centroamericanos, para lo que se adopta la deportación acelerada.

Bajo un acuerdo migratorio, y según regulaciones estadounidenses, se prohíbe que un extranjero sujeto a un ACA solicite asilo en EEUU, con lo que se estipula su expulsión “a un país que proporcionará acceso a un procedimiento completo y justo para determinar el reclamo de protección”.

Además, establece la autoridad de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para determinar si los extranjeros son aptos para solicitar asilo bajo esos convenios, y de los jueces de inmigración en materia de deportación.

La norma se aplicará a los extranjeros que lleguen a un puerto de entrada de EEUU o intenten hacerlo y soliciten asilo, aunque podrán decidir si abandonan su petición antes de que sea considerada bajo uno de los acuerdos con los países centroamericanos.

La información añade que el sistema de asilo de EEUU está “sobrecargado” debido a la llegada de “miles” de migrantes en los últimos años, lo que ha contribuido a un retraso de 987,198 casos migratorios pendientes de resolución, entre ellos 474,327 de asilo.

“Las solicitudes de asilo de extranjeros de El Salvador, Guatemala y Honduras representan más de la mitad de los casos de asilo pendientes”, agrega el documento sobre los países del llamado “Triángulo Norte” de Centroamérica.

La Administración de Trump firmó el pasado 26 de julio un acuerdo de cooperación de asilo con Guatemala, lo que repitió el 20 de septiembre con El Salvador y cinco días después, con Honduras.

Al referirse a esta norma, Melissa Crow, abogada del Southern Poverty Law Center, consideró en un comunicado un “ultraje” que se envíe a inmigrantes vulnerables a “países que son claramente incapaces de brindar protección o incluso seguridad básica”.

“No hay duda de que los hombres, mujeres y niños que huyeron de la persecución y la violencia y sufrieron peligrosos viajes para buscar refugio en Estados Unidos sufrirán y morirán como resultado de esta política”, advirtió.

El Gobierno de Puerto Rico Duró 5 Días

+ La decisión del máximo tribunal de la isla pone fin al debate jurídico que abrió la asunción de Pedro Pierluisi el viernes pasado, al hacerse efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló tras masivas protestas. El fallo judicial, sin embargo, regresa a Puerto Rico al punto cero pues le corresponde tomar el sillón ejecutivo a la controversial secretaria de Justicia que ya algunos puertorriqueños advirtieron repudiarán con nuevas manifestaciones.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró este miércoles nula la juramentación de Pedro Pierluisi, convirtiendo su gobernación de cinco días en la más breve de la historia reciente de la isla. La decisión de la máxima corte pone fin al inédito debate jurídico que abrió la asunción de Pierluisi al hacerse efectiva la renuncia de Ricardo Rosselló, pero paradójicamente avivaría las protestas del pasado mes, pues le corresponde asumir el poder a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, rechazada por muchos puertorriqueños.

El Supremo decidió que Pierluisi, un exdelegado de Puerto Rico en Washington, interpretó incorrectamente una enmienda del 2005 que sugiere que un secretario de Estado puede, de ser necesario, reemplazar a un gobernador sin haber sido confirmado por la Cámara de Representantes y el Senado. Los jueces dejaron claro que eso solo puede ocurrir cuando la cabeza de la secretaría de Estado cuenta con el aval de ambas cámaras de la Legislatura.

«Resolvemos unánimemente que la enmienda de la ley para relevar al secretario de Estado del requisito de confirmación para ocupar en propiedad la vacante en el puesto de gobernador es inconstitucional», estableció el Tribunal Supremo.

El abogado de 60 años recibió a contrarreloj luz verde en la Cámara Baja el viernes pasado, una hora antes de que fuese efectiva la renuncia de Rosselló, cuyo gobierno se desplomó en dos semanas acorralado por masivas protestas tras acusaciones de corrupción en su administración y la revelación de un chat con insultos homófobos y machistas entre él y diez aliados cercanos, todos hombres.

Pero faltó que el Senado aprobara la designación de Pierluisi como secretario de Estado, para que pudiese entonces suceder a Rosselló cumpliendo con la Constitución. Sin haber recibido el beneplácito senatorial, Pierluisi juramentó a puertas cerradas en casa de su hermana y poco después reconoció en su primera conferencia de prensa –en la mansión ejecutiva conocida como La Fortaleza, en el Viejo San Juan– que ello podía ser desafiado en un tribunal.

Furioso, el presidente de la Cámara Alta, Thomas Rivera Schatz, decidió este lunes no votar el nombramiento de Pierluisi a la secretaría de Estado asegurando que le faltaban votos y dejando en manos del Supremo su futuro en la gobernación.

En varios encuentros con la prensa, Pierluisi se mostró tranquilo, afirmó que buscaba traer estabilidad en medio de la profunda crisis política y se comprometió a respetar la decisión de los jueces supremos.

Pierluisi despertaba escozor dentro del oficialismo y en las calles, debido a que como abogado de un bufete asesoró a la junta de supervisión fiscal impuesta por Washington ha puesto en marcha recortes repudiados por muchos puertorriqueños y ha sido catalogada como enemiga del pueblo. También le criticaron el haber hecho lobby a favor de al menos una empresa privada que fue investigada en la Legislatura.

Sin embargo, en los últimos días había crecido el apoyo de quienes lo veían como un político experimentado que podía traer estabilidad en medio de la incertidumbre y hasta que sean celebradas nuevas elecciones en el 2020.

Controversial figura

Tras el fallo del Supremo, corresponde que asuma las riendas de la isla la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, una controversial funcionaria considerada como demasiado cercana a la administración de Rosselló caída en desgracia y criticada por la lentitud con la que el Departamento de Justicia ha investigado la posible comisión de delitos en el chat del renunciante gobernador.

Vázquez incluso está siendo investigada por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), para dilucidar si el Departamento que lidera fue negligente al no investigar la entrega fallida de ayuda a los damnificados del huracán María en el 2017.

La abogada oficialista de 59 años ha evitado hablar públicamente en las últimas semanas y solo se ha sabido de ella a través de Twitter. En un tuit admitió que preferiría no tener que asumir la gobernación y que lo haría únicamente para cumplir con la Constitución. Asimismo, Pierluisi aseguró que ella no tuvo “objeción” en que fuese él quien tomara el poder.

Mientras tanto, en las calles se han escuchado consignas como “Wanda va pa’ fuera” desde antes que se hiciese efectiva la salida de Rosselló.

“Vázquez se tiene que ir, Pierluisi está más pasable. Vázquez no merece ese puesto”, dijo el viernes pasado Vanely de León, una joven de 18 años, frente a La Fortaleza.

Sin embargo, con el regreso a clases, algunos analistas creen que las posibles nuevas manifestaciones podrían no tener la intensidad de las que ocasionaron la salida de Rosselló.

Según la Constitución, ante la ausencia del gobernador, el primero en la línea de sucesión es el secretario de Estado, seguido de la cabeza del Departamento de Justicia, que en este caso es Wanda Vázquez. La secretaría de Estado había quedado vacante porque el anterior jefe, Luis Rivera Marín, era uno de los integrantes del chat de Telegram y renunció días después de que las ofensivas conversaciones fuesen reveladas.

Fuente: PATRICIA VÉLEZ SANTIAGO

Continua el Cierre de Gobierno

+ Pide el IRS que Gente regrese a trabajar sin sueldo

Con la mirada puesta en la próxima fecha de pago para los empleados federales, la Casa Blanca cambió el martes de táctica e intentó saltarse a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para negociar con los legisladores, aun cuando el presidente Donald Trump se mantiene firme sobre un prolongado cierre de gobierno.

La Cámara de Representantes y el Senado anunciaron que mantendrán las sesiones si continúa la parálisis parcial del gobierno, lo que parece probable. Aunque el cierre del gobierno ha cumplido 25 días, Trump insiste en que el Congreso le conceda una financiación de $5,700 millones para cumplir su promesa de construir un muro en la frontera con México. Los demócratas aseguran que abordarán la seguridad fronteriza cuando el gobierno reanude actividades completamente, pero Pelosi se opone a otorgar los recursos porque considera al muro ineficaz e inmoral.

En una teleconferencia con simpatizantes, el presidente no mostró señales de retractarse en su demanda.
“Estaremos cerrados mucho tiempo si tenemos que hacerlo”, declaró Trump. “Estaremos cerrados mucho tiempo”.

Mientras 800,000 empleados federales están cesantes o laboran sin paga, Trump dejó entrever que el cierre parcial no genera contratiempos, aun cuando ha causado congestionamientos en las filas de seguridad en los aeropuertos y paralizado el funcionamiento de agencias federales.
“La gente está muy impresionada de lo bien que el gobierno está trabajando pese a las circunstancias en las que nos encontramos”, dijo Trump.

Sin embargo, tras bambalinas, el gobierno y sus aliados en el Capitolio miran celosamente la próxima fecha de pago con la expectativa de alcanzar un acuerdo antes del martes de la próxima semana, cuando necesitan preparar la próxima tanda de cheques para los empleados que no han cobrado nada.

“Definitivamente existe la sensación de que se acerca una fecha límite, que podría ser el martes próximo, para garantizar que podremos resolver este problema”, dijo Mercedes Schlapp, una portavoz de la Casa Blanca.

El martes fue otra jornada de mucho teatro y poca sustancia, mientras el cierre atraviesa su cuarta semana.

El presidente, que hace una semana parecía tener intención de declarar una emergencia nacional para construir el muro fronterizo, ha devuelto su atención al Congreso, porque según diversas encuestas le está cayendo encima parte de la culpa de la parálisis.

La Casa Blanca invitó a legisladores sin rango a almorzar con Trump en el recinto presidencial como parte de una estrategia para conseguir apoyo entre los demócratas de centro y legisladores recién elegidos, incluidos aquellos provenientes de zonas donde el presidente goza de popularidad entre los electores.

Sin embargo, la Casa Blanca conoció muy pronto los límites de esa estrategia. Ningún demócrata de la Cámara Baja aceptó la invitación.

Uno de ellos, el representante Lou Correa, “está abierto a la oportunidad de reunirse con el presidente para hablar de seguridad fronteriza”, dijo su portavoz y agregó: “tan pronto como se reabra el gobierno”.

Trump terminó almorzando con un puñado de representantes republicanos menos conocidos. La Casa Blanca intentará nuevamente esta semana invitar a un grupo bipartidista de legisladores conocidos como el caucus de mediadores.

El mandatario pidió a sus partidarios a llamar a las oficinas de los legisladores demócratas y presionarlos a que apoyen el muro para reabrir al gobierno.
Poco tiempo después, un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes llegó a la oficina del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, para exigirle que tomara en cuenta los proyectos de ley aprobados por la cámara baja para financiar al gobierno. McConnell no se encontraba en su oficina en ese momento, por lo que los demócratas dejaron una nota.

McConnell dijo que no quiere perder el tiempo del Senado y que solo presentará iniciativas que Trump promulgaría. Los demócratas, dijo, han convertido el muro de Trump en “algo malo” y es tiempo de sacar al país del “carrusel político” del enfrentamiento por el cierre gubernamental.

Los republicanos se quejan de que los demócratas son los que se rehúsan a doblegarse y dijeron que depende de Pelosi presentarle una nueva oferta a Trump.

En tanto, los efectos de los 25 días de cierre parcial del gobierno se intensificaron en todo el país, con los trabajadores enfrentando una creciente inquietud sobre los pagos de hipotecas y de recibos.
Aunque Trump está enfocado en presionar a los demócratas para que vuelvan a negociar, fue el presidente quien abandonó la reunión más reciente la semana pasada luego de que Pelosi le dijo que no cedería a sus demandas.

Cierra Terminal del Aeropuerto de Miami por Cierre de Gobierno

+ Cierra una terminal del aeropuerto de Miami por la parálisis administrativa del gobierno de Estados Unidos
+ Hay 51,000 empleados de la TSA (Administración de Seguridad del Transporte) obligados a trabajar sin cobrar. Debido al conflicto, aumentaron las ausencias por enfermedad y generaron grandes baches que obligaron a cerrar un sector del aeropuerto.
+ Los viajeros confundidos buscan encontrar su rincón mientras pasan frente a una terminal cerrada en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Photo/Brynn Anderson)

Cientos de funcionarios de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), que están obligados a trabajar sin sueldo debido al cierre parcial del Gobierno ordenado por Donald Trump, dieron parte de enfermos esta semana desde al menos cuatro aeropuertos principales, según dos funcionarios de la agencia y tres funcionarios del sindicato de empleados de la TSA.

En el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, hasta 170 empleados de la TSA pidieron permiso cada día esta semana, aseguró CNN. Y no es el único: los partes por enfermedad aumentaron entre un 200% y un 300% en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth.

En caso más crítico se está dando en Miami, donde una terminal del aeropuerto internacional está cerrada hasta mañana para compensar la ausencia de algunos trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte debido a esta parálisis.

«Los vuelos que tenían previsto salir de la Terminal G serán reubicados en la Terminal F o en la H», confirmó a la agencia AFP Greg Chin, encargado del aeropuerto.

Dicha terminal es en la que se ubica United, Frontier, Eastern Airlines y Aruba Airlines, entre otras y de ahora en más y hasta nuevo aviso abrirá a la mañana y cerrará a las 13 horas locales de cada día.

Los trabajadores de la TSA que llevan a cabo los controles de seguridad son considerados «esenciales», por lo que deben trabajar sin sueldo. No obstante, estos empleados federales están faltando por enfermedad a una tasa de más del doble de lo normal en el aeropuerto de Miami, según el diario local Miami Herald.

«En este momento hay cerca de 40 empleados de TSA que dijeron estar enfermos», dijo a AFP un miembro de seguridad de dicho aeropuerto. El cierre de la terminal permite enviar a los empleados de la TSA que sí están trabajando a los puntos de control más transitados.

El congresista demócrata Bennie Thompson, nuevo presidente de la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes, dijo en una carta esta semana al jefe de la TSA que «es razonable esperar que las renuncias y ausencias de los oficiales aumenten a medida que se prolongue el cierre del gobierno».

«No se puede esperar que ningún empleado trabaje indefinidamente sin percibir un sueldo», escribió Thompson.

El cierre parcial del gobierno estadounidense (shutdown), que comenzó el 22 de diciembre, gira en torno a la disputa presupuestaria entre el presidente Donald Trump y el Congreso sobre la asignación de 5.700 millones de dólares para levantar un muro en la frontera con México.

Trump Mantiene Cerrado el Gobierno el Tercero más largo en su Historia

En una disputa de poderes entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, es posible que el cierre del gobierno llegue a su tercera semanaLos cierres gubernamentales normalmente finalizan cuando una o ambas partes en la disputa comienzan a sentir un dolor político intolerableTrump pide 5.000 millones de dólares para el muro fronterizo y la Cámara le aprueba 1.500, pero no para el muro, que según Trump pagaría México

Donald Trump amenaza con salir del callejón sin salida que tiene por el cierre del gobierno ejerciendo su poder presidencial para declarar una emergencia nacional y eludir al Congreso y así construir su muro fronterizo.

La estratagema de Trump surge cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se prepara para presionar políticamente al Partido Republicano esta semana con un proyecto de ley para abrir oficinas cerradas y demostrar que los demócratas pueden proporcionar un gobierno creíble.

Pero como el Senado liderado por republicanos solo cumplirá con un acuerdo que firme Trump, los partidos seguirán tan distanciados como antes, y el cierre va hacia una tercera semana sin pagarles a cientos de miles de trabajadores del gobierno.

«Estamos ante una emergencia nacional porque tenemos una emergencia nacional; basta con leer los documentos», les dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el domingo.

La amenaza de Trump es una medida característica de un presidente que a menudo trata de escapar de una crisis provocando una controversia aún mayor, con la esperanza de desequilibrar a sus enemigos y disfrazar su propia posición vulnerable.

Pero una declaración de este tipo podría encender una tormenta política y legal si sigue adelante, escalando el amargo enfrentamiento por el muro fronterizo y sus políticas de inmigración de línea dura en un duelo constitucional por el poder ejecutivo.

Conversaciones en las que participaron el personal del Congreso y fueron dirigidas por el vicepresidente Mike Pence, no lograron avances significativos para poner fin al enfrentamiento. Trump está exigiendo más de 5.000 millones de dólares en financiamiento para el muro antes de aceptar la reapertura del gobierno. Los demócratas le han ofrecido cerca de 1.500 millones de dólares para la seguridad fronteriza, pero ningún dinero de los contribuyentes para el muro, que el presidente prometió que pagaría México.

Ambas partes parecen estar profundizando en un enfrentamiento que se agrava porque es la primera prueba de voluntades en la nueva era de gobierno dividido después de que los demócratas tomaron el control de la Cámara de Representantes la semana pasada.

«No hay ningún requisito de que se cierre este gobierno mientras deliberamos sobre el futuro de cualquier barrera, ya sea una valla o un muro», dijo Dick Cézquez, del Partido Demócrata del Senado, en «Face the Nation» de CBS. «Este es el primer presidente de la historia que cierra su propio gobierno», dijo.

Una fuente en la reunión del domingo en la que estuvo Pence, empleados de la Casa Blanca y asesores del Congreso, le dijeron a Manu Raju de CNN que no había una verdadera discusión sobre un monto en dólares que pudiera ayudar a resolver el estancamiento.

Y una fuente demócrata familiarizada con las conversaciones dijo que el gobierno no podía dar una explicación completa de cómo Trump gastaría sus miles de millones de dólares según lo solicitado.

Un asistente de liderazgo republicano dijo: «A los demócratas se les dio lo que pidieron, que era una lista detallada de las propuestas del gobierno para la seguridad fronteriza que incluyen el muro y otras medidas de protección fronteriza».

Los cierres gubernamentales normalmente finalizan cuando una o ambas partes en la disputa comienzan a sentir un dolor político intolerable y se toman medidas para ponerle fin. Hasta ahora, no se ha llegado a ese punto en el enfrentamiento actual.

El presidente, que ha hecho pocos intentos por ampliar su apoyo en el cargo, parece temer la reacción de los medios conservadores y su propia base, que está apasionadamente a favor de su promesa de construir un muro.

El presidente puede ser menos vulnerable a la ira en el terreno político de Estados Unidos que la mayoría de los presidentes, ya que los efectos devastadores de la falta de pagos, de parques nacionales cerrados y de la reducción de los servicios gubernamentales comienzan a aumentar.

Trump tampoco parece estar tan preocupado por la difícil situación de los trabajadores del gobierno, de los cuales, alguna vez dijo que en su mayoría eran demócratas.

En una conferencia de prensa el viernes, el Presidente sugirió, sin pruebas, que muchos trabajadores del gobierno quieren que el gobierno permanezca cerrado hasta que reciba el dinero del muro.

Los demócratas aún no han sentido una razón de peso para finalizar el cierre del gobierno. Pocos quieren que su nueva mayoría en la Cámara de Representantes comience por darle una victoria a Trump, y dado que Trump dijo antes de Navidad que se sentiría orgulloso de cerrar el gobierno, creen que se le echará la culpa.

Pero cuanto más dure el cierre, debe haber cierto peligro de que los demócratas sean vistos simplemente como otro ejemplo de disfunción en Washington, que daña sus esperanzas de un rápido comienzo en la Cámara.

Teniendo en cuenta la volubilidad de Trump, no siempre es fácil juzgar si sus amenazas —como declarar una emergencia nacional para financiar el muro— son tácticas de negociación, tácticas serias o simplemente ideas que ocurren de forma imprevista.

Pero un audaz reclamo de poder presidencial estaría en línea con su tendencia a poner a prueba los límites de su autoridad ejecutiva y su impaciencia con las limitaciones constitucionales.

La opinión en Washington está dividida sobre si Trump en realidad tiene el poder de ir por su propia cuenta por el muro, a pesar de la oposición en el Congreso.

«Si Harry Truman no pudo nacionalizar la industria siderúrgica en tiempos de guerra, este presidente no tiene la facultad de declarar una emergencia y construir un muro multimillonario en la frontera. Así que es imposible», dijo Schiff.

Pero al Representante Adam Smith, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, se le preguntó si Trump tenía esa autoridad en «This Week» en ABC.

«Lamentablemente, la respuesta es afirmativa», dijo con la convicción de que Trump podría declarar una emergencia para utilizar los dólares del Departamento de Defensa en un proyecto de construcción como se hizo en Afganistán e Irak.

Pero Smith también advirtió: «Creo que el presidente estaría abierto a la impugnación judicial diciendo ‘¿Dónde está la emergencia?'».

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, fracasó cuando fue cuestionada el domingo por Fox News acerca de que 4.000 terroristas conocidos o sospechosos habían ingresado a Estados Unidos y que el punto de acceso más vulnerable era el sur frontera.

De hecho, según el Departamento de Seguridad Nacional, la cifra representa personas bloqueadas para viajar o entrar a Estados Unidos, a menudo en aeropuertos y que no necesariamente se dirigen a la frontera sur.

Si Trump cumple con su amenaza de declarar una emergencia nacional, estaría en un terreno disputado.

Podría argumentarse que busca utilizar el poder ejecutivo sin control para subvertir una rama gubernamental equivalente que lo ha frustrado al llevar a cabo una cruzada política personal.

Y nuevamente sería acusado de usar el servicio militar para sus propios fines, como lo fue cuando envió tropas a la región fronteriza el año pasado.

Las leyes estadounidenses otorgan al presidente la autoridad en momentos de emergencia nacional para aplazar los planes de construcción del Ejército que no son esenciales para la defensa nacional y aplicar los recursos a proyectos de obras civiles que cumplan esa prueba.

Pero, por lo general, ese poder se limita a tiempos de guerra o crisis nacionales genuinas. Es probable que la declaración de Trump enfrente una impugnación judicial debido a que la situación en la frontera no satisface esa súbita contingencia. La judicatura y el Congreso también tienen derecho a impugnar la definición de emergencia nacional de un presidente.

Tal jugada de poder también vendría en un momento en que ya hay preocupaciones sobre el liderazgo impulsivo del presidente.

Las limitaciones de Trump se ven debilitadas por la salida de influencias moderadoras en su gobierno, como el exsecretario de Defensa James Mattis.

Actualmente Trump tiene en su gobierno a un secretario de defensa interino, un fiscal general interino, un jefe de personal interino de la Casa Blanca y una asesoría legal de la Casa Blanca que no tiene suficiente personal.

Es posible que estos asistentes no tengan la autoridad o el deseo de cuestionar la legalidad o sabiduría de las acciones del presidente.