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Inició la Ley de la Carga Pública

El lunes 24 de febrero la regla entrará en vigencia a nivel nacional, y incluye a Illinois el cual había sido excluido inicialmente debido a prioceso judicial estatal.

Este lunes entra en vigor la nueva regla de carga pública del gobierno de estados unidos, que va a afectar a algunos inmigrantes, y también va a afectar a Illinois.

La Corte Suprema falló a favor de la administración de Trump el viernes en un caso que impugnó la regla de » carga pública» para los inmigrantes legales, según un comunicado del Servicio de Inmigración, (USCIS, por sus siglas en inglés).

La decisión se dio a conocer la noche del viernes.

La Corte Suprema había excluído a Illinois de la implementación de esta regla, pero en su decisión del viernes levantó esa prohibición.

¿Qué significa esto para los inmigrantes? Que va a ser más difícil regularizar su situación migratoria para muchos inmigrantes.

Las solicitudes de personas que hayan recibido ayuda pública podrían ser rechazadas, además personas por su edad, condición de salud, educación, dominio del inglés, experiencia laboral entre otros.

A continuación, mencionamos algunos de los beneficios públicos que no tendrán efecto sobre la determinación de carga pública.

Affordable Care Act (ACA)
Mejor conocido como Obamacare

Los planes de seguro médico de Obamacare no están incluidos dentro de la lista de programas que estarán sujetos a la nueva normativa de carga pública, así que si eres elegible puedes seguir utilizándolo, incluso si recibes créditos fiscales para el pago de las primas. Para saber qué inmigrantes pueden solicitar Obamacare, revisa este enlace. Este no es el caso de quienes hayan realizado su solicitud de Medicaid mediante la página web de Obamacare durante el período de inscripción abierta, a menos de que el caso constituya una de las excepciones.

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC)
Ayuda hasta que el niño cumple 5 años

Mujeres embarazadas y de posparto de bajos ingresos (debajo del 185% del nivel de pobreza), así como sus hijos de hasta 5 años, pueden ser elegibles para este beneficio que proporciona alimentos suplementarios, educación sobre nutrición, el fomento y apoyo del amamantamiento entre otros. Recibir esta ayuda no afecta de por sí el ajuste de estatus, según la regla. Para más información revisa este enlace.

Children’s Health Insurance Program (CHIP)
El seguro médico para niños

Este programa ofrece cobertura de salud infantil gratuita o de muy bajo costo a familias cuyos ingresos son más altos de lo requerido para aplicar a Medicaid. Los requisitos varían según el estado. Expertos señalan que si tus hijos califican y lo necesitas no dejes de usarlo.

Medicaid para menores de 21 años, mujeres embarazadas y otros
Como el Medicaid de emergencia

El DHS no tomará en cuenta ciertos servicios de Medicaid a la hora de evaluar si un inmigrante es considerado carga pública. Algunos ejemplos son: los beneficios de Medicaid recibidos por una mujer durante su embarazo y durante el periodo de 60 días a partir del último día de su embarazo, los beneficios proporcionados en relación con la Ley de Educación para Individuos con Discapacidad (Individuals with disabilities Education Act), y el Medicaid de emergencia –que paga los costos de salud de individuos que presentan una emergencia médica – un concepto que se limita a aquellos casos que comprometen severamente la vida de la persona. En pocas palabras: no toda emergencia médica será cubierta.

Medicare Parte D Subsidio de bajos ingresos
La ayuda para algunos adultos mayores

Este programa ayuda a las personas mayores de 65 años a costear los gastos de sus medicamentos de prescripción. Para saber si eres elegible, revisa este enlace.

Head Start
Programa de educación temprana

Si tu hijo forma parte del programa educativo Head Start, que brinda apoyo educativo a familias de bajos ingresos con niños menores de 5 años, esto no entrará en consideración a la hora de que se evalúe una solicitud de ajuste de estatus según la nueva norma de carga pública.

Fuente: ALMA CAMPOS

Con regla de carga pública serían miles los afectados, abogada

La abogada Naimeh Salem analiza el alcance de la medida que implementará el gobierno Trump.
Por NAIMEH SALEM

Tras varios meses de litigación en las cortes, un par de semanas atrás el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió darle luz verde a la reglamentación propuesta por la administración del presidente Trump, referente a la negación de visas a inmigrantes que el gobierno determine serán o podrían ser una carga pública.

La decisión, como muchas otras, fue una de 5 a 4, dividida por las marcadas ideologías políticas de la corte. Sin embargo, a pesar de que la decisión permite que la reglamentación entre en vigor, es solo una medida temporal, ya que los méritos del caso continúan siendo litigados en la corte del segundo circuito de apelaciones.

En resumen, la reglamentación en cuestión fue anunciada por el servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en agosto de 2019, y estaba programada para comenzar durante el mes de octubre del mismo año.

Su propósito es impedir que personas que el gobierno piensa que puedan convertirse en una carga pública obtengan visas o su residencia legal permanente en el país.

Para ello, el gobierno no solo utilizará información que sugiera que el inmigrante ya se benefició de programas como Medicaid, estampillas o asistencia de vivienda, sino que también puede hacer una inferencia de que utilizará estos beneficios en el futuro.

Para ello, el gobierno tiene que concluir que es más probable que no, que, durante un periodo de 3 años, el inmigrante va a recibir algún tipo de asistencia por 12 meses o más.

Esta conclusión, a su vez, puede ser apoyada por factores como su capacidad económica, educación y destrezas, edad, salud y hasta su dominio del idioma inglés.

De acuerdo a estimados iniciales del departamento de seguridad nacional, se espera que cerca de 382,000 inmigrantes que busquen ajustar su estatus se vean afectados, pero muchas pensamos que este número podría ser mayor.

Lo peor de todo es que la mayoría de las personas afectadas serán aquellas que intenten inmigrar desde países de escasos recursos o aquellos que aun ya viviendo en los Estados Unidos, sigan teniendo pocos recursos económicos.

Las consecuencias de esta nueva regulación son claras en cuanto al efecto que tendrán sobre la adjudicación de aplicaciones y peticiones migratorias.

No obstante, la reglamentación también provoca consecuencias que no son tan obvias a simple vista. Por ejemplo, la misma pone en riesgo la salud y el bienestar de inmigrantes que ya se encuentren dentro de los Estados Unidos, ya que muchos de ellos preferirán no solicitar asistencia pública que posiblemente necesitan para sobrevivir, a cambio de tener una mejor oportunidad de arreglar su estatus legal.

Esto puede causar que muchos de ellos no reciban atención médica para sus problemas de salud, se vean obligados a vivir en la calle o que familias enteras no tengan acceso a una alimentación apropiada.

Tras la reciente decisión, la regla cobrará efecto el 24 de febrero de este año. De esta manera, si usted tiene planes de someter su solicitud para ajustar su estatus y en algún momento recibió asistencia económica del gobierno, le recomiendo que consulte inmediatamente con una abogada de inmigración e intente solicitar su residencia antes de la fecha antes mencionada.

*Naimeh Salem es abogada certificada en Texas, que ejerce el área de inmigración en Houston.

Fuente: Telemundo

Trámites Afectados por la Ley de la Carga Pública

Estos son los trámites migratorios sujetos a la regla de carga pública y sus nuevos formularios
 
A medida que se acerca la fecha para comenzar a implementar la regla la carga pública como causal de inadmisibilidad a Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional emitió una alerta de política el miércoles con algunos de los aspectos más destacados de la nueva normativa.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), una agencia del DHS, también publicó los formularios actualizados de 12 trámites migratorios afectados por la nueva regla, una de las políticas de inmigración más severas dirigidas a inmigrantes de bajos ingresos que reciben ciertas ayudas del gobierno.

La agencia de inmigración informó que la nueva guía, que entrará en vigencia el 24 de febrero, se aplica a todas las solicitudes y peticiones mataselladas a partir de esa fecha.

Algunos de los cambios normativos destacados el miércoles incluyen una definición del término “carga pública”, así como los tipos de beneficios públicos que se consideran en las indicadores de inadmisibilidad de carga pública, que bloquean el camino de un inmigrante al estatus de residente legal permanente.

¿Qué es carga pública como causal de inadmisibilidad?

La regla final instituye cómo el DHS determina si un inmigrante que solicita la entrada a EEUU con una visa o un ajuste de estatus es inadmisible a EEUU porque existe probabilidad de que en cualquier momento dependa de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades básicas.

La regla se aplica a los solicitantes que desean ajustar su estatus al de residentes permanentes de Estados Unidos. Pero también afecta a los titulares de visa de no inmigrante que buscan extender su estadía en el país o cambiar a otra categoría de visa de no inmigrante.

De acuerdo con un comunicado de prensa del USCIS enviado el miércoles, ciertas categorías de inmigrantes están exentas de la regla, como los refugiados, asilados, peticionarios bajo la Ley Federal de Violencia contra la Mujer y ciertos solicitantes de visas T y U.

Además, la agencia migratoria aclaró en su alerta de política que la regla no se aplicará en los procesos de naturalización para residentes permanentes con green cards que solicitan la ciudadanía estadounidense.

“La regla final requiere que los extranjeros reporten cierta información relacionada con los beneficios públicos. Las instrucciones para el Formulario I-944 requieren que los extranjeros sujetos a la carga pública de inadmisibilidad revelen y presenten información sobre si el extranjero solicitó, fue certificado o aprobado para recibir, o recibió ciertos beneficios públicos no monetarios a partir del 15 de octubre 2019 ”, dijo USCIS.

Nuevos formularios consistentes con la nueva política de inmigración

La regla de la carga pública lleva a que se hagan preguntas adicionales en muchos formularios utilizados por los extranjeros para solicitar beneficios de inmigración.

El 5 de febrero de 2020, USCIS emitió los nuevos formularios, que afectarán 12 procesos de inmigración.

Lee más: Proponen alza brutal a tarifas de inmigración: la ciudadanía a $1,170, el asilo tendrá un precio

Estas son las nuevas versiones de los formularios que han cambiado:

▪  I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante

▪  I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus

▪  I-539, Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante

▪  I-129CW, Petición de Trabajador Transicional No Inmigrante – Solo de CNMI

▪  I-601, Solicitud de Exención de Causal de Inadmisibilidad

▪  I-864, Declaración Jurada de Patrocinio Económico bajo la Sección 213A de la Ley

▪  I-485 Suplemento A, Suplemento del Formulario I-485, Ajuste de Estatus bajo la Sección 245(i)

▪  I-485 Suplemento J, Confirmación de Oferta Confiable de Empleo para Transferibilidad de Empleo Bajo la Sección 204(j) de INA

▪  I-539A, Información complementaria para la solicitud para extender o cambiar el estado de no inmigrante (PDF)

▪  I-864A, Contrato entre el Patrocinador y el Miembro del Grupo Familiar

▪  I-864EZ, Declaración Jurada de Patrocinio Económico Bajo la Sección 213A de la Ley

▪  I-912, Petición de Exención de Tarifas

Por último, los solicitantes de la tarjeta verde deberán presentar el Formulario I-944, Declaración de Autosuficiencia, para demostrar los activos, los recursos y el estado financiero del peticionario, junto con el Formulario I-485.

Críticas por Ley que Niega Residencia a Quien Recibió Ayuda

Activistas y funcionarios consideran que tendrá un efecto devastador entre la comunidad.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos para que la regla de la carga pública que obliga a rechazar la residencia a quienes reciban beneficios públicos, entre en vigor aún cuando todavía no se resuelve en las cortes federales, levantó una oleada de comentarios en contra en Los Ángeles y California.

Los magistrados del máximo tribunal votaron 5 contra 4 para levantar el freno impuesto en octubre por las cortes de Nueva York, California y Washington que impedían la implementación de esta nueva norma. Los defensores de los inmigrantes consideran que la determinación de la corte tendrá fuertes repercusiones en las familias de los inmigrantes de bajos recursos.

“El impacto de la decisión de la Corte Suprema sobre la carga pública será devastador. A causa de este fallo, las familias están pasando hambre y evitando el cuidado médico”, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom.

Confió que el estado revise la decisión para determinar los siguientes pasos a seguir, y proporcionar asistencia a los californianos afectados. “California continuará peleando contra esos esfuerzos por aterrorizar a las familias inmigrantes”, dijo.

Y recomendó a quienes estén preocupados buscar consejo calificado de migración.

La propuesta de presupuesto estatal 2020-21 del gobernador Newsom, incluye 75 millones de dólares para las organizaciones no lucrativas que proporcionan una variedad de servicios calificados de migración.

Confusión y estrés

La presidenta de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), Angélica Salas, dijo que negar estatus legal a las familias inmigrantes y niños que buscan asistencia básica como alimentos y cuidado médico de emergencia, es cruel e innecesario; y avanza el objetivo claro de la agenda de patriotismo extremo, xenofóbica, y blanca de la administración Trump para mantener fuera a los inmigrantes.

“Debido a que este asunto continúa peleándose en las cortes, el fallo de la corte crea confusión y estrés en las familias y niños que buscan servicios básicos”, expresó Salas.

Estados Unidos es fuerte cuando las familias están saludables, siguió. “Al forzar a los inmigrantes para que escojan entre sus necesidades básicas como alimentos y vivienda, y un camino hacia la ciudadanía, se cruza otra línea”.

Salas consideró la regla de la carga pública de Trump “hará a nuestras comunidades y nación, más enferma, más hambrienta y más pobre”.

Agregó que el gran plan de la administración Trump para hacer que el sistema de migración de la nación sea basado en méritos y un club exclusivo, avanza hacia adelante.

“Representa un ataque a las familias inmigrantes, incluyendo a los niños nacidos en Estados Unidos”, subrayó la defensora de los inmigrantes.

Legisladores decepcionados

La asambleísta de San Diego, Lorena González, líder de la bancada latina en la legislatura de California reveló que se sienten desilusionados de que la administración continúe reescribiendo las reglas del Sueño Americano, permitiendo el acceso solo a los ricos y poderosos.

“Esta política es antiestadounidense y de poca visión hacia el futuro”, dijo González, quien subrayó que este cambio draconiano en la política minará la salud colectiva y el bienestar de la nación al empujar a millones de familias y niños a lo largo del país, fuera de programas y servicios críticos.

Consejo legal

Alex Gálvez, abogado de migración de Los Ángeles, dijo que aún no se ha determinado si es legal o no la norma de la carga pública. “Lo que la Corte Suprema definió fue que se quite el freno para que se aplique mientras se pelea en las cortes”.

El abogado puntualizó que esta medida convierte a los agentes de migración en asesores financieros porque ellos tendrían que determinar que inmigrante puede ser una carga pública y quién no.

“Lo único que hace esta regla es matar el sueño americano”, remarcó el letrado.

A los inmigrantes, les dijo, que es importante que entiendan, que no les afecta si piden ayuda en efectivo o cupones de alimentos para sus hijos nacidos en EEUU. “Esa asistencia no es para ellos sino los hijos ciudadanos estadounidenses”, enfatizó.

Se calcula que 232,000 inmigrantes podrían abandonar programas de beneficios públicos como resultado del reglamento de carga pública. (El Diario NY).
Bajo la carga pública, sí podría afectarles sin reciben asistencia médica para ellos. “El impacto será mayor en la salud de los inmigrantes”, estimó. Pero en general, el inmigrante no recibe prestaciones públicas. “Por ser indocumentado no califica para cupones de alimentos ni asistencia en efectivo. La mayoría no recibe ayuda federal”.

Gálvez teme que quienes podrían verse más afectados son aquellos que salen a solicitar la residencia en el extranjero como en los consulados.

“Algo que puede ayudarles es pagar sus impuestos y tener una cuenta de ahorros en el banco”, mencionó.

Sin embargo, pidió a los inmigrantes que reciben ayuda del gobierno para sus hijos que no la cancelen. “Trump solo quiere mano dura en una situación que está cambiando y es incierta”, dijo. “Si tienen dudas, lo mejor es que consulten a un abogado de migración de su confianza”, aconsejó.

Informe Aseugura que Trump Violó Ley

El presidente del Supremo y los 100 senadores prestan juramento este jueves para el tercer ‘impeachment’ de la historia de EE UU

El juicio político contra Donald Trump se complica para el presidente. Este jueves el organismo de control del Gobierno, una agencia independiente dentro de la Administración, ha presentado un informe en el que asegura que la oficina presupuestaria de la Casa Blanca violó la ley al retener los fondos destinados a reforzar la seguridad en Ucrania. Esta partida está en el centro del impeachment contra Trump por abuso de poder al condicionar el desembolso de estas ayudas a una investigación de Kiev a las actividades del potencial candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, y su hijo en aquel país.

La oficina, que depende del Congreso, asegura que la decisión de retener los fondos tuvo carácter político, no técnico. «El cumplimiento de la ley de buena fe no permite al presidente cambiar sus prioridades políticas por aquellas que el Congreso haya convertido en ley», sostiene el texto.

El juicio contra el presidente de Estados Unidos comienza formalmente este jueves en Washington con el juramento del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que presidirá este proceso, y el de los 100 senadores que ejercen de miembros del jurado. Donald J. Trump está acusado de abuso de poder por las presiones a Ucrania para que investigase a su rival político Joe Biden y de obstrucción al Congreso por boicotear las pesquisas parlamentarias sobre este escándalo. Este impeachment, el tercero en la historia del país, llega a punto de cumplirse tres años de una Administración instalada en la tormenta y con la sociedad partida por la mitad.

El equipo de fiscales nombrado el miércoles por la Cámara de Representantes, siete congresistas demócratas, se presentará sobre el mediodía en el Senado (seis de la tarde en la España peninsular) para leer en voz alta formalmente la acusación contra Trump, los llamados artículos del impeachment. Sobre las dos de la tarde entrará en escena Roberts, que tomará juramento a los senadores para que administren una “justicia imparcial”.

¿Es eso posible? El líder de los republicanos en la Cámara alta, Mitch McConnell, ya advirtió hace semanas que estaba coordinando los detalles del proceso con la propia Casa Blanca. Mientras, un hijo de Trump, Eric, pedía este jueves en las redes sociales que cualquier senador demócrata que esté compitiendo por la candidatura a las presidenciales de 2020 —hay cuatro en esta situación— se recuse por su “increíble conflicto de intereses” en este juicio.

Este será el primer impeachment de la era Twitter, también el primero que juzga a un presidente que busca la reelección y que bloqueará durante semanas a cuatro senadores que luchan en unas primarias. También, el más partidista de los llevados a cabo hasta ahora. El primer presidente en pasar por un juicio en el Senado, Andrew Johnson, en 1868, quedó absuelto por un solo voto, y en el caso de Bill Clinton (culminado en 1999), aunque el partidismo fue mayor, los votos de los legisladores en ambas fases del juicio (la de la Cámara de Representantes y la del Senado) no se ajustaron tan milimétricamente como ahora a la línea del partido. Las reglas de juego sobre cómo desarrollar el proceso, por ejemplo, salieron adelante por unanimidad. Ese es el primer paso que afronta ahora el juicio en el Senado.

El abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, encabezará la defensa del presidente en el juicio, si bien el equipo completo no ha sido anunciado. Trump se declara víctima de una “caza de brujas” de un “fraude” por parte de los demócratas, y sostiene que sus peticiones al propio presidente ucranio, Volodímir Zelensky, para que anunciase investigaciones que perjudicarían a los demócratas “no tenían nada de malo”, sino puro interés en contra de la corrupción.

El papel de su abogado personal, Rudy Giuliani, maniobrando con Kiev y usando una invitación a la Casa Blanca, como mecanismo de presión, cuestionan la versión del mandatario. Además, el embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland, que también se vio implicado en las gestiones con Ucrania, declaró en la fase previa en la Cámara de Representantes que él mismo consideró las ayudas militares supeditadas al anuncio de esa investigación.

El proceso de impeachment entra en su fase final después de aparecer nuevas pruebas aportadas por Lev Parnas, un socio de Giuliani imputado. Este jueves, en una entrevista a The New York Times, Parnas aseguró que el presidente conocía las presiones de Giuliani. «Me juego toda mi vida a que Trump sabía exactamente todo lo que estaba pasando sobre lo que Rudy Giuliani estaba haciendo en Ucrania», dijo Parnas.

Nueva ley Podría Perjudicar Nuevos Posibles Residentes de Este País

Tras los repetidos fracasos de un Congreso mayoritariamente republicano por ejecutar una reforma migratoria al gusto del presidente, Donald Trump, ahora, paradójicamente con la Cámara de Representantes bajo control del Partido Demócrata, está cerca de aprobarse una ley que cambiaría de forma fundamental el sistema por el que se conceden las residencias permanentes, perjudicando gravemente a algunos trabajadores latinos.

Existen cinco formas fundamentales de conseguir una green card: por sorteo (la lotería de diversidad concede 50,000 cada año), por inversiones (para quienes aportan entre medio millón y un millón de dólares a proyectos empresariales que crean empleo), por matrimonio, por familia (padres, hijos, hermanos, etcétera, de ciudadanos o residentes), o por trabajo.

Cada año se conceden 140,000 permisos de residencia por empleo, frente al medio millón destinado a familiares.

Trump quiere eliminar la lotería de diversidad, restringir la inmigración familiar y potenciar un sistema que premie a aquellos con mejores perspectivas laborales. Pero incluso el Partido Republicano se ha negado a aprobar esta reforma en el Congreso.

Sin embargo, otro cambio fundamental está a punto de suceder.

Las green cards por empleo están limitadas de forma que ciudadanos de un mismo país sólo pueden copar el 7% del total.

Esto permite asegurar que no todos los permisos se concedan a los países con mayor población o mayor número de solicitantes, protegiendo a las minorías (por ejemplo, a colombianos, franceses, etcétera).

Pero, a su vez, provoca que los inmigrantes de esos países sufran listas de espera que pueden alargarse más de una década. Esto afecta, por ejemplo, a chinos, indios, filipinos, o mexicanos.

La Cámara de Representantes aprobó con respaldo de ambos partidos (365 voto a favor y 65 en contra) un proyecto de ley que elimina ese límite del 7% por país.

El Senado examinará esta semana la iniciativa, después de que el pasado jueves fracasara un intento de acelerar su tramitación. En caso de ser aprobada por la Cámara Alta (cuenta ya con el respaldo de 34 senadores de ambos partidos), pasaría a la mesa del presidente para ser firmada o vetada.

El cambio sería profundo. Ahora mismo hay 370,000 indios esperando su permiso de residencia; con el sistema actual, sólo pueden lograrlo unos 10,000 al año; tras la reforma (que se aplicaría progresivamente durante tres años y luego ya libremente), podrían copar las solicitudes y dejar fuera a otros países.

California Aprueba ley Para que Candidatos Muestren Declaración de Impuestos, Trump Podría no Estar en Boleta

Bajo esta nueva norma el mandatario solo sería elegible para estar en la boleta electoral de las primarias del próximo año si divulga sus declaraciones fiscales de los últimos cinco años. Se trata de una medida sin precedentes que se suma a las acciones que el estado ha tomado en su batalla con Donald Trump.

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó este martes una ley que requiere que los candidatos presidenciales divulguen sus declaraciones de impuestos como condición para aparecer en la papeleta de las elecciones primarias del estado, una acción claramente dirigida al presidente Donald Trump.

La denominada ‘Ley de transparencia y responsabilidad fiscal’ (SB27) ordena que cualquier candidato a la presidencia del país o a la gobernación de California que quiera participar en las primarias debe presentar ante la Secretaría de Estado californiana copias de los últimos cinco años de sus declaraciones de impuestos.

«Como una de las economías más grandes del mundo y hogar de uno de cada nueve estadounidenses que pueden votar, California tiene una responsabilidad especial para solicitar esta información a los candidatos presidenciales o que buscan alguna gubernatura», dijo Newsom en su mensaje de veto a la Legislatura estatal.

«Estos son tiempos extraordinarios y los estados tienen un deber moral y legal de hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar que los líderes que buscan los puestos más altos cumplan con estándares mínimos y restauren la confianza de la ciudadanía», agregó.

La medida, una acción más del enfrentamiento de los legisladores demócratas y el gobernador Newsom con el presidente Trump, fue aprobada a principios de mes en los órganos legislativos de California.

Es muy probable que la nueva ley sea impugnada por Trump en los tribunales, pero incluso si se resiste podría eludir los requerimientos si decide no competir en las primarias de California. Sin un adversario fuerte del Partido Republicano a estas alturas, es probable que el mandatario ni siquiera necesite delegados de California para ganar la nominación republicana.

Hasta la fecha, William Weld, exgobernador de Massachusetts, es el único republicano en anunciar su candidatura para competir en las primarias con el actual presidente.

Nueva York aprobó una iniciativa de ley por la que da a las comisiones del Congreso estatal acceso a las declaraciones de impuestos de Trump, pero las labores para obtener esas declaraciones han fracasado en otros estados. El primer intento de California tampoco tuvo éxito en 2017, cuando el entonces gobernador Jerry Brown vetó la ley, alegando dudas sobre su constitucionalidad y hacia donde conduciría después.

«Hoy solicitamos declaraciones de impuestos, pero ¿qué pasaría después?», escribió. «¿Cinco años de registros de salud? ¿Un acta de nacimiento certificada? ¿Libretas de calificaciones escolares? ¿Y todos estos requerimientos variarán dependiendo del partido político que esté en el poder?», afirmó.

Aunque la ley está dirigida hacia Trump, se aplicaría a todos los contendientes a la presidencia y candidatos a gobernador.

Los principales contendientes del Partido Demócrata para las elecciones de 2020 ya entregaron sus declaraciones fiscales de casi una década. Trump se ha negado divulgar las suyas desde que era candidato en 2015, lo que sus críticos adjudican a que probablemente pague impuestos muy bajos y sus finanzas queden al descubierto.

Las declaraciones de impuestos muestran los ingresos, donaciones a organizaciones caritativas y acuerdos de negocios, todo lo cual –alegan los legisladores demócratas estatales– tienen derecho a saber los votantes.

Los candidatos deberán entregar sus declaraciones de impuestos de los últimos cinco años al secretario de gobierno de California por lo menos 98 días antes de las primarias, que sería a finales de noviembre si quieren aparecer en la boleta electoral de marzo. Luego serán publicadas en Internet para que los votantes las vean, con cierta información personal que aparecerá tachada.

Más de 320 Grupos Piden Aprobar ley Migratoria

Los grupos proinmigrantes piden que se aproveche la mayoría demócrata. La congresista Debbie Mucarsel-Powell y 326 grupos proinmigrantes pidieron hoy a la nueva Cámara de Representantes de EEUU que aproveche la mayoría demócrata para aprobar un proyecto de ley destinado a proteger a los «soñadores» y a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Las asociaciones piden que esa iniciativa sea aprobada en los 100 primeros días de actividad de la nueva Cámara Baja, que será inaugurada el 3 de enero de 2019.

En una rueda de prensa telefónica, Cristóbal Alex, presidente del grupo Latino Victory Project, explicó que el objetivo es «enviar un mensaje» a los demócratas, que el 6 de noviembre arrebataron a los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes después de ocho años.

«Los abogados han estado litigando los casos en las cortes, pero ahora es hora de que el Congreso dé un paso adelante y apruebe legislación que proteja permanentemente a los demócratas y a los beneficiarios del TPS», consideró Alex.

Durante el último año, el Gobierno del presidente, Donald Trump, ha quitado el TPS a 195,000 salvadoreños, 50,000 haitianos, 55,000 hondureños y 5,000 nicaragüenses que desde hacía décadas vivían y trabajaban en EEUU gracias a ese permiso que, en principio, tenía un carácter temporal.

Sin embargo, el pasado 3 de octubre, un tribunal federal con sede en San Francisco (EEUU) bloqueó temporalmente las cancelaciones de TPS que había decretado Trump para Nicaragua, El Salvador, Haití y Sudán.

Además, Mucarsel-Powell, demócrata de origen ecuatoriano que llegará al Congreso en enero, consideró que su grupo parlamentario tiene la obligación de encontrar una solución para los miles de jóvenes indocumentados que llegaron a EE.UU. de niños y que son conocidos como «dreamers» (soñadores).

«Esos jóvenes inmigrantes han llamado a este país su casa desde que eran pequeños y no conocen otro lugar, son parte de nuestras comunidades y han contribuido a nuestra economía», subrayó.

Esos jóvenes fueron protegidos de la deportación en 2012 cuando el entonces presidente Barack Obama (2009-2017) proclamó el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia); pero Trump determinó que ese amparo debía expirar el 5 de marzo de este año si el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre inmigración.

El Parlamento, entonces en manos republicanas, no alcanzó ningún acuerdo, pero DACA no llegó a expirar porque dos jueces obligaron al Ejecutivo a mantenerlo vivo y a seguir aceptando solicitudes para renovar sus beneficios.

Los grupos argumentan que, aunque de momento DACA sigue vigente, «la Administración se está moviendo muy rápido para acabar con esos fallos» judiciales y, por eso, los demócratas deben dar prioridad a la aprobación de una proyecto de ley migratoria en sus primeros cien días para que, luego, sea debatida en el Senado.

Buscan Republicanos Ley Que Evite Separación de Padres Indocumentados

El proyecto de ley de inmigración de los republicanos en la Cámara de Representantes incluirá una disposición para que los niños no sean separados de sus padres en la frontera.
El representante Jeff Denham, republicano de California, uno de los republicanos moderados que participan en las negociaciones sobre la legislación, dijo que la disposición será parte del texto que aún está por escribirse. Un alto asistente del Partido Republicano confirmó la disposición a NBC y dijo que el presidente Paul Ryan informó a los republicanos de la Cámara la semana pasada que la misma se incluiría en cualquier proyecto de ley que se considere.
Además de proteger a los 1,8 millones de Dreamers que fueron traídos ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños, el proyecto de ley también eliminaría la lotería diversificada e incluiría 25 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza, dijo Denham a los periodistas el miércoles. Agregó que el liderazgo republicano está comprometido a completar el texto del proyecto de ley esta semana.
Denham es miembro del grupo de republicanos moderados que buscaba forzar votos mínimos sobre las medidas de inmigración. El martes por la noche, los moderados llegaron a un acuerdo con los conservadores para permitir dos votos en la Cámara de Representantes la semana próxima: uno sobre un proyecto de ley de inmigración de compromiso y otro sobre un proyecto de ley conservador patrocinado por el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Bob Goodlatte, R-Va.
La Cámara de Representantes votará la próxima semana sobre la legislación de compromiso, junto con la ley de inmigración conservadora, como parte del acuerdo logrado el martes entre moderados y conservadores. Hasta ahora, solo se ha completado un esquema general del proyecto de ley de compromiso.
Ryan dijo el miércoles que la Casa Blanca está de acuerdo con la decisión de los republicanos de realizar la votación sobre inmigración la próxima semana. «Lo dije antes, lo último que quiero es sacr un proyecto de ley que sé que el presidente no apoyará», dijo Ryan en una conferencia de prensa.
«Bueno, hemos estado trabajando mano a mano con la administración en esto para asegurarnos de que estamos presentando un proyecto de ley que represente los cuatro pilares del presidente para que podamos unirnos».

Corte de Apelaciones Apoya la SB4

Una corte federal rechazó la demanda contra la SB 4 en Texas, tuiteó el gobernador Greg Abbott este martes. Según la publicación, la ley que prohibía las ciudades santuario en el Estado seguirá en efecto.
La Corte federal de Apelaciones del Quinto Circuito respaldó este martes casi toda la controversial ley SB4 de Texas, que castiga a las autoridades locales que no cooperen con las deportaciones y que se nieguen a eliminar sus políticas santuario.
Los jueces de la corte tan solo consideraron inconstitucional una palabra de la ley. El texto pide castigar a los líderes locales que «adopten, apliquen o apoyen» políticas que limiten la cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), pero los magistrados bloquearon la palabra «apoyar». Consideran que castigar con una multa, prisión o despido a una autoridad por «apoyar» políticas santuario puede atentar contra su derecho constitucional a la libre expresión.
El 31 de agosto, 2017, un día antes de que la ley entrara en efecto, un juez federal bloqueó algunas cláusulas de la medida.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito de Estados Unidos dictaminó a finales de septiembre que partes de la SB 4 podían implementarse.

Ese día, la corte federal además aseguró que la ley podría ser desbloqueada en su totalidad si se realizaban algunos cambios de lenguaje.