Extienden a 24 meses el estatus de residencia condicionada debido a retrasos burocráticos

Debido a demoras en el procesamiento de los formularios I-751 y/o I-829, que en algunos casos supera los 31 meses (930 días), la USCIS amplió la validez de las tarjetas verdes condicionadas para cónyuges de estadounidenses e inversionistas.

El servicio de inmigración extendió de 18 a 24 meses la validez de la residencia condicionada por demoras en el procesamiento de los formularios I-751 y/o I-829.

A partir del 4 de septiembre “se ha extendido el tiempo que las notificaciones de recibo se pueden usar para mostrar evidencia de estatus de 18 meses a 24 meses” para los peticionarios que presentan adecuadamente los formularios para el retiro de las condiciones de residencia, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios e Inmigración (USCIS) en un comunicado.

El Formulario I-751 se utiliza parea solicitar la eliminación de las condiciones de residencia para cónyuges de ciudadanos estadounidenses, mientras que el Formulario I-829 lo utilizan ciertos inversionistas para eliminar las condiciones sobre el estatus de residente permanente (tarjeta verde).

La USCIS dijo además que “hemos hecho el cambio de 18 a 24 meses para acomodar los tiempos de procesamiento actuales del Formulario I-751 y el Formulario I-829, que han aumentado durante el último año”.

La base de datos de la USCIS muestra que en algunos casos las demoras pasan de 31 meses.

Cómo queda el proceso

Los extranjeros con residencia permanente condicionada, 90 días antes de que venza el plazo de dos años de recibido el estatus, deben gestionar el retiro de las condiciones de la tarjeta verde.

En 2016 el primero de espera esa de un año, pero luego se prolongó a 18 meses debido a restricciones impuestas por el gobierno anterior en el marco de la política de ‘tolerancia cero’. En marzo de 2020 las demoras en los tiempos de procesamiento se incrementaron debido al cierre de oficinas por la pandemia del coronavirus, que aún persiste.

La USCIS explicó que, una vez que el residente condicionado presenta correctamente el Formulario I-751 o el Formulario I-829, “recibirá una notificación de recibo que pueden presentar junto con su Formulario I-551 (Tarjeta de residente permanente, también conocida como green card) como evidencia de la extensión de su estatus condicionado hasta por 24 meses después de la fecha de vencimiento dl documento”.

La extensión es automática

“El extranjero con residencia condicionada no deberá hacer ningún trámite adicional”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). “Una vez reciba la confirmación del trámite para retirar las condiciones, la tarjeta de residencia extiende la fecha de validez por dos años”, señala.

“A la vuelta de correo le enviarán una carta en la cual le notifican que recibieron la solicitud de retiro de condiciones”, indicó.
Guerrero dijo además que durante ese tiempo el extranjero residente condicionado puede viajar fuera de Estados Unidos, “pero cuando lo haga debe llevar consigo la carta que le envió el USCIS junto con la tarjeta de residencia. Si no lo hace de esa manera, no lo dejarán reingresar al país”.

A la pregunta respecto a qué sucede sui en esos dos años la USCIS le envía una carta solicitándole información adicional, explicó que “será responsabilidad del extranjero estar pendiente de su correo y responder dentro del tiempo estipulado por la USCIS. Si no responde, le cancelarán la residencia condicionada por abandono del proceso”.

Casos en espera

De acuerdo con la herramienta que mide los tiempos de procesamiento de la USCIS, los tiempos estimados para el procesamiento del Formulario I-751 varían según la ubicación geográfica de la oficina.

En cuanto al tiempo de espera para el trámite del Formulario I-829, la herramienta de USCIS indica que va de 35.5 a 61.5 meses de espera.

Guerrero además que, debido a la pandemia del coronavirus, declarada la tercera semana de marzo del año pasado, “se creó una demora por encima de la demora que ya existía”.

En cuanto al retiro de las condiciones de la green card, dijo que “no existe una cuota anual”.

La base de datos de USCIS muestra que, al término del tercer cuarto del año fiscal 2021, la agencia tenía pendiente de resolver 221,056 solicitudes I-751 (peticiones de retiro de condiciones de residencia de cónyuges de estadounidenses) y 11,160 solicitudes I-829 (peticiones de retiro de condiciones de residencia de inversionistas).

Fuente: JORGE CANCINO

USCIS Facilita Solicitudes de Residencia

La agencia federal anunció las nuevas facilidades

Ahora será más realizar algunos trámites en el USCIS

Este medida se suma a otras de la agencia migratoria en favor de los inmigrantes

¿Green card más fácil? USCIS flexibiliza sus requisitos para responder a solicitudes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció las nuevas facilidades para algunos inmigrantes.

“En respuesta a la pandemia del coronavirus (COVID-19), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha ampliado las flexibilidades que anunció el 30 de marzo de 2020 para ayudar a los peticionarios y solicitantes”, dijo la agencia en un comunicado.

USCIS anuncia facilidades para responder a solicitudes

El USCIS ha realizado diversas modificaciones para que los inmigrantes que realizan algún trámite o para responder a alguna solicitud vean el proceso más sencillo. La agencia cambió sus protocolos con la llegada de el presidente Joe Biden a la Casa Blanca.

“Esta flexibilidad aplica a los documentos anteriores si la fecha de emisión que se indica en la solicitud, notificación o decisión es entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021”, señala el comunicado de la agencia migratoria de EE.UU.

¿Quiénes serán los beneficiados?

Los beneficiados serán aquellos inmigrantes que realizan algún trámite ante el USCIS y tienen que responder a solicitudes de la agencia. Sin embargo, la agencia señalo que solamente algunas solicitudes tendrán este nuevo beneficio.

La modificación de USCIS para responder a solicitudes aplica para: Solicitudes de Evidencia; Continuaciones de Solicitud de Evidencia (N-14); Notificaciones de Intención de Denegar; Notificaciones de Intención de Revocar;
Notificaciones de Intención de Rescindir Notificaciones de Intención de Cancelar Centros Regionales, señala el comunicado.

Otros beneficiados en el USCIS para responder a solicitudes

Además, aquellos que tengan que presentar “mociones para Reabrir un N-400 de Conformidad con 8 CFR 335.5, Recibo de Información Derogatoria Después de la Otorgación”, tendrán el beneficio anunciado recientemente por la agencia migratoria.

“Además, USCIS considerará un Formulario I-290B, Notificación de Apelación o Moción, o el Formulario N-336, Solicitud de Audiencia sobre Decisión en los Procedimientos de Naturalización”, solo bajo ciertos requisitos que deberán cumplir los inmigrantes.

USCIS flexibiliza el responder a solicitudes cumpliendo con ciertos requisitos

La agencia señaló que considerará un “Formulario I-290B, Notificación de Apelación o Moción, o el Formulario N-336, Solicitud de Audiencia sobre Decisión en los Procedimientos de Naturalización”, si fue presentado 60 días calendario a partir de la decisión.

“Tomamos esa decisión en cualquier momento desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021”, apunta el comunicado. Además, el USCIS señaló en que casos considerará una respuesta para la solicitudes y notificaciones.

USCIS hace más fácil responder a solicitudes pero no es la única buena noticia

“USCIS considerará una respuesta a las solicitudes y notificaciones anteriores recibidas dentro de 60 días calendario posteriores a la fecha de vencimiento de la respuesta indicada en la solicitud o notificación antes de tomar cualquier decisión”, señala el comunicado.

Esta no es la única medida que USCIS ha anunciado. Un nuevo proceso para que algunos indocumentados obtenga sus papeles se reveló recientemente. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía anunció un nuevo proceso que dará a ciertos inmigrantes indocumentados un permiso ‘especial’.

¿Quiénes serían los afortunados para obtener sus papeles?

Los inmigrantes indocumentados elegibles para este nuevo proceso del USCIS podrían tramitar la visa U, una protección que les pude dar un camino para obtener sus ‘papeles’, es decir a la residencia permanente o “green card”, de acuerdo con Efe.

Los indocumentados que se beneficiarían de la nueva medida del USCIS son las víctimas de delitos en Estados Unidos, quienes podrían tener acceso a un permiso de trabajo mientras ayudan a las investigaciones de la policía y dan trámite a la visa U, asegura Efe.

¿A quién favorece la medida?

El nuevo proceso llamado “determinación de buena fe” permitirá al USCIS otorgar una autorización de empleo a los indocumentados que son víctimas de delitos y colaboran con la justicia para investigar y enjuiciar a los criminales, apunta la agencia de noticias.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en un comunicado que esta nueva medida favorece “a personas que se han presentado para ayudar a las fuerzas del orden a mantenernos a todos a salvo, pero que también necesitan una medida de protección para ellos mismos”.

Requisito para dar ‘los papeles’ a ciertos indocumentados

Con la implementación de este nuevo proceso, USCIS otorgará una acción diferida para las víctimas de delitos en EE.UU. Los peticionarios en Estados Unidos con solicitudes de visa U pendientes podrían acceder a los beneficioso pero deben cumplir con un requisito esencial.

Para que el USCIS otorgue este nuevo permiso a inmigrantes víctimas de delitos en Estados Unidos, la agencia deberá determinar que la peticiones “son de buena fe y merecen un ejercicio favorable de discreción”, lo que les permitirá tener un permiso de trabajo, de acuerdo con Mayorkas.

Otro requisito esencial para que se otorgue el permiso

El Congreso ha limitado a 10.000 el número de visas U disponibles cada año fiscal, mientras las solicitudes desde 2010 han sobrepasado este límite. “Las víctimas de delitos necesitan una forma de mantenerse a sí mismas mientras se recuperan y continúan en su búsqueda de justicia”, dijo la directora interina de USCIS, Tracy Renaud, según Efe.

Para ser considerada de buena fe, la petición debe incluir una certificación de la policía explicando que el peticionario fue víctima de un delito y que ha sido, está siendo o es probable que sea de ayuda en la investigación o enjuiciamiento de ese delito, explicó USCIS de acuerdo con Efe.

No serán los únicos inmigrantes favorecidos

Los solicitantes de visas U ahora esperan aproximadamente cinco años antes de recibir una determinación que les permita acceder a una autorización de empleo y acción diferida, según USCIS, por lo que este nuevo procedimiento permitirá a los solicitantes obtener más rápido estos amparos antes de que su caso reciba una determinación final.

Tracy Renaud, directora interina del USCIS añadió que “este proceso de determinación de buena fe permitirá que los solicitantes de visas U trabajen mientras permanecen seguros en Estados Unidos, brindando un valioso apoyo a las fuerzas del orden”.

Migración Implementa Cambios Para Obtener Residencia

También se aumentará la validez de los permisos de trabajo por dos años para las nuevas solicitudes o renovaciones. “Estamos tomando medidas para eliminar las políticas que no promueven el acceso al sistema de inmigración legal”, afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés) publicaron nuevos lineamientos este miércoles que facilitan el proceso para obtener la residencia permanente o green card y otro tipo de visados.

La agencia anunció en un comunicado que estaba actualizando su política de procesamiento acelerado de solicitudes, mejorando los requerimientos de evidencia adicional de estas y los avisos sobre la intención de denegar dicha solicitud. También dio a conocer que incrementará el periodo de los permisos de trabajo de uno a dos años para ciertos solicitantes.

“Estamos tomando medidas para eliminar las políticas que no promueven el acceso al sistema de inmigración legal y continuaremos implementando mejoras para modernizar nuestro sistema de inmigración y ayudar a las personas a navegar el camino a la ciudadanía”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.

Facilitará la obtención de visas y residencias permanentes

La Administración Biden elimina una política de la era Trump que permitía a los funcionarios de inmigración denegar ciertas solicitudes de visas incompletas o ilegibles, incluidas las residencias permanentes, sin antes enviar una solicitud de evidencia adicional (RFE, en inglés) o un aviso anunciando la intención de las autoridades de negar la solicitud (NOID, en inglés).

Esto quiere decir que los inmigrantes ahora tendrán mayor oportunidad de presentar documentos adicionales y corregir errores y omisiones “no intencionales”, a fin de que sus solicitudes no sean denegadas.

“En general, un funcionario de USCIS emitirá una RFE y un NOID cuando determine que la explicación o información adicional requerida potencialmente puede llevar al solicitante a ser elegible para un beneficio inmigratorio”, indicó la agencia.

Se aceleran las solicitudes

Se han actualizado los criterios para definir quiénes aplican para que sus solicitudes sean procesadas por una vía rápida.

Ahora se incluirá a las organizaciones sin fines de lucro cuya solicitud sea «en beneficio de los intereses sociales y culturales de Estados Unidos».

Extensión de las autorizaciones de empleo

Uno de los mayores retos que enfrentan los inmigrantes para obtener un permiso de trabajo (EAD, en inglés) –lo cual es un requisito para los solicitantes de asilo, las aplicaciones de residencia permanente y los estudiantes que buscan obtener un permiso de prácticas profesionales (OPT, en inglés)– es el tiempo que las autoridades tardan en responder.

En muchos casos, aun cuando el permiso es aprobado este llega demasiado tarde, cuando ha terminado el periodo de elegibilidad de las personas para usarlo.

Por ello, la Administración Biden ha ampliado a dos años la validez de los permisos de trabajo para extranjeros, tanto de las nuevas solicitudes como de las renovaciones.

Las autoridades explicaron que de este modo se busca ahorrar recursos, pues se reducirá el número de solicitudes que reciben cada año y eso permitirá aprovechar el tiempo que invierten en su procesamiento en otras áreas prioritarias.

«Estas medidas son consistentes con las prioridades de la Administración de Biden y Harris para eliminar las barreras innecesarias en el sistema legal de inmigración de nuestra nación y reducir las cargas sobre los no ciudadanos que pueden ser elegibles para los beneficios de inmigración», afirmó el director interino de USCIS, Tracy Renaud.

«USCIS está comprometido con la promoción de políticas y procedimientos que garanticen su operación de una manera justa, eficiente y humana, que refleje la herencia de Estados Unidos como una tierra de oportunidades para quienes las buscan», agregó el funcionario.

El servicio de inmigración reactiva la regla de carga pública para todos los trámites, incluida la residencia

Menos de dos semanas después de un fallo judicial que levantó las restricciones a la nueva regla de carga pública, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración anunció que la medida será aplicada a todos sus trámites.

El gobierno de Donald Trump reactivó este martes a nivel nacional la regla de carga pública para todos sus trámites, incluida la residencia permanente (green card o tarjeta verde).

La reactivación de la regla significa que antes de aprobar cualquier beneficio migratorio, el gobierno determinará primero si el solicitante podría ser una carga para el estado.

El nuevo reglamento había entrado en vigor el 24 de febrero, pero a finales de julio un juez federal de Nueva York la detuvo bajo el argumento de que la política “disuade a los inmigrantes de buscar hacerse la prueba del covid-19, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus”.

El gobierno apeló el fallo y el pasado 11 de septiembre la Corte de Apelaciones del 2º Circuito “emitió una decisión que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudar la implementación de la regla final de Inadmisibilidad por Carga Pública en todo el país, incluso en Nueva York, Connecticut y Vermont”, dijo este martes la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

La agencia indicó además que “la decisión suspende la orden judicial del 29 de julio de 2020 emitida durante la pandemia de coronavirus que impidió al DHS hacer cumplir la regla final de carga pública durante la emergencia sanitaria nacional”.

“Por lo tanto, aplicaremos la regla final de carga pública y la orientación relacionada en el manual de políticas de USCIS a todas las solicitudes y peticiones con matasellos (o enviadas electrónicamente) a partir del 24 de febrero de 2020”, precisó.

Paso “desafortunado”

Abogados cuestionaron la decisión del gobierno de activar la regla de carga pública en momentos que la pandemia supera los 200,000 muertos eh Estados Unidos y los contagios no se detienen.

“Es desafortunado, especialmente en estos tiempos de covid-19”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California). “Es un ejemplo de cómo esta Administración está actuando de una manera inhumana”.

Gálvez dijo además que “el gobierno está penalizando injustamente a personas que no tienen control sobre esta enfermedad, no tienen control sobre ello. El m,ensaje es que van a castigar a las personas que están haciendo bien las cosas, pero ellos buscarán hacer todo lo posible para bloquearlos y sancionarlos”.

«Todos aquellos que aplicaron deben conseguir un contador (CPA) para que los ayude con esta parte financiera y asegurarse, con el respaldo de un abogado, que el caso no será rechazado por el gobierno”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

El fallo de julio

En la decisión de julio, el juez federal George Daniels dictaminó que los estados y las organizaciones sin fines de lucro que impugnaron la nueva regla tenían razón.

El tribunal encontró que una suspensión de la regla es merecida por causa de la crisis sanitaria, indicando que la regla desalienta a los inmigrantes a procurar examinaciones médicas y tratamientos para el covid-19, lo cual impide los esfuerzos para controlar la propagación del virus.

La corte reconoció el argumento y evidencia presentada que demuestra que inmigrantes no se han apuntado para el Medicaid u otro tipo de asistencia médica publica por miedo de ser considerados como “carga pública” para propósitos inmigratorios.

Por lo tanto, ordenó que la regla de carga publica no puede ser implementada mientras el país siga bajo una emergencia nacional de sanidad. La orden aplica a nivel nacional.

De qué se trata la regla

La regla final de carga pública, que se publicó el 14 de agosto del año pasado en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) modificó las regulaciones del DHS y describe la manera en la que esta dependencia federal determinará si una persona solicitando admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (la tarjeta verde) “es inadmisible”, sea porque se trata, o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”.

Pero no todos los extranjeros se verán afectados, advierte el Defensor del Pueblo (Ombudsman) de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). “La regla final exime a ciertas personas, como los titulares de visas «U» y «T», asilados, refugiados y otras categorías”.

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes señalan que la falta de información, y la incertidumbre generada tras el primer anuncio del gobierno, ha tenido impacto en la comunidad, y denuncian que muchos extranjeros con hijos estadounidenses los han retirado de programas para los cuales califican legalmente por miedo a ser afectados en trámites de legalización futuros.

La regla final iba a entrar en vigor el 16 de octubre del 2019, pero horas antes un tribunal federal detuvo su implementación. Sin embargo, el 27 de enero de este año la Corte Suprema emitió una decisión que tuvo el efecto de levantar todos los requerimientos de la Regla Final, con excepción de Illinois.

“No todos serán afectados”

“Nuestra mayor preocupación es que no todos serán afectados”, dice Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). “No todo el mundo ha entendido bien la nueva regla”, agrega.

Salas dice además que “personas que a lo mejor son elegibles para usar beneficios púbicos o para utilizar cuidado médico, no están eligiendo estas opciones por miedo que impacte su estatus migratorio”.

“Para eso estamos haciendo educación comunitaria. Nosotros estamos opuestos a que entre en vigor, pero hemos minimizado los daños en los últimos meses entregando información a la comunidad”, precisó.

La activista dijo además que “le pedimos al publico que se informe, que no tome decisiones sobre su cuidado médico sin antes estudiar la regla y ver si les afectará o no. Y si son residentes permanentes, que tengan claro que para ellos no aplica. Los que tienen la ‘green card’ no deben dejar de lado el cuidado médico porque para eso pagan sus impuestos”, indicó.

Fuente: Jorge Cancino

Los esfuerzos para quitarle la ciudadanía a extranjeros naturalizados no se detienen

El gobierno de Donald Trump investiga miles de ciudadanías en busca de fraude para iniciar procesos de desnaturalización que pueden terminar en una deportación de Estados Unidos.

Desde su creación en febrero, los trabajos de una oficina para revocar la ciudadanía a inmigrantes que han cometido delitos graves no se detienen. Si bien el gobierno aseguró en aquel momento que solo perseguirá a aquellos que han cometido fraude al sistema de naturalización, activistas y defensores de los derechos civiles insisten en que se trata de una herramienta antiinmigrante.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), por su parte, menciona que sigue vigente el tema en el manual de políticas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). Y que en los últimos dos meses no ha habido cambios al reglamento.

Añade que, de acuerdo con el manual de políticas del servicio de inmigración, una persona que juró como ciudadano estadounidense está sujeta a la revocación de la naturalización si:

La adquirió ilegalmente. Significa que la persona no era elegible para la naturalización en primer lugar. En consecuencia, cualquier requisito de elegibilidad para la naturalización que no se cumplió, puede formar la base de una acción para revocar la naturalización de un individuo. Esto incluye los requisitos de residencia, presencia física, admisión legal para residencia permanente, buen carácter moral y apego a la Constitución de Estados Unidos.

Si hay un engaño deliberado por parte de la persona al tergiversar o no revelar un hecho o hechos materiales en su solicitud de naturalización y posterior examen.

Miles de ciudadanías bajo investigación

Desde que el gobierno de Donald Trump se instaló en la Casa Blanca en enero de 2017, el tema de investigar las ciudadanías en busca de fraude ha estado presente en la llamada política de tolerancia cero.

El 19 de septiembre de ese año, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, puso bajo investigación miles de ciudadanías con el objetivo de revocarlas y deportar a los afectados si se comprueba que fueron obtenidas de manera ilegal.

El Departamento de Justicia explicó en enero de 2018 que una investigación federal identificó alrededor de 315,000 casos “donde faltaban algunos datos de huellas dactilares”. Entre esos casos, agregó, “algunos pueden haber tratado de eludir antecedentes penales y otras verificaciones de antecedentes en el proceso de naturalización”.

A partir de entonces, los esfuerzos no se han detenido, incluso durante la pandemia.

Para el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona, “el gobierno está buscando gente que ellos perciban que se trata de individuos que han cometido fraude, aunque se trate de ciudadanos estadounidenses naturalizados”.

Entre los posibles delitos, Hernández menciona matrimonio, compañías que pidieron la residencia de un trabajador pero se trataba de una empresa fantasma o que «la persona tenía antecedentes criminales pero las autoridades de inmigración no se dieron cuenta, no lo cacharon en su momento durante el proceso”.

En esos casos, “tiene que buscar a un abogado para que revise su caso y definir una estrategia”. Y agregó: “La persona debe saber que puede ser detenida. Y definitivamente le van a retar su ciudadanía durante un proceso de deportación en un tribunal migratorio”. “No necesariamente lo deportarán si le quitan la ciudadanía. Pero si son exitosos, lo mas probable es que el gobierno proceda a deportar a esa persona”, puntualizó.

En qué casos la quitan

AILA explica que, en general, una persona está sujeta a la revocación de la naturalización si:

+ El ciudadano estadounidense naturalizado tergiversó u ocultó algún hecho;
+ La tergiversación u ocultación fue intencional;
+ No entregó toda la información requerida; y
+ El ciudadano estadounidense naturalizado adquirió la ciudadanía como resultado de tergiversación u ocultación de datos.

Las tergiversaciones, explica AILA en base al reglamento de la USCIS, “pueden ser testimonios orales proporcionados durante la entrevista de naturalización o pueden incluir información contenida en la solicitud presentada por el solicitante” cuando pidieron la ciudadanía.

Añade que los tribunales serán quienes “determinen si el hecho o hechos mal representados u ocultos fueron tergiversados o tenían una tendencia a afectar la decisión. “No es necesario que la información, si se revela, hubiera impedido la naturalización”, agrega.

Casos específicos

El reglamento vigente estipula que “una persona está sujeta a la revocación de la naturalización si se convierte en miembro o está afiliado al partido comunista, a otro partido totalitario u organización terrorista dentro de los cinco años de su naturalización”.

En general, indica, la persona que está involucrada con tales organizaciones “no puede establecer los requisitos de naturalización para tener un apego a la Constitución y estar bien dispuesto al buen orden y la felicidad en Estados Unidos”.

También una persona está sujeta a la revocación de la naturalización si obtuvo la ciudadanía sobre la base de un servicio honorable en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero posteriormente “se separa de la institución en condiciones distintas a las honorables».

Durante años, el Departamento de Justicia concentró sus esfuerzos para despojar a los inmigrantes de su ciudadanía si fueron declarados criminales de guerra que mintieron en sus documentos de inmigración, especialmente los exnazis.

El diario The New York Times reportó que los procesos de desnaturalización se intensificaron en un 600 por ciento bajo el gobierno actual. En la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2019 el gobierno pidió $207.6 millones para investigar 887 pistas adicionales que espera llegar a ciudadanos estadounidenses que pueden ser vulnerables a la desnaturalización y revisar otros 700,000 archivos de inmigrantes.

Fuente: JORGE CANCINO

Inició la Ley de la Carga Pública

El lunes 24 de febrero la regla entrará en vigencia a nivel nacional, y incluye a Illinois el cual había sido excluido inicialmente debido a prioceso judicial estatal.

Este lunes entra en vigor la nueva regla de carga pública del gobierno de estados unidos, que va a afectar a algunos inmigrantes, y también va a afectar a Illinois.

La Corte Suprema falló a favor de la administración de Trump el viernes en un caso que impugnó la regla de » carga pública» para los inmigrantes legales, según un comunicado del Servicio de Inmigración, (USCIS, por sus siglas en inglés).

La decisión se dio a conocer la noche del viernes.

La Corte Suprema había excluído a Illinois de la implementación de esta regla, pero en su decisión del viernes levantó esa prohibición.

¿Qué significa esto para los inmigrantes? Que va a ser más difícil regularizar su situación migratoria para muchos inmigrantes.

Las solicitudes de personas que hayan recibido ayuda pública podrían ser rechazadas, además personas por su edad, condición de salud, educación, dominio del inglés, experiencia laboral entre otros.

A continuación, mencionamos algunos de los beneficios públicos que no tendrán efecto sobre la determinación de carga pública.

Affordable Care Act (ACA)
Mejor conocido como Obamacare

Los planes de seguro médico de Obamacare no están incluidos dentro de la lista de programas que estarán sujetos a la nueva normativa de carga pública, así que si eres elegible puedes seguir utilizándolo, incluso si recibes créditos fiscales para el pago de las primas. Para saber qué inmigrantes pueden solicitar Obamacare, revisa este enlace. Este no es el caso de quienes hayan realizado su solicitud de Medicaid mediante la página web de Obamacare durante el período de inscripción abierta, a menos de que el caso constituya una de las excepciones.

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC)
Ayuda hasta que el niño cumple 5 años

Mujeres embarazadas y de posparto de bajos ingresos (debajo del 185% del nivel de pobreza), así como sus hijos de hasta 5 años, pueden ser elegibles para este beneficio que proporciona alimentos suplementarios, educación sobre nutrición, el fomento y apoyo del amamantamiento entre otros. Recibir esta ayuda no afecta de por sí el ajuste de estatus, según la regla. Para más información revisa este enlace.

Children’s Health Insurance Program (CHIP)
El seguro médico para niños

Este programa ofrece cobertura de salud infantil gratuita o de muy bajo costo a familias cuyos ingresos son más altos de lo requerido para aplicar a Medicaid. Los requisitos varían según el estado. Expertos señalan que si tus hijos califican y lo necesitas no dejes de usarlo.

Medicaid para menores de 21 años, mujeres embarazadas y otros
Como el Medicaid de emergencia

El DHS no tomará en cuenta ciertos servicios de Medicaid a la hora de evaluar si un inmigrante es considerado carga pública. Algunos ejemplos son: los beneficios de Medicaid recibidos por una mujer durante su embarazo y durante el periodo de 60 días a partir del último día de su embarazo, los beneficios proporcionados en relación con la Ley de Educación para Individuos con Discapacidad (Individuals with disabilities Education Act), y el Medicaid de emergencia –que paga los costos de salud de individuos que presentan una emergencia médica – un concepto que se limita a aquellos casos que comprometen severamente la vida de la persona. En pocas palabras: no toda emergencia médica será cubierta.

Medicare Parte D Subsidio de bajos ingresos
La ayuda para algunos adultos mayores

Este programa ayuda a las personas mayores de 65 años a costear los gastos de sus medicamentos de prescripción. Para saber si eres elegible, revisa este enlace.

Head Start
Programa de educación temprana

Si tu hijo forma parte del programa educativo Head Start, que brinda apoyo educativo a familias de bajos ingresos con niños menores de 5 años, esto no entrará en consideración a la hora de que se evalúe una solicitud de ajuste de estatus según la nueva norma de carga pública.

Fuente: ALMA CAMPOS

Nueva Norma Podría Negarte tu Residencia

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció que a partir del 24 de febrero entrará en vigor una nueva norma para obtener el permiso de residencia

Con la entrada del 2020, llegan nuevos requisitos para la obtención de la Green Card.

Así lo anunció recientemente el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) que explicó que a partir del 24 de febrero se podrá negar el documento por motivos de “carga pública”.

«Implementaremos la regla de #CargaPública a nivel nacional (menos en Illinois) el 24 de febrero. Pronto publicaremos formularios nuevos e instrucciones de presentación en nuestro sitio web”, informó a través de Twitter la agencia migratoria.

Esto significa que aquellos extranjeros que hayan recibido apoyos o subsidios del gobierno no podrán solicitar el permiso de residencia. Con ello, las autoridades estadounidenses buscan garantizar que el migrante que obtiene la Green Card es autosuficiente económicamente, y capaz de “mantenerse a sí mismo”.

“La autosuficiencia es un valor central de Estados Unidos y ha sido parte de la ley de inmigración durante siglos. Al exigirle a las personas que buscan venir o permanecer en Estados Unidos que dependan de sus propios recursos, familias y comunidades, fomentaremos la autosuficiencia, promoveremos el éxito de los inmigrantes y protegeremos a los contribuyentes estadounidenses”, explicó Ken Cuccinelli, Funcionario Superior en Funciones de subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El anuncio del USCIS llega tres días después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos levantara el bloqueo a la norma, que no se aplicará en Illinois, ni afectará a las solicitudes fechadas antes de octubre de 2018.

¿A qué extranjeros afecta la norma?

Según la regla, aquellos extranjeros que hayan recibido ayudas gubernamentales, -como Medicaid; subsidios para la vivienda; o cupones de alimentos del programa SNAP, entre otros- serán “inadmisibles” en el trámite de la Green Card o de la visa de inmigrante.

No obstante, la norma contempla algunas especificaciones y excepciones.

Entre ellas, USCIS explica que se calificará a un solicitante como “carga pública”, cuando este haya obtenido el apoyo gubernamental durante más de 12 meses, en un plazo de 36 meses.

“Un inmigrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados ‘durante más de 12 meses en un período de 36 meses’. En el caso de recibir dos ayudas públicas al mes, se contará como dos meses”, explica USCIS.

Según advirtió la agencia en el comunicado, este requisito también aplica para los extranjeros que quieran obtener una ampliación de estadía o un cambio de estatus.

«Deben demostrar que no han recibido beneficios públicos por encima del límite designado desde que obtuvieron el estatus de no inmigrante que desean extender o cambiar”, aclaró la agencia.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional y las autoridades migratorias tendrán potestad para denegar el trámite cuando consideren que el extranjero puede convertirse en una “carga pública” en el futuro.

“El Departamento de Seguridad Nacional determinará si un extranjero es inadmisible a EEUU a base de la probabilidad de que dicho extranjero se convierta en una carga pública en cualquier momento futuro, según lo indica la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, explica el comunicado.

“Bajo la regla, USCIS evaluará los factores requeridos por el Congreso, como, por ejemplo, la edad, salud, ingreso, educación y habilidades en el extranjero, entre otros, para determinar si es probable que dicho extranjero se convierta en una carga pública en algún momento”.

La norma por motivos de carga pública, “no afectará” a los migrantes que soliciten la Green Card o la visa de inmigración en Illinois, ya que allí la implementación permanece prohibida por un tribunal federal.

Tampoco operará cuando el solicitante sea un migrante con servicio militar activo; o cuando se trate de una mujer embarazada, de refugiados, solicitantes de asilo o víctimas de trata. Cuando el extranjero sea un menor con Medicaid, tampoco aplica.

A partir de hoy, USCIS publicará los nuevos formularios para solicitar la visa o la Green Card.

Críticas por Ley que Niega Residencia a Quien Recibió Ayuda

Activistas y funcionarios consideran que tendrá un efecto devastador entre la comunidad.

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos para que la regla de la carga pública que obliga a rechazar la residencia a quienes reciban beneficios públicos, entre en vigor aún cuando todavía no se resuelve en las cortes federales, levantó una oleada de comentarios en contra en Los Ángeles y California.

Los magistrados del máximo tribunal votaron 5 contra 4 para levantar el freno impuesto en octubre por las cortes de Nueva York, California y Washington que impedían la implementación de esta nueva norma. Los defensores de los inmigrantes consideran que la determinación de la corte tendrá fuertes repercusiones en las familias de los inmigrantes de bajos recursos.

“El impacto de la decisión de la Corte Suprema sobre la carga pública será devastador. A causa de este fallo, las familias están pasando hambre y evitando el cuidado médico”, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom.

Confió que el estado revise la decisión para determinar los siguientes pasos a seguir, y proporcionar asistencia a los californianos afectados. “California continuará peleando contra esos esfuerzos por aterrorizar a las familias inmigrantes”, dijo.

Y recomendó a quienes estén preocupados buscar consejo calificado de migración.

La propuesta de presupuesto estatal 2020-21 del gobernador Newsom, incluye 75 millones de dólares para las organizaciones no lucrativas que proporcionan una variedad de servicios calificados de migración.

Confusión y estrés

La presidenta de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), Angélica Salas, dijo que negar estatus legal a las familias inmigrantes y niños que buscan asistencia básica como alimentos y cuidado médico de emergencia, es cruel e innecesario; y avanza el objetivo claro de la agenda de patriotismo extremo, xenofóbica, y blanca de la administración Trump para mantener fuera a los inmigrantes.

“Debido a que este asunto continúa peleándose en las cortes, el fallo de la corte crea confusión y estrés en las familias y niños que buscan servicios básicos”, expresó Salas.

Estados Unidos es fuerte cuando las familias están saludables, siguió. “Al forzar a los inmigrantes para que escojan entre sus necesidades básicas como alimentos y vivienda, y un camino hacia la ciudadanía, se cruza otra línea”.

Salas consideró la regla de la carga pública de Trump “hará a nuestras comunidades y nación, más enferma, más hambrienta y más pobre”.

Agregó que el gran plan de la administración Trump para hacer que el sistema de migración de la nación sea basado en méritos y un club exclusivo, avanza hacia adelante.

“Representa un ataque a las familias inmigrantes, incluyendo a los niños nacidos en Estados Unidos”, subrayó la defensora de los inmigrantes.

Legisladores decepcionados

La asambleísta de San Diego, Lorena González, líder de la bancada latina en la legislatura de California reveló que se sienten desilusionados de que la administración continúe reescribiendo las reglas del Sueño Americano, permitiendo el acceso solo a los ricos y poderosos.

“Esta política es antiestadounidense y de poca visión hacia el futuro”, dijo González, quien subrayó que este cambio draconiano en la política minará la salud colectiva y el bienestar de la nación al empujar a millones de familias y niños a lo largo del país, fuera de programas y servicios críticos.

Consejo legal

Alex Gálvez, abogado de migración de Los Ángeles, dijo que aún no se ha determinado si es legal o no la norma de la carga pública. “Lo que la Corte Suprema definió fue que se quite el freno para que se aplique mientras se pelea en las cortes”.

El abogado puntualizó que esta medida convierte a los agentes de migración en asesores financieros porque ellos tendrían que determinar que inmigrante puede ser una carga pública y quién no.

“Lo único que hace esta regla es matar el sueño americano”, remarcó el letrado.

A los inmigrantes, les dijo, que es importante que entiendan, que no les afecta si piden ayuda en efectivo o cupones de alimentos para sus hijos nacidos en EEUU. “Esa asistencia no es para ellos sino los hijos ciudadanos estadounidenses”, enfatizó.

Se calcula que 232,000 inmigrantes podrían abandonar programas de beneficios públicos como resultado del reglamento de carga pública. (El Diario NY).
Bajo la carga pública, sí podría afectarles sin reciben asistencia médica para ellos. “El impacto será mayor en la salud de los inmigrantes”, estimó. Pero en general, el inmigrante no recibe prestaciones públicas. “Por ser indocumentado no califica para cupones de alimentos ni asistencia en efectivo. La mayoría no recibe ayuda federal”.

Gálvez teme que quienes podrían verse más afectados son aquellos que salen a solicitar la residencia en el extranjero como en los consulados.

“Algo que puede ayudarles es pagar sus impuestos y tener una cuenta de ahorros en el banco”, mencionó.

Sin embargo, pidió a los inmigrantes que reciben ayuda del gobierno para sus hijos que no la cancelen. “Trump solo quiere mano dura en una situación que está cambiando y es incierta”, dijo. “Si tienen dudas, lo mejor es que consulten a un abogado de migración de su confianza”, aconsejó.

Suprema Corte Avala Ley de Trump de Negar Residencia a Quién Pida Ayuda

El máximo tribunal judicial levantó, de esta manera, el bloqueo establecido por un tribunal de menor rango para frenar la aplicación de la norma impulsada por la Casa Blanca

La Corte Suprema de Estados Unidos levantó este lunes un bloqueo judicial que impedía la aplicación de un reglamento impulsado por el gobierno de Donald Trump que prohíbe que los inmigrantes legales que reciban ayudas sociales opten por la residencia permanente.

Los nueve jueces que componen la más alta jurisdicción estadounidense votaron divididos 5 contra 4 la petición de la administración de levantar un bloqueo establecido por un tribunal de menor rango para frenar la aplicación de la norma.

La Corte Suprema permitió “al gobierno seguir aplicando (por ahora) esta política en todos lados salvo en Illinois”, debido a un recurso judicial aún pendiente en ese estado, indicó el alto tribunal.

El gobierno de Trump, que impulsa una política migratoria restrictiva, dijo al anunciar el reglamento en agosto de 2019 que “para proteger los beneficios de los estadounidenses, los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes”.

Luego de presentar el proyecto, un juez federal en Nueva York impuso una orden judicial a nivel nacional, bloqueando al Ejecutivo la posibilidad de cumplir la norma, en respuesta a una demanda presentada por Nueva York, Connecticut, Vermont, la ciudad de Nueva York y grupos de ayuda a inmigrantes.

Residencia por Matrimonio Ahora más Difícil

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) ha actualizado sus normas sobre los permisos de residencia permanente para los migrantes que se casan con ciudadanos estadounidenses o con portadores de green card.

El matrimonio en sí no permite acceder a la residencia permanente, sino a un visado condicional por dos años. A partir de los 90 días antes de que expire este permiso, es necesario que los dos cónyuges apliquen para retirar esas restricciones, de forma que el visado se convierta en una green card definitiva.

Para ello, deben probar que su matrimonio no es un fraude, presentando un formulario y haciendo una entrevista con un oficial de inmigración en la que, juntos o por separado, son interrogados sobre aspectos personales.

Desde hace un año, este último paso, la entrevista, no es necesaria si el agente de inmigración tiene suficientes pruebas ya, no hay dudas complejas o sospechas de fraude que lo hagan necesario, o si el extranjero ya ha sido entrevistado anteriormente.

Sin embargo, en ocasiones las parejas olvidan realizar este trámite durante los 90 días correspondientes, o consideran que no pueden hacerlo porque ya se han divorciado, según recuerda el diario Miami Herald.

No presentar esta solicitud abocaba al extranjero a ser deportado.

Hasta ahora, esto ocurría, y los cónyuges querían aplicar fuera de plazo o el extranjero quería hacerlo tras casarse de nuevo, tenían que esperar a que un juez migratorio decretara el final del permiso de residencia permanente condicionada, para después poder presentar una nueva solicitud.

“Estos inmigrantes terminaban en un limbo terrible”, asegura la abogada Elina Santana al citado diario, “porque USCIS a menudo no enviaba la información a las cortes”. “No podían viajar, y no tenían tarjeta de residencia”, añade, “a nivel práctico, era como si estuvieran en el país ilegalmente”.

Una nueva norma incluida en el manual de USCIS, anunciada el pasado jueves, pone fin a esta incertidumbre: establece que un juez migratorio “no necesita decretar el final del estatus de residencia permanente condicionada para que el extranjero pueda aplicar para un nuevo ajuste de estatus”.

“Esto significa que no hace falta una orden final de un juez para considerar cancelada la primera residencia”, explica la abogada, “de forma que aquellos que cualifican de nuevo pueden aplicar directamente a USCIS sin el limbo que había antes”.

Para ello sólo deben cumplir con tres requisitos, según USCIS: tener base de nuevo para el ajuste de estatus, ser elegible, y que la agencia federal tenga jurisdicción sobre la aplicación.

El periodo de tiempo vivido en el país durante la aplicación anterior no cuenta sin embargo para el plazo con el que conseguir la ciudadanía (cinco años desde el inicio del proceso).