Habrá Nuevas Tarjetas de Seguro Social Digitales

Gobierno de EEUU ofrecerá pronto tarjetas digitales del Seguro Social

La agencia de Estados Unidos anunció recientemente que ofrecerá una alternativa digital. Conoce cuándo estará disponible y quiénes pueden acceder a ella.

Tu tarjeta de Seguro Social sufrirá una importante actualización, que la pondrá finalmente en el siglo XXI.

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció recientemente que ofrecerá acceso digital al número de Seguro Social (SSN).

Con la nueva modalidad, los titulares de cuentas de My Social Security podrán mostrar su número fácilmente y cuando lo necesiten a través de sus celulares u otros dispositivos móviles.

«Esta mejora ofrecerá a quienes hayan olvidado o extraviado su tarjeta de SSN una solución sencilla que les permitirá consultarlo de forma segura en línea a través del portal my Social Security», indicó la agencia en un comunicado hace unas semanas.

La medida hará que los titulares puedan usar su número de Seguro Social sin necesidad de esperar que la tarjeta llegue por correo postal a sus residencias.

El acceso digital del número de Seguro Social estará disponible «a principios de este verano», agregó el comunicado, que no da una fecha exacta.

La agencia resaltó que la alternativa es segura y busca así reducir el riesgo de pérdida o robo de tarjetas.

El comunicado no detalla las medidas de seguridad de la alternativa digital de tu número de Seguro Social.

Al momento, la Administración del Seguro Social urge a los titulares a no cargar la tarjeta consigo todos los días. «La mejor forma de ‘asegurar tu tarjeta’ es mantenerla en un lugar seguro y compartirla solo cuando sea requerido, lo que es raro», según una publicación.

De acuerdo con la página web del SSA, la primera versión de la tarjeta de Seguro Social fue emitida en 1936. Desde entonces ha sufrido 36 actualizaciones, siendo la más reciente en 2022, cuando se incluyó un mensaje pidiendo a titulares que compartan el número y no la tarjeta, se cambiará la palabra «alien» por «nociudadano» y se enfatizaran los servicios digitales.

Para crear una cuenta de My Social Security u obtener más información, puedes visitar https://www.ssa.gov/myaccount/.

Texanos Enfrentan Cambios en el Acceso al Seguro Social

La eliminación de visitas sin cita previa en las oficinas del Seguro Social obliga a los usuarios a programar turnos anticipados, generando preocupaciones por los desafíos tecnológicos y la saturación de los canales de atención

A partir del 8 de noviembre de 2024, los residentes de Florida, Texas y California enfrentan un cambio significativo en el acceso a los servicios del Seguro Social. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ha implementado una nueva política que elimina las visitas sin cita previa en las oficinas de estos estados, una medida destinada a mejorar la organización y reducir los tiempos de espera. Esta decisión busca resolver problemas recurrentes de largas filas y retrasos imprevistos en las oficinas, pero ha suscitado opiniones divididas debido a los desafíos que plantea para ciertos sectores de la población.

La SSA estableció que los residentes deberán agendar sus citas con antelación, ya sea llamando al número 1-800-772-1213, disponible de lunes a viernes entre las 8:00 am y las 7:00 pm, o utilizando la opción 7 del menú para asistencia en español. Según las autoridades, este sistema permitirá “organizar mejor el flujo de personas” y mejorar la atención al público.

Aunque diseñada para optimizar el servicio, la implementación ha enfrentado dificultades. Usuarios han reportado tiempos de espera prolongados al intentar comunicarse por teléfono, especialmente en horarios pico, lo que ha generado críticas, especialmente entre quienes dependen exclusivamente de este medio para programar sus citas.

Opiniones divididas: entre la eficiencia y los desafíos

El cambio ha recibido tanto elogios como críticas. Algunos expertos destacan que las citas previas podrían disminuir los tiempos de espera y garantizar una atención más ágil. Sin embargo, grupos vulnerables como los adultos mayores y personas sin acceso a Internet enfrentan barreras significativas.

“Las largas esperas telefónicas y la saturación del sistema dificultan el acceso al servicio, sobre todo para aquellos sin habilidades tecnológicas o dispositivos adecuados”, señala el informe. Estos problemas han generado preocupación en sectores que dependen de un sistema más accesible para realizar trámites básicos.

Servicios en línea: una alternativa con limitaciones

La SSA ha promovido su portal en línea como una opción más conveniente para realizar trámites como solicitar beneficios de jubilación, Medicare o prestaciones por incapacidad. Según la agencia, este recurso busca reducir la necesidad de visitas presenciales y facilitar la transición. No obstante, trámites específicos, como los relacionados con la Ayuda Suplementaria (SSI) o los beneficios para sobrevivientes, aún requieren la presencia física de los beneficiarios. Además, estos servicios tienen plazos estrictos para ser completados, lo que podría agravar los retrasos en la recepción de beneficios para quienes no logren programar citas con suficiente anticipación.

Impacto en la equidad tecnológica y social

El enfoque hacia la digitalización de servicios ha puesto en evidencia la desigualdad tecnológica existente en comunidades marginadas. Según expertos citados, esta medida afecta especialmente a las comunidades rurales, adultos mayores y personas con discapacidades, quienes enfrentan dificultades adicionales para acceder a plataformas digitales o trasladarse a oficinas físicas.

“Sin políticas inclusivas que equilibren la eficiencia con la equidad, el riesgo de exclusión social es alto”, advierten los especialistas, subrayando la importancia de estrategias que minimicen estos efectos negativos.

Perspectivas sobre la implementación de la medida

La SSA tiene ante sí el desafío de garantizar que la transición a este nuevo sistema no excluya a los sectores más vulnerables. Entre las posibles soluciones, se destacan talleres de educación tecnológica, mejoras en la infraestructura telefónica y una comunicación más efectiva para orientar a los usuarios.

Aunque la política promete reducir los tiempos de espera y mejorar la organización, su éxito dependerá de la capacidad de la SSA para equilibrar la eficiencia operativa con la accesibilidad. Las medidas que tome en los próximos meses serán cruciales para garantizar que ningún grupo quede desatendido en este proceso.

Cambios en el Seguro Social No te Beneficiarán

La Administración del Seguro Social está lista para implementar nuevas reglas que facilitarán el acceso a ciertos beneficios y aumentarán los pagos a algunos beneficiarios.

Los nuevos cambios aplicarán a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que proporciona cheques de beneficios mensuales a más de 7 millones de estadounidenses. Esos beneficios son para personas mayores de 65 años en adelante, o adultos y niños discapacitados o ciegos que tienen pocos o ningún ingreso o recursos.

“Ya sabemos que el pago de los beneficios disponibles para quienes reciben SSI son increíblemente bajos”, señaló Lydia Brown, directora de políticas públicas del Instituto Nacional de Discapacidad. “No son tan altos como podrían ser para cubrir plenamente las necesidades que tiene la gente”.

El pago federal máximo mensual de SSI es actualmente de 943 dólares por persona elegible y de 1,415 dólares por persona elegible y su cónyuge elegible.

Los cambios, que entrarán en vigor el 30 de septiembre, son un “paso positivo en la dirección correcta”, aseguró Brown.

Se amplía una definición que hará elegibles para ayuda a más hogares

La agencia anunció el jueves una nueva regla para ampliar la definición de hogar con asistencia pública. Ahora, se incluirán los hogares que reciben pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y aquellos donde no todos los miembros reciben asistencia pública.

Con el cambio, más personas pueden calificar para pagos de SSI, los beneficiarios actuales pueden recibir pagos más altos y las personas que viven en hogares que reciben asistencia pública tendrán menos requisitos a la hora de llenar sus informes, según la Administración del Seguro Social.

La política anterior requería que todos los miembros del hogar recibieran asistencia pública.

Un hogar que recibe asistencia pública se definirá como aquel en el que haya un solicitante o beneficiario de SSI, así como al menos otro miembro que recibe una o más formas de pagos públicos suplementarios a los ingresos.

“Al simplificar nuestras políticas e incluir un programa adicional dirigido a familias de bajos ingresos, como el SNAP, estamos eliminando barreras importantes para acceder al SSI”, explicó el comisionado del Seguro Social, Martin O’Malley, en un comunicado. “Estos cambios promueven una mayor equidad en nuestros programas”.

La definición de hogar con asistencia pública no se había actualizado en mucho tiempo, de acuerdo con Darcy Milburn, directora de Seguridad Social y políticas de atención médica de The Arc, una organización sin fines de lucro que atiende a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo.

“Yo caracterizaría esto simplemente como una buena política y cambios de sentido común para actualizar esta definición”, agregó Milburn.

De hecho, hay muchas formas en las que el SSI todavía funciona bajo reglas ideadas en la década de 1980, de acuerdo con Brown, del Instituto Nacional de Discapacidad.

Y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria es el primer beneficio público de su tipo que se ha agregado a la definición de hogar de asistencia pública desde ese entonces, según la Administración del Seguro Social.

Otros cambios de reglas

La Administración del Seguro Social también está trabajando para reajustar prácticas obsoletas a través de otras dos normas, que entrarán en vigor el 30 de septiembre.

Un cambio ampliará la política de subsidio de alquiler del SSI para que sea menos probable que una persona sea rechazada o reciba un monto menor en su mensualidad del SSI por tener algún descuento en su tarifa de alquiler u otra asistencia relacionada con este pago.

Esa política, que ya estaba en vigor en siete estados, se aplicará a nivel nacional.

Otro cambio hará que la Administración del Seguro Social ya no cuente la asistencia alimentaria como parte del apoyo que los beneficiarios reciben de otras fuentes y que pueden reducir los montos de sus beneficios del SSI.

La Administración del Seguro Social realiza un seguimiento de los recursos que reciben los beneficiarios del SSI, aparte de sus beneficios federales, conocidos formalmente como ISM.

El propósito del ISM es reducir los beneficios del SSI si un beneficiario recibe apoyo de familiares y amigos, al tratarlo como un ingreso no derivado del trabajo, dijo Milburn.

Ese apoyo puede reducir el beneficio mensual de un individuo hasta en un tercio, agregó Milburn. Y debido a que la Administración del Seguro Social realiza un seguimiento de esos datos cada mes, es mucho lo que la agencia debe monitorear, dijo.

Cuando los cambios entren en vigor este otoño, los beneficiarios del SSI deberían notar que tienen menos papeleo que completar, reciben pagos mensuales más precisos y enfrentan menos cargas administrativas, indicó Milburn.

Propuesta al Seguro Social que Probablemente te Impactarán

Durante el año, republicanos y demócratas en el Congreso se han enfrascado en serias discusiones en torno al Seguro Social; algunas de estas propuestas afectarían de mala manera a los beneficiarios y jubilados

No todas las propuestas que se efectúan en el Congreso benefician a los jubilados que reciben el Seguro Social. Crédito: Shutterstock

El Seguro Social siempre es un tema electoral delicado, tanto para republicanos como para demócratas. Con una temporada electoral de 2024 acercándose, nos aproximamos al periodo en el que suelen desarrollarse diversas propuestas y ponerse en el pleno del Congreso, para cambiar la manera en la que se obtienen y reparten los recursos de este programa. Es por eso que hoy te presentamos las 6 propuestas que podrían impactar negativamente los beneficios de millones de estadounidenses.

1. Aumento de la edad plena de jubilación

La edad plena de jubilación (FRA) es la edad en la que recibirás el monto total del beneficio para el que calificas, según tus ingresos y tu historial laboral. Dependiendo de tu año de nacimiento, tu FRA podría ser entre los 66 y 67 años. Si bien puedes reclamar los beneficios desde los 62 años, recibes menos dinero.

En febrero, el presupuesto del Comité de Estudio Republicano, presentado por los líderes de la Cámara, propuso que la edad plena de jubilación del Seguro Social aumente gradualmente hasta llegar a los 70 años. Dentro de la propuesta, también se incluía a Medicare, la cual tiene una edad fijada para recibir el beneficio a partir de los 65 años.

2. Indexación de longevidad

Otra propuesta exigiría el uso de índices de longevidad para reducir los beneficios a medida que aumenta el promedio de vida de una generación a la siguiente. Si bien una edad de jubilación completa más alta es una opción, una alternativa es modificar la fórmula de beneficios. Todos los jubilados podrían ver menores beneficios con tales cambios.

3. Historial de ganancias promedio más largo

La Administración del Seguro Social (SSA) analiza los 35 años de tus ingresos más altos para determinar el monto de tu beneficio. Hay una propuesta que sugiere aumentar esto a 38 años. Tal vez podría ayudar con la brecha de financiamiento cuando se incluyen ingresos más bajos.

Sin embargo, esto perjudicaría a los jubilados que reciben pagos más bajos debido a las bajas ganancias en esos años adicionales.

4. Fiscalidad del Plan de Reducción de Salarios

Según las reglas del IRS, ciertos planes de reducción de salarios, como las cuentas de gastos flexibles, no incurren en impuestos sobre la nómina. Si bien esto beneficia a los empleados, la falta de impuestos contribuye a la brecha de financiación. Esto lleva a algunos a proponer gravar todos estos planes.

5. Reducciones de beneficios basadas en los ingresos

En la actualidad, los trabajadores que más ganan reciben más beneficios en su jubilación. La propuesta invertiría esta situación. El 25% o el 50% de los que más ganan podrían enfrentar beneficios reducidos. Aunque esto suena bien, en la acción se podría afectar a muchos jubilados de clase media que podrían sufrir recortes.

6. Pruebas de medios para beneficios

Sumada a la propuesta anterior, hay una propuesta que buscaría implementar pruebas de medios basadas en ingresos o riqueza. Actualmente, tus ahorros y otras fuentes de ingresos no afectan tu capacidad para recibir los beneficios del Seguro Social. Con la propuesta, si excedes los límites de ganancias, podrías obtener beneficis reducidos. Una injusticia para quienes tienen la buena costumbre del ahorro para el retiro.

Pagos de Seguro Social van a Recibir Aumento

Decenas de millones de estadounidenses mayores están a punto de recibir lo que podría ser el aumento más grande de sus vidas.

El jueves, el gobierno de los EEUU está listo para anunciar qué porcentaje de aumento verán los beneficiarios del Seguro Social en los pagos mensuales este próximo año. Es prácticamente seguro que será el más grande en cuatro décadas. Todo es parte de un ritual anual en el que Washington ajusta los beneficios del Seguro Social para mantenerse al día con la inflación, o al menos con una pequeña medida de la misma.

Mucha controversia acompaña a la medida, conocida como ajuste por costo de vida o COLA. Los críticos dicen que los datos que usa el gobierno para establecer el aumento no reflejan lo que los estadounidenses mayores están gastando en realidad y, por lo tanto, la inflación que realmente sienten. El aumento también es único para todos, lo que significa que los beneficiarios obtienen el mismo aumento independientemente de dónde vivan o qué tan grandes sean sus ahorros.

Aquí hay un vistazo a lo que está sucediendo:

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

El gobierno de los EEUU está a punto de anunciar un aumento de cuánto recibirán los más de 65 millones de beneficiarios del Seguro Social cada mes. Algunas estimaciones dicen que puede llegar al 9%.

¿QUÉ TIENEN QUE HACER LOS BENEFICIARIOS PARA OBTENERLO?

Nada.

¿SERÁ ESTE EL MAYOR AUMENTO DE LA HISTORIA?

No, pero es probable que sea el mayor en 40 años, que es más de lo que la gran mayoría de los beneficiarios del Seguro Social han estado recibiendo pagos. En 1981, el aumento fue del 11.2%.

¿CUÁNDO COMENZARÁN LOS PAGOS MÁS GRANDES?

Enero. También son permanentes y se componen. Eso significa que el aumento porcentual del año siguiente, sea lo que sea, se sumará al pago nuevo y más grande que recibirán los beneficiarios después de este aumento más reciente.

¿CUÁN GRANDE FUE EL AUMENTO DEL AÑO PASADO?

5.9%, que en sí mismo fue el mayor en casi cuatro décadas.

¿CUÁL ES EL AUMENTO TÍPICO?

Desde 2000, tiene un promedio de 2.3% ya que la inflación se mantuvo notablemente controlada a través de todo tipo de cambios económicos. Durante algunos de los años más duros de ese período, la mayor preocupación para la economía era que la inflación estaba demasiado baja.

Desde la crisis financiera de 2008, el gobierno de EEUU ha anunciado aumentos cero en los beneficios del Seguro Social tres veces debido a que la inflación era muy débil.

¿ENTONCES EL AUMENTO ES PARA COMPENSAR LA INFLACIÓN?

Esa es la intención. Como los estadounidenses se han dado cuenta dolorosamente durante el último año, cada $1 no llega tan lejos en la tienda de comestibles como solía hacerlo.

¿EL SEGURO SOCIAL HA DADO SIEMPRE TALES AUMENTOS?

No. La primera estadounidense en recibir un cheque de jubilación mensual del Seguro Social, Ida May Fuller de Ludlow, Vermont, obtuvo el mismo beneficio mensual de $22.54 durante 10 años.

Los ajustes anuales automáticos por costo de vida no comenzaron para el Seguro Social hasta 1975, luego de que se aprobara una ley en 1972 que los requería.

¿CÓMO SE AJUSTA EL TAMAÑO DEL AUMENTO?

Está vinculado a una medida de inflación llamada índice CPI-W, que rastrea qué tipo de precios pagan los asalariados urbanos y los trabajadores administrativos.

Más específicamente, el aumento se basa en cuánto aumenta el CPI-W del verano de un año al siguiente.

¿ES ESA LA MEDIDA DE LA INFLACIÓN QUE TODOS SIGUEN?

No. La gente generalmente presta más atención a una medida de inflación mucho más amplia, el índice CPI-U, que cubre a todos los consumidores urbanos. Eso cubre el 93% de la población total de los Estados Unidos.

Mientras tanto, el CPI-W cubre solo alrededor del 29% de la población de EE. UU. Ha existido por más tiempo que el CPI-U, que el gobierno comenzó a compilar solo después de la legislación que requería que los aumentos anuales del Seguro Social estuvieran vinculados a la inflación.

¿ESO ES RARO?

Sí, y algunos críticos han argumentado durante años que el Seguro Social debería cambiar a una medida diferente, una que esté vinculada a las personas mayores en particular.

Se supone que otro índice experimental, llamado CPI-E, ofrece un mejor reflejo de cómo gastan su dinero los estadounidenses de 62 años o más. Históricamente ha mostrado tasas de inflación más altas para los estadounidenses mayores que el CPI-U o el CPI-W, pero no se ha afianzado. Tampoco tienen otras medidas compiladas por organizaciones fuera del gobierno que esperan mostrar cómo la inflación afecta específicamente a los estadounidenses mayores.

Recientemente, el CPI-E ha mostrado una inflación un poco más suave que el CPI-W o el CPI-U.

¿POR QUÉ NO USAR UNO DE ESOS OTROS ÍNDICES?

Para calcular el CPI-E, el gobierno extrae de los mismos datos de la encuesta que se utilizan para medir el CPI-U general. Pero hay relativamente pocos hogares mayores en ese conjunto de datos, lo que significa que puede que no sea el más preciso.

Todos los índices dan solo una aproximación aproximada de lo que realmente es la inflación. Pero el desafío más apremiante puede ser que si el gobierno cambiara a un índice diferente, uno que mostrara una inflación más alta para los estadounidenses mayores, el Seguro Social tendría que pagar beneficios más altos.

Eso, a su vez, significaría un drenaje más rápido del fondo fiduciario del Seguro Social, que parece agotarse en poco más de una década al ritmo actual.

¿CÓMO SE ESTABLECE EL TAMAÑO DE LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL?

A través de una fórmula complicada que tiene en cuenta varios factores, incluido cuánto ganó un trabajador en sus 35 años de mayores ingresos. Generalmente, aquellos que ganaron más dinero y aquellos que esperaron más tiempo para comenzar a recibir el Seguro Social obtienen mayores beneficios, hasta cierto punto.

Este año, el beneficio máximo permitido para alguien que se jubiló a la plena edad de jubilación es de $3,345 mensuales.

¿OBTENDRÁN LOS RICOS EL MISMO IMPULSO EN LA SEGURIDAD SOCIAL?

Sí. Todos obtienen el mismo porcentaje de aumento, ya sea que tengan millones de dólares en ahorros para la jubilación o simplemente sobrevivan.

SI EL AUMENTO SE BASA EN LA INFLACIÓN EN LAS ÁREAS URBANAS, ¿RECIBIRÁ EL MISMO IMPULSO LA GENTE EN LAS ÁREAS RURALES?

Sí.

“El COLA no toma en cuenta dónde vives ni tus patrones de gasto reales”, dijo William Arnone, director ejecutivo de la Academia Nacional de Seguro Social. “Para algunas personas, es una exageración del costo de vida de, digamos, pueblos pequeños en el Medio Oeste en comparación con áreas urbanas como Nueva York, D.C. o Chicago. Dado que muchas personas mayores eligen vivir en áreas suburbanas o áreas rurales, algunas se beneficiarán más que otras con el aumento del mismo tamaño.

¿PAGOS MÁS GRANDES AHORA SIGNIFICAN PAGOS MÁS PEQUEÑOS EN EL FUTURO?

El aumento esperado es una gran noticia para todos los beneficiarios y para las empresas a su alrededor que podrían ver más en las ventas. Pero también significa que el sistema de Seguridad Social pagará más dinero antes, lo que puede agregar más presión a su fondo fiduciario.

Un año de grandes aumentos impulsados ​​por la inflación no agotará el sistema por sí solo, pero ya lleva mucho tiempo encaminándose hacia un futuro insostenible. El último informe anual de los fideicomisarios del Seguro Social dijo que sus fondos fiduciarios que pagan los beneficios de jubilación, sobrevivientes y discapacidad podrán pagar los beneficios programados de manera oportuna hasta 2035. Después de eso, el efectivo entrante de los impuestos será suficiente para pagar el 80% de beneficios programados.

¿ESTO EMPEORARÁ LA INFLACIÓN?

Pondrá más efectivo en manos de las personas que en su mayoría realmente lo necesitan, y es muy probable que lo usen. Eso alimentará más combustible a la economía, lo que podría mantener una presión alcista sobre la inflación.

Sin embargo, el impulso del Seguro Social tendrá un impacto menor en la economía que los paquetes de estímulo anteriores proporcionados por Washington, los enredos en las cadenas de suministro causados ​​​​por el cierre de empresas en todo el mundo u otros factores que, según los economistas, están detrás de la peor inflación en décadas.

¿ASÍ QUE TODO VA MAL?

El riesgo de una recesión parece crecer día a día, pero muchos economistas esperan que la inflación baje a medida que surtan efecto las subidas de tipos de interés y las cadenas de suministro sigan mejorando.

Los economistas del Deutsche Bank, por ejemplo, esperan que la inflación disminuya del 8.2% en agosto pasado al 7.2% en los últimos tres meses de este año. En 2023, lo ven caer al 3.9% en la segunda mitad del año.

Esto es clave para muchos beneficiarios del Seguro Social. Eso significaría que el COLA que reciben este próximo año sería mayor que la inflación que sienten en este momento. Eso ayudaría a compensar el año pasado, donde la inflación real superó con creces el aumento del costo de vida que obtuvieron en enero de 2022.

Estados podrán enjuiciar a inmigrantes que usen números de seguro social falsos

La decisión deja sin efecto el dictamen de la Corte Suprema de Kansas, que el año pasado anuló la condena contra tres trabajadores de un restaurante que fueron acusados de haber cometido este delito, concluyendo que la ley federal de inmigración impide a los estados llevar a cabo este tipo de procedimiento judicial.

La Corte Suprema de Justicia dictaminó este martes que los estados pueden enjuiciar a los inmigrantes que utilicen números de seguro social falsos para conseguir empleo.

En un fallo 5-4, los cinco magistrados conservadores determinaron que los estados que así lo dispongan pueden desempeñar un papel más activo en el área de la aplicación de la ley de inmigración y procesar judicialmente a los extranjeros que utilicen documentos falsos o números de seguro social que no les pertenecen.

La decisión deja sin efecto el dictamen de la Corte Suprema de Kansas, que el año pasado anuló la condena contra tres trabajadores de un restaurante que fueron acusados de haber cometido este delito, concluyendo que la ley federal de inmigración impide a los estados llevar a cabo este tipo de procedimiento judicial.

Victoria para Trump

El fallo de este martes constituye una nueva victoria para el gobierno de Trump en la Corte Suprema. El 27 de enero el mismo tribunal, también con el respaldo de los 5 jueces conservadores, dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede poner en vigor una nueva regla de carga pública que restringe la totalidad de beneficios migratorios, entre ellos la residencia legal permanente (green card).

El gobierno de Trump apoyó al gobierno de Kansas en la disputa jurídica ante la Corte Suprema, defendiendo la aplicación de la ley de inmigración de forma severa bajo la política de tolerancia cero.

El caso revisado por el tribunal supremo involucró a los inmigrantes Ramiro García, Donaldo Morales y Guadalupe Ochoa, quienes usaron números de seguro social de otras personas para conseguir trabajo en el condado de Johnson, cerca de Kansas City (Missouri).

Los abogados que defendieron a los inmigrantes alegaron que lo habían hecho sólo para que sus empleadores pudieran llenar el Formulario I-9, un requisito que exige la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para certificar que el trabajador extranjero tiene permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos.

Opinón de los jueces

En el dictamen, los jueces conservadores abrieron la puerta para que los estados puedan procesar el uso de documentos falsos del seguro social para conseguir empleo.

“La ley de Kansas tipifica como delito cometer robo de identidad o participar en fraude para obtener un beneficio”, escribió el juez Samuel Alito. “Los tres extranjeros que no están autorizados a trabajar en este país, fueron condenados bajo estas disposiciones por usar de manera fraudulenta el número de Seguro Social de otra persona», agregó.

Alito indicó que el hecho de que las leyes de Kansas se superponen en cierto grado con las disposiciones penales federales, «no significa en absoluto» que el estado deba abstenerse de juzgar”.

A su vez, el juez Stephen Breyer, a nombre de los cuatro miembros disidentes del tribunal, escribió que la ley federal «deja en claro que sólo el gobierno federal puede juzgar a personas que falsifican su estatus federal que los autoriza a trabajar» en el país.

Para Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, la decisión de la corte «habilita a los estados a poder criminalizar a inmigrantes de manera mas fácil, no por utilizar la identidad de otros, sino por usar documentos falsos».

Temen abusos

Abogados consultados por Univision Noticias advirtieron que la decisión de la Corte Suprema provocará abusos, porque a partir de ahora habrá 50 maneras diferentes al momento de interpretar si hay abuso o delito en el uso de una tarjeta de seguro social para conseguir empleo.

“El fallo es bastante preocupante”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “Estamos hablando de cometer fraude, pero también tiene implicaciones de robo de identidad si la tarjeta de seguro social le pertenece a otra persona”.

“Es una cuestión complicada”, agrega. “Porque tenemos que ver quién procesará a la persona penalmente y ver el estatuto federal para saber qué dice en este tipo de casos. Será una situación difícil de determinar en cada proceso”, indicó.

Velásquez dijo además que el dictamen de la Corte Suprema “ha abierto una brecha muy grande” y teme que afecte a millones de personas “que usan información de este tipo para conseguir empleo”.

“No cabe la menor duda que la decisión aterrorizará a la comunidad inmigrante”.

“51 maneras distintas”

“Con este dictamen ahora tendremos 51 maneras distintas (los 50 estados más el gobierno federal) para interpretar esta parte de la ley federal”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Y cada uno de los estados la interpretará de manera distinta”.

Barrón dijo además que “ciertos estados son mas conservadores que otros. Eso significa que habrá diferentes interpretaciones que hará complejo interpretar lo que dice la ley federal”.

“Si la Corte Suprema hubiese dejado el tema como estaba, a nivel federal, hubiera más consistencia en determinar que es falso y que no. Pero con esta decisión habrá más abusos, sobre todo en los estados más conservadores y agresivos en materia migratoria”, apuntó.

La batalla judicial

Cuando la Corte Suprema de Kansas falló el año pasado desestimando la condena contra los tres inmigrantes acusados de utilizar números de seguridad social falsos, el estado interpuso su recurso ante la Corte Suprema argumentando que, aunque su enjuiciamiento se basó en información disponible en formularios federales (I-9), esos mismos datos fueron presentados al estado.

La fiscalía estatal también argumentó que no estaba interfiriendo con el gobierno federal, sino que estaba haciendo cumplir su propia regulación de robo de identidad.

El argumento de Kansas fue respaldado por el gobierno de Trump, quien dijo que apoyaba a Kansas, alegando en este caso que la ley federal y la estatal en este asunto no estaban en conflicto.

Abogados temen que el fallo no solo permita a los estados enjuiciar casos de utilización de tarjetas de seguro social falsas para conseguir empleo, sino también para defender políticas proinmigrantes o de respaldo a la políticas de tolerancia cero del gobierno.

“Habrá caos a nivel nacional”, reiteró Barrón

Fuente: JORGE CANCINO

El Seguro Social verificará datos de inmigrantes deportados para decidir si paga o no beneficios

El gobierno de Trump advierte que los extranjeros deportados “pueden estar sujetos a la suspensión de pagos o falta de pago por beneficios, o ambos, y también a la recuperación de compensaciones”. La decisión será tomada con los datos que proporcione el DHS.

La Administración del Seguro Social (SSA por sus siglas en inglés)) anunció este lunes un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para obtener información de extranjeros deportados o con salida voluntaria y determinar si son elegibles para obtener beneficios (pago de compensaciones) por haber trabajado en Estados Unidos.

Bajo el nuevo programa, indicó, la SSA utilizará esos datos “para determinar si (el extranjero deportado o que abandonó el país) se le suspenden pagos o beneficios, o bien se le pagan sus compensaciones”.

Los pagos por incapacidad o invalidez también están en la lista de beneficios impactados por la medida.

La nueva regla, publicada en el Registro Federal (diario oficial estadounidense), tiene un período de comentario público de 30 días y entrará en vigor el 19 de enero del 2020, indica la publicación.

El SSA dijo que los extranjeros deportados “pueden estar sujetos a la suspensión de pagos o falta de pago por beneficios, o ambos, y también a la recuperación de compensaciones”, pero la decisión dependerá de los datos proporcionados por el DHS.

Cuesta arriba

Abogados consultados por Univision Noticias señalaron que el nuevo programa “difilcultará” a los deportados que llevaban tiempo trabajando en Estados Unidos cobrar sus beneficios del seguro social una vez que pongan un pie fuera del país.

“Con el nuevo mecanismo el Seguro Social sabrá con mayor rapidez si el extranjero estaba legalmente en Estados Unidos y si tenía o no autorización para trabajar. Con base a esta información, la dependencia tomará decisiones que afectarán a muchos extranjeros”, dijo a Univision Noticias Ezequiel Hernández, un abopgado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona.

Hernández dijo que los inmigrantes que se vean afectados por el programa o teman que serán impactados en caso sean deportados de Estados Unidos, “deben consultar con un abogado de beneficios del Seguro Social para que se enteren de sus derechos”.

Agregó que “el tema corresponde la ley de propiedad de compensaciones” y que todo trabajador “tiene derecho a su propiedad”. Pero en el caso de los indocumentados, el derecho de acceder a estos beneficios se dificulta.

“Hasta ahora cuando una persona acudía al Seguro Social para hacer un reclamo de beneficios, la agencia pedía pruebas y en base a ellas tomaba una decisión”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “A partir de enero ya no lo hará, en el caso de los deportados, sino que contará con la información inmediata que obtenga del DHS), agregó.

Guerrero advirtió que “existe un caso de la Corte Suprema que dice que si la persona no tiene estatus legal de permanencia y no tiene autorización para trabajar legalmente en el país, no tiene derecho a recibir beneficios”.

A su vez, la SSA advierte que, para que un individuo reciba beneficios de compensación, debe haber laborado el suficiente tiempo para calificar, haber tenido permiso de trabajo y poseer un estatus legal por el tiempo que dura el beneficio, o bien estar dispuesto a salir del país para recibir el beneficio.

“Están enfocándose en los deportados y las personas que no tienen estatus para decidir si tienen ese beneficio o no”, apuntó Guerrero.

Los afectados

El programa anunciado por el SSA afectará a:

Extranjeros que salen del país voluntariamente y están sujetos a la suspensión de pagos por parte del Seguro Social;
Extranjeros que son deportados de Estados Unidos, parten voluntariamente o regresar voluntariamente a su país de origen y están sujetos a la suspensión de pagos por parte del SSA (jubilación o invalidez);
Ciertas personas pueden ser sujetos se suspensión de beneficios si no son residentes de Estados Unidos.

Los datos que proporcione el DHS también incluyen la información en manos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), agencia encargada de proporcionar los permisos de trabajo o autorizaciones de empleo (EAD).
Entre los datos que proporcionará la USCIS al Seguro Social se incluyen el nombre del extranjero, número de Seguro Social, fecha de nacimiento, número de extranjero, fecha de salida del país y tiempo de permanencia.

La información será cotejada con la base de datos del SSA para tomar una determinación caso por caso. El intercambio de información entre ambas agencias también incluirá el registro criminal del extranjero.

Fuente: JORGE CANCINO

Aumentan Pensiones del Seguro Social

Las personas que reciben pensión por parte de la Administración de Seguro Social (SSA por sus siglas en inglés) recibirán un aumento del 1.6% en sus cheques a partir del próximo año.

El ajuste por costo de vida (COLA por sus siglas en inglés) lo recibirán los más de 63 millones de beneficiarios que hay a lo largo y ancho del país.

El aumento en la pensión está determinado por el Índice de Precios al Consumidor determinado por la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos.

Los beneficiarios de pensión del Seguro social serán notificados por correo en diciembre del aumento que empezarán a recibir en enero del 2020.

El promedio mensual que reciben los pensionados por parte del Seguro Social en Estados Unidos es de $1,479, según cifras de la misma agencia.

Trump Busca Deportar a Residente que Ryan Usado Beneficios Públicos

+ El proyecto de reglamento utilizaría una definición más amplia para incluir a algunos inmigrantes que han usado beneficios públicos, tal como asistencia social en efectivo, cupones de alimentos (food stamps), ayuda para vivienda o Medicaid.

El gobierno de Donald Trump considera una nueva política que busca modificar el reglamento de carga pública para poder deportar fácilmente a inmigrantes legales permanentes ( green card o tarjeta verde) que han utilizado beneficios públicos.

El plan asoma dos semanas después de conocerse que el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, prepara un plan de reforma migratoria para presentárselo al presidente y luego conseguir respaldo bipartidista en el Congreso para aprobarlo en ambas cámaras, tarea que por ahora resulta incierta.

De autorizarse, el plan revertiría la actual política que permite deportar a residentes legales que se declaran carga pública, pero es raro que ocurra.

El nuevo reglamento está siendo redactado por el Departamento de Justicia y un borrador fue visto el viernes de la semana pasada por la agencia Reuters. El proyecto forma parte de los esfuerzos del gobierno por restringir la inmigración de personas de bajos ingresos, agrega.

Qué busca

El proyecto de reglamento utilizaría una definición más amplia para incluir a algunos inmigrantes que han usado beneficios públicos, tal como asistencia social en efectivo, cupones de alimentos (food stamps), ayuda para vivienda o Medicaid.

Reuters dijo que, si bien el plan se encuentra en una etapa temprana, puede que no se convierta en una política oficial del gobierno.

Agregó que, incluso es probable que, de publicarse, sea demandado en los tribunales de justicia al igual que la mayoría de los cambios de reglamento que el mandatario ha ordenado desde que llegó a la Casa Blanca para cambiar la ley de inmigración sin el respaldo del Congreso.

La regla actual

El reglamento vigente señala que la determinación de inadmisibilidad de un extranjero para entrar y/o permanecer en Estados Unidos se basa “según la totalidad de circunstancias”. Es decir, no solo en la amenaza que pueda existir de que el individuo se convierta en una carga pública, sino en otros factores tales como edad, salud, estatus familiar, activos, recursos, estado financiero, y educación y capacitación.

“La presencia o ausencia de un solo factor no puede ser el único criterio para determinar la inadmisibilidad por carga pública, a menos que ese factor sea la ausencia o insuficiencia de una declaración jurada de patrocinio económico cuando así lo requieren las leyes y reglamentos que rigen un beneficio específico de inmigración, tales como ciertas solicitudes para un ajuste de estatus relacionado con la familia”, explica la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

La agencia federal agrega que, sin embargo, “no todos los beneficios financiados con fondos públicos son relevantes para decidir si alguien tiene probabilidad de ser una carga pública”. Pero de acuerdo con el borrador, el solo hecho de recibir fondos públicos sería suficiente motivo deportar a un portador de la green card.

Poco claro

“De acuerdo con lo poco que se conoce hasta ahora, no está claro si el gobierno quiere castigar a los extranjeros que piden la residencia y representan una amenaza de declararse carga pública, o también perseguirá a aquellos que ya tienen green card y en el pasado recibieron beneficios públicos”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.

Hernández agrega que “el gobierno puede estar considerando que tiene la habilidad de hacerlo, pero el análisis que se haga al respecto debe incluir la pregunta si la persona que pide ayuda al gobierno está cometiendo un crimen que lo convierta en inadmisible en Estados Unidos”.

El abogado agregó además que “el único que puede quitarle la residencia a un extranjero es una corte de inmigración”.

La USCIS dice que un extranjero “perderá su estatus de residente permanente si un juez de inmigración emite una orden final de expulsión contra usted” y que las secciones 212y 237de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) “describen los motivos por los cuales se le puede ordenar salir de Estados Unidos”.

Causas de inadmisibilidad

Entre las faltas o delitos que convierten en inadmisible a un extranjero o residente se cuenta a personas que padecen enfermedades contagiosas y/o infecciosas, personas condenadas por delitos tales como asesinato, depravación moral, violación, abuso sexual, múltiples convicciones, trafico y/o consumo de drogas, prostitución, lavado de dinero, terrorismo.

“El pedir asistencia pública o recibirla no es un crimen”, apuntó Hernández. “Hace inadmisible en muchos casos a un extranjero para solicitad un beneficio migratorio, pero no puede ser castigado como si se tratase de un delincuente”.

Cabe destacar que el 25 de enero de 2017, cinco días después de llegar a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva sobre las jurisdicciones santuario en la cual decretó que cualquier extranjero “que haya abusado de cualquier programa relacionado con beneficios públicos”, será considerado como una prioridad de deportación.

No afecta la ciudadanía

La USCIS precisa en su página digital que “para propósitos de determinar inadmisibilidad, ‘carga pública’ significa una persona que tiene gran probabilidad de convertirse en dependiente del gobierno para su subsistencia, según lo demuestre el hecho de que ha recibido (o recibe) dinero público para su sustento, o por su institucionalización bajo cuidado a largo plazo a costa del gobierno”.

Añade que una persona que busca admisión en Estados Unidos o que busca ajustar su estatus al de residente permanente, será inadmisible si al solicitar la admisión o el ajuste de estatus tiene una alta probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento. Previene además que “el concepto de carga pública no se aplica en los procesos de naturalización”.

En caso Trump apruebe el plan, deberá publicarse primero en el Registro Federal (Diario Oficial estadounidense) y otorgar un período de comentario público de 60 días.

Reuters dijo que el borrador de propuesta del Departamento de Justicia también está dirigido a los jueces de inmigración para que tomen en cuenta y consideren el uso de beneficios públicos como un factor negativo al momento de determinar si admiten o no a un extranjero en Estados Unidos, como por ejemplo a los migrantes que llegan a la frontera en busca de asilo.

Reglamento en espera

Al tiempo que el gobierno de Trump estudia castigar a los residentes legales que piden ayuda pública, el DHS tiene en ascuas a millones de inmigrantes en Estados Unidos ante la inminente puesta en vigor de un nuevo reglamento de Carga Pública que castigará principalmente a inmigrantes que padecen enfermedades crónicas, viejos, con poca educación o pobres, quienes están en la lista de principales afectados por la nueva norma anunciada en septiembre por el gobierno de Trump.

El nuevo reglamento de ‘carga pública’ establece que los agentes de la USCIS determinarán sobre la base de los méritos de cada caso en particular, y a cada requisito asignarán una puntuación que solo concederá dos opciones: negativo o positivo.

Es decir, si por ejemplo un ciudadano pide la residencia legal permanente de un padre, el gobierno analizará toda una gama de factores entre ellos: edad, estudios, profesión, estado de salud, si tiene o no seguro médico, situación financiera del hijo ciudadano que lo pide, evaluación de familiares inmediatos, establecerán si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente, ingresos, enfermedades y/o estado físico, entre otros factores.

La suma de los valores positivos y negativos será lo que determinará si el agente autorizará el beneficio migratorio solicitado o lo rechazará por no apegarse al reglamento.

La nueva herramienta sugerida por el gobierno de Trump “establece una rúbrica complicada a través de la cual un agente de la USCIS tendrá que hacer un inventario extenso de la habilidad económica del solicitante, para con esos datos determinar si la persona será una futura carga pública o no”, explica Armando Olmedo, abogado de inmigración y coautor del libro ‘Inmigración: Las Nuevas Reglas’, una guía de Univision. “Se trata de una propuesta que cambiaría completamente la manera en cómo el gobierno define el uso de beneficios públicos”, agregó.

No todos se verán afectados

Pero de acuerdo al reglamento, que ya fue comentado en el Registro Federal y el DHS se encuentra a la espera de publicar la versión final, no todos los inmigrantes se verán afectados.

De acuerdo con el borrador inicial publicado en septiembre, estos son los principales grupos de inmigrantes quedarán exentos de ser declarados carga pública en caso de solicitar, por ejemplo, una visa o la residencia (tarjeta verde):

Refugiados y asilados. (Aquellos que piden la protección del gobierno de Estados Unidos y que tienen un temor creíble de que sufrirán persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política).
Intérpretes afgano e iraquí o ciudadanos afganos o iraquíes empleados por o en nombre de la Gobierno de Estados Unidos, de conformidad con la sección 1059(a)(2) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para Año fiscal 2006.
Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA).
Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de conformidad con la Ley de Ajuste Cubano,
Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA.
Haitianos que están ajustando su estatus de conformidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado Haitiano de 1998.
Inmigrantes amparados bajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la ley estatal.
Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y se encuentran y que reúnen requisitos para obtener la residencia de conformidad con el Artículo 249 de la Ley de Inmigración (INA).
Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración.
No-inmigrantes víctimas de tráfico humano que piden Visa T.
No-inmigramtes víctimas de crímenes que piden la visa U.
Víctimas de abuso doméstico peticionario del amparo bajo la Ley VAWA.
Extranjeros que ajustan estatus bajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2004.

Fuente Jorge Cancino

Tu Cheque del Seguro Social Aumentará en 2019

Será el incremento más alto en siete años y aplicará a Puerto Rico. Decenas de millones de beneficiarios del Seguro Social y otros jubilados obtendrán un aumento del 2.8 por ciento en sus beneficios el próximo año a medida que la inflación suba. Para el trabajador jubilado promedio, asciende a $39 por mes.

El aumento, que comenzará a regir desde el primer cheque que se emita en enero de 2019, es el más alto en siete años y aplicará a los 845,447 beneficiarios del Seguros Social en Puerto Rico, informó el portavoz de la agencia federal en la isla, Víctor Rodríguez.

“El aumento de 2.8 por ciento aplicará a todas las personas que cobran el beneficio de Seguro Social tanto en Puerto Rico, Estados Unidos y cualquier lugar del mundo”, sentenció.

El ajuste por costo de vida (COLA, en inglés) afecta los presupuestos familiares de aproximadamente uno de cada cinco estadounidenses, incluidos los beneficiarios del Seguro Social, los veteranos discapacitados y los jubilados federales. Eso es alrededor de 70 millones de personas.

La protección automática contra la inflación ha sido una característica estándar de la Seguridad Social desde 1975. Los beneficiarios de la Seguridad Social también se benefician de la composición porque los COLA se convierten en parte de su beneficio subyacente, la base para futuros COLA aumenta.

No obstante, muchos jubilados y sus defensores dicen que el COLA de la Seguridad Social es demasiado exiguo y no refleja mayores costos de atención médica para las personas mayores. Otros encargados del presupuesto federal tienen una opinión opuesta, argumentando que los aumentos anuales deberían ser más pequeños para reflejar las respuestas de los consumidores cuando aumentan los costos.

Con el COLA, el pago promedio mensual promedio del Seguro Social para un trabajador jubilado será de $1,461 al mes el próximo año. Otros beneficiarios de la Seguridad Social incluyen trabajadores discapacitados y cónyuges e hijos sobrevivientes. Las personas mayores y discapacitadas de bajos ingresos que reciben un ingreso de seguridad suplementario también obtienen un COLA.

La jubilada Danette Deakin, de Bolívar, Missouri, dice que siente que su ajuste en el costo de vida ya está destinado al aumento de los gastos. Su seguro Medigap para costos no cubiertos por Medicare está aumentando, al igual que su plan de medicamentos recetados. Ella espera que su prima de la Parte B de Medicare para atención ambulatoria también se incremente, aunque el gobierno aún no lo ha hecho.

«No es suficiente un aumento que se encargue de todos los aumentos de la atención médica, más el alquiler; nuestro alquiler aumenta cada año», dijo Deakin, de 70 años, quien trabajó en el departamento de finanzas en un concesionario de barcos.

Los costos de atención médica consumen aproximadamente un tercio de sus ingresos, estimó.

«Aprecio el ajuste de COLA, y de ninguna manera me quejo», agregó Deakin. «Es solo que cada cosa de la que puedes hablar aumenta. No baja».

Por ley, el COLA se basa en un índice amplio de precios al consumidor calculado por el gobierno. Los defensores de los adultos mayores afirman que el índice general no captura con precisión el alza de los precios a los que se enfrentan, especialmente para la atención médica y la vivienda. Les gustaría que el gobierno cambie a un índice que refleje los patrones de gasto de las personas mayores.

«En qué debería basarse el COLA es todavía un problema muy real», dijo William Arnone, director general de la Academia Nacional de Seguro Social, una organización de investigación que no participa en el cabildeo. «Las personas mayores gastan su dinero en categorías que aumentan a una tasa más alta que la inflación general».

El COLA ahora se basa en el índice de precios al consumidor para los asalariados urbanos y los trabajadores de oficina, o CPI-W, que mide los cambios en los precios de alimentos, vivienda, vestimenta, transporte, energía, atención médica, recreación y educación.

Los defensores de los ancianos preferirían el CPI-E, una medida experimental del gobierno que refleja los costos para los hogares encabezados por una persona mayor de 62 años. Por lo general, supera a la inflación general, aunque no siempre.

Los COLA pueden ser pequeños o cero, como fue el caso en varios años recientes. La gente suele culpar al presidente cuando eso sucede. Sin embargo, la Casa Blanca no puede dictar el COLA, que está determinado por expertos no políticos. Si hubiera alguna revisión, el presidente Donald Trump tendría que persuadir al Congreso para que cambie la ley subyacente.

Trump se ha comprometido repetidamente a no cortar el Seguro Social o Medicare. Pero el gobierno está registrando déficits de $1 billón, en parte como resultado del proyecto de ley de reducción de impuestos republicano que el presidente afirma como uno de sus principales logros. Los déficits crecientes reavivarán la presión para recortar la Seguridad Social, los defensores del temor de los ancianos.

«La pérdida de ingresos en la factura de impuestos contribuye a un déficit y una deuda mucho mayores, y ahí es donde comienzan a aparecer las amenazas», dijo David Certner, director de políticas de AARP. «El Seguro Social, y en particular los COLA, han sido el objetivo».

Más allá de los problemas del presupuesto federal, el Seguro Social enfrenta sus propios problemas financieros a largo plazo y no podrá pagar los beneficios completos a partir de 2034.

El ex presidente Barack Obama hizo una propuesta llamada CPI encadenado, que habría ralentizado los COLA anuales parareflejar el comportamiento de los consumidores. La idea detrás de esto es que cuando el precio de un bien o servicio en particular aumenta, las personas a menudo responden cambiando a una alternativa de menor costo.

Debido a la composición, los COLA más pequeños tendrían un efecto dramático con el tiempo en el presupuestofederal y las finanzas de la Seguridad Social. Pero si la inflación sigue aumentando, las propuestas para reducir los ajustes del costo de vida conllevan un mayor riesgo político.