El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que se abrirán 100 centros regionales en el hemisferio occidental, que ya se encuaron 500 soldados a El Paso, Texas y que todo extranjero sin una causa legal para permanecer en EEUU será expulsado de manera expedita, excepto si tiene «circunstancias excepcionalmente convincentes” para revertir una orden de deportación.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, reiteró este miércoles que la frontera sur permanecerá “cerrada” después de la cancelación del Título 42 y advirtió que el gobierno “aumentará las deportaciones” de inmigrantes indocumentados o que no tengan una razón legal para permanecer en Estados Unidos.
El Título 42 es una regla de salud pública activada en marzo de 2020 para contener la pandemia del coronavirus, pero ha sido utilizada desde entonces para deportar de manera expedita a extranjeros, incluso aquellos que vienen en busca de asilo. Será descontinuada a partir de la medianoche del jueves 11 de mayo.
“Cuando se levante la orden del Título 42, Estados Unidos reforzará la aplicación de las autoridades de inmigración del Título 8 de larga data para procesar y expulsar rápidamente a las personas que llegan a la frontera ilegalmente y no tienen una base legal para permanecer”, precisó Mayorkas durante una conferencia de prensa.
El jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos precisó además que, “las personas que cruzan a Estados Unidos por la frontera suroeste sin autorización o sin haber utilizado un camino legal y sin haber programado un horario para llegar a un puerto de entrada, se presume que no reúnen los requisitos para el asilo, en ausencia de una excepción aplicable”.
Agregó que, si son deportados, “se les prohibirá el reingreso durante al menos cinco años y estarán sujetos a un posible proceso penal por intentos repetidos de ingresar ilegalmente”.
Mayorkas reiteró que la frontera “no va a estar abierta” después de la medianoche del jueves y que el gobierno impondrá “duras consecuencias» a quienes intenten entrar ilegalmente en Estados Unidos por medio de la aplicación del Título 8 de la Ley de Inmigración (INA) por razones de inadmisibilidad.
Los preparativos finales
Al detallar la estrategia que utilizará el gobierno tras la cancelación del Título 42, el DHS insistió en que “reforzará la aplicación de las autoridades de inmigración del Título 8 procesar y expulsar rápidamente a las personas que llegan a la frontera ilegalmente y no tienen una base legal para permanecer en el país”.
“Las personas que cruzan a Estados Unidos por la frontera suroeste sin autorización o sin haber utilizado un camino legal y sin haber programado un horario para llegar a un puerto de entrada (a través de la aplicación CBP One), se presume que no reúnen los requisitos para el asilo, en ausencia de una excepción aplicable”, precisó.
Las únicas razones para revertir una decisión de deportación fueron explicadas en una Regla Final anunciada este miércoles, la cual lo permitiría en los siguientes casos:
Cuando un extranjero o un miembro de la familia que viaja con él recibió la autorización adecuada para viajar a Estados Unidos para solicitar el parole humanitario;
Si se ha presentado en un puerto de entrada, de conformidad con una hora y lugar preprogramados utilizando la aplicación CBP One;
Si estableció que no fue posible acceder o utilizar la aplicación CBP One debido a circunstancias específicas y extensas, tal como una falla técnica significativa u otra excepción aplicable; o
Solicitaron y se les negó asilo u otra protección en al menos otro país (Regla del Tercer País Seguro).
Deportación y castigo de cinco
Durante la rueda de prensa el gobierno también reiteró que a los deportados se les prohibirá el reingreso durante al menos cinco años y estarán sujetos a un posible proceso penal por intentos repetidos de ingresar ilegalmente.
La política migratoria que sustituye al Título 42 incluye además:
Coordinación con múltiples agencias y países,
Apertura de los Primeros Centros Regionales de Procesamiento para Dirigir a Individuos a Vías Legales.
El Departamento de Estado planea eventualmente abrir alrededor de 100 centros regionales de procesamiento en ubicaciones clave en el hemisferio occidental.
En los próximos días lanzará una plataforma en línea para que las personas hagan citas para llegar a un centro cercano.
Más de 140 miembros del personal federal, incluido el DHS y estado, y el personal de la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se están desplegando para apoyar estos centros físicos, que servirán para dirigir a los migrantes a caminos legales de manera temprana en su recorrido y mucho antes de llegar a la frontera suroeste.
El personal de los Centros Regionales de Procesamiento evaluará a las personas para determinar su elegibilidad para el reasentamiento de refugiados estadounidenses u otras vías legales a los Estados Unidos, Canadá y España.
Además, el gobierno anunció:
Despliegue del primer grupo de tropas adicionales para apoyar a la Patrulla Fronteriza. Los 550 efectivos militares estadounidenses iniciales estarán en su lugar el miércoles, comenzando en El Paso, Texas, para comenzar a apoyar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la frontera sur.
Se unirán a las 2500 tropas de la Guardia Nacional que ya apoyan a CBP en la frontera. Estas tropas adicionales brindarán apoyo administrativo en las instalaciones de CBP, incluida la entrada de datos, la asistencia de almacenamiento y el aumento de las actividades de vigilancia y detección de CBP para que los agentes y oficiales de CBP puedan salir al campo para asegurar y administrar humanamente la frontera.
Las 1,000 tropas restantes se anunciarán pronto e incluirán personal del Ejército, la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea.
Aumento de recursos adicionales para gestionar el aumento de encuentros.
Se está ampliando aún más la capacidad de detención se aumentaron los vuelos de deportación.
Trasladando agentes y oficiales a regiones de alta prioridad a lo largo de la frontera suroeste.
CBP abrió dos nuevas instalaciones de detención, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está aumentando su capacidad de camas para prepararse para un posible aumento de niños no acompañados.
La estrategia también incluye combate al tráfico humano y captura de traficantes (coyotes). “El Departamento de Estado y el DHS están intensificando sus esfuerzos para contrarrestar esta la propagación de información errónea, incluso mediante el lanzamiento de campañas publicitarias digitales adicionales en América Central y del Sur, y en el Caribe”, se lee en un documento del DHS que explica las operaciones.
El gobierno también dijo que las autoridades panameñas, colombianas y estadounidenses viajarán al denominado Tapón del Darién para mejorar la seguridad de esta región y erradicar las redes criminales de contrabando.
Amnistía Internacional fustiga el CBP One
En cuanto al uso obligatorio de la aplicación CBP One, activada por el gobierno en enero tras el anuncio del nuevo programa temporal humanitario de asilo para Cuba, Haití y Nicaragua (Venezuela participa desde el 12 de octubre de 2022), Amnistía Internacional (AI) dijo que la herramienta “viola el derecho a solicitar asilo”.
La organización señaló en un informe que el uso obligatorio de la aplicación “como único medio de ingreso a Estados Unidos para solicitar protección internacional es una clara violación del derecho internacional de los derechos humanos”.
“El uso obligatorio de CBP One condiciona la entrada y el acceso al asilo a presentarse en un puerto de entrada con una cita previa, lo cual solo es factible para algunas personas”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI. “Si bien las innovaciones tecnológicas podrían proporcionar un tránsito seguro y procesos fronterizos más ordenados, los programas como CBP One no pueden usarse como la forma exclusiva de ingresar a Estados Unidos para buscar protección internacional”, indicó.
El grupo de derechos humanos dijo además que, a pesar de que el uso de CBP One inicialmente no era obligatorio, en la práctica se ha convertido en el único medio para que los solicitantes de asilo de ciertos países soliciten esta protección. “Ha habido numerosos informes de personas que esperan largos períodos de tiempo para las citas de CBP One. Se espera que esta situación empeore una vez que se termine el Título 42 y el uso de CBP One sea obligatorio para todos los solicitantes de asilo”, precisó.
El Titulo 8 de la Ley de Inmigración
La Ley de Inmigración, codificada bajo el Título 8, constituye la base del derecho de inmigración Estados Unidos, explica un informe de la Universidad de Cornell, Nueva York. Y detalla que la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA de 1986), “intensificó” las medidas que aplica Estados Unidos para “disuadir la inmigración a través de reglamentaciones fronterizas reforzadas y sanciones para los empleadores que contratan extranjeros ilegales con conocimiento de su estatus migratorio”.
Y no solo permite deportar a personas que no tienen una razón legal de permanencia. La lista incluye, entre otros:
Aquellos que intenten ingresar o hayan ingresado a EEUU sin haber sido admitidos o en libertad condicional luego de la inspección de un oficial de inmigración en un puerto de entrada designado, y que no hayan establecido a satisfacción del oficial de inmigración que ha estado físicamente presente en el país continuamente durante el período de 2 años inmediatamente anterior a la fecha de determinación de inadmisibilidad;
Si un agente del DHS determina que un extranjero no puede entrar porque es inadmisible en virtud de la Sección 212 de la Ley de Inmigración;
Personas que fueron deportadas anteriormente y no han cumplido el tiempo de castigo;
Individuos que han cometido crímenes o delitos que los convierten en una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos;
Personas que han cometido delitos de bajeza moral;
Cualquier extranjero que haya sido condenado por un delito que implique depravación moral cometido dentro de los cinco años (o 10 años en el caso de un extranjero que tenga el estatus de residente permanente legal según la sección 1255(j) de este título) después de la fecha de admisión, y haya sido condenado por un delito por el que pueda imponerse una pena de un año o más; y
Personas que tengan múltiples condenas penales.
