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Corte Suprema Rechaza Apelación de Trump Sobre Elecciones

La Corte Suprema de Estados Unidos infligió el martes un revés al presidente Donald Trump al negarse a aceptar una apelación formulada por sus aliados para bloquear la certificación de resultados electorales en Pensilvania, clave para el triunfo del demócrata Joe Biden.

La máxima instancia judicial estadounidense, en la cual tres de nueve magistrados fueron designados por Trump, no explicó los motivos de su decisión, y ninguno de sus miembros notificó su desacuerdo.

Más de un mes después de las elecciones del 3 de noviembre, el presidente republicano aún se niega a reconocer su derrota frene a Biden, declarándose víctima de un “fraude masivo” sin presentar pruebas convincentes.

Con la ayuda de sus aliados, ha presentado demandas en varios estados cruciales para el desenlace de la contienda electoral, pero casi todas ya han sido desestimadas por los tribunales.

Uno de estas demandas, presentada por el congresista republicano Mike Kelly, desafió la legalidad de los votos por correo en Pensilvania.

Luego de su rechazo por parte de la Corte Suprema estatal, los demandantes acudieron urgentemente a la Corte Suprema de Estados Unidos para pedirle que detenga todos los procesos electorales mientras exponen sus argumentos.

Al oponerse a admitirlos, los nueve jueces de la Corte ponen fin a este procedimiento y dan a entender que no pretenden involucrarse en disputas poselectorales.

Trump, sin embargo, esperaba que el máximo tribunal, que durante su gobierno reorganizó profundamente, interviniera a su favor. El día después de las elecciones, había dicho que llevaría sus reclamos ante la Corte Suprema.

En 2000, la Corte Suprema interrumpió un recuento de votos en Florida, donde George W. Bush le llevaba solo 537 votos al demócrata Al Gore, lo que permitió que el republicano ganara las elecciones.

Texas, gobernado por los republicanos, presentó este martes otro recurso ante el máximo tribunal del país para buscar la invalidación de los resultados electorales en cuatro estados clave, pero según los expertos no tiene posibilidades de prosperar.

Obamacare Sigue Vivo

La nueva Corte Suprema, de mayoría conservadora, escucha este martes los argumentos de un caso presentado por estados republicanos en contra de la Ley de Salud Asequible. Aunque la decisión se conocerá en la primavera, todo parece indicar que los jueces están a favor de mantener viva algunas partes de Obamacare.

La Corte Suprema está escuchando este martes por teléfono los argumentos de un caso que puede decidir el futuro de la Ley de Salud Asequible (ACA), mejor conocida como Obamacare. El gobierno de Donald Trump —acompañado por 18 estados republicanos, liderados por Texas— presentó los argumentos sobre la constitucionalidad de ACA en un momento clave en el que el país es golpeado duramente por el covid-19. La consecuencia de este nuevo desafío a la ley: más de 20 millones de personas podrían quedar sin seguro médico si la ley resultara derogada.

Desde que asumió el poder en 2017, Trump ha intentado acabar con la ACA y hasta ahora no ha podido. La diferencia esta vez, es que tras la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett el máximo tribunal alcanzó una mayoría conservadora de 6-3.

Sin embargo, un reporte de Politico y otro del diario The New York Times señalan que algunos jueces conservadores han dado señales de que podrían no acabar con Obamacare en su totalidad. «Estoy de acuerdo con usted en que es un caso muy sencillo según nuestros precedentes, lo que significa que eliminaríamos el mandato y dejaríamos el resto en su lugar», dijo el juez conservador Brett Kavanaugh al apoyar al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que ya ha sido autor de dos decisiones en defensa de ACA.

«Creo que es difícil para usted argumentar que el Congreso tenía la intención de que toda la ley cayera si el mandato era anulado, cuando el mismo Congreso, que redujo la multa a cero, ni siquiera intentó derogar el resto de la ley», replicó Roberts al referirse a una decisión de 2017 y en respuesta a los argumentos de Kyle Hawkins, el abogado que habló en nombre de los demandantes.

Hawkins insistió en que el mandato «tal como existe hoy» es inconstitucional. «Es una orden desnuda para que se compre un seguro de salud y de esa manera, recae fuera de los poderes del Congreso», defendió. Para él, como el mandato individual es un elemento esencial de la ACA, dijo, «es inseparable» del resto de la ley.

Según el Times, al menos cinco jueces, incluidos dos de la mayoría conservadora del tribunal, indicaron que el mandato era completamente separable del resto de la ley.

Sin embargo, los argumentos orales no son un indicador infalible de cuál será la decisión final.

Si el escenario fuera que los jueces optaran por acabar con Obamacare, los legisladores demócratas —y también algunos republicanos— ya se pasean por la idea de una solución rápida para mantener las protecciones de salud de millones de estadounidenses.

Los argumentos

Lo que pelean específicamente los republicanos es el mandato individual. Los estados argumentan que como se redujo a cero la multa fiscal por no tener seguro, Obamacare es inconstitucional. Por eso, aseguran, la ley completa debe ser derogada.

El caso se remonta a una decisión de diciembre de 2019 de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, que declaró «inconstitucional» ese mandato individual y pidió que otras partes de la ley se revisaran. Pero ese fallo evadió en gran medida lo que sucederá con algunas partes de la legislación, como las relacionadas con las protecciones de los pacientes con afecciones preexistentes, la expansión del Medicaid y la capacidad de los menores de 26 años de permanecer en el seguro de sus padres.

El panel estuvo de acuerdo con el juez de distrito de Texas, Reed O’Connor, quien concluyó en 2018 que el requisito de seguro de la ley, el llamado «mandato individual», pasó a ser inconstitucional cuando el Congreso, en 2017, redujo a cero un impuesto a las personas sin seguro.

Esa decisión fue peleada por 20 estados demócratas bajo el liderazgo de California. Pidieron a la Corte Suprema revocar la determinación de esa corte al explicar que sin multa no hay mandato individual, por lo que la ley no es inconstitucional.

Con una Corte Suprema de mayoría conservadora, la decisión que pueda resultar en este caso tiene en vilo a millones de estadounidenses. Desde 2017, Trump ha nombrado a tres jueces conservadores. La última confirmada a toda prisa, Barrett, se cree que podría dar la razón a los republicanos en su demanda.

La decisión de la Corte se conocerá durante la primavera de 2021 y podría demorarse incluso hasta junio si hubiera divisiones extremas de postura sobre el tema.

Barrett y Obamacare

Desde que el nombre de la jueza Amy Barrett saltó entre las posibles nominadas por Trump para sustituir a la fallecida jueza liberal Ruth Ginsburg, las alarmas se encendieron sobre el riesgo en que se encontraba Obamacare. por años la jueza ha sido crítica de la ACA. Por ejemplo, cuestionó las decisiones de 2012 del juez John Roberts de mantener vigente la mayor parte de Obamacare. Ella consideró en un ar†ículo escrito en 2017 que Roberts «impulsó la Ley del Salud Asequible más allá de su significado plausible para salvar el estatuto».

Una vez nominada, cuando se sentó ante los senadores en la audiencia de confirmación, Barrett fue interrogada por los demócratas sobre su visión de ACA y sobre las expectativas que Trump había puesto sobre ella para materializar la derogación de Obamacare.

«No soy hostil ante ACA», respondió en una de las preguntas. «No le hice promesas a nadie. No tengo ninguna agenda», agregó.

Sin embargo, no está clara cuál podría ser la postura de Barrett sobre lo que está en discusión en el caso de Texas versus California. Hay quienes aseguran que hay razones para pensar que buena parte de la ley volverá a sobrevivir a los esfuerzos republicanos para derogarla, entre ellos, una pandemia que amenaza con seguir sumando casos a los más de 10 millones que ya han sido confirmados en Estados Unidos.

Una avalancha de críticas a Trump por los límites que puso a DACA en desafío al fallo de la Corte Suprema

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes dicen que el gobierno incumple con la decisión del máximo tribunal de justicia respecto a DACA, que el anuncio del cambio al programa es la antesala de su cancelación y pone al borde de la deportación a más de 650,000 soñadores.

El anuncio hecho por el gobierno de Donald Trump, que limita el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), recibió una lluvia de criticas este martes por parte de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.

Desde poner en peligro la vida de miles de jóvenes que llevan años en Estados Unidos hasta incumplir un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, los grupos exigen al gobierno que cumpla el dictamen y restaure por completo el programa, vigente desde el 15 de junio de 2012.

DACA protege de la deportación a unos 650,000 jóvenes indocumentados que llegaron al país antes de cumplir los 16 años y se les conoce como dreamers. Además, reciben una autorización de empleo (EAD) renovable cada dos años.

El pasado 18 de junio la Corte Suprema, en una decisión 5-4, dictaminó que el gobierno canceló de manera indebida el programa el 5 de septiembre de 2017, fallo que avaló dictámenes de cortes inferiores que señalaron al gobierno de haberlo hecho de forma “arbitraria” y “caprichosa”.

Estas son las reacciones al anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS):

2010 | Un grupo de jóvenes indocumentados de Massachusetts y Nueva York protestaban en julio de 2010 ante la Casa Blanca para que el Dream Act se aprobara. Era el nombre que recibió un proyecto de ley presentado en 2001 pero estancado en el Senado para legalizar a aquellos que no habían cumplido 16 años y llevaban cinco consecutivos en el país. Nunca se aprobó.

2012 | Tras la inacción del Congreso y a las puertas de una campaña electoral a la que llegaba con su promesa de reforma migratoria incumplida, el gobierno de Barack Obama anunció DACA, la orden ejecutiva que iba a proteger de la deportación a centenares de miles de jóvenes y les iba a otorgar permiso de trabajo temporal. «Se criaron como estadounidenses y se sienten parte del país», argumentó.

2012 | El boliviano Diego Mariaca, junto a su madre Ingrid Vaca, fue de los primeros en completar la documentación para obtener DACA, en una oficina de Washington DC.

2012 | El 15 de agosto de 2012 se abrió el plazo para solicitar DACA, lo que creó grandes filas de jóvenes con sus familias en centros como CHIRLA, en Los Ángeles, para tramitar la documentación.

2014 | Obama volvió a usar su poder ejecutivo, pero esta vez con menos éxito. Anunció el programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA) y la ampliación del programa de la Acción Diferida para los Llegados en la infancia (DACA) para aquellos que no calificaron debido a su edad cuando se puso en marcha este programa originalmente en el 2012.

2015-16 | En febrero de 2015 una orden judicial bloqueó DAPA y la ampliación de DACA. Pasó a la Corte Suprema, donde en junio de 2016 se registró un empate de los jueces y dejó en el limbo legal y sin aplicación ambos programas. El DACA inicial que benefició a unos 750,000 jóvenes sí siguió vigente.

2015 | El presidente Barack Obama se reunió en febrero de 2015 con beneficiarios del programa DACA en el Despacho Oval.

2016 | En la campaña de 2016, con la promesa de deportaciones masivas de Donald Trump y de acabar con las acciones ejecutivas, el movimiento inmigrante tomó fuerza de nuevo y protagonizó centenares de protestas contra el magnate.

2016 | El congresista Luis Gutierrez y varios demócratas pidieron, tras la elección de Donald Trump, que el presidente Barack Obama usara su poder para indultar a los más de 750,000 jóvenes indocumentados amparados por DACA, antes de dejar la Casa Blanca. Obama no lo hizo.

2017 | Ante la promesa de campaña de Trump de acabar con las acciones ejecutivas, legisladores republicanos y demócratas trabajan en un proyecto de ley bicameral para proteger de la deportación a inmigrantes que llegaron sin autorización a Estados Unidos durante su niñez por tres años adicionales. Lo confirmó el entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, ante la prensa el jueves 12 de enero de 2017.

2017 | En su primera rueda de prensa oficial, el entonces portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, no incluyó el fin del programa DACA entre las prioridades migratorias del gobierno de Donald Trump. Sí lo fueron, sin embargo, la ampliación del muro fronterizo y los inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.

17 de febrero de 2017 | Una protesta en las puertas de una corte federal en Seattle, Washington, contra la detención del dreamer Daniel Ramirez Medina. Con el nuevo gobierno, varios dreamers –a los que DACA se les habría vencido o inhabilitado– han sido arrestados e incluso deportados.

21 de abril de 2017 |El presidente Donald Trump le dijo a la agencia de noticias AP que su gobierno «no va por los dreamers, vamos por los criminales». Sin embargo, en los primeros 100 días de Trump se reportaron varias detenciones e incluso alguna deportación de dreamers.

28 de abril de 2017 | Lorella Praeli, una de las caras más reconocidas del movimiento dreamer, es nombrada la nueva directora de política migratoria de ACLU. El organismo ha convertido las cortes y las legislaturas en un campo de batalla contra Donald Trump y sus decisiones migratorias.

5 de septiembre de 2017 | El entonces fiscal general, Jeff Sessions, anuncia la cancelación del programa DACA y presiona al Congreso para que encuentre una solución legal para proteger a los cerca 700,000 jóvenes inmigrantes que quedaron desamparados.

5 de octubre de 2017 |»Defiendan a los dreamers» fue el lema que partidarios de los derechos de los inmigrantes usaron en Washington, DC para que legisladores aprueben una ley que los ampare.

Enero de 2018 | Cuatro meses después de cancelado el programa, una corte federal de California revirtió la decisión del mandatario y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional restituir el beneficio en los mismos términos en que se encontraba antes de ser caducado, excepto para aquellos jóvenes que no se habían inscrito.

Febrero a abril de 2018 | Otros dos tribunales, uno de Brooklyn y otro de Washington DC, también fallaron a favor de DACA en un claro revés a la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del presidente Trump.

Noviembre de 2018 | La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el gobierno no podía cancelar DACA, decisión que le abrió la puerta al gobierno para acudir a la Corte Suprema y pedir que revise el programa. En ese dictamen, un panel de tres jueces concluyó que la decisión del gobierno de cancelar DACA era «arbitraria, caprichosa y no estaba apegada a la ley».

11 de noviembre de 2019 | La Corte Suprema de Justicia escuchó los argumentos de defensores y detractores de DACA. En la foto, los dreamers salen tomados de la mano de esa decisiva audiencia.

20 de abril de 2020 | La Corte Suprema acoge una moción presentada por el dreamer Martin Jonathan Batalla Vidal, la cual esbozó los aportes realizados por cerca de 30,000 dreamers que, como trabajadores del sector de la salud, luchan contra la pandemia del coronavirus desde la primera línea de batalla.

18 de junio de 2020 | El máximo tribunal de Estados Unidos anunció su rechazó el esfuerzo del presidente Donald Trump para poner fin al Programa DACA. «No decidimos si DACA o su rescisión es una política bien fundamentada», escribió Roberts. Con esto dejó claro que el fallo tiene que ver más con la validez de los argumentos de la Casa Blanca para pedir el fin del programa. Siga aquí nuestra cobertura del fallo de la Corte Suprema sobre DACA

Fuentes: Jorge Cancino

Corte Suprema Acepta el Uso de 3,600 mdd Para Muro Fronterizo

Una corte federal de apelaciones ha permitido a la Administración que avance con su plan de utilizar 3,600 millones de dólares de fondos destinados al departamento de Defensa para la construcción del muro en la frontera con México, luego de que una corte menor impidiera utilizar esos recursos el mes pasado.

La decisión de la Quinta Corte de Apelaciones, que se produjo este miércoles, concede una victoria importante para el presidente, Donald Trump, que ha hecho campaña con la promesa de erigir un muro o vallas en vastas áreas a lo largo de la frontera.

En todo caso, se trata de una decisión diferente a la de la Suprema Corte, que permitió utilizar 2,500 millones de dólares del departamento de Defensa para otra sección del muro.

Trump planea utilizar los fondos para construir 11 tramos de vallas fronterizas abarcando 450 millas (724 kilómetros).

El presidente decretó el 15 de febrero un estado de emergencia nacional por la supuesta crisis ocasionada por los inmigrantes indocumentados en la frontera, lo que le permitiría derivar fondos adicionales para construir un muro. “Es una gran cosa porque tenemos una invasión de drogas, una invasión de pandillas, una invasión de gente”, dijo entonces Trump.

La organización Border Network for Human Rights (Red fronteriza para los derechos humanos) y el condado de El Paso, Texas, presentaron la demanda el pasado 20 de septiembre. Y en octubre, el juez de distrito David Briones les concedió un fallo temporal para detener la construcción del muro mientras evaluaba el caso.

Briones dijo que la declaración de emergencia había sido ilegal y le otorgó un mandato permanente a los demandantes para impedir la construcción del muro.

Paradójicamente, el presidente aseguró que el muro combatiría el tráfico ilegal de drogas, que estimó causan unas 70,000 muertes al año en el país; sin embargo, terminó desviando fondos antinarcóticos, reportó el diario The Washington Post.

La decisión de este miércoles todavía puede ser apelada por los demandantes.

La administración Trump fijó como objetivo levantar hasta 450 millas de nueva barrera antes de las elecciones de 2020. La de construir un muro en la frontera ha sido una de las promesas estrella que ha hecho el presidente en campaña.

Hasta la fecha, el Gobierno ha sustituido algunos segmentos de barrera ya existente (ya había unas 700 millas, más de 1,100 kilómetros, a lo largo de toda la frontera sur) con una infraestructura más moderna, y empezó a construir algunos puntos nuevos: 96 millas (155 km), según estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) citadas por Reuters. En total, el límite entre Estados Unidos y México mide casi 2,000 millas (cerca de 3,200 km) de largo.

Corte Aprueba Nuevas Reglas Para Asilos

El gobierno de México desafió a la administración Trump al asegurar hoy que nunca implementaría la orden de la Corte Suprema de EEUU que avaló la norma del gobierno que impediría que los inmigrantes de países distintos de México y Canadá soliciten asilo en las fronteras estadounidenses.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo hoy que el gobierno de México no está de acuerdo con esa norma porque tiene una política diferente en lo que respecta a los solicitantes de asilo y por tanto no la pondría en práctica.

Por su parte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador agregó que habló por teléfono con el presidente Donald Trump el miércoles y aseguró que las relaciones entre los dos países eran muy buenas y Trump reconoció los esfuerzos de México.

México tomó medidas enérgicas contra los inmigrantes que cruzan el país después de que Trump amenazó con aranceles paralizantes sobre todas las importaciones mexicanas a fines de mayo. México desplegó la Guardia Nacional en las fronteras sur y norte y trató de contener a los migrantes en la parte sur del país.

También aceptó la expansión de la política «Permanecer en México», según la cual Estados Unidos ha enviado a miles de solicitantes de asilo a cruzar la frontera para esperar en México.
El fallo del Supremo de EEUU da al gabinete de Trump la libertad de negarse a considerar una solicitud de asilo de cualquier persona que no la haya solicitado en otro país. Los inmigrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador ya no pueden solicitar asilo en los Estados Unidos si antes no lo pidieron en México de acuerdo a esa regla, presentada el 15 de julio.

La actual orden anula temporalmente un fallo de una corte de menor instancia que había bloqueado la política de asilo del mandatario y que aún se encuentra en dichos tribunales.

De acuerdo con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la nueva política viola una ley de 1980 que permite denegar las solicitudes de asilo únicamente cuando los solicitantes han sido “firmemente reasentados” o cuando Estados Unidos ha llegado a un acuerdo de tercer país seguro con otra nación (aún no se ha firmado el acuerdo con México), reportó NBC News.

Tras el anuncio, el preidente Trump señaló en Twitter que había sostenido una conversación con su homólogo mexicano, quien también dijo en la misma red social que ambos tienen «la voluntad de mantener una relación de amistad y cooperación entre nuestros pueblos y gobiernos.

“Tuve una excelente conversación con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hablamos sobre la seguridad en la frontera sur y varios otros asuntos de interés para las personas de nuestros respectivos países”, dijo.

Según informó The New York Times, el procurador general Noel J. Francisco en representación de la Administración, dijo en un informe que la política era necesaria para sobrellevar «un aumento sin precedentes en el número de extranjeros que ingresan ilegalmente al país a través de la frontera sur y, si son detenidos, reclaman asilo y permanecer en el país mientras sus solicitudes son decididas”.

Actualmente en los tribunales de inmigración hay una acumulación de 463,000 solicitudes de asilo.

Bajo esta nueva política, solo los inmigrantes a los que se les ha negado previamente el asilo en otros países o han sido víctimas «severas» de tráfico humano pueden pedir asilo directamente en la frontera estadounidense.

«Por lo tanto, la regla excluye a los solicitantes de asilo que se negaron a solicitar protección en la primera oportunidad», agregó Francisco.

El presidente Trump también felicitó a la Corte Suprema a través de su cuenta de Twitter. “¡La GRAN Corte Suprema de Estados Unidos GANA en la frontera (política) de asilo!”, escribió.

El cambio contradice décadas de políticas establecidas. El gobierno de Trump asevera hay que cerrar la brecha entre la entrevista inicial sobre asilo, que la mayoría de la gente pasa y la decisión final del caso, que la mayoría desaprueba.

Los magistrados Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor expresaron su desacuerdo con la orden del máximo tribunal. Sotomayor señaló que la regla anula “las prácticas de larga data con respecto a los refugiados que buscan resguardarse de la persecución”

Corte Suprema Toma Decisión que Podría Afectar a Millones de Migrantes

Este lunes la Corte Suprema aceptó revisar un caso de seguro social que podría cambiar el futuro de miles o millones de inmigrantes en EE.UU.

Los magistrados tomarán en consideración el intento del estado de Kansas de perseguir criminalmente por robo de identidad a aquellos que empleen el número de seguro social de otras personas para obtener un empleo de forma ilícita, según reportó el diario La Opinión.

La Corte Suprema acordó escuchar un caso relacionado con el procesamiento de tres inmigrantes indocumentados, por el uso de los números de la Seguridad Social robados en un esfuerzo por obtener un empleo.

Dichas condenas se anularon cuando la Corte Suprema de Kansas dictaminó que la ley federal de inmigración en cuestión aleja al estado de procesar a inmigrantes indocumentados, cuando la base de la reclamación proviene de información que se ha descartado de formularios federales de inmigración.

El caso plantea la cuestión de hasta qué punto la ley federal de inmigración impide que los estados también intenten hacer cumplir la ley de inmigración.

La Corte Suprema de ese estado anuló la condena argumentando que la ley actual no permite a los estados procesar a indocumentados cuando la información es obtenida por formularios federales de inmigración.

La Corte Suprema de EE.UU. aceptó escuchar los argumentos del caso de tres indocumentados en Kansas acusados de robo de identidad. La Corte Suprema de ese estado anuló la condena argumentando que l…

Ahora que el tribunal ha retomado el caso, si “revoca la decisión del tribunal de Kansas, todos los estados podrían procesar más fácilmente a los no ciudadanos por robo de identidad”, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de la Escuela de Derecho de Cornell.

“La Corte Suprema rechazó en gran medida los esfuerzos similares de Arizona en 2012”, dijo Yale-Loehr, “dado el cambio en los miembros de la Corte Suprema desde entonces, será interesante ver cómo la corte vuelve a examinar el tema”.

La Ley de Reforma y Control de Inmigración impide que el estado use la información para procesar a las personas si la información está en el formulario federal I-9, a pesar de que el estado no usó el formulario I-9 para recopilar la información para los procesos penales.

La cuestión es una ley federal, la Ley de Reforma y Control de Inmigración, que prohíbe el empleo de inmigrantes no autorizados y establece un sistema de verificación de empleo para los empleadores. Como parte del proceso de contratación, los empleados deben completar formularios federales con su información.

Sin embargo, en Kansas, tres inmigrantes fueron atrapados usando los números de Seguro Social de otras personas para obtener un empleo. Fueron procesados bajo la ley estatal.
La Corte Suprema de Kansas anuló las condenas de tres individuos por delitos como el robo de identidad, sosteniendo que la ley federal de inmigración le impide al estado hacer cumplir la ley penal estatal.

DACA Seguirá

+ La Corte Suprema de EEUU decidió no intervenir en la disputa sobre el programa migratorio de Acción Diferida
+ La decisión significa que el plan DACA sigue vigente y los servicios migratorios deben seguir aceptando las peticiones de renovación de ese permiso migratorio

El Tribunal Supremo volvió hoy a desestimar intervenir en la disputa sobre el programa migratorio de Acción Diferida (DACA), que actualmente protege de la deportación a 690.000 jóvenes indocumentados conocidos como «soñadores».

En una breve notificación, el alto tribunal anunció su decisión de no admitir a trámite el caso y rechazó así la petición del Departamento de Justicia.

En la práctica, la decisión significa que el plan DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) sigue vigente y los servicios migratorios deben seguir aceptando las peticiones de renovación de ese permiso migratorio, que frena la deportación de los jóvenes indocumentados y les permite trabajar.

El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó en noviembre al Supremo que evaluara distintos casos sobre la cancelación del mandatario de DACA, una petición en la que reclamó a la sala -de mayoría conservadora- que lo haga durante el actual periodo judicial, que se extenderá hasta finales de junio 2019, la legalidad de la eliminación del programa.

DACA fue aprobado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) en 2012 para proteger de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños; pero en septiembre de 2017 Trump acabó con este cuando aún amparaba a 690.000 personas.

En concreto, el Gobierno pidió al Supremo que examinase tres casos: uno de una corte federal en California, otro en Nueva York y otro en Washington.

Sin embargo, el Supremo decidió rechazar la petición, lo que supone un golpe para la Casa Blanca.

Esta no fue la primera vez que el Ejecutivo solicitó al Supremo estudiar esta disputa.

Antes, en enero de 2018, un tribunal federal decidió suspender la cancelación de DACA a nivel nacional y ordenó al Gobierno que siguiera aceptando solicitudes para inscribirse en el programa.

El Ejecutivo apeló entonces ante el Tribunal Supremo para que se posicionara al respecto, pero este consideró en febrero del año pasado que esa decisión debía recaer en la corte de apelaciones, que lo haría de forma rápida.

El pasado 17 de octubre, el Gobierno amenazó a una corte de apelaciones de California con volver a recurrir al Supremo si no emitía un fallo el pasado 31 de octubre, algo que no sucedió.

Estos tribunales de apelaciones no se han posicionado aún, razón por la que Trump ha argumentado en los últimos meses que no se están cumpliendo las condiciones previstas y que, por tanto, debería ser el Supremo quien aborde la disputa y emita una resolución «definitiva».

Este fin de semana, se ha filtrado que los senadores republicanos presentarán una propuesta de ley para acabar con el cierre parcial de la Administración, que inició el pasado 22 de diciembre, que incluya una cláusula que otorgue a los «soñadores» tres años más de amparo a cambio de 5,700 millones de dólares para el muro.

No obstante, los demócratas, que buscan una solución permanente para los jóvenes indocumentados, han rechazado frontalmente esta idea.

Trump Lleva el DACA a la Corte Suprema

El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó este lunes al Tribunal Supremo que evalúe distintos casos sobre la cancelación por parte del mandatario del programa de Acción Diferida (DACA), destinado a jóvenes que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños.

El Ejecutivo registró una petición en el alto tribunal en la que reclama a la sala -de mayoría conservadora- que evalúe durante el actual periodo judicial, que se extenderá hasta finales de junio 2019, la legalidad de la eliminación del programa.

DACA fue aprobado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) en 2012 para proteger de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños; pero en septiembre de 2017, Trump acabó con este cuando aún amparaba a 690,000 personas.

En concreto, el Gobierno pidió al Supremo que examine tres casos: uno de una corte federal en California, otro en Nueva York y otro en Washington.

Esta no es la primera vez que el Ejecutivo solicita al Supremo estudiar esta disputa.

Antes, en enero de 2018, un tribunal federal decidió suspender la cancelación de DACA a nivel nacional y ordenó al Gobierno que siguiera aceptando solicitudes para inscribirse en el programa.

El Ejecutivo apeló entonces ante el Tribunal Supremo para que se posicionara al respecto, pero este consideró en febrero que esa decisión debía recaer en la corte de apelaciones, que lo haría de forma rápida.
El pasado 17 de octubre, el Gobierno amenazó a una corte de apelaciones de California con volver a recurrir al Supremo si no emitía un fallo el pasado 31 de octubre, algo que no sucedió.

Estos tribunales de apelaciones no se han posicionado aún, razón por la que el Ejecutivo argumentó que no se están cumpliendo las condiciones previstas y que, por tanto, debe ser el Supremo quien aborde la disputa y emita una resolución “definitiva”.

Corte Suprema da Revés a Trump

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una disposición de la ley federal de ciudadanía e inmigración que exigía la deportación obligatoria de inmigrantes que habían sido condenados por cometer algunos delitos, al argumentar que la normativa era muy general y vaga.
La sentencia tiene como origen un caso de un inmigrante oriundo de Filipinas que fue admitido en Estados Unidos en 1992 de manera legal. En 2007 y 2009, él no se opuso a acusaciones en su contra por robo de una residencia en California y un juez de inmigración determinó que el inmigrante podía ser deportado del país.
Los abogados del inmigrante apelaron la deportación diciendo que se hizo por delitos sobre los que no existía la certeza legal de que conllevaran a su deportación y que su cliente nunca notificado de que el crimen del que fue acusado podría resultar en una deportación.
El Tribunal Supremo anuló el martes una disposición de la ley federal que exige la deportación obligatoria de inmigrantes que hayan sido condenados por algunos delitos, sosteniendo que la ley es inconstitucionalmente vaga.
La Corte falló a favor de Dimaya, un filipino residente legal permanente desde 1992, que en 2009 fue condenado por robo residencial en California. Por esa sentencia, iba a ser deportado, pero el máximo Tribunal frenó esa medida.
Las condenas que pesaban en su contra, «delito grave con agravante», están incluidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza la deportación pero sus abogados alegaron que parte de sa ley es «inconstitucionalmente vaga» y que su cliente nunca tuvo un aviso justo de que sus crímenes podrían provocar su deportación.
La Corte avaló esta argumentación en una ajustada votación 5-4 y por primera vez, el juez Neil Gorsuch -elegido por Donald Trump- se unió a los jueces más liberales invalidando el estatuto federal. Al hacerlo, Gorsuch continuó con la jurisprudencia del juez Antonin Scalia, que también se alió con los liberales en lo que respecta a la vaguedad de los estatutos utilizados para condenar a los acusados.
La decisión de la Corte es un revés para la política migratoria del presidente republicano que durante su campaña prometió expulsar a los indocumentados y levantar un muro en la frontera con México para impedir la entrada de inmigrantes que, según dijo, en su mayoría son «violentos, narcotraficantes y violadores».

Corte Suprema le da Vida al DACA

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes intervenir en la disputa sobre el programa DACA, que actualmente protege de la deportación a 690,000 jóvenes indocumentados conocidos como «dreamers» y al que el presidente Donald Trump quiere poner fin el 5 de marzo.

En una breve notificación, el alto tribunal anunció su decisión de no admitir a trámite el caso y rechazó así la petición del Departamento de Justicia de EEUU.
Los magistrados, reunidos en conferencia a puerta cerrada, atendieron un recurso presentado por el Departamento de Justicia con carácter de urgencia, con el objetivo de revertir el dictamen y mantener la cancelación de DACA ordenada por el presidente. El anuncio de este lunes supone un fuerte revés para la administración de Trump y permite que el programa siga activo, tal como determinaron cortes inferiores.
«DACA sigue activo y creo que después del 5 de marzo también», agregó Hernández. Tendría que haber otro anuncio por parte del máximo tribunal de justicia para detenerlo y no creo que sea el caso», agregó.

También explicó que el programa se encuentra vigente a nivel nacional y restaurado «porque así lo dictaminó otra corte de Brooklyn, Nueva York. Y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dice en su página que DACA está restaurado como se encontraba antes del 4 de septiembre del año pasado, es decir antes de que fuera cancelado por el presidente Trump».