Tarjeta de identificación para indocumentados: qué se sabe hasta ahora de los planes de Biden

El Departamento de Seguridad Nacional elabora un plan piloto para identificar por medio de un carné a los indocumentados que llegan a la frontera y son procesados dentro de EEUU. Mientras unos aplauden la iniciativa, otros se preguntan si facilitará las deportaciones o atascará aún más los trámites del servicio de inmigración.

La semana pasada medios estadounidenses reportaron que el gobierno de Joe Biden elabora un plan para crear una nueva tarjeta de identificación para indocumentados, sobre todo aquellos que llegan a la frontera y son procesados por las autoridades federales de inmigración.

Tanto la cadena CNN como el sitio Axios indicaron que el plan está siendo preparado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Y que el documento permitiría a los titulares, por ejemplo, solicitar y recibir beneficios legales disponibles o abordar un avión para viajar a otro estado dentro de Estados Unidos mientras se resuelve su situación migratoria.

Si bien por ahora se trata solo de un plan piloto, activistas y abogados consultados por Univision Noticias advierten que, puede tratarse de una gran noticia si el objetivo es conceder algún tipo de beneficio migratorio, pero si el gobierno lo utiliza como mecanismo para vigilar, muchos indocumentados optarían por seguir ocultos en las sombras.

Esto es lo que se sabe hasta ahora:

Plan piloto

De lo que se sabe hasta ahora, el plan piloto para la creación de la tarjeta de identificación de indocumentados (Secure Docket Card) está a cargo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia federal encargada de las deportaciones que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Qué información incluirá

La nueva tarjeta de identificación incluirá:

· Nombre del extranjero

· Número de extranjero (A-xxx xxx xxx)

· Nacionalidad

· Fecha de nacimiento

· Toda aquella información relevante para efectos de inmigración, entre ellas dirección).

Fondos para el programa

El presupuesto de gastos del DHS para el año fiscal 2023 incluye partidas de dinero específicas ($10 millones) en el capítulo Operaciones de Ejecución y Remoción para el funcionamiento del programa de ICE conocido como Secure Docket Card. El plan es permitir el acceso a expedientes y documentos migratorios de no ciudadanos (extranjeros) a expedientes y documentos migratorios.

El presupuesto también asigna $20 millones para el manejo del Programa Alternativas de Detención (ATD) para casos de adultos y jóvenes.

Por qué la tarjeta

Una fuente citada por CNN dijo que uno de los principales problemas que tienen los inmigrantes (el 50%) para rendir cuentas dentro del marco del proceso, “se debe a que no nos comunicamos bien». Y agregó que la identificación en proceso facilitará la comunicación “sin contratiempos, de manera eficiente y humana».

Qué uso tendrá

La tarjeta de identificación para indocumentados ayudará a “identificar” al inmigrante, podrá usarla para viajar (TSA la aceptará en los aeropuertos por tratarse de una forma de identificación federal) e incluso para gestionar una licencia de conducir en aquellos estados que otorgan esta documentación a extranjeros sin estatus de estadía legal en Estados Unidos.

Estos mapas te muestran qué estados permiten que los indocumentados obtengan licencias de conducir y otros beneficios. Haz clic aquí.

Qué ha dicho ICE

«El programa ICE Secure Docket Card (SDC) forma parte de un programa piloto para modernizar varias formas de documentación proporcionada a los no ciudadanos liberados provisionalmente a través de una identificación consistente, verificable y segura”, dijo la agencia por medio de un comunicado.

CNN dijo que el funcionario agregó que la tarjeta segura contendrá una foto, identificadores biográficos y características de seguridad de última generación para el beneficio mutuo del gobierno y los no ciudadanos.

Qué dicen los activistas

Ben Monterroso, director de integración del voto de Poder Latinx, dijo que la nueva tarjeta de identificación para indocumentados puede convertirse en “un nuevo ataque a nuestra comunidad” debido a que no está claro qué hará el DHS con la información que recopile cuando la otorgue.

“Ahora bien, si las tarjetas van a servir para algo, como por ejemplo trabajar, está bien. Pero si el objetivo es para controlar, no nos parece. Ya de por sí cientos de miles de indocumentados se encuentran trabajando en las sombras, por tanto, qué ganaríamos con tener una tarjeta más y con información delicada”, indicó.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es programas que concedan beneficios a los inmigrantes, no sistemas para controlar dónde están. Pedimos legalización no controles”, agregó.

Por su parte, Francisco Moreno, de la Confederación de Federaciones Mexicanas en Los Ángeles, California, dijo que “esta tarjeta es más que nada para hacer un conteo rápido de la comunidad indocumentada y los que están llegando recientemente”.

“Los que están (los 11 millones de indocumentados, algunos de los cuales llevan décadas en el país) ya tienen de alguna manera una identificación, una licencia de manejar”, agregó.

“En fin, es bueno que tengan como mínimo una identificación para moverse, tener cheques, viajar. Tiene su lado bueno y su lado malo. Yo me voy por el lado bueno. Sentirse identificado es importante en este país”, indicó.

La otra cara

El plan, sin embargo, tiene una cara oculta: la capacidad de respuesta del gobierno para enfrentar el reto de identificar a miles de inmigrantes indocumentados.

“El plan no solo le permitirá al gobierno tener control sobre los extranjeros indocumentados, sino también administrar los beneficios que otorga el servicio de inmigración. Y aquí hay preguntas que por ahora no tienen respuestas”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona.

“Si la crean (la tarjeta de identificación) sería federal y los titulares del documento podrían incluso abrir una cuenta de banco, viajar, etc. Por otro lado, si estás identificado, el gobierno tendrá mayor control para poder rastrear a los portadores de este documento y sobre tu paradero, por ejemplo, si no te presentas ante un juez para cumplir con una citación”, agrega.

Hernández señala, además, que la pregunta que falta por responder es “si el servicio de inmigración podrá imprimir los carnés en tiempo si en estos momentos hay colas enormes de otros servicios acumulados por años. Y así saber cuánto tiempo tardará en llegar a las manos del indocumentado”.

Cabe señalar que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de inmigración (USCIS) tiene acumulados más de 9 millones de solicitudes de beneficios, entre ellos peticiones de residencia, ciudadanía por naturalización y permisos de trabajo (autorizaciones de empleo).

Fuente: JORGE CANCINO

Gobierno busca ampliar un programa de ayuda legal a inmigrantes indocumentados detenidos

En el programa pueden participar migrantes que se encuentran bajo el programa ‘Quédate en México’ y se trata de uno de los cambios más significativos en la frontera en el pasado año.

El gobierno federal busca aumentar el acceso a representación legal de inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera con México, entre ellos aquellos que son obligados a permanecer en ese país mientras sus casos de asilo son resueltos en tribunales estadounidenses.

La semana pasada, el Departamento de Justicia publicó en la página de Oportunidades de Contrato Federal (govtribe.gov) un anuncio para cotizar servicios en el marco del programa bautizado como ‘Acceso legal en la frontera (LAB)’. Se trata de uno de los cambios más significativos en la frontera durante el primer año de gobierno.

El programa busca “mejorar la eficiencia y la eficacia de procedimientos de la Corte de Inmigración (EOIR) brindando servicios legales a ciertos no ciudadanos”, denominación que utiliza el gobierno para referirse a los indocumentados.

De acuerdo con la publicación, la ampliación de servicios beneficiaría a:

Extranjeros indocumentados detenidos y que se encuentran bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), una dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
Indocumentados en o que pueden ser colocados en procedimientos de deportación
Indocumentados que buscan ingresar a Estados Unidos desde ubicaciones a lo largo de la frontera suroeste (con México)
Extranjeros sin papeles en o que pueden estar inscritos en el Programa de Protección del Migrante (MPP)

De qué se trata

La publicación explica que los servicios legales que se dará a los indocumentados incluirán información general y presentaciones (orientación legal) sobre:

Opciones y procedimientos relacionados con permanecer en Estados Unidos durante la tramitación de los procedimientos de deportación, tal como la entrevista de no devolución (NRI) ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS)
Prácticas y procedimientos de los tribunales de inmigración, alivio y protección contra la deportación y otros recursos relevantes

Ayuda vigente

Tras ser reactivado en diciembre en cumplimiento de una orden judicial emitida en agosto del año pasado por un juez federal de Texas, el MPP, también conocido como ‘Quédate en México’, tiene nuevos protocolos entre los que se incluyen ayuda legal y cuidados médicos.

A principios de enero la CBP explicó que a los extranjeros detenidos en la frontera y colocados dentro del MPP, “un funcionario de la agencia les proporciona información por escrito a través de un paquete de recursos legales antes de ser regresado a México”.

Un documento particularmente importante para estos migrantes es la Notificación de Comparecencia (NTA), la cual incluye la hora y localización de su audiencia inicial ante un juez de inmigración, indica la agencia. “Es muy importante hacer una copia de la NTA o anotar la información clave y no perderla”, advierte.

La regla indica que utilizando su número de extranjero (el número de 9 dígitos que comienza con una letra A en la esquina superior derecha de la NTA) “puede obtener información actualizada sobre su caso llamando gratis al Departamento de Justicia al número 1(800) 898-7180 o por internet».

En cuanto a la ayuda médica, la agencia federal dijo que mientras el inmigrante esté bajo la custodia del gobierno y antes de ser regresado a México, el reglamento indica que “usted será sujeto a una evaluación médica y cualquier persona mayor de 5 años recibirá una vacuna contra el covid-19”.

Para volver a ingresar a Estados Unidos se requerirá que muestre un comprobante de vacunación contra esta enfermedad.

“Sugerimos que se vacune antes de regresar a México para que pueda volver a ingresar a Estados Unidos el día de su audiencia ante la corte”, precisa. “También estará requerido a demostrar que ha recibido una prueba negativa de covid-19 al menos 72 horas antes de su cita en la corte”.

Aplauden la iniciativa

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes aplaudieron la iniciativa.

“Es algo positivo”, dijo a Univision Noticias Rogelio Núñez, director del Proyecto Libertad en Harlingen, Texas. “Bajo la ley de inmigración, la gente que busca remedios legales no puede asesorarse por agencias, el gobierno tampoco les pone abogados”.

“Cualquier representación que ahora se les permita es muy importante. Más del 90% de quienes son colocados en deportación no tiene representación y pierden sus casos. Bien representados podrán luchar por sus derechos de permanencia en Estados Unidos. Eso es bueno”, agregó.

Para el abogado de inmigración Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, la publicación del anuncio “es algo positivo para la comunidad, ya que, al contrario de la ley criminal, donde el Estado asigna a un defensor público, en materia de inmigración el gobierno no lo hace hasta ahora”.

El sistema permite que “nadie abogue por los indocumentados. Si esto cambia y se les da a estas personas la oportunidad, se podrá nivelar el terreno o para que los extranjeros sin papeles puedan defenderse contra las deportaciones”, precisó.

El último estudio

La semana pasada Univision Noticias reportó, citando un estudio del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse en Nueva York, que a pesar de los programas creados por el gobierno en el último año para asistir a inmigrantes que buscan asilo, la mayoría de los extranjeros que perdieron sus casos no contaban con representación legal, un problema que, en vez de desaparecer, persiste.

Según registros caso por caso hasta finales de 2021 de la Corte de Inmigración (EOIR), entre mayo y diciembre se habían asignado más de 72,000 casos relacionados con familias solicitantes de asilo bajo una nueva iniciativa diseñada por el gobierno de Joe Biden conocida como “Dedicated Docket (DD)”.

De ellos, 1,557 peticionarios recibieron una orden de deportación tras perder sus casos y solo 75 (equivalente al 4.7%) tenían representación legal.

“Si ponen en vigencia el programa, los resultados serán distintos”, dijo Flores. “Habrá más gente que gane sus casos cuando vienen en busca de beneficios migratorios legales y disponibles”, indicó.

Fuente: JORGE CANCINO

Por qué el 1 de noviembre de 2020 es una fecha clave para los inmigrantes indocumentados en EEUU

El gobierno de Joe Biden envió esta semana una guía de prioridades de deportación a los directores de dependencias del Departamento de Seguridad Nacional. Estas son sus claves.

El ser indocumentado en Estados Unidos no es causal de deportación inmediata, pero los agentes federales de inmigración tienen amplia discrecionalidad para detener, arrestar y expulsar a un indocumentado, señala la guía de prioridades enviada esta semana por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), Alejandro Mayorkas, a los directores de dependencias bajo su mando.

Las prioridades no son nuevas, fueron establecidas en febrero luego de que el presidente Joe Biden revirtiera una serie de regulaciones que formaban parte de la política de ‘tolerancia cero’ de Donald Trump. Una de ellas establecía que la presencia indocumentada constituía una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

Biden incluso fue todavía más lejos. No solo anuló las prioridades que había determinado el gobierno anterior, sino que dejó de utilizar el término extranjero ilegal para referirse a los indocumentados y comenzó a llamarlos “no ciudadanos”.

Es un término que rechazan estados gobernados por republicanos, como Texas y Florida, quienes insisten en llamar a los extranjeros no autorizados como «ilegales» y acusarlos de forma generalizada y sin pruebas de ser criminales, violadores y traficantes de drogas.

Hace una semana hubo imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo tratando de impedir el paso a migrantes haitianos que cruzaban el río Bravo para esperar debajo del puente internacional de Del Río, Texas, la oportunidad de pedir asilo, un recurso legal disponible.

La actuación de los agentes dio la vuelta al mundo y fue condenada dentro y fuera de Estados Unidos. Y obligó a Mayorkas a redactar y ahondar las directrices de las prioridades de deportación del gobierno que ha habían sido publicadas en febrero, en un nuevo esfuerzo por unificar los criterios y que todas las agencias y personal bajo su mando actúe en concordancia con la política migratoria de Biden.

Estas son las claves de su memorando:

Las prioridades

Tal y como anunció el gobierno en febrero, las prioridades de deportación son:

– Amenaza a la seguridad nacional: un no ciudadano que participe o sea sospechoso de terrorismo o espionaje, o relacionado con el terrorismo o actividades relacionadas con el espionaje, o que represente un peligro para la seguridad nacional.

– Amenaza a la seguridad pública: un no ciudadano que represente una amenaza actual para la seguridad pública, generalmente debido a un delito grave.

– Amenaza a la seguridad fronteriza: un no ciudadano que represente una amenaza para la seguridad fronteriza.

Fecha clave: 1 de noviembre de 2020

El memorando de Mayorkas añade que un no ciudadano es una amenaza para la seguridad fronteriza si:

– Son detenidos en la frontera o puerto de entrada mientras intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

– Son detenidos en Estados Unidos tras haber ingresado ilegalmente después del 1 de noviembre de 2020. Esta fecha es clave para entender las prioridades de deportación del gobierno de Biden.

Sin embargo, la guía indica que en algunos casos se requerirá una evaluación más a fondo y se tendrá en cuenta “la totalidad de los hechos y circunstancias” para decidir la deportación.

Discreción procesal

Si bien el hecho de ser indocumentado no constituye una causa inmediata o única de deportación de Estados Unidos, Mayorkas recuerda en el documento un principio fundamental que rige la autoridad de los agentes federales de inmigración: “el ejercicio de la discreción procesal”.

Explica que, por ley, los funcionarios del gobierno federal tienen “amplia discreción” para decidir: quién debe estar sujeto a arresto, detenciones, procedimientos de deportación y ejecutar o llevar a cabo la deportación de un no ciudadano.

Población indocumentada

El memorando señala que hay 11 millones de personas indocumentadas o removibles (deportables) de Estados Unidos.

Sin embargo, señala que “no tenemos los recursos para aprehender y buscar la remoción” de todos ellos. Y que, debido a esto, “debemos ejercer nuestra discreción y determinar a quién priorizar para la acción de aplicación de la ley de inmigración”.

La prioridad, agrega, se enfoca en aquellos que han cometido crímenes y constituyen una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

Reconocimiento oficial

Mayorkas dice en el documento que el gobierno, “al ejercer nuestra discreción, nos guiamos por el hecho de que la mayoría de los no ciudadanos indocumentados, que podrían ser objeto de expulsión, han sido miembros contribuyentes de nuestras comunidades durante años”.

Este grupo de personas incluye: personas que trabajan en primera línea en la batalla contra la pandemia del covid-19, individuos que lideran nuestras congregaciones de fe, personas que enseñan a nuestros hijos y trabajadores que laboran en los campos para ayudar a entregar alimentos a nuestra mesa.

No es la única causal

El hecho de ser indocumentado, precisa la guía, no convierte al no ciudadano en removible o deportable. Por lo tanto, “no debe ser el único motivo de acción de ejecución (de la ley de inmigración) contra ellos”.

“Usaremos nuestra discreción y enfocaremos nuestros recursos de cumplimiento de una manera más específica”, puntualiza la instrucción. “La justicia y el bienestar de nuestro país así lo requieren”.

Factores agravantes

Entre los factores agravantes que justifican la deportación se consideran, entre otros:

– Gravedad del delito, condena y la pena impuesta

– La naturaleza y grado de daño causado por el delito

– Uso o amenaza de uso de un arma de fuego o arma peligrosa

– Antecedentes penales graves.

Factores atenuantes

Sin embargo, también puede haber factores que mitiguen la prioridad de deportación. Entre ellas:

– Edad del no ciudadano (avanzada o si se trata de un menor)

– Presencia física prolongada en Estados Unidos

– Una condición mental que puede haber contribuido a la conducta delictiva, o condición física o condición mental que requiere atención o tratamiento

– Condición de víctima de un delito o víctima, testigo o parte en un proceso judicial

– El impacto de la deportación en la familia en Estados Unidos, tal como la pérdida del proveedor o cuidador

– Si el no ciudadano puede ser elegible para protección humanitaria u otro tipo de alivio migratorio

– Servicio militar u otro servicio público del no ciudadano o su familia inmediata

– Tiempo transcurrido desde una infracción y evidencia de rehabilitación

– Si la condena fue anulada o borrada.

* Durante el gobierno de Trump el sólo hecho de haber sido acusado de un delito constituía una prioridad de deportación. Incluso si el caso todavía no había sido sentenciado.

Asunto complicado y de derechos civiles

Mayorkas escribió que la decisión de cómo ejercer la discreción fiscal “puede ser complicada y requiere trabajo de investigación”.

“Nuestro personal no debe depender del hecho de una condena o del resultado solamente de una búsqueda en la base de datos. Más bien nuestro personal debe, en la mayor medida posible, obtener y revisar todo el expediente penal y administrativo y otra información de investigación para aprender de la totalidad de los hechos y circunstancias de la conducta en cuestión”.

La discreción de los agentes federales también apunta a respetar los derechos y libertades civiles de los no ciudadanos.

Precisa que la raza, religión, género, orientación sexual o identidad de género, el origen nacional o las asociaciones políticas nunca serán factores en la decisión de emprender acciones de ejecución.

Frontera

En cuanto a la situación en la frontera, el DHS ha advertido que continúa expulsando a migrantes bajo la autoridad del Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC).

Agrega que “aquellos que no pueden ser expulsados bajo el Título 42 y no tienen una base legal para permanecer (en Estados Unidos), son colocados en procedimientos de deportación acelerados o completos”.

El Título 42 fue activado en 2020 como parte de las medidas para frenar la pandemia del coronavirus en la frontera.

Respecto a los migrantes que no califican para ser deportados de manera expedita bajo el Título 42 de los CDC, el DHS dijo a Univision Noticias que “son colocados en ‘alternativas de Detención’” quienes, o bien quedan privados de libertad en una instalación de ICE o liberados con un documento legal”.

El documento legal mencionado se refiere a una Notificación de Comparecencia (NTA) para que el individuo se presente en una hora, fecha y dirección determinada como parte del debido proceso migratorio.

También incluye un aviso de presentarse a una oficina de ICE para un procesamiento de inmigración adicional, agregó.

Fuente: JORGE CANCINO

Pagan 2.2 Millones de Dólares a Indocumentados Detenidos

Este acuerdo extrajudicial le pone fin a una demanda presentada en 2020 por el gobierno de Washington alegando que la empresa de transporte permitió que oficiales migratorios cuestionaran a pasajeros hispanos sin una orden judicial y los detuvieran para investigar su estatus migratorio.

La Fiscalía del estado de Washington informó que repartirá los 2.2 millones de dólares como parte de un acuerdo extrajudicial con la empresa de autobuses más grande del país -Greyhound- entre varios indocumentados que fueron detenidos y deportados tras operativos que la Patrulla Fronteriza realizó en una terminal de dicha compañía cerca de la zona limítrofe con Canadá.

Para ponerle fin a una demanda interpuesta en abril de 2020, Greyhound se comprometió además a establecer una política “clara” que prohíba las revisiones migratorias de pasajeros sin una orden judicial dentro de sus instalaciones y buses, publicar esa declaración en su página de internet, capacitar a su personal y colocar letreros en los lugares ya mencionados indicando que no da su consentimiento para que oficiales fronterizos cuestionen a usuarios que creen son indocumentados.

Esta empresa de transporte ha estado en el ojo del huracán en años recientes tras difundirse imágenes de agentes fronterizos y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) verificando el estatus migratorio de los pasajeros. Algunas fotos correspondían a las revisiones que se realizaron en el llamado Intermodal Center, una estación de Greyhound en el centro de Spokano, en Washington. La Fiscalía estatal decidió intervenir en el tema porque el lugar está a más de 100 millas de la frontera con Canadá.

Entre la evidencia que los fiscales presentaron en el litigio están las fotografías de dos elementos de la Patrulla Fronteriza que conversan en una zona “solo para empleados” y correos electrónicos en los que representantes de Greyhound le dijeron en 2018 a un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que mantenían su compromiso de permitir las revisiones de pasajeros y le piden “ayuda para lidiar con la ACLU”, organización que entonces exigía eliminar dicha práctica.

La Fiscalía afirmó que Greyhound no advirtió a los clientes sobre las redadas migratorias, “tergiversó su papel” al permitir que ocurrieran en la estación y “sometió a sus pasajeros a discriminación basada en raza, color de piel o país de origen”.

En algún momento, la Patrulla Fronteriza llegó a realizar varias redadas el mismo día y como mínimo se presentó tres veces por semana en el Intermodal Center, donde se volvieron comunes las detenciones de inmigrantes sin papeles. Greyhound siguió permitiendo estas acciones a pesar de las cartas que le envió la Fiscalía de Washington y de que a la prensa le afirmó que ya no lo hacía, alega la querella.

“Mi oficina insistió primero en que Greyhound hiciera estas reformas corporativas en 2019”, dijo el fiscal estatal Bob Ferguson en un comunicado. “Si Greyhound simplemente hubiera aceptado nuestro pedido razonable habrían evitado una demanda. Ahora, en vísperas del juicio, la evasión de Greyhound ha llegado a su fin y ahora debe pagar 2 millones de dólares por el daño que causó a los habitantes de Washington”, agregó el funcionario.

“Greyhound tiene una obligación con sus clientes, una obligación que no puede dejar de lado para que los agentes de inmigración puedan ‘pescar’ a bordo de sus autobuses”, añadió el fiscal.

La oficina de Ferguson indicó que la cantidad de esos $2.2 millones que recibirá cada inmigrante afectado dependerá del número de reclamos y de “la gravedad de los daños sufridos debido a la conducta de Greyhound”. No está claro cuántas personas serán compensadas, ni si alguna de ellas fue devuelta a su país de origen. La demanda describe cómo al menos tres personas terminaron en centros de detención.

“¿Son ilegales?”

En un breve comunicado , la empresa dijo que consideraba positivo haber evitado un costoso litigio. “Greyhound se complace en llegar a un acuerdo con el estado de Washington. Al aceptar el decreto de consentimiento, comunicaremos más ampliamente a nuestros clientes las políticas y procedimientos que ya tenemos para servir a los ciudadanos del estado de Washington”, dijo su vocera

Al menos desde 2013, los agentes del CBP han realizado operaciones en el Intermodal Center. En cada redada participaron varios oficiales armados sin ejecutar una orden judicial y sin causa probable de que algún individuo había violado la ley federal. Se presentaban en las instalaciones de Greyhound sobre todo en feriados y cuando se realizaban grandes eventos deportivos, señala la querella.

La Fiscalía cita un caso ocurrido a finales de 2018, en el que un padre y su hijo, ambos residentes de Washington, fueron detenidos después de que agentes fronterizos subieron a su autobús Greyhound y les preguntaron «¿Son ilegales?».

El hijo les explicó que tenía un permiso del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), mientras que el padre se negó a darles información sobre su estatus migratorio. Aunque el joven fue liberado horas después, su familiar fue llevado a un centro de detención en Tacoma.

Otro ejemplo mencionado en la querella es el de un hombre de 39 años y residente de Dakota del Sur que fue arrestado cuando elementos del CBP abordaron su autobús. Este había acompañado a su esposa en un viaje, condujo hasta Seattle y tome el bus de regreso a su casa.

Algo similar le ocurrió a una madre de 43 años que había viajado a Seattle para visitar a sus hijas y pasó dos días detenida luego de ser interrogada por agentes federales en el Intermodal Center.

El juicio contra Greyhound habría iniciado en una corte de Washington este lunes.

Demócratas consideran vieja norma para revivir iniciativa que busca regularizar indocumentados

Tras la negativa de la principal asesora del Senado para incluir la legalización de 8 millones de inmigrantes en el paquete de reconciliación, los demócratas barajan un nuevo plan que activa una parte de la ley de inmigración de 1986 para darle la Green Card (tarjeta verde) a cientos de miles de indocumentados.

Tras la negativa de la principal asesora del Senado, quien el domingo rechazó incluir en el paquete de reconciliación la legalización de al menos 8 millones de indocumentados, los demócratas del Congreso elaboran un nuevo plan que incluye la utilización de una vieja norma de la ley de inmigración (INA).

Se trata de la denominada Ley del Registro, una disposición que permite a ciertos extranjeros sin papeles que se encuentran en Estados Unidos a partir del 1 de enero de 1972, carecen de antecedentes criminales y tienen buen carácter moral, solicitar la residencia legal permanente (LPR o Green Card).

Pero saben que la tarea no será fácil. Tendrán que acelerar el paso, escribir los argumentos de la nueva propuesta, presentarlos a la oficina de la asesora del Senado, esperar que lo acepte, convocar a una audiencia a puertas cerradas y emitir un veredicto.

Si la respuesta es positiva, “será la primera vez que se utilizará después de la Amnistía de 1986”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Sin embargo, para que sea efectiva, deberán tocar el reglamento. Y una vez lo conozcamos, saber a cuántas personas beneficiaría”.

Fuentes demócratas consultadas por Univision Noticias dijeron este lunes que la invocatoria de la Ley del Registro “se encuentra sobre la mesa, es parte de las opciones legales vigentes”.

Para calificar, el extranjero debe demostrar que se encuentra en territorio estadounidense al menos desde el 1 de enero de 1972 o antes, tener buen carácter moral y residencia continua desde su ingreso.

“Nada de órdenes de deportación, ni salidas voluntarias, ni crímenes, ni faltas, ni nada que los convierta en inadmisibles”, advierte Velásquez.

“Hace muchos años que no tengo un caso de estos. Se usó mucho con la Amnistía de Reagan y desde entonces no la he visto. Pero está vigente», indica.

«Si logran aprobarla y modifican la fecha de registro (de la entrada al país), sería una solución beneficiosa para miles de indocumentados y personas con acción diferida o titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS)”, agrega.
La actual fecha de registro, el 1 de enero de 1972, “se fijó en 1986”, explica el AIC. Y añade que “esta fecha es ahora tan lejana que pocas personas son elegibles».

«Sin embargo, el Congreso tiene el poder de adelantar la fecha de registro nuevamente en cualquier momento, lo que potencialmente permitiría que millones de no ciudadanos se conviertan en LPR y, en última instancia, en ciudadanos estadounidenses”.

Planes inmediatos

Si bien los demócratas no la mencionan por ahora, un día después de la decisión anunciada por la abogada Elizabeth MacDonough, la asesora principal del Congreso, confirman que están trabajando en el siguiente paso.

“El proceso (de incluir la legalización de millones de indocumentados en el presupuesto de reconciliación) no ha terminado y las expectativas están puestas en acudir otra vez (a la oficina de la Parlamentarian) hasta que obtengamos un sí”, dijo el senador Bob Menéndez (demócrata por Nueva Jersey) durante una conferencia telefónica.

“No nos vamos a dar por vencidos en este esfuerzo de sacar de las sombras a los indocumentados”, agregó.

Junto a Menéndez se hallaban activistas de organizaciones proinmigrantes, entre ellos Greisa Martínez, de United We Dream (UWD).

“Los indocumentados tienen roto el corazón (tras la decisión de la Parlamentarian). Tienen miedo y están enojados. Pero tienen fe y creen en lo que se está haciendo”, dijo Greisa Martínez, directora ejecutiva de la organización.

“Los demócratas saben lo que están haciendo. Les decimos que éste es el tiempo de mostrar valentía”, indicó.

Lorella Praeli, copresidenta de la organización Community Change Action, dijo los demócratas tienen el Congreso, la Casa Blanca y las organizaciones pro-inmigrantes a su favor “para encontrar soluciones” para legalizar a la mayoría de los indocumentados.

Los requisitos

Los requisitos actuales de la Ley del Registro indican que el beneficiario no necesita de un patrocinador, un examen médico y una declaración jurada de apoyo financiero. Y además deben cumplir con las siguientes condiciones, a saber:

Haber entrado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972;

Permanencia continua desde esa fecha;

Buen carácter moral;

No es inadmisible en Estados Unidos (no ha cometido crímenes que lo conviertan en inamisible);

Presentar un formulario I-485) de ajuste de estatus y la tarifa determinada por el servicio de inmigración.

El AIC dijo que “pocos años después de que la fecha de registro se adelantó por última vez en 1986, decenas de miles de no ciudadanos se convirtieron en residentes permanentes”.

Según datos del gobierno, 58,914 personas se beneficiaron del registro entre los años fiscales 1985 y 1989. “Pero a medida que la fecha del registro se remontaba al pasado, cada vez menos personas eran elegibles para postularse”, agregó.

Cambio de fecha

Las fuentes demócratas indicaron que el plan incluye “adelantar la fecha del registro” y que se barajan varias opciones. Se habla del año 2000 y del 2010, pero las negociaciones se llevan a “puertas cerradas”.

Citando datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el informe del AIC indica que “el 47% ciento de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos en 2018 (5,4 millones de personas) habían llegado antes de 2000. Otro 37% (4,2 millones) había llegado entre 2000 y 2009”.

“De esa fecha dependerá el número de beneficiarios que podrán pedir la residencia”, dice Velásquez. “Todo dependerá de cómo lo hagan y conseguir los votos necesarios para modificar la fecha de registro. Sin duda se trata de una buena idea”.

El AIC, sin embargo, advierte que, de lograrse, “algunos no ciudadanos no serían elegibles para el registro debido a condenas penales o ausencias prolongadas de Estados Unidos”.

“Por eso será importante trabajar el reglamento”, dice Velásquez.

“Será la base para convencer al Congreso y a la Parlamentaria. Es el punto clave de esta estrategia”, concluyó.

Fuente: JORGE CANCINO

Por Contratar Indocumentados Restaurantero Podría ser Sentenciado a 128 Años de Cárcel

El gobierno asegura que el empresario José Luis Bravo era el líder de una presunta organización delictiva que le dio trabajo a indocumentados en distintos establecimientos.

José Luis Bravo pasó esta semana de ser considerado un exitoso empresario que se hizo de una cadena de restaurantes mexicanos en el Medio Oeste de Estados Unidos, a encabezar una acusación federal por crimen organizado, similar a la que interponen contra mafiosos, narcotraficantes y pandilleros.

Bravo, de 51 años, fue detenido este miércoles por agentes federales y ahora se encuentra bajo custodia de los US Marshals. El gobierno afirma que es el líder de lo que cataloga como una “empresa delictiva organizada” que hizo arreglos para traer a indocumentados de México y Centroamérica, contratarlos en varios restaurantes suyos y pagarles una miseria. De esta actividad ilícita, él y sus 18 cómplices sacaron provecho financiero, según la denuncia interpuesta en una corte federal de Kansas, en Missouri.

La Fiscalía decidió encasillar este caso como una violación a la Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como RICO por sus siglas en inglés, que le permite procesar a los líderes de un grupo delictivo como parte de una conspiración. Esta ley ha sido usada para llevar ante la justicia a jefes de La Cosa Nostra y a cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

Naturalizado estadounidense, Bravo enfrenta 17 cargos criminales por los cuales podría recibir una condena de hasta 128 años de prisión y ser obligado a pagar una multa de 2.5 millones de dólares. Solo por violar la Ley RICO lo pueden sentenciar a pasar dos décadas preso, de acuerdo con los fiscales.

¿Por qué este empresario enfrenta una acusación tan grave? El Departamento de Justicia (DOJ) alega que Bravo y sus asociados participaron que desde julio de 2003 y el pasado 10 de agosto en el tráfico de varios indocumentados de mexicanos, salvadoreños y guatemaltecos con el fin de emplearlos en sus negocios ubicados en Missouri, Kansas, Arkansas y Oklahoma.

Ese esquema les permitió evadir impuestos estatales y federales. Aunado a eso, ni siquiera les pagaban el sueldo mínimo, ni las horas extras a esos trabajadores, e incumplían con las prestaciones laborales que les correspondían por ley, independientemente de su estatus migratorio.

Para que no los descubrieran las autoridades, les daban alojamiento y los transportaban a sus lugares de trabajo, les ayudaban a tramitar documentos falsos, les pagaban en efectivo y se aseguraban de que no los vieran en los restaurantes en caso de alguna inspección federal, describe la acusación.

Bravo es dueño de la empresa Specialty Food Distribution, que distribuye alimentos, suministros y equipos para restaurantes en el Medio Oeste del país. También brinda apoyo administrativo y contable a esos establecimientos en las áreas de nómina, seguros, licencias, impuestos y servicios legales.

El sospechoso tiene, además, un grupo de restaurantes registrados como ‘Bravos Group’, que incluyen los negocios llamados El Charro, El Charrito, Playa Azul, Cantina Bravo y El Chango.

Varios de estos emplearon a inmigrantes indocumentados, incluso después de inspecciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), señalan documentos judiciales.

Cómo se descubrió este esquema

“José Luis Bravo, como líder de la empresa, arregló el tráfico de extranjeros indocumentados a Estados Unidos para trabajar en estos restaurantes (…) ayudó a estos extranjeros a obtener documentos fraudulentos que les permitirían trabajar en Estados Unidos; y ayudó a garantizar el transporte y alojamiento para estos extranjeros indocumentados”, indica la acusación.

Los fiscales identificaron a 45 restaurantes que recibieron bienes y servicios de Specialty Food Distribution y de otra empresa, Intel Solutions, que fue creada tras inspecciones federales que verificaron que varios empleados no tenían permisos de trabajo. Intel Solutions solo actuó para tratar de minimizar la responsabilidad de los acusados, y después cambió su nombre a Entel Solutions.

La denuncia penal también menciona a José Razo, presidente Specialty Food Distribution y quien supuestamente empleó a inmigrantes sin papeles como vendedores y trabajadores de bodegas. También asesoró a los gerentes sobre cómo administrar, documentar y compensar a estos trabajadores de manera que no fuesen detectados por ICE.

Otros implicados son directores financieros, encargados de ventas y gerentes de varios restaurantes. Hasta el momento, las autoridades han detenido a 14 de los 19 acusados. Todos enfrentan una serie de cargos, incluyendo crimen organizado, lavado de dinero, fraude relacionado con la obtención de documentos falsos y conspiración para transportar y contratar a indocumentados.

La investigación inició cuando el Departamento de Trabajo de Kansas notificó a ICE que indocumentados estaban trabajando en el restaurante Bravos Mexican Grill en Overland Park. La agencia realizó una inspección el 16 de julio de 2018, en la cual detectó que 14 de los 17 empleados no tenían papeles.

Un mes después, una firma de abogados le notificó a ICE que ya había despedido a esos empleados. En realidad, Bravo alquiló un apartamento para algunos de ellos y los retuvo en su nómina. Una segunda inspección federal que se hizo el 28 de febrero de 2019 descubrió a ocho empleados indocumentados, cinco de los cuales ya habían sido identificados un año antes.

Para el 7 de junio de 2019, ICE inspeccionó 10 restaurantes de Bravo en Missouri, Kansas y Oklahoma. El resultado: el 68% de los empleados no tenían papeles. Y el 13 de septiembre de ese año revisaron los registros nominales de nueve establecimientos. Todo el personal estaba ilegalmente en el país.

El gobierno busca decomisar cuentas bancarias y múltiples propiedades de Bravo y sus cómplices en Kansas, Missouri y Oklahoma.

Abren Albergue Para Indocumentados Abandonados

El albergue fue habilitado para aquellos inmigrantes que eran abandonados en las calles de Houston tras ser procesados por las autoridades fronterizas, según dijeron los voluntarios.

Una vivienda funciona como albergue temporal para los inmigrantes que están llegando a Houston desde la frontera y que son dejados por las autoridades tras ser procesados.

Voluntarios vieron la necesidad de intervenir y brindar asistencia ya que, autobuses desde la frontera estaban llegando y dejando a las familias abandonadas en calles de la ciudad.

«Dejaban todos los días autobuses y la gente tirada en el suelo. Decidimos abrir nuestro pequeño espacio para que tuvieran un lugar seguro y no se pusieran en riesgo», dijo uno de los voluntarios que asiste en el albergue.

En la vivienda se les brinda comida, cama y transporte al aeropuerto para quienes necesiten viajar a otras ciudades aunque los voluntarios se aseguran que cada inmigrante cuente con una prueba negativa de covid-19.

«Llegamos a trabajar porque en Guatemala hay mucha pobreza», dijo una de las inmigrantes que está en el albergue.

Durante el mes de julio, las últimas cifras disponibles, autoridades fronterizas registraron 212,672 detenciones a inmigrantes indocumentados, el mayor número en 21 años.

Sylvester Turner, alcalde de Houston, dijo en rueda de prensa estar al tanto de esta situación y que los inmigrantes venían en autobús desde Laredo, Texas. Agregó que habló con el alcalde de esa ciudad y asegura que los viajes se detendrán.

A pesar de las declaraciones del alcalde, encargados del albergue dicen no haber tenido comunicación con él ni algún representante de la ciudad.

Servicios de Salud Disponibles Para Indocumentados

Los inmigrantes en Estados Unidos enfrentan varios obstáculos cuando se trata de obtener atención médica. Sin embargo, existen algunas excepciones disponibles para las personas indocumentadas.

Según la organización Kaiser Family Foundation, entre las causas por las que los inmigrantes no cuentan con cobertura médica, están los recientes cambios en las políticas de inmigración, el impacto de la pandemia de covid-19 y las restricciones de elegibilidad para contar con un seguro médico del gobierno.

Sin embargo, la situación es todavía más complicada para los inmigrantes no autorizados, ya que si bien más de la mitad cuenta con un empleo, un gran número no tiene un seguro médico patrocinado por el empleador. Y a esto se le suma el acceso limitado a programas federales de atención médica disponibles para los inmigrantes no autorizados.

Acceso limitado a residentes legales

Para 2018, cerca de 44,8 millones de migrantes vivían en Estados Unidos, y se estima que alrededor de 11,4 millones no tenían un estatus migratorio regular, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

DHS define como población inmigrante no autorizada a todos los no ciudadanos nacidos en el extranjero que no son residentes legales, ya que ingresaron a EE.UU. sin autorización o bien, fueron admitidos de forma temporal. Los beneficiarios de programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y Acción diferida para los llegados en la Infancia (DACA), son considerados como inmigrantes no autorizados.

«Los inmigrantes no autorizados que solicitan un ajuste al estatus de LPR (residencia permanente legal) bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) se consideran parte de la población residente no autorizada hasta que se les haya otorgado la residencia permanente legal», indica DHS.

Cuando se trata de cobertura médica, los inmigrantes que no son ciudadanos tienen más probabilidades de no contar con un seguro médico. De acuerdo con un reporte publicado en julio, por Kaiser Family Foundation, el 23% de los inmigrantes legalmente presentes en EE.UU. y el 46% de los inmigrantes indocumentados no tienen seguro, en comparación con más del 9% de los ciudadanos estadounidenses.

Si bien Estados Unidos ha reducido el número de personas no aseguradas mediante la Ley del cuidado de salud a bajo precio (ACA, por sus siglas en inglés), ACA estipula que si se es un inmigrante indocumentado «el individuo no será tratado como un individuo calificado y no podrá estar cubierto por un plan de salud calificado en el mercado individual que se ofrece a través de un intercambio.

Y cuando se trata de comprar un seguro médico directamente de una compañía de seguros de salud, estos suelen ser poco asequibles sin asistencia. En el caso de California —hogar del mayor número de inmigrantes del país— los inmigrantes indocumentados que quisieron comprar un seguro mediante Covered California, se vieron impedidos por las leyes federales, indicó el Instituto de Políticas Públicas de California.

Según el más reciente reporte de Public Policy Institute of California (PPIC, por sus siglas en inglés) el miedo a la deportación también es uno de los factores que puede hacer que los inmigrantes indocumentados estén menos dispuestos a comprometerse con las agencias estatales y por ende, tienen tasas más bajas de cobertura en comparación con los residentes permanentes.

La solicitud de atención médica y la «carga pública»

La regla final de Carga Pública establecida en agosto de 2019 dejó de estar en efecto en marzo de 2021, por lo que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) ya no considera la solicitud o recepción de Medicaid o CHIP —u otros programas de vivienda pública o de asistencia nutricional— como parte de la determinación de inadmisibilidad por carga pública.

Esto quiere decir que no se afectan las posibilidades de convertirse en un residente permanente legal o ciudadano estadounidense si participa en estos programas.

Sin embargo, el gobierno estadounidense estipula que existe una excepción para aquellas personas que reciben atención médica a largo plazo en una institución a cargo del gobierno, como en un hogar para ancianos o una institución de salud mental, ya que estas personas sí podrían enfrentar obstáculos para obtener una tarjeta verde de residencia permanente.

Opciones de atención médica para inmigrantes indocumentados

Los “no ciudadanos calificados” generalmente son elegibles para la cobertura a través del Mercado de Seguros Médicos, o a través de Medicaid y del Seguro Médico para los Niños (CHIP, por sus siglas en inglés). En esta categoría están los residentes permanentes legales, asilados, refugiados, víctimas de trata de personas, entre otros.

Y si bien los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir la mayoría de beneficios mencionados anteriormente, sí existen algunas excepciones.

Por ejemplo, en el caso de una emergencia hospitalaria, la ley estipula que si alguna persona —sea o no elegible— acude al departamento de emergencias «el hospital debe proporcionar un examen de detección médica apropiado… para determinar si se trata o no de una afección médica de emergencia». De determinar que la persona tiene una afección médica de emergencia el hospital debe proporcionar el tratamiento requerido para estabilizar la condición médica o trasladar a la persona a otra instalación médica.

Por su parte, Medicaid proporciona servicios de emergencia a inmigrantes indocumentados para el tratamiento de afecciones médicas de emergencia, siempre y cuando la persona cumpla con las demás reglas de elegibilidad de Medicaid, según su estado de residencia. Y en ciertos estados los niños y las mujeres embarazadas, pueden obtener cobertura médica sin importar el estatus migratorio, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración.

Estados como como California, Nueva York, Texas, entre otros, utilizan los fondos de CHIP para ofrecer cobertura a mujeres embarazadas indocumentadas, ya que aunque la mujer como tal no es elegible a cobertura médica, el feto sí es elegible. Sin embargo, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos indica que esto conduce a la exclusión de los servicios perinatales esenciales, como es la atención posparto.

Gobierno Aplicará la Expulsión Acelerada a Algunas Familias que Crucen Ilegalmente

«Intentar cruzar a Estados Unidos entre los puertos de entrada, o eludir la inspección en los puertos de entrada, es la forma incorrecta de llegar a Estados Unidos», advirtió en un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional.

Desde este lunes, las familiares de migrantes que llegan de manera irregular al país, no tienen una base legal para estar en Estados Unidos y no pueden ser expulsadas en virtud del Título 42 del Código de Estados Unido s, serán sometidas a «un procedimiento de expulsión acelerada»,advirtió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un breve comunicado.  

«La expulsión acelerada proporciona un procedimiento legal y más rápido para expulsar a aquellas unidades familiares que no tienen una base bajo la ley estadounidense para estar en Estados Unidos», agrega el comunicado.

En marzo de 2020 el entonces presidente Donald Trump activó los Títulos 8 y 42 con el fin de contener la propagación del covid-19 y también para frenar la llegada de inmigrantes que llegan en busca de asilo, un recurso legal disponible.

Un año después, el gobierno de Joe Biden ha continuado utilizando las mismas herramientas porque la pandemia no se detiene y tampoco el éxodo de miles de personas que abandonan sus países y tratan de llegar a Estados Unidos en busca de asilo.

«Intentar cruzar a Estados Unidos entre los puertos de entrada, o eludir la inspección en los puertos de entrada, es la forma incorrecta de llegar a Estados Unidos.  Estos actos son peligrosos y pueden acarrear consecuencias migratorias a largo plazo para las personas que lo intenten», destacó el DHS. 

La diferencia entre ambos gobiernos es que Trump impidió que los inmigrantes solicitaran asilo, mientras de Biden señala que si el inmigrante no tiene una base legal para permanecer en el país, será deportado de manera acelerada.

Los procedimientos expeditos de expulsión son tramitados por funcionarios de migraciones, no ante un juez, quienes gozan de una amplia discrecionalidad para ordenar una deportación sin derecho a apelación o a un abogado.

«Esto no es el debido proceso», dijo en un tuit Camille Mackler, directora de la organización Inmigrant ARC, al criticar la reciente medida de la Administración Biden.

«La Administración Biden-Harris está trabajando para construir un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano, y el Departamento de Seguridad Nacional sigue tomando varias medidas para mejorar la tramitación legal en los puertos de entrada y las reformas para reforzar el sistema de asilo», indica finalmente el comunicado del DHS. 

Revierten norma del gobierno anterior

Por otra parte, también este mismo lunes el fiscal general de EEUU, Merick Garland, revirtió otra barrera interpuesta por el gobierno anterior que dificultaba las apelaciones de los casos de asilo y las solicitudes basadas en la violencia de género.

La decisión de Garland da marcha atrás a las acciones tomadas por su antecesor William Barr en el caso conocido como «Matter of A-C-A-A», que dificultaba la posibilidad de que los solicitantes de asilo ganaran sus casos frente a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

Barr interpuso la medida en septiembre de 2020 haciendo que la BIA tuviera que reconsiderar todos los aspectos de una solicitud de asilo; lo que obligaba a los solicitantes a volver a probar todo su caso frente a la Junta.

Además, la orden de Barr daba la autoridad a la BIA de ignorar cualquier «estipulación» que hubiera logrado el solicitante de asilo con el fiscal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), explicó el abogado de inmigración y asesor legal de la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL), Fernando Romo, citado por la agencia Efe.

“Está decisión de Garland hará que las personas que solicitan asilo tengan más probabilidades de ganar sus casos. Es una victoria, que junto a las anteriores está allanando el camino de obstáculos que habían puesto Trump y sus fiscales”, zanjó Romo.

La revocatoria de la decisión de Barr también favorecerá a las víctimas de violencia de género.

Hace apenas dos semanas, Garland revocó la decisión de su también antecesor Jeff Sessions sobre el caso conocido como «Matter Castro-Tum», que impedía a los jueces de inmigración cerrar de forma administrativa los procesos migratorios.

Biden Ayudará a Miles de Indocumentados se Conviertan en Ciudadanos

El presidente participa en una ceremonia de naturalización en la Casa Blanca con motivo del 4 de julio y explica sus planes para impulsar la inmigración legal.

El Gobierno que preside Joe Biden anunció este viernes una estrategia inédita para animar a millones de inmigrantes elegibles a solicitar la ciudadanía estadounidense, según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

El plan fue presentado unas horas antes de que el mandatario presidiera una ceremonia de naturalización en la Casa Blanca con inmigrantes de 16 países, entre ellos Colombia, El Salvador y Panamá, coincidiendo con las festividades del 4 de julio.

«Ustedes representan cómo la inmigración ha sido esencial para este país», afirmó Biden durante el acto, «somos una democracia increíblemente diversa».

Esta iniciativa responde a una de las primeras órdenes ejecutivas que el presidente firmó al tomar posesión en enero, en la que pidió a las agencias federales que desarrollen estrategias de acogida que promuevan la integración, la inclusión y la ciudadanía.

Actualmente hay nueve millones de personas en el país con residencia permanente que pueden optar a la ciudadanía.

«Este país está forjado sobre un ideal. Fuimos fundados sobre una idea: todos los hombres y todas las mujeres somos iguales», aseguró Biden durante la ceremonia de naturalización. «Ustedes llegan [a Estados Unidos] con diferentes circunstancias, pero todos comparten el valor de haber venido aquí», dijo a los nuevos ciudadanos.

La implementación de este programa se hará en coordinación con la mayoría de departamentos del Gobierno federal para, entre otras cosas, sensibilizar sobre la importancia de adquirir la ciudadanía, eliminar «motivos de miedo» y barreras que impidan acceder a los servicios para convertirse en estadounidense y garantizar la igualdad durante todo el proceso.

Para ello se usará información personal para contactar con potenciales futuros ciudadanos y se harán campañas de concienciación para educar a la población sobre qué pasos seguir, entre otras cosas.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, manifestó en el comunicado de presentación de la nueva estrategia que «los nuevos ciudadanos, fortalecidos con el poder y las responsabilidades que conlleva la ciudadanía estadounidense, hacen que nuestra nación sea mejor».

«Esta estrategia garantizará que los aspirantes a ciudadanos puedan solicitar la naturalización a través de un proceso claro y coordinado», aseguró.

El presidente aprovechó para recordar que su Gobierno ha abierto el camino a la ciudadanía a los dreamers, jóvenes que fueron traídos de forma ilegal a Estados Unidos por sus padres siendo niños y que ahora están protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), así como para los trabajadores agrícolas.

Asimismo explicó que está analizando las causas que llevan a la gente a emigrar de forma masiva al país. En este marco, la vicepresidenta, Kamala Harris, viajó en junio a Guatemala y México para abordar con sus mandatarios medidas económicas y humanitarias que mitiguen este flujo.

La política de Biden en materia migratoria es radicalmente opuesta a la de la anterior Administración.

Durante su mandato, Donald Trump intentó reducir también la inmigración legal y contener el número de ciudadanos naturalizados, dando a entender que pondría fin a la posibilidad de ser ciudadano por derecho de nacimiento e intentando incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el censo.

También revisó el examen de naturalización, un paso crucial en el camino de un inmigrante hacia la ciudadanía estadounidense, con el objetivo de hacerlo más difícil. Biden revocó esos cambios.