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Niegan a Trump Repatriar Centroamericanos en Busca de Asilo

+ Trump enfurece con jueces por decisión en su contra sobre política migratoria
+ El mandatario acusa: «¡Es injusto para EEUU!»
+ Trump enfurece con jueces por decisión en su contra sobre política migratoria El presidente Trump ha criticado a cortes que bloquean sus planes migratorios.

El presidente Donald Trump enfureció con el Noveno Circuito tras la decisión de impedir que inmigrantes que piden asilo sean enviados a México a esperar respuesta sobre sus casos.

“Un juez del Noveno Circuito acaba de ordenar que México es muy peligroso para inmigrantes. Es injusto para los EEUU. ¡FUERA DE CONTROL!”, criticó el mandatario.

No es la primera vez que el presidente Trump critica a ese tribunal, el cual ha tomado otras decisiones contra sus políticas migratorias.

La reciente decisión del Tribunal impide que la Administración estadounidense continúe con el plan de enviar a México –en acuerdo el Gobierno de ese país– a inmigrantes que ha solicitado asilo, mientras un juez decide sobre su caso.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha indicado que esos inmigrantes, la mayoría centroamericanos, reciben visas humanitarias que les permiten trabajar en aquel país.

La otra decisión que ha beneficiado a este tipo de extranjeros es que, a pesar de que ingresaron como indocumentados, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no puede retenerlos más de 90 días, además de que debe asegurarles una audiencia para demostrar que son peligrosos.

Antes de esa decisión, el Gobierno estadounidense obligaba a los inmigrantes a probar que no eran un peligro para la seguridad pública, lo cual fue rechazado en cortes la semana pasada.

Juez Acepta Acuerdo de Gobierno Trump que Revalúa Asilo Para Padres y Niños Migrantes

Un juez federal firmó hoy un acuerdo preliminar bajo el cual el Gobierno de Donald Trump está obligado a reconsiderar cientos de peticiones de asilo de familias que fueron separadas en la frontera, mayormente bajo su política de “cero tolerancia”.

El juez Dana Sabraw, quien preside el litigio en una corte de San Diego (California), calificó hoy de “excelente” el acuerdo alcanzado por abogados del gobierno y de las familias afectadas en tres demandas colectivas.

“Pareciera que estamos muy cerca de terminar con esto”, señaló el magistrado sobre el caso, que obligó al gobierno a reunificar a más de 2,000 niños inmigrantes que fueron separados de sus padres en la frontera con México.

El acuerdo, aún pendiente de una audiencia final en noviembre, establece que se deberá dar otra oportunidad tanto a padres como menores para que sus peticiones de asilo u otras protecciones contra la deportación sean evaluadas.

Los padres con un orden de deportación, bajo libertad condicional o recluidos, tendrán una nueva entrevista ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para determinar si existe “miedo creíble” de persecución.

Los niños que ya fueron reunificados con sus padres en detención, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) deberá utilizar su discreción para cancelar cualquier orden de presentación o detener cualquier proceso migratorio para que la solicitud de asilo de la familia sea reconsiderada.

De acuerdo con el último informe federal, se ha reunificado a 2,296 de los 2,654 niños que fueron separados de sus padres en la frontera.

Del grupo restante, 136 menores continúan bajo cuidado de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), 96 de ellos, de padres que ya han sido deportados del país.

Juez Federal Detiene Eliminación del TPS

El miércoles, un juez federal impidió que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones que permiten a los inmigrantes de cuatro países vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, diciendo que la medida causaría “daños irreparables y grandes dificultades”.

El juez de distrito de los EE. UU., Edward Chen, en San Francisco, concedió una solicitud de interdicto preliminar contra la decisión de la administración de suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para las personas de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador.

El estado se otorga a los países asolados por desastres naturales o guerras y permite que los ciudadanos de esos países permanezcan en los Estados Unidos hasta que la situación mejore en casa. Cerca de 300,000 personas han recibido esas protecciones.

El fallo dijo que el gobierno no demostró el daño de continuar el programa de 20 años y los demandantes establecieron que desarraigar a esos inmigrantes podría perjudicar la economía local y nacional.

“Los beneficiarios que han vivido, trabajado y criado familias en los Estados Unidos (muchos de ellos por más de una década) estarán sujetos a ser deportados”, escribió Chen.

Muchos tienen hijos que nacieron en los EE. UU. y pueden enfrentar la opción de “llevar a sus hijos con ellos (y separarlos del único país y comunidad que han conocido) o separar a sus familias”, dijo el fallo.

Los funcionarios de Seguridad Nacional dijeron que no podían comentar sobre los litigios en curso.

Una demanda alega que la decisión de la administración fue motivada por el racismo y cita la vulgar referencia de Trump a los países africanos durante una reunión sobre la inmigración en la Casa Blanca en enero.

Chen cuestionó los motivos de la administración en una audiencia el mes pasado. Citó un memo que dijo que sugería que la decisión fue impulsada por la política de America First de la administración.

Le pidió a un abogado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que respondiera a las alegaciones de los demandantes de que America First significaba excluir a los inmigrantes que no son blancos.

Adam Kirschner, un abogado del gobierno, dijo que el memorando mostraba a la entonces secretaria interina de Seguridad Nacional Elaine Duke lidiando con qué hacer con respecto al estado de protección temporal. Kirschner dijo que se esperaba la opinión de la Casa Blanca sobre un tema como este, pero la decisión final fue de Duke.

Juez Federal Detiene Deportaciones de Familias Separadas

Un juzgado federal ordenó este lunes al Gobierno de Estados Unidos detener las deportaciones de familias reunificadas para permitir un argumento completo de la petición de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de pausar las deportaciones de los padres una semana después de las reunificaciones. El juez Dana Sabraw abordó el tema al principio de una audiencia sobre el estado del caso de separaciones familiares pedida por la ACLU.

Para que el Gobierno tenga tiempo de responder por escrito al requerimiento de ACLU este lunes por la mañana, el juez le dio al Departamento de Justicia una semana para responder.

Pero mientras tanto, ordenó una «suspensión» de las deportaciones hasta que ese tema pueda ser litigado.

La petición de la ACLU

La ACLU presentó una moción de emergencia este lunes por la mañana solicitando a un juez federal en San Diego, el juez Dana Sabraw, que haga una pausa temporal de las deportaciones de los padres hasta una semana después de haberse reunido con sus hijos.

Los abogados dicen que esto se debe a «los persistentes y crecientes rumores -que los demandados se negaron a negar- de que las deportaciones masivas pueden realizarse inminente e inmediatamente después de la reunificación».

Argumentan que esta cuestión está «directamente relacionada con la decisión del Tribunal de que los padres decidan dejar a sus hijos atrás en una decisión informada y sin coacción».

Juez Impide a Trump Bloquear a Usuarios que lo Critican

Twitter es mucho más que una red social para Donald Trump. Es su látigo y su altavoz. Desde su cuenta, lanza proclamas, avanza medidas, destituye a ministros y se enfrenta a jefes de Estados. Twitter es su forma de hacer política. Breve, directa, demoledora. Todo ello ha confluido en el fallo de la juez federal Naomi Reice Buchwald que dictamina que el presidente de Estados Unidos no debe bloquear a nadie en su cuenta personal @realDonaldTrump (37.600 tuits y 52,2 millones de seguidores). Para la magistrada, ese espacio forma parte del foro público y como tal no puede escaparse de la Primera Enmienda, adoptada en 1791 para proteger la libertad de expresión. “Bloquear a los demandantes por sus opiniones políticas supone una forma de discriminación”, ha escrito.

Bajo este razonamiento, la juez de Nueva York pide al presidente y su equipo que pongan fin a esta práctica. «Dado que ningún cargo gubernamental está por encima de la ley y porque todos están obligados a seguir la ley una vez que el poder judicial ha establecido qué es la ley. asumimos que el presidente y [Daniel] Scavino [director de redes sociales de la Casa Blanca] remediarán el bloqueo que hemos considerado inconstitucional», afirma.

El caso surgió en marzo pasado cuando siete ciudadanos e instituciones demandaron a Trump por haberles bloqueado. La medida les impedía ver o responder a los mensajes de su cuenta. Es decir, les arrebataba la posibilidad de saber lo que expresa el presidente, pero también la capacidad de hacer públicas en la misma cuenta sus opiniones al respecto. Entre los demandantes se hallaban el Centro Knight para la Primera Enmienda, de la Universidad de Columbia, y particulares como Philip Cohen, un profesor de Sociología de la Universidad de Maryland, bloqueado en junio de 2017 después de que contestara a un mensaje del presidente con un texto que decía: “Corrupto, incompetente, autoritario”.

Los abogados de Trump alegaron que el presidente tenía derecho a decidir con quien compartía su espacio y que la analogía con la Primera Enmienda era incompleta. Como ejemplo señalaron que, del mismo modo que el presidente no tiene por qué quedarse en un acto público junto a quien le grita, tampoco en Twitter está obligado a escuchar a quien le ataca. Y que de ello no se sustrae ningún menoscabo a la libertad de expresión.

Trump Tiene que Reactivar el DACA

La Administración Trump tiene 90 días para justificar su cancelación de DACA, luego de que un tercer juez federal le ordenara reactivar el programa y aceptar a nuevos solicitantes, abriendo un nuevo capítulo en la prolongada batalla por la legalización de los “Dreamers”.
El juez federal John Bates, del Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, emitió un dictamen la noche del martes en el que cuestionó la forma “arbitraria y caprichosa” en que el gobierno desmanteló el programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, y dio plazo hasta julio próximo para que presente argumentos más sólidos sobre su cancelación.
El dictamen de Bates fue en respuesta a una demanda de Microsoft, el grupo afroamericano “NAACP”, y la Universidad Princeton, en contra de la cancelación de DACA, un programa que ha permitido a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados llevar una vida libre del temor a la deportación.
Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, condenó hoy el dictamen de Bates y reiteró el falso argumento de que DACA es un incentivo para la inmigración ilegal.
“El presidente (Barack) Obama obvió al Congreso y creó el programa ilegal de DACA. Creemos que el dictamen del juez es extraordinariamente amplio y errado en lo que respecta a la ley , y peor aún, crea un incentivo para que vengan más jóvenes ilegales acá, y les hace esperar que se les aplique políticas judiciales similares”, argumentó.
“Este dictamen es buena noticia para organizaciones de contrabando y redes criminales, y una horrible noticia para nuestra seguridad nacional. Es hora de que el Congreso haga lo que el presidente le ha pedido” y corrija este problema, enfatizó la portavoz.
Sin embargo, entre otros requisitos, para calificar para DACA, los jóvenes tenían que residir en EEUU desde 2007, haber entrado antes de cumplir los 16 años, y tener menos de 31 en junio de 2012, cuando el programa fue anunciado.
Bates, designado en 2001 por el presidente republicano, George W. Bush, dejó la pelota en el techo de la Administración y aunque su dictamen no entrará en vigor todavía, el documento de 60 páginas mostró su escepticismo sobre la cancelación de DACA.
Por ahora, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) sólo podrá continuar la renovación de permisos bajo DACA debido a sendos dictámenes de los tribunales en San Francisco (California) y Brooklyn (Nueva York) en enero y febrero pasados, respectivamente.
A la espera de la orden final de Bates dentro de 90 días, por el momento no habrá espacio para nuevos solicitantes.
Según el “Instituto de Política Migratoria” (MPI), poco más de 1,3 millones de jóvenes indocumentados son elegibles de inmediato para recibir protección de “DACA”, cifra que incluye tanto a los casi 800,000 que se ampararon al programa en 2012 como a los alrededor de 500,000 que, bajo la orden de Bates, podrían solicitarlo por primera vez.

Corte Suprema le da Vida al DACA

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el lunes intervenir en la disputa sobre el programa DACA, que actualmente protege de la deportación a 690,000 jóvenes indocumentados conocidos como «dreamers» y al que el presidente Donald Trump quiere poner fin el 5 de marzo.

En una breve notificación, el alto tribunal anunció su decisión de no admitir a trámite el caso y rechazó así la petición del Departamento de Justicia de EEUU.
Los magistrados, reunidos en conferencia a puerta cerrada, atendieron un recurso presentado por el Departamento de Justicia con carácter de urgencia, con el objetivo de revertir el dictamen y mantener la cancelación de DACA ordenada por el presidente. El anuncio de este lunes supone un fuerte revés para la administración de Trump y permite que el programa siga activo, tal como determinaron cortes inferiores.
«DACA sigue activo y creo que después del 5 de marzo también», agregó Hernández. Tendría que haber otro anuncio por parte del máximo tribunal de justicia para detenerlo y no creo que sea el caso», agregó.

También explicó que el programa se encuentra vigente a nivel nacional y restaurado «porque así lo dictaminó otra corte de Brooklyn, Nueva York. Y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dice en su página que DACA está restaurado como se encontraba antes del 4 de septiembre del año pasado, es decir antes de que fuera cancelado por el presidente Trump».

Bloquean Desaparición del DACA

Un segundo juez bloqueó este martes la decisión del presidente Donald Trump de cancelar el programa DACA, que protege de la deportación a cerca de 700,000 jóvenes que fueron traídos a EEUU siendo menores de edad.
El juez de distrito de Brooklyn, Nicholas Garaufis, dictaminó que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ( DACA), no puede finalizar en marzo como estaba previsto. La decisión llega cinco semanas después del fallo anterior en la misma línea de un juez federal en San Francisco, que dijo que el programa debe permanecer mientras se desarrolla el litigio sobre la decisión de Trump de acabar con él.
La decisión es similar al fallo del 9 de enero del juez federal de distrito William Alsup en San Francisco, que sostuvo que el DACA debe seguir vigente mientras continúa el litigio que desafía la decisión de Trump.
La batalla legal en torno al DACA complica un debate actualmente en curso en el Congreso sobre si se deben modificar las leyes de inmigración del país.
El fallo preliminar de Garaufis también les permitirá llegar a la Suprema Corte de Justicia en una posición de mayor fuerza, si como exige el gobierno de Trump ésta acepta estudiar el fallo de Alsup directamente, sin que antes pase por una corte de apelaciones.
El gobierno federal anunció el 5 de septiembre pasado que el programa DACA vencería completamente el 5 de marzo.
Más de 17,000 jóvenes que tenían DACA han perdido su protección desde el 5 de septiembre, según la organización de defensa de los inmigrantes Make the Road New York (MRNY).
Pero ahora, tras el fallo, el gobierno deberá considerar pedidos para renovar el DACA, aunque no está obligado a aceptarlos en todos los casos.

Nuevas Leyes a Partir de Mañana

Desde las 12 de la noche donde se convierte el cambio de día y empieza el primer día de septiembre, nuevas leyes llegarán al Estado de Texas, mientras algunas son muy controversial es, otras simplemente son chistosas. A partir del viernes, no se le permitirá hacer nadar mensajes de texto y conducir a la vez en nuestro Estado, pero se le permitirá llevar una espada o machete en lugares públicos público y también ya se pagará menos por portar un arma.
Una nueva ley para ayudar a prevenir el acoso escolar o bullying en las escuelas también entrará en vigor, al igual que una ley que impide que los estudiantes en tercer grado y menores sean suspendidos.
Pero la más importante para los latinos y la más controvertida, la que tiene pendiendo de un hilo a todos los hispanos y sobre todo a los indocumentados no entrará en vigor.
Un juez federal emitió el miércoles un mandato para detener las principales disposiciones de esta nueva la ley en Texas que prohíben que las ciudades santuarias dejen de serlo. El proyecto de ley 4 del Senado Estatal, esta medida aprobada por los legisladores es la prohibición estatal de las llamadas ciudades santuarios, un término vago usado para describir jurisdicciones que no cumplen totalmente con las solicitudes de las autoridades federales de inmigración en todos los casos. La nueva ley, conocida como SB4, permitirá a los agentes de policía locales indagar sobre el estatus migratorio de las personas que detienen legalmente o arrestan.
También castigaría a los funcionarios electos que no cumplan con todas las solicitudes de la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos para detener a una persona hasta que su estado migratorio pueda ser investigado. La ley enfrenta actualmente un desafío legal por parte de grupos de derechos civiles que dicen que podría conducir a violaciones de los derechos constitucionales de ciudadanos y no ciudadanos por igual, particularmente en lo que se refiere a una discriminación racial por parte de la policía y las autoridades.
Con el fin de obtener un mandato judicial, los gobiernos locales y las organizaciones que impugnan la ley deben demostrar que fueron perjudicados por ella y es probable que tengan éxito declarándola inconstitucional. El gobernador Greg Abbott dijo que el estado apelará la decisión.
Una última controversia se desató sobre un proyecto de ley que requerirá restos fetales de abortos y abortos involuntarios deban de ser enterrados.