Varsovia, que defiende acabar con la dependencia energética de Moscú, esperaba reducir a cero sus compras de gas ruso en octubre. Putin decretó que a partir de abril todos los importadores extranjeros debían pagar en la moneda rusa
Comienza un nuevo capítulo de la guerra del gas en Europa. Con el bloque comunitario pensándose reducir las importaciones de Rusia para recortar su financiación en plena ofensiva en Ucrania, Moscú ha decidido cortar el suministro de sus gasoductos a Polonia y a Bulgaria por la negativa de estos países a cambiar las condiciones de sus contratos y a acatar la conversión obligatoria de sus pagos en rublos, como exige el Kremlin para proteger la cotización de su divisa ante las sanciones.
La gasista estatal polaca PGNiG informó este martes de que el monopolio ruso Gazprom Export detendrá totalmente el flujo de gas a partir del miércoles. Por su parte, la compañía pública rusa, la única con permiso para vender en el exterior, respondió que Varsovia debía pagar desde este martes sus futuras entregas ateniéndose a la nueva legislación rusa. Poco después de este anuncio, la compañía energética rusa informó a Bulgaria de que el suministro también se interrumpirá con este país a partir del miércoles, según confirmó el Ministerio de Energía búlgaro a la agencia Reuters.
Rusia cumple su amenaza y corta el suministro de gas a Polonia y Bulgaria
La compañía polaca considera que este decreto no es vinculante y no hay motivos para detener las entregas a través del gasoducto Yamal. Además, recordó que siempre ha cumplido sus obligaciones de pago y no tiene deudas con Gazprom. “Se trata de un incumplimiento de contrato y la empresa tomará las medidas adecuadas”, advirtió.
Horas después, Gazprom anunció a la empresa búlgara Bulgargaz, que también cortará el suministro gasístico a Bulgaria a partir del 27 de abril. Como en el caso de Varsovia, el corte se produce tras el rechazo de ambas empresas a pagar por el gas ruso en rublos, como pide Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, decretó el 31 de marzo que a partir de abril todos los importadores extranjeros debían pagar exclusivamente en rublos a través de un nuevo mecanismo.
Para este propósito se concedió un permiso especial al brazo financiero de la gasista, Gazprombank, por el cual este abriría cuentas especiales a sus clientes donde entrarían los euros y dólares, y estos serían convertidos en rublos a través de su compraventa en la Bolsa de Moscú. El objetivo es respaldar el valor del rublo frente a las sanciones extranjeras. Bruselas ha enviado esta semana una aclaración a los países miembros en la que consideraba, a priori, que el pago en dólares o euros a través del mecanismo de Gazprombank es una vía legal para eludir las sanciones.
Polonia es uno de los países de la Unión Europea que más aboga por poner fin a la dependencia de Rusia, país del que hasta ahora adquiría algo menos de la mitad del gas importado y que esperaba reducir a cero a partir de octubre. Bulgaria también recibe de Rusia la mayoría de sus suministros de gas, aunque la dependencia en este caso es mayor: hasta un 90% del hidrocarburo que consumen procede de Rusia. Como en el caso polaco, el contrato de Bulgargaz con Gazprom concluía este año y Sofía ya había anunciado su intención de no renovarlo. El ministro de Energía, Alexander Nikolov, anunció que Bulgaria está tomando medidas para garantizar el suministro y que por el momento no hará falta restringir el consumo de gas.
Otros países europeos, como Alemania y Austria, advierten de que no están preparados para poner fin a esta dependencia. La Comisión Europea ha instado a recortar en dos tercios la importación de gas y petróleo rusos este año.
Putin ha amenazado con cortar el gas a los países que no acaten su decreto, un uso de este recurso básico que la Unión Europea ha tildado en numerosas ocasiones como “un arma” del Kremlin contra sus vecinos, desde Alemania a Ucrania, pasando por Moldavia.
De política e intereses nacionales es precisamente de lo que hablaron cara a cara este martes el mandatario ruso y el secretario general de la ONU, António Guterres, en la visita de este a Moscú. “Entiendo que la Federación de Rusia tiene una serie de reclamaciones relacionadas con lo que está sucediendo en Ucrania, así como con la seguridad europea y mundial, pero deben resolverse con los diversos instrumentos propuestos por la Carta de la ONU”, le dijo a Putin cara a cara el máximo responsable de Naciones Unidas, tras subrayar que “la violación de la integridad territorial de cualquier país es completamente incompatible con la Carta de la ONU” y que lo acontecido desde el 24 de febrero “es una invasión del territorio de Ucrania”.
Putin respondió a la acusación de Guterres que su reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, apoyadas financiera y militarmente por el Kremlin desde 2014, tiene un precedente en la fragmentación de la antigua Yugoslavia. “Muchos Estados del mundo, incluidos nuestros oponentes en Occidente, lo hicieron con Kosovo, y nosotros hicimos lo mismo con Donbás”, agregó el mandatario ruso, quien insistió en que la población de habla rusa se encontraba en peligro y buscó amparo en el artículo 51 de la Carta de la ONU, “el derecho inmanente de legítima defensa”, para lanzar su campaña militar por tres frentes sobre Ucrania, incluidas ciudades rusoparlantes como Odesa, Mariupol o Járkov.
El presidente ruso comenzó su encuentro con Guterres con un repaso a la lista de agravios del Kremlin. Entre ellos, las protestas del Maidán de 2014 en Ucrania, que considera un golpe de Estado; y que el Gobierno ucranio posterior, reconocido por Moscú, incumplió los acuerdos de Minsk de 2015. Prácticamente ningún punto de aquellos pactos se cumplió, ni la concesión de un estatus especial a Donbás por parte de Kiev, ni la retirada de todas las formaciones armadas de la zona.
Durante su conversación, Putin también abogó por continuar las negociaciones con el Gobierno ucranio, cuyos avances logrados en la cumbre de Estambul de finales de marzo consideró “positivos”. Sin embargo, acusó al Gobierno de Volodímir Zelenski de haber cambiado su posición respecto a lo acordado sobre Crimea y Donbás, y reiteró que es innegociable su posición de que la península del mar Negro sea considerada territorio ruso y que la región de Donbás sea proclamada independiente. En este aspecto, Putin ha propuesto abordar estas dos cuestiones entre ambos jefes de Estado, aunque todo ello supeditado a un acuerdo que garantice la seguridad de todos los territorios.
Evacuación de civiles
El mandatario ruso y el secretario general de la ONU también abordaron la evacuación de las ciudades de Ucrania. Guterres subrayó que se debe garantizar la seguridad de los civiles durante su retirada, “algunos de los cuales quieren marcharse a territorio ruso y otro al territorio controlado por Ucrania”.
La visita de Guterres a Moscú es la segunda escala de un viaje oficial que comenzó el lunes en Ankara y culminará el miércoles en Kiev. Antes de ser recibido por Putin, Guterres almorzó con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien le advirtió de que el futuro de su organización está en juego. “O todos nos resignamos a que alguien (Estados Unidos) y su grupo de satélites decida cómo vivirá la humanidad, o la humanidad vivirá según la Carta de la ONU”, subrayó Lavrov tras acusar a Occidente de crear estructuras paralelas a Naciones Unidas y “establecer un mundo unipolar”.
El ministro afirmó que las resoluciones de la ONU deberían ser “sagradas”. “No recuerdo que su secretaría general reaccionase ante el sabotaje directo de los acuerdos de Minsk por Kiev”, puso como ejemplo Lavrov, al mismo tiempo que defendió el derecho de veto, el mismo que utilizó Moscú al inicio del conflicto actual para bloquear la resolución del Consejo de Seguridad que condenaba su propia ofensiva. Precisamente, la Asamblea General abordó este martes la propuesta de Liechtenstein de que el recurso al veto debe ser justificado por la potencia que recurra a ello.
A pesar de su defensa de la multipolaridad, el ministro ruso también desdeñó la propuesta de Guterres de crear una investigación independiente sobre los crímenes cometidos en Ucrania porque “Moscú no confía en estas pesquisas”. Además de esta iniciativa, el secretario general de la ONU ofreció la creación de un grupo de contacto formado por Rusia, Ucrania y su propio organismo para abordar los problemas humanitarios provocados por el conflicto. Lavrov le ofreció a cambio la colaboración de Rusia con Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja “para aliviar el sufrimiento y la difícil situación de la población civil”
La situación de Rusia en el seno de Naciones Unidas tras su ofensiva en Ucrania ha sido una cuestión clave de la visita. La Asamblea General de la ONU decidió el 7 de abril la suspensión del país eslavo en el Consejo de Derechos Humanos. La resolución fue presentada por Estados Unidos tras conocerse la matanza de la ciudad ucrania de Bucha, y recibió 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.
Respecto al debate sobre el Consejo de Seguridad, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Guenadi Gatilov, afirmó este martes que los intentos para expulsarla “continuarán por simple propaganda, pero es imposible porque no está previsto de ninguna manera en la Carta de las Naciones Unidas y para ello tendría que ser destruida toda la organización”, según las declaraciones que recogió la agencia rusa Tass.
El inmenso daño provocado por el conflicto no se conocerá hasta mucho tiempo después de su final. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos ha contabilizado 2.665 civiles fallecidos y 3.053 heridos hasta la madrugada del 24 de abril, aunque estas cifras palidecen con las reales: el propio organismo advierte de que serán “considerablemente más altas” al no haber tenido acceso a los lugares de mayores hostilidades, como Mariupol, Izium y Popasna. En Donetsk y Lugansk, regiones de habla rusa cuya defensa justificó Putin para ordenar la entrada de sus tropas en Ucrania el fatídico 24 de febrero, han fallecido más de un millar de civiles: al menos 1.136 en la parte que controlaba el Gobierno ucranio y 81 en la zona separatista, según la ONU.
