Corte Suprema Bloque Ley SB4 Antimigrante

La petición de emergencia se produjo después de que un tribunal federal de apelaciones suspendiera el fin de semana la decisión del juez de distrito David Ezra a la ley firmada por el gobernador republicano Greg Abbott, la conocida SB 4 de Texas.

La Corte Suprema de EEUU bloqueó temporalmente este lunes la polémica ley SB4 de Texas que permite a la policía detener a los inmigrantes que entren indocumentados al país.

La decisión de emergencia se produce tras petición del Departamento de Justicia después de que un tribunal federal de apelaciones suspendiera la decisión del juez de distrito David Ezra de bloquear la aplicación de la ley firmada por el gobernador republicano Greg Abbott.

La ley debía haber entrado en vigor el sábado.

El Departamento de Justicia dijo a la Corte que la ley alteraría profundamente «el statu quo que ha existido entre EEUU y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años».

Texas y la batalla por aplicar la SB4

Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito falló a favor del estado de Texas y otorgó una suspensión temporal del fallo del juez Ezra, quien el jueves pasado había fallado que la ley SB 4, aprobada por la Asamblea Estatal y promulgada por el gobernador Abbott, no podía entrar en vigor en la fecha prevista.

“Si se permite que proceda, la SB4 podría abrir la puerta a que cada estado apruebe su propia versión de las leyes de inmigración”, escribió el juez.

En junio del año pasado, la Corte Suprema de Justicia, en una decisión 8-1, permitió que el gobierno mantenga vigente las prioridades de deportación y reiteró que las autoridades federales tienen la competencia exclusiva sobre la política de inmigración.

El tribunal de apelaciones del 5º Circuito basado en Nueva Orleans resolvió suspender el fallo de Erza durante siete días, dando tiempo a la administración Biden para acudir a la Corte Suprema de Justicia, hasta el 9 de marzo.

Clima de preocupación

La Ley SB4 de Texas generó preocupación desde que fue debatida el año pasado en la Asamblea Estatal hasta que finalmente fue aprobada y promulgada.

“La SB4 es inconstitucional”, dijo la semana pasada Jennifer Babaie, directora de defensa y servicios legales del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas.

Agregó que la polémica legislación, respaldada por el gobernador Abbott, criminaliza a las comunidades negras, morenas, indígenas e inmigrantes, y advirtió que las organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de los inmigrantes “seguirán con los esfuerzos para construir un sistema de inmigración seguro, legal y humano que no dependa de abusos como la discriminación racial y el acoso”.

Originalmente la SB4 estaba prevista para entrar en vigor el martes 5 de marzo. Pero desde hace varias semanas “ya existe evidencia que los agentes del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) están parando gente bajo sospecha de infracción de tránsito y luego buscan que más hay aparte de eso. Y les están poniendo cargos criminales por intento de contrabando para poderlos criminalizar”, dijo Núñez.

De qué se trata la SB4

La polémica Ley SB4 de Texas fue aprobada en 2017 y modificada en 2023. La legislación original impide que el gobierno local y los jefes de policía instruyan a sus agentes individuales que se concentren en delitos de alta prioridad y que no acosen a los miembros de la comunidad sobre su estatus migratorio, explica la ACLU.

Pero los cambios hechos en la 4ta Sesión Especial de finales de 2023 por la Asamblea Legislativa, convocada por el gobernador Abbott, ahora es más difícil a los gobiernos locales y jefes de policía locales garanticen que los agentes individuales no actúen por prejuicios raciales o discriminación ilegal.

En resumen, ACLU dice que la SB4 “es una ley de Texas que obliga a los gobiernos locales y agencias de ley a realizar el trabajo de agentes de inmigración”. Y que la nueva ley que entra en vigor en marzo “sanciona a los oficiales locales que elijan dar prioridad a la seguridad de sus comunidades en lugar de a los planes antiinmigrantes de políticos, desvía valiosos recursos locales de la comunidad para servir las necesidades del gobierno federal, deteriora la confianza en las agencias de ley, y conduce a las víctimas y testigos de crímenes a las sombras, haciendo que todos estemos menos seguros”.

Preocupaciones adicionales

A pesar de las advertencias de castigos mencionadas en la legislación estatal, ACLU dice que “las autoridades locales todavía pueden tomar sus propias decisiones sobre cuándo y cómo apoyar a las autoridades federales de inmigración, y no enfrentarán penalizaciones por rechazar solicitudes de apoyo a agentes de inmigración”.

Agrega que los agentes de la ley “aún pueden preguntar sobre el estatus migratorio, de manera opcional, pero solamente pueden hacerlo durante detenciones y arrestos legales”. Y que los agentes de la ley “no pueden detener a alguien con el único propósito de cuestionarlo sobre su estatus migratorio”.

Además de otorgar poderes extraordinarios a las policías locales para detener a extranjeros bajo sospecha de estar indocumentados en Estados Unidos, la SB4 también autoriza a los jueces de Texas, que no están capacitados en las leyes de inmigración y no tienen la autoridad adecuada para hacerlas cumplir, a ordenar la expulsión de un individuo sin el debido proceso migratorio y antes de que tenga la oportunidad de buscar protección humanitaria.

Los indocumentados en Texas tienen derecho

ACLU detalla cuáles son:

Si usted es cuestionado sobre su estatus migratorio por un policía local, usted no tiene que responder a ninguna pregunta sobre su estatus, incluyendo en donde nació, como ingresó a los Estados Unidos, si es ciudadano, o si tiene estatus legal o “papeles”.
Usted tiene el derecho de permanecer en silencio, y puede manifestar que desea ejercer dicho derecho y que no desea contestar ninguna pregunta.
Si usted es detenido en su automóvil, tanto el conductor como el pasajero tienen el derecho a permanecer en silencio y no necesitan responder preguntas sobre el estatus migratorio de nadie. Si usted es el pasajero, usted puede preguntar si está libre para irse. Si el oficial dice que si, debe retirarse en silencio.
Si usted es el conductor del automóvil, usted debe de presentarle al oficial su licencia de conducir, su seguro, y el registro de su auto si los tiene. Si no tiene licencia de conducir, debe de proporcionar su nombre, dirección, y su fecha de nacimiento.
Usted no necesita mostrar ningún documento extranjero.
No mienta sobre su estatus migratorio ni presente documentos falsos.
Si usted está bajo arresto, debe de proporcionar su nombre, dirección, y su fecha de nacimiento. Usted no tiene que contestar ninguna otra pregunta.
Usted puede manifestar su derecho a permanecer en silencio. No tiene que decir nada más, ni firmar ningún documento, o tomar alguna decisión sin tener un abogado presente.

Corte Suprema Autoriza a Gobierno Federal Para Retirar Púas de Frontera

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó que los agentes de la Patrulla Fronteriza retiren el alambre de púas que se instaló en la frontera con México como parte de la iniciativa de seguridad del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, mientras se desarrolla la apelación legal que presentó el estado frente al retiro.

La decisión de los jueces, tras una votación de 5-4, representa una gran victoria para el presidente Joe Biden en su actual disputa con Abbott sobre la política fronteriza, sobre la cual se han disparado las tensiones en los últimos días. En parte, luego de que tres migrantes se ahogaran en una sección del río Grande a la cual agentes federales no tienen acceso porque funcionarios estatales lo bloquearon. Una situación que llevó al Gobierno de Biden a presionar aún más por la intervención de la Corte Suprema.

Por su parte, el gobernador Abbott reaccionó a través de una declaración de su secretario de Prensa en la que dijo que Texas «seguirá luchando para defender la propiedad del estado y su autoridad constitucional para asegurar la frontera». “El Gobierno de Biden ha cortado repetidamente el alambre que Texas instaló para detener los cruces ilegales, abriendo las compuertas a los migrantes. La ausencia de alambre de púas y otras estrategias de disuasión alienta a los migrantes a realizar cruces inseguros e ilegales entre los puertos de entrada, al tiempo que hace que el trabajo de los soldados de la Guardia Nacional de Texas y del DPS sea más peligroso y difícil. Este caso está en curso y el gobernador Abbott seguirá luchando para defender la propiedad de Texas y su autoridad constitucional para asegurar la frontera”, se lee en el comunicado.

El mes pasado, una corte federal de apelaciones ordenó a los agentes de la Patrulla Fronteriza que dejaran de retirar alambre de púas a lo largo de un pequeño tramo del río Grande mientras continúan los procedimientos judiciales. Por su parte, el Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema a principios de enero que interviniera de emergencia para eliminar ese fallo, lo que hicieron este lunes.

Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh dijeron que habrían rechazado la solicitud federal.

Steve Vladeck, analista de CNN sobre la Corte Suprema y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, dijo que si bien la orden implica una victoria para la administración de Biden, la demora en emitirla plantea preguntas a futuro.

“Independientemente de lo que uno piense de la actual política de inmigración, no debería ser tan polémico que los estados no puedan impedir al gobierno federal hacer cumplir la ley. No sea que preparemos el escenario para que los estados liderados por los demócratas intenten de manera similar frustrar la aplicación de políticas federales que dejaron presidentes republicanos”, dijo Vladeck. “El hecho de que cuatro jueces habrían dejado vigente la orden judicial del tribunal inferior se tomará, correcta o incorrectamente, como una señal de que algunos de esos antiguos principios del federalismo constitucional podrían estar en cierto grado de cambio”, añadió.

Los abogados que representan al gobierno federal argumentaron que la decisión del tribunal de apelaciones “invierte y deja patas arriba” la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece que las leyes federales tienen superioridad sobre las leyes estatales.

“El resultado de la posición de Texas sería que los estados de todo el país podrían invocar sus leyes para impedirle al gobierno federal el ejercicio de su autoridad”, escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar en documentos judiciales.

“Si esa orden judicial se mantiene”, enfatizó Prelogar, “impedirá que los agentes de la Patrulla Fronteriza cumplan con sus responsabilidades de implementar las leyes de inmigración y protegerse contra el riesgo de lesiones y muerte, asuntos en los que el gobierno federal, no Texas, se le responsabiliza políticamente”, añadió.

En documentos posteriores ante la Corte Suprema, Prelogar sostuvo que las barreras erigidas recientemente por Texas –incluyendo nuevas cercas, puertas y vehículo Humvees militares– “demuestran una escalada” de los esfuerzos del estado por obstaculizar las tareas de Patrulla Fronteriza del gobierno y “reforzar” la necesidad de rápida intervención en el asunto.

También les dijo a los jueces que Texas estaba violando una parte crítica de la orden que permite a los agentes federales cortar cables para atender emergencias médicas, argumentando que los ahogamientos de dos niños y una mujer a principios de este mes, así como el rescate por parte de funcionarios mexicanos de otros dos migrantes en el lado estadounidense del río Grande “subrayan que Texas es firme en sus continuos esfuerzos… para bloquear el acceso de la Patrulla Fronteriza a la frontera incluso en circunstancias de emergencia”.

Texas presentó una demanda el año pasado para impedir que los agentes de la Patrulla Fronteriza cortaran el alambre de púas, bajo el argumento de que destruía ilegalmente propiedad estatal y socavaba la seguridad para ayudar a los migrantes a cruzar la frontera.

El Quinto Circuito está evaluando actualmente las cuestiones legales sobre si el gobierno federal tiene la autoridad para cortar el alambre que Texas instaló en las orillas del río Grande. Está previsto que escuche los argumentos orales del caso el 7 de febrero.

El estado también había instado a la Corte Suprema a denegar la solicitud del Gobierno de Biden, al señalar a los magistrados en documentos judiciales que “no hay base para la intervención de esta corte, y mucho menos ahora”.

Los abogados del estado señalaron que después de que la administración de Biden presentara su solicitud de emergencia a la Corte Suprema, el tribunal de apelaciones dijo que aceleraría la revisión del caso, una decisión que, según el estado, socavaba la necesidad de una acción rápida por parte del tribunal superior del país.

“En cualquier caso, cortar las cercas de Texas para permitir que miles de personas ingresen a Texas no tiene nada que ver con la inspección, la detención o la expulsión”, escribieron el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y otros abogados del estado en documentos judiciales.

“Las conclusiones del tribunal de distrito demuestran más que las acciones (de la administración) están tan alejadas de lo que el Congreso autorizó que no tienen nada que ver con la autoridad legal de los demandados”, dijeron a la Corte.

Suprema Corte Extiende Acceso a Píldora Abortiva Mientras Evalúa

El juez de la Corte Suprema Samuel Alito volvió a extender este miércoles el acceso a la píldora para abortar en Estados Unidos, mientras el alto tribunal evalúa el caso, al suspender temporalmente el fallo de un tribunal inferior que ordenó restricciones en el acceso al medicamento.

La medida busca dar a los jueces más tiempo para considerar el tema, aunque no anticipa cómo será su fallo en el caso.

En una orden similar la semana pasada, Alito había dicho que la Corte Suprema tendría un fallo a las 11:59 p.m., hora de Miami, este miércoles. La nueva orden, llamada “suspensión administrativa”, traslada esa fecha límite al viernes 21 de abril.

Alito escribió la orden porque tiene jurisdicción sobre el tribunal inferior que falló en la disputa.

“La orden de hoy no revela nada sobre cómo fallará la Corte (Suprema) en pleno, aparte de que es probable que haya algún tipo de escrito, ya sea por parte de la mayoría o de los jueces que podrían estar escribiendo concurrencias o disidencias por separado”, explicó Steve Vladeck, analista de CNN sobre la Corte Suprema y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas. “Pero es imposible saber cómo será ese fallo. Todo lo que sabemos con certeza es que tendremos más información al final de la noche del viernes”, añadió.

Este es el caso relacionado con el aborto más importante que a la Corte Suprema desde que los jueces anularon la protección al derecho al aborto de Roe vs. Wade en 2022, lo que provocó que los estados conservadores de todo el país prohibieran o restringieran severamente el procedimiento. La manera en que se resuelva en última instancia la disputa sobre el aborto con medicamentos podría dificultar el acceso de las mujeres a este, incluso en los estados que aún lo permiten.

Lo que está en juego es el alcance de la autoridad de la Administración de Alimentos y Medicamento de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) para regular el medicamento mifepristona, que la comunidad médica ha considerado seguro y eficaz. La mifepristona ha sido utilizada por millones de mujeres en todo el país en las más de dos décadas que lleva en el mercado.

La batalla legal comenzó en noviembre pasado cuando un grupo que representa a médicos que se oponen al aborto presentó una demanda con el argumento de que la FDA no había hecho lo suficiente para garantizar la seguridad del medicamento unas dos décadas antes.

El juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. Matthew Kacsmaryk, designado por Trump, emitió un fallo amplio el 7 de abril que bloqueó la aprobación del medicamento, así como los cambios que la FDA realizó en los años siguientes para que fuera más accesible. Sin embargo, retrasó siete días la fecha de vigencia de su fallo para dar tiempo a una apelación.

Rechazando el consenso de la comunidad médica, Kacsmaryk planteó dudas sobre la seguridad del medicamento, incluyendo en su opinión la jerga que suelen utilizar los opositores al aborto. Calificó a los médicos que realizan el procedimiento de “abortistas” y explicó que rechazaría el término “feto” a favor del más incendiario “humano por nacer”. En lugar de referirse al procedimiento como un “aborto con medicamentos”, insistió en llamarlo “aborto químico”.

La FDA, sostuvo Kacsmaryk en un momento, “consintió en sus legítimas preocupaciones de seguridad, en violación de su deber legal, en base a un razonamiento y estudios claramente erróneos que no respaldaron sus conclusiones”.

Las principales asociaciones médicas han desmentido las afirmaciones del juez sobre los peligros del fármaco, y se ha demostrado que la mifepristona es más segura que medicamentos comunes como la penicilina y el Viagra.

En una cuestión clave, el juez insistió en que los demandantes ––médicos que no utilizan ni prescriben el fármaco–– tenían derecho legal a comparecer ante el tribunal para exponer su caso, ya que sostienen que el uso del medicamento podría «saturar» el sistema de salud.

Asombrados por la amplitud de la decisión, el Gobierno de Biden y Danco, fabricante del medicamento, presentaron una demanda ante el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. El tribunal de apelaciones finalmente dejó en pie la aprobación del fármaco por parte del gobierno, pero coincidió con Kacsmaryk en que el acceso podía limitarse.

Un panel dividido de tres jueces ordenó volver al régimen más estricto del fármaco de la FDA, anterior a 2016, que impide el envío por correo de la píldora a los pacientes que la obtuvieron a través de consultas de telemedicina, o visitas virtuales con sus proveedores, en lugar de acudir en persona a una clínica u hospital para obtener el medicamento. También revoca de hecho la aprobación de 2019 de la versión genérica del medicamento. Las restricciones también afectan a las instrucciones del fármaco, acortando la ventana de obtención de la píldora a siete semanas de embarazo, en lugar de diez.

Sin embargo, es posible que, incluso con la sentencia en vigor, algunos proveedores se salgan de la norma y sigan recetando la mifepristona hasta las 10 semanas.

El 5º Circuito afirmó que las normas de la FDA para el fármaco creaban «un régimen excesivamente inusual» y que los médicos antiabortistas tenían derecho a demandar por ello porque «necesariamente se verían perjudicados por las consecuencias» de la decisión de la FDA de «apartar a los médicos de la prescripción y administración de mifepristona».

El tribunal de apelaciones afirmó que las reglas de prescripción probablemente impedían a los demandantes impugnar la aprobación de 2000, pero que era probable que tuvieran éxito en sus demandas contra las medidas más recientes de la FDA para ajustar las normas relacionadas con el fármaco.

El tribunal acusó a la FDA de tener un «enfoque ignorar la realidad» respecto al fármaco que era «profundamente preocupante».

La procuradora general, Elizabeth Prelogar, instó a los jueces a intervenir en los documentos legales citando «órdenes sin precedentes de tribunales inferiores que revocan el juicio científico de la FDA y desencadenando un caos normativo al suspender las condiciones de uso existentes aprobadas por la FDA para la mifepristona»

Aparece Borrador que Elimina Derecho a Aborto

El medio especializado Politico publicó un supuesto borrador de debate en el que el juez Samuel Alito y los demás magistrados conservadores expresaron su opinión de revocar Roe vs Wade, la decisión de 1973 que garantiza el derecho al aborto en EEUU.

La Corte Suprema votó para anular la histórica decisión de sobre el derecho al aborto de Roe v. Wade, según un borrador inicial de opinión mayoritaria escrito por el juez Samuel Alito obtenido por el sitio Politico.

“Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio”, escribe Alito en el borrador de opinión de unas 98 páginas obtenido por Politico, en el que argumenta su rechazo de la decisión de 1973 que garantizó las protecciones constitucionales federales del derecho al aborto y una decisión posterior de 1992 que reforzó ese derecho.

“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados”, escribe en el documento, etiquetado como la “Opinión de la Corte”. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”.

El proyecto de opinión en efecto establece que no existe un derecho constitucional a los servicios de aborto y permitiría que los estados individuales regulen más estrictamente o prohíban por completo el procedimiento.

Politico solo dijo que recibió “una copia del borrador de opinión de una persona familiarizada con los procedimientos de la corte en el caso de Mississippi junto con otros detalles que respaldan la autenticidad del documento”.

Un fallo contra el derecho al aborto acabaría con una protección constitucional de medio siglo

De confirmarse la veracidad del supuesto documento, se generarán grandes debates dentro y fuera de la corte, que, como destacan los expertos legales, no ha dejado nunca entrever sus inclinaciones en casos bajo discusión y cuyas decisiones está por anunciar.

En general, las deliberaciones sobre casos controvertidos suelen ser fluidas. Los jueces cambian sus votos a medida que circulan los borradores de opiniones y las decisiones importantes pueden estar sujetas a múltiples borradores y al intercambio de votos, a veces hasta solo unos días antes de que se dé a conocer una decisión.

La decisión del máximo tribunal sobre aborto referida a la ley de Mississippi que restringe este derecho no será definitiva hasta que se publique en los próximos dos meses.

El impacto inmediato del fallo, que de acuerdo con el documento fue redactado en febrero, sería poner fin a una garantía de medio siglo de protección constitucional federal del derecho al aborto y permitir que cada estado decida si restringir o prohibir el aborto. No está claro si ha habido cambios posteriores al borrador.

Mientras varios medios han reflejado la información difundida por Político, Univision Noticias no ha podido corroborar la autenticidad del documento publicado por el medio especializado en temas de política.

El Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que defiende el derecho al aborto, dijo que es «seguro o probable» que 26 estados prohíban el aborto si la decisión Roe vs Wade es anulada.

Los estados que lo decidan podrían seguir permitiendo legalmente el aborto aunque el tribunal anule el caso Roe contra Wade.

Planned Parenthood, que opera clínicas de aborto en todo el país, dijo que el proyecto de opinión es «indignante», pero advirtió que «no es definitivo».

Dos meses después de fallo de la Corte Suprema, el gobierno implementa nueva regla sobre DACA

El nuevo reglamento confirma el anuncio de julio que restringe el amparo de deportación a un año al igual que los permisos de trabajo, pero incluye permisos de viaje solo para casos específicos. Dreamers anuncian demandas porque la guía no cumple con la orden emitida por la Corte Suprema.

El servicio de inmigración anunció este lunes la implementación de un nuevo reglamento sobre la Acción Diferida de 2012 (DACA) y reiteró que “rechazará” solicitudes de aquellos que nunca se han registrado en el programa.

La nueva norma se activa poco más de dos meses después que la Corte Suprema de Justicia mantuviera vivo el programa, cancelado el 5 de septiembre de 2017 por el gobierno de Donald Trump y restablecido por al menos cuatro tribunales que desestimaron las razones por las cuales el ejecutivo eliminó el beneficio migratorio.

Si bien la decisión del máximo tribunal de justicia restableció el programa en los mismos términos que se encontraba cuando fue activado hace ocho años, a finales del pasado mes de julio la Casa Blanca dijo que, las renovaciones se harían “caso por caso”, no se otorgarán permisos de viaje y no se aceptarán nuevas solicitudes.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) corrigió algunos lineamientos y dijo que a partir de este 24 de agosto activaba un nuevo reglamento del programa que difiere las deportaciones de poco más de 650,000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años.

DACA les otorga además una autorización de empleo que antes se renovaba cada dos años, pero ahora lo harán cada año.

La regla

La agencia federal dijo que, con la nueva guía, “rechazaremos todas las peticiones iniciales de DACA de parte de extranjeros que nunca habían recibido DACA anteriormente” y quienes lo hagan “recibirán la devolución de la tarifa”.

Sin embargo, indica, “los rechazos serán sin perjuicio, lo que significa que los extranjeros pueden volver a presentar una solicitud si USCIS comienza a aceptar nuevas peticiones en el futuro de parte de extranjeros que nunca han recibido DACA”.

En cuanto a aquellos que tienen activa la protección del programa, la USCIS dijo que “acepta peticiones de parte de extranjeros que han recibido DACA anteriormente”.

Respecto a los permisos de viaje, que en julio el gobierno dijo que no iban a ser autorizados, esta vez la USCIS indicó que “serán procesados permisos adelantado de viaje que sean presentados apropiadamente” por medio del formulario I-131.

Renovaciones de DACA

Para renovar la protección de DACA, el nuevo reglamento indica que la USCIS “limitará las protecciones de acción diferida y autorización de empleo a no más de un año”.

Cuando fue aprobado el programa, en 2012, el amparo de deportación y la autorización de empleo tenían una validez de dos años renovable.

El gobierno dijo que “no rescindirá ninguna otorgación de DACA que sea válida actualmente por dos años, ni los documentos de autorización de empleo (EAD) relacionados con estas, a menos que USCIS cancele el DACA del extranjero porque no continúa en cumplimiento con los criterios del programa”.

USCIS también dijo que “reemplazará los permisos de trabajo con validez dos años que hayan sido robados o se hayan extraviado o dañado, con el mismo periodo de validez de dos años, siempre que la solicitud de reemplazo de EAD sea aprobada”.

Permisos de viaje

De los permisos de viaje, que en julio el gobierno dijo que no iban a ser permitidos, el nuevo reglamento detalla que “la USCIS solo otorgará autorización adelantada para viajar fuera de Estados Unidos a los receptores de DACA de acuerdo con las nuevas guías, que establecen la determinación de que el permiso adelantado se concede por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo de conformidad con el estatuto gubernamental”.

“La agencia no cancelará ningún documento de permiso adelantado expedido previamente a menos que exista otra razón legal para ello”, indicó.

La agencia también dijo que “obtener permiso de permanencia temporal en Estados Unidos no está garantizado” y que en todos los casos, “los extranjeros que tengan una autorización de viaje y salgan del país, aún estarán sujetos a inspección migratoria en un puerto de entrada para determinar si son elegibles para entrar a Estados Unidos”.

El reglamento previene además que la decisión de otorgar un permiso adelantado de viaje a un extranjero “es total discreción de USCIS y deberá hacerse según cada caso individual”.

Factores clave

En caso de que un dreamer solicite una autorización anticipada de viaje, la USCIS dijo que considerará una serie de factores, entre ellos:

Finalmente, la agencia dijo que “si usted ha viajado o viaja fuera de Estados en o después del 15 de agosto de 2012, sin primero obtener un permiso adelantado, su salida cancela automáticamente su acción diferida bajo DACA”.

Regla bajo la lupa

Tras conocer el nuevo reglamento, la organización FWD.us , un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica entre ellos Facebook, LinkedIn, Google y Dropbox, preguntó si las instrucciones publicadas este lunes son válidas.

La Oficina de responsabilidad del Gobierno (GAO) ha concluido que los nombramientos de los secretarios del Departamento de Seguridad, Chad Wolf y Kenneth Cuccinelli, “son indebidos, fueron puestos de manera ilegal en sus puestos”, dijo a Univision Noticias Juan Escalante, estrategia digital de la organización.

Cuccinelli, además de desempeñar el puesto de subsecretario interino del DHS, es el director en funciones de la USCIS.

La GAO concluyó en un informe que el nombramiento de ambos funcionarios violó la ley de sucesión del ministerio de 2003.

“Por tanto entra en cuestión si este tipo de reglamento es legal desde ahora. No sabemos qué sucederá, pero esperamos demandas por parte de grupos que ven que estas dos personas no deberían estar en sus cargos y no deberían hacer cambios a este nivel”, dijo el activista, quien es un beneficiario de DACA.

Escalante añadió que, “puede ser que el gobierno dé permiso de viaje a dreamers amparados por DACA”, pero que bajo este gobierno “que hace todo lo posible para que los inmigrantes sean deportados, personalmente, no aconsejaría que nadie tome esto a la ligera, ya que para reingresar la persona estará sujeta a la discreción de los agentes del DHS”.

Si tiene dudas

En caso de que un dreamer tenga duda al momento de renovar su DACA o solicitar una autorización de viaje, “busque consejo legal o acuda a un centro reconocido de ayuda a inmigrantes”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona).

“Sobre todo las personas que han cometido una falta y se han presentado ante un juez”, agregó. “En todos esos casos lo recomendable es que el abogado revise el caso y haga las recompensaciones pertinentes antes de llenar y enviar una solicitud, sea de renovación del permiso de trabajo, de DACA o una autorización adelantada de viaje”.

Hernández dijo además que “muchas de estas reglas son las mismas que ya estaban” y previno que “en caso de un viaje autorizado al extranjero, la discrecionalidad de los agentes federales ahora es mucho más amplia”.

Para United We Dream (UWD), una de las principales organizaciones de dreamers del país, el nuevo reglamento “es el inicio de un nuevo intento del gobierno por acabar con el programa”.

“Cuando recibimos el fallo de la Corte Suprema en junio, los magistrados decidieron que el programa debía ser restablecido como se encontraba en 2012. Pero esta guía dice todo lo contrario, reduce la protección y no acepta nuevas solicitudes”.

“Nosotros exigimos que cumplan con lo que dijo el máximo tribunal de justicia hace poco más de dos meses”, indicó el activista.

Fuente: JORGE CANCINO

Daca es Escuchado en la Suprema Corte

Solo tenía cuatro años, pero Daniela Ramírez asegura que hay un recuerdo del viaje que el tiempo no ha podido borrar de su memoria. “Vine con mi abuela y con mi primo, con un coyote”, recuerda. “Subimos a un todoterreno. Mi abuela y los demás adultos iban escondidos abajo, apretados en un compartimento secreto que tenía el coche. Arriba viajábamos los niños, sentados en sillitas. Debíamos de estar cerca de la frontera, porque un agente paró el carro y se puso a hablar con el coyote, que era una mujer. Entonces el oficial me miró y me preguntó algo. Yo no sabía nada de inglés, y todo lo que pude responder fue: ‘México’. Así que nos mandaron para atrás”.

Lo cuenta, con una mezcla de emoción y risa, en el salón compartido de la residencia de estudiantes donde vive. Hoy Daniela tiene 20 años y estudia Ciencias Políticas en la universidad de George Washington, en la capital del país al que llegó al fin después de un segundo viaje, en el que ya aprendió a no decir México.

“Esos recuerdos son parte de mi historia”, explica. “Me doy cuenta de lo fuerte que tuve que ser y de lo que he tenido sobre mis hombros. Es mucha responsabilidad ser un migrante, y todavía es más duro para los pequeños. Yo he crecido traduciendo a mis padres, en las reuniones con maestros, en las consultas de los médicos, en todo. Ya sé que no cruzamos legalmente. Pero veníamos al país de los sueños”.

Su madre había emigrado un año antes. “Quiso que tuviéramos todo cómodo cuando llegáramos”, cuenta Daniela. Se reencontraron en Atlanta, Georgia, en el sur del país. Los comienzos no fueron fáciles. “Lloraba todos los días en el jardín de infancia, no sabía ni cómo preguntar para ir al baño”, asegura. “Pronto me di cuenta de que, si quería avanzar, necesitaba ponerme las pilas. Sabía que lo mejor para mi familia era que yo estudiara. Así que me quedaba más tiempo con los profesores, que me ayudaron mucho. Al fin, obtuve una beca y me convertí en la primera de mi familia en ir a la universidad”.

No lo habría logrado si no fuera por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Una medida introducida en 2012 por la Administración Obama, que permite vivir sin esconderse a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Hay cerca de 800.000 beneficiarios de la DACA, a los que se conoce como dreamers (soñadores). Gracias a la medida gozan de permiso de trabajo y están protegidos contra la deportación. O lo estaban.

El 5 de septiembre de 2017, Donald Trump ordenó que se dejara de renovar los permisos temporales de trabajo para los beneficiarios de la DACA. La situación de estos jóvenes quedó en un limbo. La orden del presidente fue bloqueada por los jueces y, este martes, tres casos llegan al Tribunal Supremo.

Entre los demandantes agrupados hay jóvenes como María Perales, estudiante de políticas y trabajadora en una ONG, que llegó de Guanajuato a los ocho años. “Crecí en una comunidad donde no teníamos acceso a muchas cosas, como agua o electricidad, y la educación era muy básica”, recuerda. “Soy de un ranchito bien chiquito, nunca me hubiera imaginado que algún día iba a estar dentro del Tribunal Supremo, ayudando a un caso que yo ayudé a construir. Siento que ahora la corte tiene que decidir algo muy importante y tiene que estar en el lado de la justicia”.

Los dreamers, en su mayoría, no tienen otro hogar que este país. Luis Otero, estudiante de último curso de empresariales, vino de México con un año y medio. Llegó a la adolescencia sin saber que no tenía papeles. “Fue en una conversación con mi padre en la cena, en mi último año de la escuela”, recuerda. “Yo le explicaba que quería sobresalir en la secundaria, porque después deseaba ir a la universidad. Entonces me dijo: ‘No creo que puedas ir a la universidad, hijo, porque no tienes documentos’. Fue ahí cuando descubrí lo que significaba ser indocumentado en este país, y ver truncadas las oportunidades que yo soñaba”.

La DACA les cambió la vida. Les permitió trabajar, viajar, conducir. El 96% de los beneficiarios está trabajando o estudiando, según una investigación del Center for American Progress. Casi 50.000 de ellos han creado su propio negocio. El 54% ha logrado un empleo mejor, el 62% ha comprado su primer coche y el 14%, su primera casa. Pagan impuestos, crean empleo, generan economía.

El viernes, frente al ayuntamiento de la ciudad de Baltimore, bajo un cielo azul del que caían leves copos de nieve, medio centenar de vecinos se había congregado para dar la bienvenida a una comitiva de dreamers que venían caminando desde la Estatua de la Libertad. Salieron de Nueva York hace 17 días, han recorrido a pie 300 kilómetros y ya solo les quedaban 60 hasta el Tribunal Supremo, en Washington, en cuyas escaleras se manifestarán en la mañana de un martes histórico.

La DACA llega al Supremo como una cuestión de forma, no de fondo. Lo que se discute es si Obama actuó legalmente al crearlo sin pasar por el Congreso. Los nueve magistrados, inclinados más a la derecha desde el polémico nombramiento del juez Brett Kavanaugh, debatirán cuestiones técnicas y farragosas. Pero la ocasión ofrecerá una oportunidad para escenificar, a un año de las elecciones presidenciales, un debate que parte en dos al país.

El hecho de que Trump tardara siete meses en ordenar la revocación de la DACA, una medida que prometió en su primer día como presidente, revela un comprensible temor a sus consecuencias políticas: un 83% de los estadounidenses, según un sondeo de Gallup, estaría a favor de ir más allá de la DACA y dar la ciudadanía a los dreamers.

Los republicanos más halcones consideran que ofrecer amnistía a los inmigrantes, sin reforzar al mismo tiempo las fronteras, produciría un efecto llamada. El propio presidente ha dicho que el problema no son los dreamers, pero se opone a leyes que los regularicen. Llegó sugerir que les ofrecería protección si, a cambio, los congresistas accedían a aprobar la financiación de su ansiado muro en la frontera con México. Los demócratas, por su parte, llevan años tratando de legislar para protegerlos. Ven a los dreamers como un argumento político ganador para 2020, un asunto que permite subrayar sin matices lo que les diferencia en esencia de Trump.

Los dreamers como moneda de cambio. Sus historias como mercancía electoral. Acostumbrados a vivir ocultándose, antes contaban sus historias con cautela. Pero, con los años, han asumido un papel central en el debate migratorio. El viernes, en Baltimore, los políticos demócratas se sucedían para ofrecerles su apoyo desde el atril instalado en la plaza. “Este es vuestro hogar”, coreaban. Las autoridades locales, el alcalde, un senador. A su alrededor, los dreamers. Enfrente, las cámaras.

Los expertos advierten de que lo que está sucediendo, arrebatar derechos adquiridos a los inmigrantes, es algo insólito. “Una vez conquistaban derechos, ya no los perdían. Esto es algo nuevo”, explica la socióloga Elizabeth Vaquera, directora del Instituto Cisneros de Liderazgo Hispano, en Washington, que lleva desde 2007 trabajando con migrantes indocumentados. “Estamos ante una retraumatización. Vienen de las sombras y les quieren volver a enviar a las sombras, pero esta vez sin posibilidad de salir porque ya han proporcionado todos sus datos al sistema”.

Vaquera ha demostrado en su investigación que estos cambios “sin precedentes” en la política migratoria no afectan solo a los indocumentados, sino también a la población con plenos derechos. “El estrés, la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, se extienden más allá de los directamente afectados. Golpea a sus padres, sus hermanos, sus familias extendidas, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses”, explica.

“Yo no decidí venir, siempre he estado aquí”, explica Oscar Becerra, estudiante de ingeniería informática de 20 años. Llegó de Perú a Alabama con solo tres meses de vida. Noventa días le privaron de la nacionalidad estadounidense, de la que sí gozan sus hermanos pequeños, nacidos aquí. “No tengo un hogar en Perú. Me veo como un ciudadano estadounidense. Estoy aquí para estudiar, tener un trabajo, cosas normales. No quiero quitar nada a nadie. Pero no me han regalado nada”.

Oscar sueña con contribuir a los avances en inteligencia artificial e “innovar en cosas grandes”. María, con ir a la escuela de Derecho y poder seguir trabajando en lo que le gusta: “Abogar por los derechos de los migrantes”. El sueño de Daniela es “trabajar para la ONU y ayudar a otras personas a las que han quitado sus derechos”. El de Luis, convertirse en “la primera persona de la familia en ocupar un cargo corporativo”.

Sus sueños son incompatibles con el regreso a las sombras. “Nos llaman aliens ilegales, pero somos personas y tenemos derechos”, concluye Daniela. “Tenemos derecho a soñar. Trabajamos duro para hacer realidad nuestros sueños. Y vamos a seguir soñando”.

Avalan Restricción de Viaje de Ciertos Países Entre Ellos Venezuela

El Tribunal Supremo respaldó ayer en una decisión fuertemente dividida el veto migratorio del presidente, Donald Trump, pese a las alegaciones de que apuntaba especialmente a países con mayoría musulmana, pero también a los venzolanos.
El alto tribunal falló, así, a favor de la tercera prohibición de viaje promulgada por el mandatario desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, y que afecta a Libia, Irán, Somalia, Siria y Yemen e impone restricciones a los venezolanos y norcoreanos desde el pasado septiembre. En un principio Chad también estaba en la lista, pero fue excluido posteriormente.
a sentencia, redactada por el juez John Roberts, fue respaldada por la mayoría conservadora del tribunal y salió adelante por 5 votos a favor y 4 en contra. En ella, se considera que Trump ejerció “legalmente” su poder para “suspender la entrada” de extranjeros al país.
Antes, Trump había impulsado otras dos prohibiciones de viaje. La primera había sido aprobada en enero de 2017, justo después de su toma de posesión, y abarcaba a siete países de mayoría musulmana (Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen) durante 90 días y suspendía el programa de admisión de refugiados por 120 días, con excepciones de minorías religiosas.
Como resultado de esa orden, 700 viajeros fueron retenidos en los aeropuertos y 60,000 visados fueron revocados temporalmente, según datos del Departamento de Estado, lo que generó un amplio caos en estas instalaciones en todo el país.
Dicha orden fue bloqueada por tribunales federales y el Ejecutivo preparó una segunda versión, tramitada en marzo de ese año, que eliminaba de la lista a Irak y suprimía las excepciones recogidas en el programa de admisión de refugiados, pero los tribunales nacionales se opusieron de nuevo e impidieron su puesta en marcha.
Tras varios reveses judiciales, ese veto pudo entrar en vigor gracias al Tribunal Supremo, que permitió al Gobierno restringir la entrada de aquellos que no tenían familia cercana en Estados Unidos.
Las restricciones eran temporales y cuando expiraron, en septiembre de 2017, Trump proclamó su tercer veto, que incluyó por primera vez a dos países sin mayoría musulmana: Corea del Norte y Venezuela, en los que las restricciones solo afectaron a algunos funcionarios y su “familia inmediata”.
El Supremo permitió en diciembre su implementación de manera temporal.