+ Un juez es acusado de ayudar a un indocumentado a salir por la puerta trasera de la corte y evitar el arresto
+ Después de enterarse que un agente migratorio tomaría la custodia de un detenido que compareció en su tribunal, el magistrado al parecer conspiró con un funcionario de la corte para que el inmigrante lograra escapar por la puerta trasera del recinto, de acuerdo con una acusación presentada este jueves.
La Fiscalía federal presentó cargos este jueves contra un juez de Massachusetts y un oficial de la corte por supuestamente ayudar a que un indocumentado que compareció en su tribunal el 2 de abril de 2018 evitara que ahí mismo lo arrestara un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
La acusación interpuesta en una corte federal en Boston alega que el magistrado Shelley M. Richmond Joseph, de 51 años, sacó de la sala al oficial de ICE que se presentó para detener al inmigrante y luego de hablar con el abogado defensor sin que se registrara la charla, expresó: “no voy a permitir que entren”.
Acto seguido, puso en libertad al indocumentado y un funcionario de la corte, Wesley MacGregor, de 56 años, lo escoltó a éste, a su abogado y a un intérprete por una puerta trasera del tribunal y hasta usó su credencial oficial para abrir una puerta bloqueada de la corte.
El juez Joseph y MacGregor ahora enfrentan cargos de obstrucción de la justicia y de un procedimiento federal, delitos que de manera conjunta conllevan penas de hasta 25 años de prisión, 8 años bajo libertad condicional y una multa de 250,000 dólares.
MacGregor también ha sido acusado de perjurio, por presuntamente declarar falsamente ante un Gran Jurado federal el 12 de julio de 2018 que antes de colaborar en el escape del indocumentado desconocía que un agente de ICE se encontraba en la corte. Por ese delito él podría recibir un castigo adicional de hasta 5 años en prisión, 3 años en libertad supervisada y una multa de 250,000 dólares.
El indocumentado que logró escapar del juzgado, quien ha sido identificado como A.S., fue arrestado por la Policía de Newton el 30 de marzo de 2018. Lo acusaron de ser un fugitivo de la justicia y por posesión de narcóticos.
Una investigación descubrió que el inmigrante había sido deportado dos veces en 2003 y 2007. Además, se estableció una orden que el impedía su reingreso al país hasta el año 2027.
ICE emitió una orden de retención tras enterarse del arresto. El documento citaba que el acusado tenía una orden pendiente de deportación. Cuando la dependencia se enteró que la Policía de Newton transfirió la custodia del detenido al Tribunal de Distrito de Newton (NDC), un oficial acudió a la sala donde compareció el migrante para finalmente detenerlo.
El agente migratorio llegó a la sala del juez Joseph a las 9:30 am de ese día y notificó su presencia. Tras la supuesta conspiración entre el magistrado, el oficial de la corte y el abogado defensor que se habría tramado durante una conversación secreta que no registró el secretario del tribunal y que duró 52 segundos, el migrante logró escapar a las 3:01 pm, afirma la acusación.
“Este caso tiene que ver con el estado de derecho. Las acusaciones mencionan la obstrucción por parte de un juez en ejercicio, que es una interferencia intencional en la aplicación de la ley federal y un delito”, dijo el fiscal federal Andrew E. Lelling, en un comunicado.
“No podemos elegir las leyes federales que seguimos o usar nuestras opiniones personales para justificar la violación de la ley. Todos los integrantes del sistema de justicia, no solo los jueces, sino también los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los fiscales y los abogados defensores, deben ser sometidos a un estándar elevado”, agregó el funcionario.
Por su parte, Peter C. Fitzhugh, agente especial de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una rama de ICE, señaló que los señalamientos contra funcionarios de la ley también se toman con seriedad. “La gente de este país merece nada menos que saber que sus representantes designados y electos están trabajando en su nombre, al tiempo que se adhieren y hacen cumplir el estado de derecho, no una agenda personal”, comentó.
Mientras Todd M. Lyons, de la oficina de ICE en Boston, reclamó que las acciones del juez Joseph son “altamente ofensivas” para los agentes de esa dependencia. “Para que nuestro sistema de justicia penal funcione de manera justa para todas las personas, debe estar protegido contra los funcionarios judiciales que buscan reemplazar la implementación de nuestras leyes con sus propios puntos de vista ideológicos o con una agenda política”, expresó Lyons.
La presencia de agentes de ICE en cortes de todo el país ha sido denunciada por jueces, abogados y organizaciones que defienden a los migrantes. La dependencia justifica que en estos lugares sus oficiales pueden realizar detenciones sin exponer la seguridad del público ni de los agentes.
