Kate Cox, una texana de 31 años de edad y madre de dos hijos, estuvo entrando y saliendo de salas de emergencia durante su embarazo y, según un escrito presentado ante la corte, sufría de «calambres severos, diarrea y pérdida de líquido no identificable» por la gestación de un feto que no iba a ser capaz de sustentar la vida.
La Corte Suprema de Texas rechazó la solicitud de aborto de emergencia de Kate Cox, la mujer en el centro de una enorme batalla legal por un feto inviable que puede poner en riesgo su salud y su capacidad para tener más hijos. La mujer había abandonado el estado horas antes para poder someterse al procedimiento.
La interrupción del embarazo de Cox había sido aprobado previamente por una jueza de distrito, lo que fue bloqueado inicialmente por la propia Corte Suprema estatal por cuestiones procedimentales. En la tarde del lunes, los magistrados dieron a conocer su decisión sobre el fondo del asunto.
El caso causó conmoción luego que una jueza aprobara el procedimiento y el fiscal general del estado, Ken Paxton, enviara una carta a los proveedores de salud de Cox amenazando con emprender acciones legales si se llevaba a cabo el aborto.
Cox, de 31 años de edad y madre de dos hijos, presentó su caso para abogar por un aborto de emergencia con la ayuda legal de la organización sin fines de lucro Centro de Derechos Reproductivos, después de enterarse la semana pasada de que su feto padecía de trisomía 18 o síndrome de Edwards.
El síndrome de Edwards es una peligrosa condición genética que no le permite al feto sobrevivir.
“Nunca pensé que estaría en la situación en la que me encuentro: veinte semanas de embarazo con un bebé que no sobrevivirá y que podría poner en peligro mi salud y otro futuro embarazo”, dice Cox en el artículo, añadiendo que “un aborto es algo que jamás imaginé que querría o necesitaría”.
Su médico le había advertido a Cox que, de llevar el embarazo a término en su caso en particular, pondría en peligro tanto su salud como su fertilidad, ya que podría sufrir de ruptura uterina, en cuyo caso tendría que ser sometida a una histerectomía, según explica el texto de la demanda.
En el escrito presentado ante el tribunal, Cox explica que experimentaba «calambres severos, diarrea y pérdida de líquido no identificable».
«El Tribunal determina que la vida, la salud y la fertilidad de la señora Cox se encuentran actualmente en grave riesgo», escribió la jueza de distrito del condado de Travis, Maya Guerra Gamble en su decisión del jueves, otorgando una orden de restricción temporal, permitiendo el aborto.
A pesar de no ser definitivo, el fallo de la Corte Suprema constituyó un duro revés para Cox, para quien recibir el procedimiento médico era cada vez más urgente.
Según la presidenta y directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos, Nancy Northup, la última semana de limbo legal “ha sido un infierno para Kate». “Su salud está en juego, ha estado entrando y saliendo de salas de emergencia y no podía esperar más” explicó Northup.
En su artículo de opinión, Cox explicó por qué buscó abortar legalmente en Texas antes de tener que viajar a un estado que permita el procedimiento.
“Soy texana. ¿Por qué yo o cualquier otra mujer deberíamos conducir o volar cientos de millas para hacer lo que creemos que es mejor para nosotras y nuestras familias, para determinar nuestro propio futuro?, pregunta Cox en el artículo.
Caso pionero para futuros litigios
Aunque la demanda de Cox ha sido considerada como un caso pionero para futuros litigios sobre el aborto, y no se descarta que la Corte Suprema de Texas podría haber rendido un fallo final a favor de Cox, las complicaciones del embarazo no permitieron esperar por el desenlace legal del caso.
La batalla judicial fue seguida de cerca por la comunidad médica, especialmente después de que se conoció el texto de la carta de Paxton, la cual contenía la amenaza más clara y creíble, hasta la fecha, en relación con el aborto a proveedores de salud desde la derogación de Roe v. Wade.
Ningún profesional de la salud ha sido procesado hasta la fecha bajo las nuevas prohibiciones del aborto que han sido promulgadas en varios estados conservadores. Sin embargo, el temor que sienten los proveedores de salud es real: en Texas, un médico que practique un aborto podría ser condenado a largas penas de prisión.
Días después de que Cox presentara su demanda, una segunda mujer embarazada presentó otra impugnando la prohibición del aborto en Kentucky. La demanda colectiva podría tener implicaciones más amplias para el acceso al aborto en todo el estado. En lugar de apelar solo por su aborto, la mujer embarazada no identificada busca anular la prohibición por completo.
Actualmente, se litiga en Texas una demanda intentada contra el estado en marzo por cinco mujeres que habían sufrido de embarazos de alto riesgo, afirmando que la ley estatal les negó atención médica obstétrica adecuada y puso sus vidas en peligro.
Según el Centro de Derechos Reproductivos, el caso Zurawski v Texas, no busca la nulidad de la ley de Texas, sino “responsabilizar al estado por las consecuencias de múltiples prohibiciones dañinas al aborto en mujeres embarazadas que enfrentan complicaciones obstétricas».
Aunque la ley de Texas contiene excepciones cuando un médico determina que existe riesgo de daño «sustancial» para la madre, o si el feto tiene un diagnóstico fatal, su lenguaje vago y la posibilidad de sentencias de prisión de hasta 99 años, multas de hasta $100,000 y la pérdida de licencias médicas, ha hecho que los especialistas actúen con extrema cautela negando en muchos caso atención médica necesaria.
