Un estudio elaborado por la Universidad Georgetown reveló que la agencia federal encargada de las deportaciones maneja un sistema de vigilancia digital masivo en secreto que le permite acceso a casi todas las personas en Estados Unidos y a la mayoría de los indocumentados.
Estudio elaborado por la Universidad Georgetown reveló que la agencia federal encargada de las deportaciones maneja un sistema de vigilancia digital masivo que le permite acceso a casi todas las personas en Estados Unidos.
Los investigadores señalaron que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), una dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no solo ha estado desarrollando su propia capacidad para usar la vigilancia para llevar a cabo deportaciones, “sino que también ha desempeñado un papel clave en el impulso más grande del gobierno federal para acumular la mayor cantidad de información posible sobre todas nuestras vidas”.
La investigación, elaborada por expertos del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown, que demoró dos años, incluye cientos de solicitudes de la Ley de Libertad de Información (FOIA) y una revisión exhaustiva de los registros de contratación y adquisiciones de ICE.
Creada en 2003, como parte de los cambios operados en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, ICE tiene acceso a los registros digitales de los gobiernos estatales y locales, así como capacidad de compra de bases de datos de empresas privadas.
“ICE ha creado una infraestructura de vigilancia que le permite obtener expedientes detallados sobre casi cualquier persona, aparentemente en cualquier momento”, precisa el informe.
Manos libres
Entre las preocupaciones, los investigadores señalan que “en sus esfuerzos por arrestar y deportar, ICE, sin ninguna supervisión judicial, legislativa o pública, ha accedido a conjuntos de datos que contienen información personal sobre la gran mayoría de las personas que viven en Estados Unidos, cuyos registros pueden terminar en manos de las autoridades de inmigración simplemente porque solicitan licencias de conducir o registros de servicios públicos locales para obtener acceso a calefacción, agua y electricidad”.
“ICE ha construido su sistema de vigilancia cruzando líneas legales y éticas, aprovechando la confianza que las personas depositan en las agencias estatales y los proveedores de servicios esenciales y explotando la vulnerabilidad de las personas que ofrecen voluntariamente su información para reunirse con sus familias”, se lee en el reporte.
A pesar del increíble alcance y las evidentes implicaciones para los derechos civiles de las prácticas de vigilancia de ICE, “la agencia ha logrado ocultar esas prácticas en un secreto casi total, evadiendo la aplicación incluso de un puñado de leyes y políticas que podrían invocarse para imponer limitaciones”, precisaron.
“Los legisladores federales y estatales, en su mayoría, aún tienen que confrontar esta realidad”, advierte el informe.
Redada masiva
Las conclusiones del estudio indican que:
La vigilancia de ICE “es más amplia de lo que la gente cree. Es una redada”. Y agrega que la mayoría de los estadounidenses probablemente “no se imaginan que su información es capturada por las redes de vigilancia de ICE”.
ICE ha utilizado tecnología de reconocimiento facial para buscar en las fotografías de las licencias de conducir de aproximadamente 1 de cada 3 (32%) de todos los adultos en Estados Unidos.
La agencia tiene acceso a los datos de las licencias de conducir de 3 de cada 4 (74%) adultos y rastrea los movimientos de los automóviles en las ciudades donde viven casi 3 de cada 4 (70%) adultos.
Cuando 3 de cada 4 (74%) adultos en EEUU conectaron el gas, la electricidad, el teléfono o Internet en un nuevo hogar, ICE pudo conocer automáticamente su nueva dirección. Casi todo eso se ha hecho sin orden judicial y en secreto.
ICE construyó su red de vigilancia aprovechando datos de empresas privadas y burocracias estatales y locales.
Cada vez más agresivo
Los investigadores indicaron que durante la mayor parte de su historia, la aplicación de la ley de inmigración fue un asunto de datos pequeños que se basó principalmente en consejos ad hoc y acuerdos de intercambio de información con las agencias policiales estatales y locales.
Pero después del 11 de septiembre de 2001 la agencia federal combinó esos programas con iniciativas mucho más amplias, “aprovechando vastas bases de datos en manos de intermediarios de datos privados, así como burocracias estatales y locales que históricamente no estaban involucradas con la aplicación de la ley”.
A través de esas iniciativas, ICE ahora utiliza flujos de información “que son mucho más amplios y se actualizan con mucha más frecuencia, incluidos los registros del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y la información de los clientes de servicios públicos, así como registros de llamadas, registros de bienestar infantil, tarjetas de crédito, registros de empleo, información de geolocalización, registros de atención médica, registros de vivienda y publicaciones en redes sociales”.
“El acceso a esos nuevos conjuntos de datos, combinado con el poder de las herramientas algorítmicas para clasificar, comparar, buscar y analizar, ha ampliado drásticamente el alcance y la regularidad de la vigilancia de ICE”, denuncia el reporte.
Danza de millones
En cuanto al costo de la operación de vigilancia de ICE, el informe de la Universidad Georgetown indica que la agencia ha invertido “mucho en vigilancia y ha adquirido tecnología de vigilancia avanzada mucho antes de lo que la gente cree”.
Una revisión de más de 100,000 transacciones de gastos por parte de ICE revela que “la agencia gastó aproximadamente $2,800 millones entre 2008 y 2021 en nuevas iniciativas de vigilancia, recopilación e intercambio de datos”.
“Esas transacciones también revelan que ICE estaba desarrollando capacidades de vigilancia avanzadas aproximadamente media década antes de lo que se sabía anteriormente”, agrega el estudio.
“Hasta ahora, los primeros registros obtenidos por el Centro de Privacidad y Tecnología sugirieron que ICE comenzó a solicitar y utilizar búsquedas de reconocimiento facial en conjuntos de datos estatales y locales en 2013. Sin embargo, nuestra investigación descubrió un contrato de 2008 entre ICE y el contratista biométrico L-1 Soluciones de Identidad”, revela.
El contrato permitió a ICE acceder a la base de datos de reconocimiento facial del DMV de Rhode Island para “reconocer a los delincuentes extranjeros”. Eso ubica las primeras búsquedas conocidas de reconocimiento facial de ICE durante los últimos días de la administración de George W. Bush (2001-2009).
Otros hallazgos
Entre otros hallazgos, el estudio menciona:
· ICE explota la vulnerabilidad de las personas y la confianza en las instituciones para obtener datos;
· Para ubicar sus objetivos, ICE toma datos que las personas entregan a agencias e instituciones estatales y locales a cambio de servicios esenciales. La agencia accede a esa información sin el permiso o incluso el conocimiento de la entidad que originalmente recopiló la información;
· ICE a provecha la confianza de las personas en los DMV estatales para operativos de deportación. Dieciséis estados y DC han permitido que las personas indocumentadas soliciten licencias de conducir siempre que brinden una variedad de información personal, incluidos sus nombres legales, fechas de nacimiento y direcciones;
· ICE puede buscar sin orden judicial los registros de los conductores estatales con el fin de hacer cumplir las leyes de inmigración civil;
· ICE aprovecha la necesidad de agua, gas, electricidad, teléfono e internet de las personas para ejecutar deportaciones;
· ICE también compra y busca registros de clientes de compañías de servicios públicos para ubicar personas para deportación;
· ICE usó entrevistas con Niños No Acompañados para encontrar y arrestar a sus familiares;
· La vigilancia de ICE ha evadido la supervisión del Congreso federal y estatales; y
· ICE evade leyes estatales y los esfuerzos de los legisladores para controlar sus capacidades de vigilancia.
Recomendaciones
El estudio de la Universidad Georgetown recomendó al Congreso reformar las leyes de inmigración “para reducir radicalmente la cantidad de personas que pueden ser objeto de deportación” y, en última instancia, «quizás la única forma de desmantelar la red de arrastre de ICE, es desmantelar las leyes sobre la base de las cuales el poder ejecutivo apunta a cientos de miles de extranjeros para la deportación cada año».
También sugiere que el Congreso apruebe una reforma migratoria y ponga a salvo de la deportación a millones de indocumentados que viven en Estados unidos, algunos desde hace décadas, y que no tienen antecedentes criminales o no representan una amenaza a la seguridad pública y nacional.
“El Congreso debe proteger a las personas que confían sus datos al gobierno federal”, añaden las recomendaciones. Y sugiere velar que la información recopilada por el gobierno a través de programas vigentes, como por ejemplo DACA, sea usada para los fines que fue recibida y no otros.
Agrega que el legislativo “podría modelar una ley para proteger los datos ofrecidos voluntariamente por inmigrantes indocumentados después de los estatutos de confidencialidad del Censo”. Y que hasta no aprobarse un estatuto integral de este tipo, “ el Congreso podría proteger la información contenida en programas específicos a través de enmiendas parciales a los estatutos relevantes o cláusulas adicionales de asignaciones”.
“Por su parte, el DHS podría promulgar esas protecciones como una cuestión de política”, indica.
Por último, los investigadores de la Universidad Georgetown recomendaron al Congreso “detener el uso de datos del DMV por parte de ICE como una mina de oro para la deportación” y también “realizar una supervisión agresiva de los programas de vigilancia de ICE”.
“ICE debe poner fin a todos los programas de vigilancia de redadas, incluido el uso de reconocimiento facial en los datos del DMV para la aplicación de la ley de inmigración”, apuntaron. Y en cuanto a ñps registros de servicios básicos tal como agua, luz, teléfono e internet, recomendaron que los estados “prohibir el uso de registros para venta o reventa de esa información con propósitos de inmigración”.
Denuncia de enero
A principios de enero de este año un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno reveló que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) compartió información de dreamers con otras agencias federales, entre ellas ICE.
El reporte precisó que el servicio de inmigración entregó a la agencia encargada de las deportaciones información personal de unos 900 dreamers cuyas peticiones del Programa de Acción Diferida (DACA) habían sido rechazadas por no cumplir con los requisitos entre junio de 2012 y junio de 2021.
DACA fue creado en 2012 por medio de una orden ejecutiva para amparar de la deportación a unos 1.2 millones de jóvenes indocumentados que entraron a Estados unidos antes de cumplir 16 años y se encuentran en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007 o antes. Los beneficiarios reciben un amparo de deportación y una autorización de empleo renovable cada dos años.
El período de revisión incluyó los gobiernos de Barack Obama, Donald Trump y los cinco primeros meses de Joe Biden.
Tras conocer el reporte, la comunidad dreamers dijo que los resultados justifican los reclamos por un estatus legal de permanencia permanente en Estados Unidos.
“Los resultados del informe muestran la realidad que viven miles de dreamers, quienes a pesar de estar protegidos de la deportación bajo DACA, todavía tenemos encima el riesgo de la deportación”, dijo en esa ocasión José Muñoz, director de comunicaciones de United We Dream, (UWD).
“También nos dice que es de gran urgencia que el Congreso actúe y apruebe una legalización permanente de millones de indocumentados porque esa es la única protección definitiva”, agregó.
Muñoz indicó además que “el amparo de deportación de DACA y el permiso de trabajo que renovamos cada dos años no son suficientes. Tenemos mucha urgencia de tener una solución que nos de un camino a la ciudadanía, no solo una protección temporal”.
Fuente : JORGE CANCINO
