PEMEX Enfrenta Demanda por Muerte en Deer park

Identifican a joven hispano como una de las víctimas tras la fuga de tóxicos en una planta de Pemex en Deer Park

Pemex se enfrenta a al menos dos demandas luego de la fuga de gas que dejó a dos trabajadores muertos en su planta de Deer Park, en el área del Houston. Una de las víctimas es un hombre hispano de 28 años, revelaron.

Una de las víctimas que murió tras la fuga de gas en la refinería de Pemex en Deer Park era un hombre hispano, identificado como José Wilfredo Pérez, un joven de 28 años.

La información la dio a conocer el Instituto de Ciencias Forenses del Condado Harris.

Una segunda víctima que falleció fue identificada como Jason Edward Scott, de 33 años.

El incidente fue el pasado 10 de octubre, en la ciudad de Deer Park, cuando hubo una fuga de sulfuro de hidrógeno.

Deer Park y Pasadena emitieron para los residentes una orden de refugiarse y no salir de casa, pero al poco tiempo fueron canceladas.

Al menos 35 empleados fueron afectados tras el incidente, informaron las autoridades del condado de Harris.

Tres empleados demandan a Pemex: piden más de $1 millón en compensación

Este lunes 14 de octubre, tres trabajadores de Pemex interpusieron una demanda en el condado de Harris, de acuerdo con un documento en poder de Univision 45.

Los demandantes son Sergio Antonio Olvera, Jonathan Martinez y Yoselynn Soto.

En la demanda, ellos están acusando a la empresa de negligencia, por supuestamente no inspeccionar, monitorear ni supervisar bien la refinería, así como violaciones de regulaciones de la industria.

Ellos piden una compensación de más de $1 millón por daños como angustia mental, dolor físico, sufrimiento, gastos médicos, entre otros motivos.

El abogado a cargo de esta demanda es Muhammad S. Aziz.

Por otra parte, anteriormente se informó que una familia conformada por un padre, una madre y un niño pequeño demandó a Pemex por el mismo incidente. Estas son demandas civiles; no está claro si la compañía enfrentaría algún caso penal a futuro.

Gobierno federal investiga fuga de gas ácido en la planta de Pemex

Al día siguiente de la fuga de gas, la Junta de Investigación de Peligros y Seguridad Química de EEUU comenzó una investigación para determinar lo que pasó.

“Este es un incidente muy grave que causó múltiples muertes y heridos y potencialmente puso en riesgo a la comunidad circundante”, dijo Steve Owens, directivo de la Junta.

Luego de la investigación, la junta haría recomendaciones para agencias como OSHA y la EPA.

“La Junta no emite citaciones ni multas, pero hace recomendaciones de seguridad a empresas, organizaciones industriales y grupos laborales”, dice el comunicado.

Por su parte, en otro comunicado este 14 de octubre, Pemex aseguró haber actuado de inmediato luego de la fuga y dijo haber hecho monitoreos de calidad del aire.

Aumentan las demandas contra CenterPoint tras apagones por Beryl

Pequeños comercios principalmente del área de salud y belleza dicen estar profundamente afectados por la falta del servicio eléctrico por presunta negligencia.

Por falta de electricidad tras Beryl

Siguen llegando a la Corte las demandas en contra de CenterPoint, tras los cortes prolongados del servicio eléctrico por del impacto del huracán Beryl.

Esta semana un grupo de pequeños comercios entablaron una nueva querella buscando justicia por los aparentes danos sufridos.

Pequeños comercios principalmente del área de salud y belleza dicen estar profundamente afectados por la falta del servicio eléctrico por presunta negligencia.

Alegan que no solo se trató de pérdidas económicas para los dueños de los locales, también para los empleados que no pudieron trabajar por varios días.

Algunos como Rebeca Hernández dicen que las pérdidas para ellos fueron mayores por la falta de luz que por el impacto mismo del huracán.

“Yo entiendo que CenterPoint tenía muchos problemas con la luz, había demasiada gente, creo que no se organizaron bien y a causa de eso todos los pequeños negocios estamos muy afectados”, dijo Patricia Hernández quien resultó afectada por los apagones.

“Yo decía, pobrecitos tienen mucho trabajo, pero también pobrecitos nosotros que nos tuvimos que ir a pique… ¿Y dónde cierren estos pequeños negocios, entonces? Yo no conozco otro trabajo que no sea este” agregó.

En tanto, la abogada que los representa Erika Rose, informó que según sus indagaciones, los contratistas de CenterPoint no trajeron a los equipos de refuerzo desde afuera de la ciudad.

“Yo solo quiero que mis clientes sean compensados por sus pérdidas, no estamos pidiendo dinero extra, no estamos añadiendo daños y perjuicios, simplemente queremos compensación. Están trabajando 24 horas al día y aun así no pueden reponerse de una semana perdida”, agregó.

La demanda colectiva señala a CenterPoint de negligencia, mala conducta intencional, molestias intencionales y prácticas comerciales engañosas.

En tanto, CenterPoint se negó a emitir comentarios sobre litigios pendientes.

De acuerdo con la abogada, siguen sumando casos a esta demanda colectiva a diario.

Estudiante es Suspendido por Peinado, Ahora Demanda a Gobernador

La demanda acusa al gobernador Greg Abbott y al fiscal general Ken Paxton de no aplicar la Ley CORONA, una nueva ley estatal que prohíbe la discriminación racial basada en el peinado.

La familia de un estudiante negro de secundaria en Texas presentó el sábado una demanda federal de derechos civiles contra el gobernador del estado y el fiscal general sobre su suspensión en curso por su distrito escolar por su peinado.

Darryl George, de 17 años, alumno de tercer curso del instituto Barbers Hill de Mont Belvieu, está suspendido desde el 31 de agosto. Las autoridades escolares dicen que sus dreads le caen por debajo de las cejas y los lóbulos de las orejas e infringen el código de vestimenta del distrito.

La madre de George, Darresha George, y el abogado de la familia niegan que el peinado del adolescente viole el código de vestimenta, diciendo que su pelo está bien atado en dreads retorcidas en la parte superior de su cabeza.

La demanda acusa al gobernador Greg Abbott y al fiscal general Ken Paxton de no aplicar la Ley CORONA, una nueva ley estatal que prohíbe la discriminación racial basada en el peinado. Los partidarios de Darryl George alegan que la suspensión en curso por parte del Distrito Escolar Independiente de Barbers Hill viola la ley, que entró en vigor el 1 de septiembre.

La demanda alega que Abbott y Paxton, en sus funciones oficiales, no han protegido los derechos constitucionales de Darryl George contra la discriminación y contra las violaciones de su libertad de palabra y expresión. A Darryl George «se le debería permitir llevar el pelo de la forma en que lo lleva… porque la llamada política de aseo neutral no tiene ninguna relación estrecha con el aprendizaje o la seguridad y, cuando se aplica, afecta de forma desproporcionada a los varones negros», según la demanda.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Houston por la madre de Darryl George, es la última acción legal emprendida en relación con la suspensión.

El martes, Darresha George y su abogado presentaron una queja formal ante la Agencia de Educación de Texas, alegando que Darryl George está siendo acosado y maltratado por los funcionarios del distrito escolar a causa de su pelo y que su suspensión en la escuela viola la Ley CROWN.

Alegan que durante su suspensión, Darryl George se ve obligado a sentarse durante ocho horas en un taburete y que se le niega el almuerzo caliente gratuito que tiene derecho a recibir. La agencia está investigando la queja.

El miércoles, el distrito escolar presentó su propia demanda en el tribunal estatal pidiendo a un juez que aclare si las restricciones de su código de vestimenta que limitan la longitud del pelo de los estudiantes varones viola la Ley CROWN.

El superintendente de Barbers Hill, Greg Poole, ha dicho que cree que el código de vestimenta es legal y que enseña a los estudiantes a conformarse como un sacrificio que beneficia a todos.

El distrito escolar dijo que no aumentaría el castigo actual contra Darryl George mientras espera un fallo sobre su demanda.

La Ley CROWN, acrónimo de «Create a Respectful and Open World for Natural Hair» (Crear un mundo respetuoso y abierto para el cabello natural), pretende prohibir la discriminación capilar por motivos de raza y prohíbe a empresarios y escuelas penalizar a las personas por la textura de su cabello o por peinados protectores, como afros, trenzas, dreads, retorcidos o nudos bantú. Texas es uno de los 24 estados que han promulgado una versión de la ley.

El año pasado se aprobó una versión federal en la Cámara de Representantes, pero no prosperó en el Senado.

La representante estatal Rhetta Bowers, autora de la versión tejana de la Ley CORONA, declaró el viernes que el peinado de George está protegido por la nueva ley y pidió al distrito escolar de Barbers Hill que pusiera fin a su suspensión.

«La Ley CROWN de Texas se aprobó para evitar situaciones como ésta, y es muy decepcionante ver cómo el distrito escolar de Barbers Hill intenta encontrar lagunas jurídicas para eludir la ley y perpetuar la discriminación por el peinado», declaró Bowers en un comunicado.

La escuela de George ya se había enfrentado anteriormente con otros dos alumnos negros por el código de vestimenta.

Los funcionarios de Barbers Hill dijeron a los primos De’Andre Arnold y Kaden Bradford que tenían que cortarse los dreads en 2020. Las familias de los dos estudiantes demandaron al distrito escolar en mayo de 2020, y un juez federal dictaminó más tarde que la política del cabello del distrito era discriminatoria. Su caso, que atrajo la atención nacional y sigue pendiente, ayudó a impulsar a los legisladores de Texas a aprobar la ley estatal CROWN Act. Ambos estudiantes se retiraron de la escuela, pero Bradford regresó tras la sentencia del juez.

Organizaciones Demanda a Florida por Nueva Ley Migratoria

Indican que la ley es “discriminatoria”.

Varios grupos en favor de los derechos civiles presentaron este lunes una demanda contra la ley migratoria SB1718 de Florida (Estados Unidos), por considerar que es “inconstitucional, xenofóbica” y “criminaliza” a la comunidad inmigrante en un estado donde “la quinta parte de la población nació en el extranjero”.

La demanda, planteada por el Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su sección de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, argumenta que la SB1718 representa “una amenaza para los derechos y el bienestar de cada individuo en el estado”, no solo para los inmigrantes, y es “discriminatoria”.

Esta “ley dañina” está diseñada para “infligir crueldad” a la comunidad inmigrante, es “inconstitucional y socava nuestra democracia”, señaló hoy en un comunicado Paul R. Chávez, abogado de Southern Poverty Law.

La demanda se centra en disposiciones de la ley que penalizan el transporte de personas a Florida que puedan haber ingresado ilegalmente en Estados Unidos y no hayan sido “inspeccionadas”, además de establecer que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal, someta a las personas a un castigo sin previo aviso y utilice un término tan vago como “inspección”.

Houston Demanda a Texas

La ley fue firmada por el gobernador Greg Abbott el 14 de junio de 2023 y está programada para entrar en vigor el 1 de septiembre del mismo año.

La Ciudad de Houston ha presentado una demanda contra el Estado de Texas para impugnar una nueva ley estatal llamada HB 2127, apodada la «Ley de la Estrella de la Muerte». La demanda busca declarar a esta nueva ley inconstitucional y sin efecto.

La ley fue firmada por el gobernador Greg Abbott el 14 de junio de 2023 y está programada para entrar en vigor el 1 de septiembre del mismo año.

Según la oficina del alcalde de Houston, la HB 2127 va en contra de la jerarquía legal en Texas y otorga a la ley estatal un poder excesivo sobre las leyes locales, incluso por encima de la Constitución del estado. Normalmente, una enmienda constitucional sería necesaria para derogar una disposición constitucional, pero esta ley lo ignora.

La HB 2127 establece un conjunto uniforme de regulaciones estatales que anularían las leyes locales existentes. Esto significa que programas importantes, como el programa de atención médica para contratistas de la ciudad de Houston, y las ordenanzas de Dallas y Austin que protegen a los trabajadores del calor extremo, serían eliminados.

La ley también permitiría al Estado de Texas anular regulaciones locales en situaciones de emergencia, como durante un desastre natural. Los ciudadanos solo podrían buscar soluciones durante los breves períodos en los que la legislatura estatal está en sesión, lo que limitaría sus opciones.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, ha expresado su preocupación por esta ley y ha declarado que luchará para proteger los derechos constitucionales de los residentes de Houston y su capacidad de gobernarse a sí mismos.

La demanda se encuentra actualmente en el Condado de Travis y busca que la ley sea declarada inconstitucional.

Texas y otros Estados Demandan a Biden por Parole Humanitario Para Ciertos Latinos

Varios estados demandan al gobierno federal por la implementación del parole humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos.

Los fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos, entre ellos Florida y Texas, presentaron este martes una demanda contra el programa del Gobierno del presidente Joe Biden de conceder 30,000 visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

Los estados que demandaron fueron Texas, Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, South Carolina, Tennessee, Utah, West Virginia, y Wyoming.

La demanda busca que un juez federal bloquee el programa de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua con un patrocinador, implementado con el objetivo de detener la crisis en la frontera.

Quiénes pueden ser patrocinadores en nuevo plan migratorio para cubanos, nicaragüenses y haitianos

¿POR QUÉ PRESENTARON LA DEMANDA?

En su denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los demandantes argumentan que ese plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de Estados Unidos que ya están «sobrecargadas».

Y subrayaron que con esta iniciativa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios.

A juicio de quienes emprendieron la acción, el plan del Gobierno federal debería ser declarado ilegal porque con él los demandados han excedido su autoridad para conceder este tipo de visados, y, además, no han tenido en cuenta si existe la capacidad para expulsar a los beneficiarios del programa una vez que se agote el permiso de dos años para estar en Estados Unidos.

La demanda está dirigida contra el DHS y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular el flujo migratorio y sus responsables.

Aparecen demandados los principales funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, de Inmigración y Ciudadanía, de la Patrulla de protección de fronteras y la policía migratoria ICE.

“Esperábamos una demanda claramente, pero es irónico porque la queja es que la frontera está fuera de control, y este es un buen programa podrías resolver la crisis en la frontera de una manera más efectiva”, dice el abogado Joseph A. Malouf.

“Los grupos conservadores quieren hacer una limitación de este programa de parole, que debe ser de carácter excepcional y caso por caso, y que debía haber sido transparentado a través de un proceso de análisis y discusión, antes de ser implementado”, dice el abogado Santiago Alpízar.

“Y ahora el juez tiene que, esencialmente, estudiar el caso, encontrar si hay o no razones humanitarias, que las hay en este caso. Sabemos que esa es la razón principal. Y también si esto es algo para el beneficio público. Y yo creo que también lo es, comparado con la entrada de personas de manera ilegal en la frontera”, dice Malouf.

En la demanda se argumenta que Florida sufriría una afectación de miles de millones de dólares por este programa, así como recuerdos estatales significativos, como educación pública, atención médica. Pero los abogados insisten en que está el rol financiero del patrocinador.

“La carga pública va a quedar eliminada, y eso beneficia al país; también beneficia tener la fuerza laboral, los trabajadores que ahora se necesitan”, dice Malouf.

Pero la Fiscal General de Florida afirma que el programa de parole humanitario es una violación directa de la ley federal y ha manifestado que las acciones ejecutivas del presidente han sido excesivas.

“Desde el primer día vimos una serie de órdenes ejecutivas y retrocesos de programas que estaban en lugar para asegurar la frontera”, dice Moody.

Ahora, los expertos legales recomiendan paciencia y estar alertas. “Continuar, sin pausa, pero también sin prisa, las maneras de hacer las solicitudes a través de este programa, que son relativamente sencillas”, dice Alpízar.

Migración Pagará 1 Millón a 97 Migrantes

Los demandantes recibirían, además, una carta de ICE que confirma que son parte de una acción legal colectiva que se puede incluir en cualquier solicitud de alivio migratorio. Lo catalogan como un acuerdo extrajudicial “histórico” que sentará un importante precedente legal.

Fue el operativo migratorio más grande en una década. Aquel 5 de abril de 2018, durante la era Trump, policías locales y agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) rodearon una planta procesadora de carne en Tennessee y detuvieron a casi 100 inmigrantes indocumentados.

“Si alguien les toca la puerta no le abran a nadie”, recomendaba alguien a quienes llegaron al sitio para saber dónde estaban sus familiares. Eran tiempos difíciles por la retórica antiinmigrante del entonces presidente.

Pero un año después, estos trabajadores interpusieron una demanda colectiva alegando que dicho operativo se realizó violando sus derechos constitucionales y por razones meramente étnicas.

La querella, que fue sometida en una corte federal del Distrito Este de Tennessee, fue certificada por un tribunal en agosto y esta semana un juez aprobó de manera preliminar un acuerdo que otorgará más de $1 millón a esos migrantes, según un comunicado de National Immigration Law Center (NILC) y el Southern Poverty Law Center (SPLC), que encabezaron esa pelea judicial.

Las agencias señaladas son ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Rentas Internas (IRS), la Patrulla de Carreteras de Tennessee y la Policía de Morristown. Ninguna se ha pronunciado al respecto, como suele suceder en medio de litigios pendientes.

Según este acuerdo extrajudicial de $1.17 millones, los demandantes recibirán un total de $550,000 y una carta de ICE que confirma que son parte de una acción legal colectiva que se puede incluir en cualquier solicitud de alivio migratorio.

También requiere que el gobierno federal pague $475,000 a seis personas que reclaman haber sido víctimas de fuerza policial excesiva y arresto ilegal durante el operativo. Asimismo, entregará $150,000 para cubrir honorarios y gastos de abogados del SPLC y NILC.

“Testimonio del poder de una comunidad”

“Este acuerdo histórico, una vez finalizado, brindará una medida de justicia a docenas de trabajadores latinos que lucharon valientemente cuando los agentes federales violaron sus derechos”, dijo Michelle Lapointe, abogada del NILC, en el comunicado.

“Es un testimonio del poder de una comunidad que, en lugar de acobardarse, se unió y organizó frente a la odiosa campaña de la administración anterior para demonizar e infundir miedo en las comunidades de inmigrantes. Estamos complacidos con este importante paso hacia el logro de la justicia para nuestros valientes demandantes y esperamos continuar hacia la resolución de su caso”, agregó.

El tribunal ordenó a los abogados que notifiquen a los denunciantes sobre sus derechos en virtud del acuerdo. Ellos tendrán ahora un plazo de 90 días para reclamar sus beneficios.

“Este acuerdo sin precedentes, una vez finalizado, mostrará a los agentes del orden público que existen consecuencias por acciones policiales ilegales y la discriminación racial, incluso cuando están dirigidas a trabajadores inmigrantes de bajos salarios”, señaló Meredith Stewart, abogada del SPLC.

La corte ha programado una audiencia de aprobación final para el 27 de febrero de 2023.

En esa redada masiva realizada en una fábrica procesadora de carne de Bean Station, ICE confirmó que detuvo a 97 inmigrantes indocumentados, la gran mayoría solo por faltas administrativas.

El National Immigration Law Center y otras organizaciones apuntaron que fue la acción de ICE más grande desde la administración de George W. Bush. Además, aseguraron que las detenciones se ejecutaron siguiendo muchas de las tácticas de aquella era, como bloquear calles adyacentes.

Fiscalía de Nueva York Demanda a Trump por Aumentar los Precios de sus Bienes Raíces

Fiscalía General de Nueva York demanda a Trump y a sus hijos por fraude para «enriquecerse injustamente»

Por tres años, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, investigó al expresidente Trump, sus tres hijos mayores y su organización. Ahora, los demanda acusándolos de inflar el valor de sus propiedades cuando les daba ventaja, pero minimizarlos cuando se trataba de impuestos.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció este miércoles la presentación de una demanda contra el expresidente Donald Trump y sus tres hijos mayores, acusándolos de fraude en sus negocios.

La Fiscalía presentó una amplia disputa legal contra el expresidente, Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump, así como contra la empresa que manejan, la Organización Trump, alegando que estaban involucrados en un extenso fraude que duró más de una década y que el expresidente usó para enriquecerse.

Letitia James, quien es demócrata, alega en el documento de la demanda que el presunto esquema de fraude de la Organización Trump engañó a prestamistas, proveedores de seguros y autoridades fiscales al usar tasaciones engañosas para inflar el valor de las propiedades y obtener beneficios.

Según la fiscal, la Organización Trump inflaba el valor de sus propiedades cuando hacerlo le daba una ventaja, pero minimizaba el valor de los activos cuando se trataba de presentaciones relacionadas a impuestos.

Tres años de investigación sobre Trump y su organización

La demanda presentada en un tribunal estatal de Nueva York, es la culminación de la investigación civil de tres años de James sobre Trump y su organización. Además de la familia del expresidente, dos ejecutivos de la compañía, Allen Weisselberg y Jeffrey McConney, también están mencionados en la demanda.

James anunció los detalles de la demanda en una conferencia de prensa este miércoles: «Donald Trump infló falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al sistema, engañándonos así a todos», dijo.

La investigación indagó en presuntas valoraciones fraudulentas o engañosas de las propiedades de Trump en los estados financieros anuales que se entregaban a posibles socios comerciales, bancos o funcionarios fiscales.

La fiscal James dijo a los medios que está exigiendo que el expresidente pague $ 250 millones en multas, así como impedir “para siempre” que la familia Trump “administre negocios en Nueva York”. Además, busca imponer una veda a los Trump y sus empresas de comprar propiedades en el estado por cinco años.

La fama de Trump construida a base de sus ‘exitosos negocios’

Tras conocerse el anuncio, la abogada de Trump dijo que se trata de una «agenda política», repitiendo la defensa que suele usar el expresidente para desprestigiar todas las investigaciones que se han abierta en su contra.

«La presentación de hoy no se centra en los hechos ni en la ley, sino que se centra únicamente en promover la agenda política del fiscal general» y que la fiscalía «se ha excedido en su autoridad al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ninguna irregularidad», dijo Alina Habba, defensora de Trump.

Los negocios y su fortuna han sido los grandes andamiajes sobre los que Trump ha cimentado su fama, construyendo por décadas una imagen pública de riqueza y de hombre de negocios exitoso.

Eso, en buena parte, le permitió llegar a la conducción de programas de reality show como The Apprentice, cuyo tema central era la proyección de posibles empresarios ejecutivos exitosos. Más tarde, Trump usaría esa misma fama para lanzarse a la presidencia de Estados Unidos.

James dijo que estos presuntos fraudes sobre el valor de las propiedades tenían como uno de sus objetivos proyectar una imagen de multimillonario exitoso de Trump.

Con 500 Demandas Inicia Audiencia del Incidente en Astroworld

La jueza ordenó a los abogados que no dieran sus argumentos ante la prensa por temor de que puedan influir en la decisión final del jurado. 10 muertos y centenares de heridos fue el saldo del festival en noviembre de 2021 en el NRG Park de Houston.

La primera audiencia por la tragedia del festival musical Astroworld se llevó a cabo en una corte de Houston donde se presentaron casi 500 demandas de los afectados.

Casi 4 meses después, los abogados se presentaron ante la juez de distrito Kristen Hawkins, quien entre las primeras órdenes, prohibió a los abogados comentar sus argumentos ante la prensa para evitar influir en la decisión del jurado.

Hawkins explicó que los abogados pueden hablar con los periodistas sobre lo que suceda en la corte. «Este caso debe juzgarse en la sala del tribunal y no en las redes sociales o con comunicados de prensa u otras declaraciones a los medios», dijo.

«Este es un caso de interés público por razones obvias», dijo el abogado Brent Coon, según reporta la agencia de noticias AP. El jurista representa a unas 1,500 personas que asistieron al concierto y exige 10.000 millones de dólares como compensación.

¿Cómo se presentarán los casos?

La audiencia que se llevó a cabo el 1 de marzo, se estableció un liderazgo que hablaría por los abogados de ambas partes y cómo serían presentadas las pruebas.

La jueza indicó que espera tener audiencia todos los meses y le solicitó a los abogados que le presenten las demandas en cuatro categorías: muertes, lesiones corporales, lesiones cerebrales y trastorno de estrés postraumático.

El abogado Ben Crump destacó que la mayoría de las víctimas mortales o heridas son afroamericanos y que casi todos los abogados que los representan son de raza blanca. «No parece haber mucha representación en la corte», expresó.

Expertos aseguran que el juicio puede tardar años en poder tener un veredicto o si se llegara a concretarse un acuerdo entre los afectados y los organizadores.

Diez muertos y cientos de heridos

La noche del 5 de noviembre de 2021 es una fecha triste para la ciudad de Houston. Ese día comenzaba el festival musical Astroworld, un concierto encabezado por el rapero local Travis Scott.

Una estampida provocó que cientos de jóvenes resultaran heridos y diez murieran, muchos al ser aplastados por la multitud. La Policía de Houston todavía investiga lo sucedido hace casi 4 meses.

A raíz de la tragedia, autoridades de la ciudad se comprometieron a revisar las medidas de seguridad para eventos masivos como el Astroworld.

Familiares de Tiroteo Logran Acuerdo de $127 Millones de Dólares

Con el acuerdo, considerado «histórico» por una abogada de las familias, se retirará la querella contra el Departamento de Justicia y el FBI por no haber actuado pese a las advertencias sobre Nikolas Cruz, quien asesinó a 17 personas –14 estudiantes y tres adultos– el 14 de febrero de 2018 en la secundaria Marjory Stoneman Douglas.

Más de una decena de familias de víctimas del tiroteo ocurrido en una escuela secundaria de Parkland, en el sur de Florida, llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia en la demanda contra esa dependencia federal y con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por no haber actuado pese a las advertencias expresadas en una serie de pistas sobre la conducta del atacante Nikolas Cruz, quien se declaró culpable y espera sentencia el año entrante.

El texto del acuerdo, alcanzado este lunes, indica que las familias, que no son identificadas, decidieron retirar la demanda, finalizando así un proceso judicial de casi tres años.

El monto del acuerdo sería de unos 127.5 millones de dólares, según citó la cadena de noticias CNN que tuvo acceso a fuentes cercanas al caso. La agencia AP y The Washington Post confirmaron también la cifra.

Kristina Infante, abogada de los demandantes, dijo en un comunicado al que tuvo acceso la cadena «que si bien los detalles financieros son confidenciales, se trata de un acuerdo ‘histórico’ y ‘la culminación de los largos y arduos esfuerzos de las familias de Parkland hacia la verdad y la rendición de cuentas'».

«Ha sido un honor representar a las familias de Parkland que, a través de su inconmensurable dolor, se han dedicado a hacer del mundo un lugar más seguro», dijo Infante a CNN. «Aunque ninguna resolución podría restaurar lo que las familias de Parkland perdieron, este acuerdo marca un paso importante hacia la justicia».

El 14 de febrero de 2018, Nikolas Cruz –quien entonces tenía 19 años– entró a la Secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde estudiaba antes de ser expulsado, y comenzó a disparar, asesinando a 17 personas: 14 estudiantes y tres adultos. La masacre se sitúa entre los 10 peores tiroteos masivos ocurridos en Estados Unidos.

Cruz había sido expulsado después de golpear al que era el novio de su exnovia, y antes había amenazado a otros estudiantes, al nivel de que le prohibieron llevar una mochila a la escuela.

El joven había estudiado anteriormente en el Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de Reserva Junior (Junior Reserve Officers’ Training Corps, JROTC), donde recibió reconocimientos pero donde también otros compañeros habían advertido problemas con su manejo de la ira, mostrar un desmedido interés por las armas y la violencia y jactarse de matar animales.

En sus redes sociales, Cruz publicaba fotos de armas y en septiembre de 2017 –cinco meses antes de la masacre– subió un video a YouTube donde declaró abiertamente: “Quiero ser un tirador de escuela profesional”, lo que llevó a un usuario a alertar al FBI.

Cruz se declaró culpable de 17 cargos por asesinato premeditado, y otros 17 por intento de asesinato, crímenes por los que puede recibir cadena perpetua o la pena capital. Su destino final está en manos de un jurado y se decidirá a inicios del próximo año.

Los fiscales del caso habían dicho anteriormente que la masacre de Parkland era el tipo de casos “para los que se diseñó la pena de muerte”.